El régimen legal pesquero adolece de defectos estructurales graves que nacen en una equivocada definición de los límites y tratamiento que se da a los agentes activos.
Se discrimina indebidamente entre artesanales e industriales cuando ambos grupos pescan comercialmente.
Todas las personas que extraen recursos naturales renovables contribuyen a la mortalidad de las especies y por tanto deben estar sujetos a reglas, siendo la primera y más elemental, la de no exceder los límites de captura de ningún recurso para no extinguirlo.
Debiera definirse legalmente al pescador artesanal como aquella persona que pesca para alimentarse directamente y para subsistir, usando herramientas manuales y su propia fuerza física. Si se mecaniza, deja de serlo.
Por el contrario, se debe definir que aquellas personas que pescan con asistencia mecánica o por encima de su capacidad de consumo individual lo hacen por negocio y por tanto debiera denominárseles pescadores comerciales y estar sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer.
A toda la pesquería comercial debiera asignársele cuotas máximas de captura por especie, por caladero, puerto o región de desembarque.
Sucede que actualmente la actividad de los llamados pescadores artesanales es inequívocamente con propósitos comerciales y faenan sin medida (ni clemencia) hasta que agotan o desaparece su recurso objetivo.
Debiera, así mismo, adoptarse medidas para recuperar las biomasas objetivo para consumo humano, revisar y discutir la vigencia y validez de mecanismos de manejo pesquero como es el "libre acceso" y evaluar opciones de manejo regulando el acceso a los recursos mediante cuotas por especie y por caladeros.
Los enormes volúmenes de desembarque de los recursos pesqueros hacen del Perú un país rico y privilegiado. Sin embargo, esta bonanza nunca se ha traducido en alimentación para los peruanos ni en beneficios económicos para ellos. La mayor parte de la extracción se transforma en harina y aceite que son exportados. Esta exportación aporta como tributo el impuesto a la renta, pero en una proporción inadecuada. Genera bonanza empresarial y empleo (aunque no mucho, por cierto), pero al país no le representa una cifra importante en términos de recaudación tributaria. Por otro lado, los derechos de pesca que se pagan por la extracción de algunos recursos, como la anchoveta, no guardan proporción con los niveles de exportación.
La producción de conservas se exporta en su mayor parte, y la que se destina al mercado nacional está dirigida a sectores con capacidad adquisitiva alta. No contribuyen con la alimentación popular, pues la lata es cara y no permite variedad en la cocina (no se puede hacer un ceviche ni un chilcano con una lata de atún, por ejemplo). Por otro lado, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que contiene dicha lata. Se etiqueta como atún, pero no hay forma de que el consumidor esté seguro de eso.
La producción de congelado está reservada básicamente a la exportación. El mercado interno no lo recibe por falta de infraestructura de frío, y lo poco que queda para el consumo nacional está destinado a quienes compran en grandes supermercados.
La producción de curados es la que más impacto tiene sobre la alimentación popular, pero a su vez es la de menores volúmenes.
La pesca fresca se circunscribe a alimentar a las ciudades costeras y a algunas pocas de la sierra, pero a un bajo precio para el pescador artesanal, en volúmenes insuficientes, a precios relativamente altos para la población de menores ingresos, y en condiciones sanitarias dudosas.
La definición de una política de Estado para el corto, mediano y largo plazo es necesaria. Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible, y su éxito debe basarse en un proceso de planificación integrado para armonizar valores (culturales, económicos, ambientales) y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.
Esta política debería lograr gradualmente una pesca sostenible que alcance objetivos de desarrollo tales como el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos en el contexto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Una política que regule la tributación a niveles más convenientes para el país y lo compense por el impacto ecosistémico que produce.
A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, ésta resulta un concepto abstracto. El pescador artesanal extrae los recursos sin regulación y sin pagar ningún derecho por hacerlo.
Por otro lado, la extracción del pescador industrial paga muy pocos derechos de pesca, y no por todos los recursos extraídos. Esta captura va fundamentalmente a la industria reductora de harina, por la cual el país percibe un impuesto a la renta lamentable, y una parte más pequeña va a al CHD para alimentar a otros países.
Tanto el industrial como el armador ganan mejor que el pescador artesanal, pero aún así no gana el país. Así, la exportación de alimentos con alto componente de proteína debe hacerse después de haber atendido el consumo nacional. Por eso, los recursos hidrobiológicos necesitan una política sectorial diferente, donde la soberanía y seguridad alimentarias (en términos de FAO) sean privilegiadas.
Todos los planes de gobierno, todos los diagnósticos existentes y todos quienes critican el manejo del sector proponen cosas en términos generales.
De la gran variedad de diagnósticos y propuestas existentes se puede rescatar un buen proyecto, sin embargo no hay reforma o política válida si no se dispone de los recursos económico suficientes.
Por ello, se concluye que lo más razonable para poder entrar a un período de reforma estructural del sector, lo primero es trabajar un dispositivo que genere los recursos necesarios y a su vez dicte las medidas más urgentes que requiere el sector. Y que además, de su activación puedan desprenderse efectos colaterales que contribuyan al ordenamiento pesquero que todos reclaman y exigen, pero sobre el cual no existen propuestas viables y acciones efectivas.
La subasta de cuotas es una medida interesante que ga-rantiza el derecho al acceso a la captura mediante el pago de un justiprecio y teniendo como límite el tamaño de la biomasa a ser extraída determinada por métodos científicos.
No habrá acuicultura si no hay fondos para investigación y desarrollo.
No habrá descontaminación ambiental si no hay fondos para limpiar las bahías contaminadas
No habrá mayor consumo interno de pescado si no hay infraestructura de frío para la comercialización.
No habrá calidad sanitaria en los productos hidrobiológicos si no hay infraestructura de desembarque y de comercialización adecuada y habilitada para ofrecer inocuidad de los productos.
El ajuste tributario y por pago de derechos de pesca es un factor de urgencia para poder empezar a aplicar un reforma sobre el modelo de gestión pesquera actual.
Este solo ajuste permitiría al Ejecutivo hacer una acción de gobierno eficaz, largamente reclamada por la población e insatisfecho a la fecha:
- Limpieza de las bahías contaminadas por la industria pesquera y los propios desembarcaderos pesqueros.
- Incrementar la investigación que hace el órgano científico en beneficio del estudio de nuevas especies y de la determinación de una tasa anual de captura de anchoveta que no afecte negativamente al resto de especies predadoras y dependientes de esta última.
- Colocar los desembarcaderos pesqueros y los merca-dos en condiciones sanitarios óptimas que garanticen la comercialización de pescado sin riesgos para la sa-lud.
- Disponer de fondos para mejorar los controles sobre la pesca ilegal en forma eficiente.
- Disponer de fondos para impulsar el desarrollo de la acuicultura.
Las externalidades negativas de la pesquería de la anchoveta afectan al resto de recursos pesqueros del eco sistema marino de Humboldt. La administración pesquera debería priorizar la investigación científica sobre esta interdependencia con el objeto de disponer de información adecuada para determinar cuotas máximas de captura para todas las especies.
En ese orden de cosas, la legislación en materia pesquera debe dejar de ser promocional y alentadora y más bien debe cerrar el acceso de nuevos actores al negocio pesquero tanto artesanal como industrial.
Se impone un enfoque precautorio en un escenario donde es evidente el agotamiento de los recursos pesqueros.
Continuar promocionando el crecimiento y el desarrollo de nuevos pescadores, cualquiera sea la magnitud y el tamaño de estos es atentar contra los actuales administrados y contra la sostenibilidad de las pesquerías.
La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el eco-sistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originadas por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.
La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos.
El problema podría ser más profundo. Los modernos sistemas de administración pesquera, no han dado la suficiente importancia a las pautas de comportamiento que caracterizan al pescador según su contexto económico, social y cultural.
Las generalizaciones del problema, que pretenden simplificar una situación extremadamente compleja, tienden a opacarlo. Un ejemplo es el concepto de que la reducción de la flota, o de su capacidad de bodega es una solución. Si bien esto es cierto en parte, el problema presentado de esta manera se ve reducido a una cuestión de números y, por ende, susceptible de solucionar mediante formas sencillas de regulación. El término evade el hecho de la capacidad de captura que la tecnología moderna le confiere o puede conferir a las embarcaciones de hoy. El número de embarcaciones e incluso las formulas que combinan eslora, envergadura y potencia del motor para medir la reducción o incremento del esfuerzo pesquero son bastante relativas.
Este punto también simplifica, relega y/o evade las complejidades ecosistémicas y las asociadas con la dinámica de poblaciones, factores determinantes del tamaño y comportamiento de los stocks.
Al no tener en cuenta los impactos medioambientales y ecosistémicos así como los aspectos institucionales, los sistemas de gestión han buscado soluciones que tratan los síntomas del problema y no sus causas.
Existen debilidades en el modelo que sirve de base a la administración pesquera. Primero, la teoría no toma en cuenta la tendencia hacia la inestabilidad que caracteriza al entorno marino; también simplifica en extremo el comportamiento de las diferentes poblaciones de peces e ignora las complejas interacciones entre las distintas especies, a través de su obstinada insistencia en utilizar referencias tomadas basándose en una sola especie. Por último, desconoce el impacto provocado por la compleja dinámica que conjuga la escasez del recurso, el desarrollo tecnológico y el comportamiento humano.
La industria pesquera enfrenta una crisis de administración.
La estructura del mercado y la vocación exportadora, han destronado al pescador artesanal, único proveedor del mercado nacional, de su tradicional presencia y participación.
Los aportes que representa la transmisión de conocimientos de generación en generación, han sido sustituidos por la investigación experimental, las encuestas por muestreo y la programación lineal de los resultados. En términos de política, este enfoque tecnocrático que tiene por finalidad lograr una mayor comprensión del recurso marino, ha reemplazado las estrategias flexibles originalmente empleadas en el contexto de las pesquerías locales, por rígidas normas que abarcan territorios mucho mas extensos.
La intervención de capitales industriales ha irrumpido en territorios tradicionalmente artesanales, transgre-dido regulaciones básicas y sustituido el concepto de sustentabilidad colectiva por el de explotación competitiva.
La supervivencia de los recursos pesqueros fue afectada por los procesos de penetración de capitales, las inversiones en tecnología y la creación de mercados globales.
La coexistencia armónica entre la pequeña empresa artesanal y la gran operación industrial perduraría solo mientras los recursos marinos mantuvieran cierto nivel de abundancia.
La pesquería peruana se ha centrado, desarrollado y re-gulado en los últimos años en función de la industria harinera basada en la anchoveta. Analizada por volúmenes de extracción, la pesquería peruana califica desde entonces como monoespecífica.
La cuota anual de captura de anchoveta se viene determinando en función del sostenimiento de la propia especie sin considerar su contribución al resto de especies en el ecosistema.
La anchoveta constituye el recurso forraje de las diversas especies predadoras y que son principalmente aquellas de mayor interés para el consumo humano. Su extracción intensiva tiene consecuencias desequilibrantes en el ecosistema puesto que disminuye la disponibilidad de alimento para las especies que se sirven de ella.
La extracción de la anchoveta hasta el límite de su sostenibilidad ha afectado seriamente la estructura trófica reduciendo la productividad del sistema hidrobiológico en el mar peruano.
Como consecuencia se producen externalidades negativas en el ámbito social y ambiental cuyo costo lo asume indebidamente la Nación.
Las biomasas de las diversas especies destinadas al con-sumo humano se han reducido, lo que ha obligado al poblador costero pescador a exacerbar sus esfuerzos sobre juveniles y a reorientarse ilegalmente hacia el recurso anchoveta, agravando aún más el desequilibrio y el estado de pobreza del sector.
El hecho es que hoy hay menos peces que antes. El hecho es que la pesca de otras especies que no sean anchoveta ha disminuido a niveles notorios, sin que medie explicación oficial. Ya no hay meros, corvinas, congrios, cabrillas, etc. como antes.
