ANTECEDENTES
El capítulo III del Reglamento de la Ley
General de Pesca DS 012-2001-PE establece
CAPITULO
III DE LOS DERECHOS DE PESCA
Artículo 40.- Pago de derechos
40.1 Los armadores de embarcaciones
pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las
comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento
están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de
este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada
recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo.
40.2 El pago de estos derechos es individual
para cada embarcación. Está prohibido realizar transferencias de saldos de
pagos efectuados entre diferentes embarcaciones aun cuando pertenezcan a un
mismo armador. Por excepción, se permitirá la transferencia de saldos de pago
en aquellos casos de embarcaciones que sufran siniestros con pérdida total,
para cuyo efecto el armador afectado podrá disponer la aplicación de los saldos
existentes a otras embarcaciones de su propiedad.
Artículo 41.- Modalidad de pago
41.1 Los derechos de pesca podrán ser
cancelados hasta en tres armadas, conforme lo establezca el Ministerio de
Pesquería, o, alternativamente, en forma mensual, en cuyo caso se reducirán en
cinco por ciento (5%) como incentivo por pronto pago. En ambos casos se
aplicará como pago a cuenta, las cuotas efectivamente pagadas por el servicio
del Sistema de Seguimiento Satelital - SISESAT, deducido el Impuesto General a
las Ventas. El valor deducible como pago a cuenta será el importe efectivamente
pagado por el mes al que corresponde el pago de los derechos y estará
condicionado a que el importe por el servicio del SISESAT y de los derechos de
pesca se cancelen totalmente dentro de los diez prime-ros días útiles del mes
siguiente al que corresponden.
41.2 En el caso de que el valor deducible
sea mayor que el importe de los derechos de pesca, el exceso podrá ser
arrastrado para ser deducible de las cuotas de los meses siguientes, hasta
agotarlo. El saldo que como consecuencia de un pago en exceso existiese al
cerrar el ejercicio, podrá arrastrarse para el ejercicio siguiente, siempre que
no corresponda al pago del sistema de seguimiento satelital.
Artículo 42.- Liquidación de los derechos de
pesca
42.1 Para liquidar los derechos de pesca se
deberá presentar una declaración jurada por el período de que se trate dentro
del plazo previsto para el pago, aun cuando no se debiese hacer pago efectivo alguno.
Para liquidar los derechos se considerará cualquier especie capturada por las
embarcaciones, aún cuando no se encuentren expresamente autoriza-das en los
permisos de pesca, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por la
captura de especies prohibidas o no autorizadas.
42.2 Para sustentar la información de la
declaración jurada, los armadores están obligados a conservar copia de los
reportes de pesaje de los recursos capturados entregados a los establecimientos
industriales pesqueros que procesan harina y aceite de pescado, emitidos por el
sistema de pesaje electrónico-gravimétrico. Los establecimientos industriales
pesqueros o empresas que prestan servicio de pesaje están obligados a entregar,
bajo responsabilidad, copia de los mencionados reportes de pesaje. En caso de
incumplimiento serán sancionados conforme al ordenamiento legal vigente.
Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca
para pelágicos y merluza
El
pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se
señalan a continuación se establecen en:
a) Derechos por extracción de los recursos
anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída
b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada
Artículo 47.- Modalidad de pago de derechos por permiso de pesca para
embarcaciones de bandera extranjera
El
pago del derecho por permiso de pesca para la operación de embarcaciones
pesqueras de bandera extranjera, podrá hacerse efectivo en forma fraccionada
hasta en tres (3) armadas dentro de un período que no exceda de ciento veinte
(120) días hábiles. El Ministerio de Pesquería, teniendo en cuenta la situación
de los recursos hidrobiológicos específicos, establecerá por Resolución
Ministerial los casos en que proceda el pago fraccionado, así como la forma y
oportunidad del pago a que haya lugar.
Por otro lado el artículo 59º de este
reglamento define la actividad artesanal y dice:
(…) es la actividad realizada por personas
naturales, grupos familiares o empresas artesanales que utilicen embarcaciones
artesanales y técnicas simples, con PREDOMINIO del trabajo manual.
ESTO SIGNIFICA QUE LOS ARMADORES QUE EXTRAEN MERLUZA PAGAN AL ESTADO S/.5.48 (SOLES) POR TONELADA EXTRAIDA.
LOS QUE EXTRAEN JUREL, ANCHOVETA Y CABALLA PAGAN S/.2.74 (SOLES)
La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.
Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.48 soles por derechos de pesca.
Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.48 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.
Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.
El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.
Tal vez la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria permita que alguien en el Ministerio de Economía y Finanzas aprecie esta situación.
