El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

24 de noviembre de 2014

La delgada linea entre lo que se dice y lo que se hace en pesca

El dia de hoy en la página de FIS sale una nota que menciona que:

“Perú, Colombia y Chile se han comprometido a fortalecer su supervisión pesquera, como parte de un esfuerzo regional para luchar contra la pesca ilegal y los ilícitos que afectan la pesca y la acuicultura. Con este fin, los tres países prevén realizar reuniones periódicas para sociabilizar experiencias y optimizar las herramientas y procedimientos. El compromiso alcanzado fue puesto de relieve por el viceministro de Pesquería de Perú, Juan Carlos Requejo, en el encuentro internacional 'Evaluación de experiencias de seguimiento, control y vigilancia pesquera y acuícola', celebrado recientemente en Lima”

“El objetivo principal del encuentro fue compartir buenas prácticas de seguimiento, control y vigilancias de las actividades pesqueras y acuícolas, que hayan sido implementadas, probadas y documentadas de manera adecuada, así como identificar oportunidades de mejora que puedan aplicarse y funcionar en otros entornos.
Otros temas tratados por los delegados de Chile, Colombia y Perú fueron las innovaciones o reformas en el uso de las tecnologías de vigilancia de flotas pesqueras; las técnicas o tecnologías adoptadas para el seguimiento de los recursos extraídos y los métodos de control de la extracción de recursos plenamente explotados. También analizaron la supervisión de la pesca para consumo humano directo (CHD) y la supervisión acuícola”


¿Cuál es la política pesquera en esta materia finalmente? Lo mencionado anteriormente es de varias maneras contradictorio con lo actuado por el Produce y la DICAPI en el otorgamiento de la bandera peruana a barcos con reputación de ejercer pesca ilegal, uno de los cuales es particularmente cuestionado por la ORP del Pacífico Sur.

¿Hay alguna política por lo menos en esta materia para ser coherente con lo que se hace?