El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

18 de diciembre de 2012

Derechos de pesca: otro dolor de cabeza para la SNP


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Acostumbrada a manejar el sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y mediante normas hechas a la medida de sus intereses, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se resiste al cambio de reglas de juego que está realizando con acierto la ministra Triveño y no ha encontrado mejor forma de anularlas, arreciando con mayor fuerza la campaña de desprestigio en contra de su gestión, utilizando golpes bajos con denuncias públicas antojadizas y sin pruebas, contando con personajes de triste recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción Rafael Rey Rey. Lamentablemente, esta vil campaña mediática puede conseguir tal objetivo, porque cuenta a su favor con la gran desinformación que existe entre la sociedad civil, y por la casi nula participación de sus instituciones y organizaciones representativas.

Una de las medidas que parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco legal que ahora dispone el PRODUCE para controlar directamente las descargas de pesca, dando respuesta a las permanentes exigencias del pescador industrial y ante las denuncias públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables que demuestran la existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso declarado y entre el peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%, y la evidente manipulación del software de pesaje de las plantas harineras que quedó también en evidencia en el reporte difundido.

Ahora la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo está sintiendo muy cerca de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP se sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE.  Dicha norma establece que el monto por este concepto, se efectúa sobre la base de aplicar el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado.

Empeñada en establecer un verdadero justiprecio en las obligaciones que debe tener el empresariado pesquero con el Estado (por la extracción de este preciado recurso que significa la anchoveta), Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto Supremo 008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la Producción  inicie un estudio para determinar si es necesario incrementar el monto de los Derechos de Pesca,  toda vez que a pesar que esta actividad extractiva genera millonarios ingresos, solo contribuye con menos del 1%  al PBI y representa  solo el 0.6%  de la recaudación.

La SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por una,  con las reglas impuestas por décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios y le ha permitido acumular enormes riquezas.

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