El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

3 de julio de 2010

Comentarios al régimen provisional para la extracción de pota

SOBRE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 163-2010 -PRODUCE del 30 JUNIO 2010

Establecen régimen provisional para la extracción comercial del recurso calamar gigante o pota por embarcaciones pesqueras de bandera extranjera

Artículo 1.- Establecer el régimen provisional para la extracción comercial del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) por embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, cuya vigencia será desde el 2 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, en tanto, se encuentren dentro de los requisitos y exigencias previstas en la presente Resolución Ministerial.


Artículo 5.- El derecho de pesca por la extracción del recurso calamar gigante o pota por embarcaciones de bandera extranjera comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente régimen provisional, asciende a US$ 65.00 (sesenta y cinco y 00/100 dólares americanos) por cada unidad de tonelaje neto (TN) de la nave, por cada mes o fracción mayor de quince (15) días calendario de vigencia del permiso de pesca. Cuando el plazo de vigencia del permiso contempla la fracción de un mes no mayor a quince días el derecho de pesca por aquella fracción asciende al 50% del monto mensual correspondiente. El derecho de pesca por la extracción del citado recurso debe ser abonado antes de otorgarse el permiso de pesca.

Así también, por cada tonelada métrica (TM) de captura nominal transbordada del recurso calamar gigante o pota debe abonarse US$ 15.00 (quince y 00/100 dólares americanos). Dichos pagos deben efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ministerio de la Producción dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación que efectúe la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero.


INTERROGANTES

La norma omite analizar que, estas capturas realizadas en el dominio marítimo son consideradas como producto nacional por algunos de los países que obtienen esta licencia, como Corea y Japón. Por tanto ingresan a sus territorios aduaneros libre de impuestos.

El mismo recurso pota capturado en el dominio marítimo por la flota peruana y procesado en territorio peruano, está sujeto a barreras aranceles y para arancelarias en los mismos países, constituyéndose de esta manera en una suerte de competencia desleal.

Las negociaciones de un TLC con Japón, por ejemplo, insisten en no otorgar beneficios de reducción arancelaria ni para arancelaria a muchas partidas de productos pesqueros peruanos.

Sin embargo el Perú concede licencias de pesca con tasas bastante generosas como se lee en la norma, desperdiciando la oportunidad de obtener mejores condiciones de negociación y de proteger a la industria nacional que compite con el mismo recurso en desigualdad de condiciones en el mismo mercado con un recurso que además es peruano.

El límite de 250 mil toneladas permisibles de extracción de pota ¿es aplicable solo a las capturas de la flota de bandera extranjera o está incluída la flota nacional? ¿cuál es el límite máximo de extracción de pota por parte de la flota peruana? Se debe hacer público el informe técnico de Imarpe que sustenta esta cifra. El caso de la merluza hace 10 años justifica que esta información se haga pública.

Si no se concediese autorización a flotas extranjeras…¿mejoraría la posición exportadora peruana? ¿si las tasas por derechos de extracción con que se grava a la flota extranjera fuesen calculadas de forma tal que sean mayores que los derechos arancelarios que cobran esos países a los productos peruanos de pota, mejoraría la posición exportadora peruana?

COMENTARIOS

Años atrás, empresarios pesqueros extranjeros, al no conseguir abastecimiento regular y adecuado de pota por parte de exportadores peruanos, gestionan y consiguen permisos de pesca temporales para su propia flota, amparados en la norma de pesquería, (cito: “.....en forma supletoria y complementaria a la flota nacional”) a cambio del pago de derechos de pesca.

Para el mejor entendimiento del tema, en adelante denominaremos “empresarios no domiciliados” a dichos empresarios pesqueros extranjeros, en tanto éstos no están obligados a declarar renta ni a tributar en el País.

PRODUCE al autorizar esa modalidad de explotación a la flota no domiciliada, se vuelve “asociado” del negocio de la pota, percibiendo en el último decenio ingresos por concepto de derechos de pesca que constituyen ingresos propios nada despreciables para la institución.

Este asunto es legal, biológicamente razonable, pero moralmente cuestionable y resulta indebido.

Indebido, porque PRODUCE omitió cumplir con su obligación elemental que consiste en auspiciar y alentar el desarrollo de una industria pesquera de la Pota domiciliada, fuerte, moderna y estable.

A lo largo de esos mismos años, muchos empresarios domiciliados, con plantas de procesamiento capaces de especializarse en pota, exigieron justificadamente en forma aislada y sin éxito, la suspensión de los mencionados permisos por constituir competencia desleal para la industria local.

PRODUCE defendió aquellos ingresos propios y se hizo responsable de frenar el desarrollo de una pesquería especializada.

Debería analizarse la cantidad de pota trasbordada por los “no domiciliados”, evaluar cuanto genera en derechos de pesca para el PRODUCE y contrastar esa información con las exportaciones practicadas por empresas domiciliadas y los beneficios colaterales que genera. Son obvias las ventajas resultantes de auspiciar a la industria domiciliada y no a la “no domiciliada”.

La oferta de pota de la flota de bandera extranjera ingresa al mercado asiático como producto nacional proveniente de ultramar con arancel cero, mientras que la oferta exportable peruana enfrenta barreras arancelarias y para-arancelarias.

La industria congeladora peruana (domiciliada), procesadora de recursos hidrobiológicos para el consumo cuenta con la pota como su principal recurso, como lo demuestran las estadísticas.

Con relación a la flota potera nacional ésta ciertamente clasifica como artesanal, pescó bien en el pasado y pescará mejor en un marco legal y comercial coherente. Esa flota también es capaz de crecer y modernizarse siempre que pueda hacer buen negocio. La falta de visión de pocos funcionarios del Estado no constituye argumento para condenarla y abandonarla.

La industria congeladora tiene capacidad instalada en tierra suficiente para procesar pota. Difícilmente invertirá en barcos calamareros que procesen a bordo, puesto que la flota artesanal provee este recurso generando empleo. La inversión en flota de altura para jurel y caballa es un tema diferente por la situación específica de esos recursos.

19 de junio de 2010

UNA NUEVA CAMPAÑA ELECTORAL

El país está muy próximo al inicio de una nueva campaña electoral para elegir gobiernos regionales, gobiernos locales y gobierno central.

Nuevamente seremos blanco de múltiples promesas y ofertas electorales con el objeto de convencernos para votar por uno u otro candidato. No votaremos por doctrinas, sistemas, o programas. Los peruanos votamos por personas. Nos entusiasma el hombre de mayor carisma. Somos demasiado emocionales para no entusiasmarnos con el mejor discurso, por el verbo más florido y el carácter mas aguerrido de un candidato.

Necesitamos madurez cívica para votar en base a la evaluación de doctrinas y de programas de gobierno.

Probablemente el país jamás sepa las razones; pero la realidad es que este gobierno termina sin haber cumplido su oferta para el sector pesquero.

Un engaño similar no puede permitirlo la sociedad civil.

Los recursos pesqueros nada tienen que ver con este modelo político que aqueja constantemente a la colectividad peruana.

Los problemas de regulación pesquera, de informalidad, de injusticia en la distribución de la renta generada con un recurso que pertenece a la nación, de atentado contra el ambiente, son ajenos al interés de la colectividad, que vive de espaldas al mar. Pero poco a poco la naturaleza impondrá su propio paisaje y nos pasará la factura de este desinterés.

El futuro de las pesquerías depende de la seriedad y tecnicismo con los cuales el país enfrente el reto de conducir la extracción y procesamiento de los recursos pesqueros.

Estamos próximos a disponer de la oportunidad, que se nos presenta cada 5 años, de elegir un gobierno que asuma la responsabilidad de trazar una política pesquera de largo plazo que asegure fundamentalmente la sostenibilidad de las pesquerías y la alimentación nacional.

Estamos muy cercanos a la posibilidad de que los movimientos y partidos políticos oferten al país una política que se convierta en medidas acertadas que, aseguren la provisión de recursos hidrobiológicos a las futuras generaciones de peruanos y que garantice al ecosistema marino de Humboldt, y a los ecosistemas lacustres y fluviales la posibilidad de mantener un estado saludable.

La Sociedad tiene que establecer mecanismos que la protejan del discurso vacío, engañoso y atentatorio contra sus derechos.

Si no enfrentamos con seriedad el reto de diseñar una política de largo plazo, nos enfrentaremos a consecuencias poco felices en el escenario de un mundo globalizado amenazado por el cambio climático y la contaminación. Un mundo en el cual la provisión de alimentos y de agua serán los principales desafíos. Un escenario en el cual el país dispone de las mejores ventajas para convertir su potencial pesquero en una herramienta de desarrollo y en una ventaja competitiva. Poseemos un potencial pesquero superior al de cualquier otra nación.

La historia nos juzgará por nuestra capacidad de convertir ese potencial en una ventaja para sobrevivir e impulsar el desarrollo de un pueblo largamente olvidado por un estilo de gobierno que solamente mira el corto plazo, la necesidad inmediata, la satisfacción de intereses de grupo y la vanidad del poder.

Los planes de gobierno para el sector pesquero deben ser instrumentos de ejecución técnicos y no demagógicos. Debieran ser debatidos y enriquecidos por el país en su conjunto y en especial por quienes cuya experiencia, calidad y capacidad tienen algo que aportar.

Se requiere de líderes técnicos que enfrenten y resuelvan los problemas de la pesquería con voluntad y decisión política para alcanzar los dos objetivos básicos: Pesquerías ordenadas que aseguren su sostenibilidad y que provean de alimentación prioritariamente a la población del país.

SE NECESITA LIDERAZGO CAPAZ PARA GERENCIAR EL SECTOR PESQUERO PERUANO. NO SE NECESITA POLITICOS O TECNOCRATAS SIN EXPERIENCIA. SE NECESITA CAPACIDAD CON EXPERIENCIA.

Deseamos que el movimiento o partido político ganador tenga la voluntad suficiente para ejecutar lo que ofrezca y coloque al sector en manos de técnicos apropiados que puedan cumplir con la decisión y la voluntad política expresada en una política de Estado consensuada que asegure su sostenibilidad en el largo plazo.

La natural pasividad, servilismo y temor ante la autoridad con los cuales el sistema cuenta para protegerse a sí mismo, son los peores enemigos del desarrollo de una Nación que enfrenta el desafío de sobrevivir en un escenario climático y natural crítico y agresivo para la continuidad de las especies, no visto antes por las últimas generaciones.

No podemos darnos el lujo de ser pasivos ante la indecisión y ante el manejo inadecuado de los recursos pesqueros y naturales. No podemos darnos el lujo de subordinar los intereses nacionales a los intereses de parte porque corremos el riesgo de llegar a un límite que nos lleve a no poseer más los recursos pesqueros que hoy tenemos y que no valoramos debidamente porque sacrificamos las cosas importantes en el altar de las urgencias y de los apetitos personales.

Esperamos un plan de gobierno que trace una política de largo plazo e inicie un proceso de reducción de la perversidad de un sistema concebido para que el técnico y el experto se sometan a una autoridad política temporal sin garantía alguna de idoneidad o capacidad.

El Estado debe comportarse como si fuera socio del empresario pesquero, entendiendo al pescador artesanal como un empresario también y no como su verdugo. El Estado debe ser el socio estratégico que asegura la sostenibilidad de las pesquerías. Solo así la industria pesquera peruana será atractiva para la inversión y hará más viable sus posibilidades de acceder a y competir en los mercados internacionales e ingresar al mercado nacional. El Estado tiene que aplicar medidas técnicas para la conservación de la especies y actuar con rigor científico. El Estado tiene que incentivar el desarrollo de una nueva pesquería que priorice la alimentación nacional.

El futuro de la pesca en el país depende de las acciones que desarrolle la nueva administración desde el primer día en beneficio de generar una política de desarrollo para el corto, mediano y largo plazo.

La nueva administración de pesquería deberá elaborar una política pesquera que pueda mejorar gradualmente su capacidad de lograr una pesca sostenible a la vez que contribuye a sus objetivos de desarrollo, incluidos el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos pesqueros en el contexto de la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible.

El desarrollo sostenible de la pesca exigirá una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo.

El nuevo modelo de gestión de las pesquerías deberá procurar instrumentar en el mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para la conservación de los recursos y su ambiente basados en el conocimiento científico y tecnológico, evitando en lo posible ser un instrumento de alcances inmediatos, propiciados únicamente por intereses económicos o agendas políticas.

Las medidas de ordenación pesquera deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Éstos no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonial de la nación. 

Es deber del Estado desarrollar y promover la idea de una pesquería sostenible mediante la aplicación de planes de gestión a largo plazo para las poblaciones de peces, basados en información científica sólida, lo que pondría fin al problema político y social sobre la pesca, sustituyéndolo por objetivos de capturas fijados dentro de limites biológicos y un esfuerzo pesquero adaptado a estos objetivos.

El reto es:

ASEGURAR PESQUERIAS SOSTENIBLES PARA EL RESTO DEL MILENIO PRIVILEGIANDO LA ALIMENTACION NACIONAL