La
actividad pesquera existe en función de la disponibilidad de recursos
hidrobiológicos. Especies extinguidas por sobre pesca o sobre explotación, no podrían
ser reguladas ni mucho menos utilizadas.
La
regulación de las pesquería requiere de investigación científica en niveles no
existentes a la fecha, lo que implica la necesidad de un reordenamiento del
IMARPE.
Alcanzar
pesquerías sostenibles y socialmente responsables no puede ser producto
únicamente de leyes o normas, sino, además, de una adecuada capacitación y
educación que facilitará el cumplimiento de la normativa en toda la cadena de
valor de la pesca artesanal.
Bajo
esa premisa, el principal objetivo estratégico para un plan de gobierno para el
sector pesquero, debe ser: Asegurar la sostenibilidad, sino de todas, por lo
menos de las principales especies dedicadas al Consumo Humano Directo.
La
pesquería viene siendo conceptuada como fuente de riqueza vía exportación,
cuando primero debe ser fuente de alimentación nacional. Si aspiramos a la
soberanía y seguridad alimentarias se necesita una pesquería que produzca
alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, para el mercado
externo debe haber igualdad de trato. Los beneficios a la exportación deben ser
similares a los del mercado interno.
La
protección de nuestros recursos pesqueros solo puede materializarse a partir de
la existencia de un poder político que establezca políticas de largo plazo y
optimice el funcionamiento del aparato estatal que administra y regula la
pesquería.
En
un sistema en el cual dar leyes requiere mucho tiempo y en el cual los
funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente para hacer algo
significativo, probablemente no sea posible efectuar todos los cambios de fondo
que el sector necesita en un solo gobierno. Por lo tanto, solo sería eficiente
pensar en pocos objetivos fundamentales de corto plazo que puedan formar parte
de una política que se pueda ejecutar en el tiempo que dura un gobierno, sin
menoscabo de proponer medidas de largo plazo como una política nacional de
pesca y acuicultura que mejore la recientemente aprobada y una nueva ley
general de pesca.
Necesitamos
conservar nuestros recursos pesqueros y su productividad para las futuras
generaciones, asegurando la alimentación nacional como primera prioridad. Esto
requiere regulación y control; pero también compromiso en un medio en el cual
nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, lo que hace
que el manejo sectorial sea complicado. Obliga, por tanto, a mejorar la educación de los operadores y
actores de las cadenas productivas de la pesca a fin de introducir un manejo
auténticamente responsable. La introducción de un modelo educativo para el
sector es una necesidad.
Este
modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y
tripulantes. Debe ampliar su radio de acción a toda la cadena de valor de la
pesquería de consumo humano directo, a todas las comunidades de pescadores
marítimos y continentales y a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y
lagos. Debe ir más allá de lo tradicional para ampliarse a temas de protección
al ambiente y a los recursos pesqueros; debe incursionar en temas que tengan por
objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad de proteger los
ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la
seguridad y la soberanía alimentaria.
El
interés nacional requiere políticas que puedan, además de cuidar los recursos
pesqueros para las generaciones futuras, darle a la sociedad una adecuada
participación en las ganancias que obtienen quienes se ven beneficiados por una
concesión de explotación de un bien común, patrimonio de toda la nación.
Alimentos de precio accesible para toda la población, con la misma calidad de
los que se exporta.
La
definición de objetivos estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o
política de gobierno o de Estado, es vital, pero apenas constituye el primer paso.
Es una declaración de intenciones, es el inicio del camino. Sin embargo, en
términos prácticos, los cambios o reformas estructurales se activan únicamente
a través de los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley,
decreto supremo, resolución suprema o resolución ministerial. Mientras una
política o un objetivo estratégico no aterricen en cualquiera de estos
documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica que muestra
voluntad política; pero no necesariamente implica efectos reales.
Estos
documentos de gestión, que provienen de una decisión política, requieren de un
informe técnico que los sustente. Esto requiere funcionarios capaces de
entender el problema, la propuesta y convertirla en un documento. Este hecho
constituye el punto crítico de la situación en la medida que no todos los
responsables tienen la debida capacidad, y/o la voluntad para comprender el rol
que juegan en la administración de la pesquería. Muchas normas urgentes o
importantes se demoran por la parsimonia y desidia de algunos funcionarios que
carecen de compromiso con el sector.
En
la administración del sector, ha primado la ausencia de hechos efectivos,
reales y prácticos para la pesca peruana. Muchas promesas que son difíciles de
cumplir y un inapropiado manejo político y administrativo, se convirtieron en
árboles que impidieron ver al bosque de necesidades y problemas que atender.
