La pesquería en el Perú es una actividad invisible para la ciudadanía, gracias en gran medida, a la falta de visión, experiencia y compromiso de las autoridades que son designadas para ocupar cargos sobre los cuales no poseen la más mínima idea, careciendo de la voluntad necesario para hacer algo que perdure en el tiempo para beneficio de las mayorías.
Existen funcionarios y personas que rotan de líderes a subordinados y viceversa, de sector en sector y de acuerdo a las circunstancias. Están siempre acechando la oportunidad de seguir trabajando para el Estado, parasitando al erario público sin ofrecer, en contraparte, un servicio de calidad.
La experiencia que muestra en la gestión pública no les concede, no obstante, ni automáticamente, la estatura moral, honestidad y decencia intelectual que requiere todo funcionario público digno. No exhiben conocimiento ni el debido interés por la pesca.
El problema de fondo, es el sistema, el cual pregona bondades y libertades que son, precisamente, las que incuban a una clase de personas que devienen en inadecuadas e incapaces para dirigir el propio sistema, el cual genera una clase política que convierte a la política y al sistema de gobierno en una forma de vida insana, amoral, indecente. Favorece la aparición de personas que empiezan una guerra de intrigas, manipulación y contubernios por obtener cargas, para asegurarse a sí mismas ventajas económicas y sociales que resuelvan sus propios problemas.
En esto poco o nada tienen que ver la necesidad de la población que vive de la pesca, ni del país.
El país depende del Estado para crecer y desarrollarse en un ambiente de orden y progreso. La administración pública constituye la columna vertebral del Poder Ejecutivo, por lo que no puede estar en manos de funcionarios inmorales, amorales, deshonestos y/o sin compromiso con el país, que se considera omnipotentes y que están al servicio de intereses o ambiciones personales o de parte El país no se puede gobernar con una administración basada en funcionarios de esta naturaleza.
La administración pública requiere de un funcionario moralmente intachable, que piense, que tenga idea de lo que hay que hacer y no que ejecute órdenes a ciegas de un jefe que le debe el cargo, a su vez, a otro jefe que ha llegado a ese puesto gracias a las manipulaciones que le permite el ejercicio del poder y que tampoco conoce de pesca.
No existe una política pesquera, ni un plan de gobierno para la pesca, ni una agenda, sino tan solo la inercia que hace avanzar al sector.
A continuación transcribo un extracto de un artículo escrito por el Dr. César Lerena, referido a la pesca en Argentina. Sus afirmaciones son válidas para el Perú también, por lo cual compartir su nota para mostrar que en nuestro país pasa casi lo mismo.
“La política pesquera nacional se constituye en directrices y lineamientos mediante los cuales el Poder Ejecutivo Nacional orienta a los organismos competentes en materia pesquera en la consecución del objetivo de lograr el uso sustentable, eficaz y eficiente de los recursos pesqueros, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, ecosistémico y sostenible en la explotación pesquera; la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existen esos recursos; el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles en la Zona Económica Exclusiva y más allá de ella , de los recursos migratorios originarios y asociados de esta;su distribución equitativa y el desarrollo del litoral marítimo y, de las distintas provincias del territorio nacional mediante la práctica de criar, reproducir y engordar peces, crustáceos y moluscos en un medio natural o artificialmente creado al efecto.
Para ello, el Estado argentino debe reconocer que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, contribuyen a la seguridad nacional y son prioridad en la planificación del desarrollo nacional y, fomenta el ejercicio de la pesca marítima y la acuicultura en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos en la industria pesquera nacional y la acuicultura ambientalmente sostenible, con el apoyo de la industria naval pesquera nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico .
Del mismo modo, promoverá la protección efectiva de los intereses nacionales relacionados con la pesca y garantizará la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad pesquera, fomentará la investigación y la conservación a perpetuidad de los recursos, favoreciendo su distribución equitativa entre los industriales y poblaciones de todo el país e incentivando la transformación total de las materias primas en plantas radicadas en el territorio continental e insular nacional, mediante procesos de calidad, sanitarios y, de forma ambientalmente apropiada; asegurando la obtención del máximo valor agregado; el mayor empleo de mano de obra argentina y promoviendo el consumo nacional.
En el Artículo 1° de la ley 24.922 define el objeto de su sanción y es, sin lugar a dudas, uno de los artículos más destacados de ésta, sin embargo, no alcanza a definir que el aprovechamiento del recurso debe tener como destino principal la industria pesquera nacional, como ocurre en la legislación de muchos otros Estados de Latinoamérica y El Caribe y que, tratándose de un recurso de todos, debe ser distribuido en forma equitativa y preferiblemente industrializado en plantas en tierra para agregar el máximo valor posible y no transferir la mano de obra a terceros países desarrollados que, por el contrario, podrían adquirir los productos argentinos terminados y no materias primas para su transformación. Además de ello, la industria pesquera debe servir para generar la producción industrial naval y retroalimentar la investigación y tecnología.
El enfoque ecosistémico es la administración pesquera desde lo global a lo particular. Gestiona el ecosistema y dentro de esto, a las especies y sus interrelaciones ecológicas y alimentarias y los efectos socioeconómicos vinculados con la explotación de los recursos; implica, una visión integrada del manejo de las tierras, aguas y recursos vivos, que tiene por finalidad su conservación y uso sostenible de un modo equilibrado . Incluye el análisis de todos los procesos, funciones e interacciones entre los componentes y recursos (vivos y no) del ecosistema e involucra el manejo de las especies y de otros servicios y bienes ecosistémicos. Bajo este enfoque se reconoce, además, que el ser humano y la diversidad de culturas son componentes integrales de los ecosistemas, considerando los impactos acumulativos derivados de sus múltiples actividades, así como la relevancia socioeconómica de estas.
Este enfoque implica tener muy presente la regulación de las capturas de los recursos migratorios originarios de la ZEE en alta mar por parte de los barcos de Estados de pabellón, como una forma imprescindible para la administración del ecosistema , ya que no es posible dar sostenibilidad a los recursos en la ZEE, sino se da sostenibilidad al ecosistema. Por otra parte, ello adquiere una dimensión superlativa, cuando, como casi todos los países de Latinoamérica y El Caribe han dado preminencia a «los aspectos sociales, económicos, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales» e, incluso, cuando la pesca y la acuicultura forman parte de los programas de seguridad alimentaria del país, cuyas proteínas son de alto valor biológico y, por cierto, muy superiores, al resto de las proteínas animales.
El Estado Nacional y/o Estados Provinciales deben reservarse el derecho de explotar, industrializar o comercializar directamente los recursos que son de dominio y jurisdicción de esos Estados y, en ese sentido el Artículo 13º inciso 9º y 10º de la Ley 13/990 de Colombia ya lo regula y, ello, es bastante razonable, ya que, habría que preguntarse por qué el Estado obligarse a concesionar toda la explotación del recurso cuando este es de dominio público y, en el caso de Argentina en la ZEE de dominio y del Estado Nacional o hasta las 12 millas de las provincias del litoral marítimo. Este tipo de decisiones podrían dar lugar a la explotación de los recursos por parte de los Estados con destino a atender, por ejemplo, el consumo nacional y la atención de servicios sociales; recuperar las capturas destinadas a ser descartadas; establecer valores de referencia y, además, llevar las embarcaciones a competir en alta mar compitiendo con las embarcaciones extranjeras que subsidiadas y trabajo esclavo, entre otras irregularidades, se hacen en alta mar, de los recursos migratorios originarios de las ZEE. Pero, concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo a las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina. concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo a las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina. concesionada la explotación de los recursos, debe administrarse de tal modo que, atendiendo a las necesidades del consumidor nacional, se exporten con alto valor agregado. No es posible regalarles a los países desarrollados la mano de obra que debe quedar en la Argentina.
Por otra parte, no podemos perder de vista que en la Argentina los gobiernos no han hecho prácticamente nada respecto al aumento en la dieta de los argentinos del consumo de esta proteína esencial, estando, con 4,8 Kg. per cápita/año, según el Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio Desarrollo Productivo (marzo, 2021) entre los más bajos de Latinoamérica y El Caribe en el consumo de productos pesqueros, cuyo promedio es de 9,8 Kg; de África 10,1 Kg; de la Unión Europea de 23,97 Kg y del mundo de 20,2 Kg (2020).
Varios países de Latinoamérica tienen políticas de promoción del Consumo interno de pescado y entre ellos Panamá que, producto de esas políticas, tiene un consumo per cápita anual de 20,5 kg (2020), por encima del promedio mundial y un 427% más que argentino Su legislación pesquera promueve ello, tal es el caso del Artículo 12º del Decreto 204 del 18/3/2021 donde se indica una serie de objetivos que se refiere a “la conservación y administración sostenible”; al “desarrollo equitativo de las comunidades, erradicando la pobreza y mejorando la situación socioeconómica de los pescadores”; “mejorar la aportación de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y la nutrición, así como apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada” e “incorporar valor agregado con el propósito de hacer más rentable a estas”.
…y es muy importante observar que «El Estado Mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen en la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y una prioridad para la planeación nacional del desarrollo» que, « la pesca y la acuacultura se orientan a la producción de alimentos para el consumo humano directo y el abastecimiento de proteínas de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación» y, que «Los sectores pesqueros y acuícolas se desarrollarán desde una perspectiva sostenible, que integre y concilie los factores económicos, sociales y ambientales, a través de un enfoque estratégico y ecoeficiente»; es decir, le asigna un rol importante a la Pesca, que entiende de soberanía territorial y alimentaria,
Me reitero: La incapacidad se pone de manifiesto poniendo a las personas en la máxima posibilidad de sus capacidades y, en muchas ocasiones, este umbral es muy bajo”.
Dr. César Augusto Lerena, Experto en Atlántico Sur y Pesca – Ex Secretario de Estado, Presidente de la Fundación Agustina Lerena1
Presidente Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL)2
