Las urgentes medidas de Produce

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Las 2 normas dictadas por el PRODUCE la última semana, han generado una airada reacción de la SNP que ha acusado el golpe y en respuesta, está usando todo su poder mediático y político, y con sus operadores que tiene a su servicio, ha iniciado una estratégica campaña de desprestigio en contra de la gestión de la ministra Gladys Triveño.

Pero… ¿Qué es lo que contienen estas normas que han ocasionado tal reacción de la SNP?

Estas normas tienen mucho que ver con las serias denuncias de robo en las tolvas  y que han motivado que, en más de una ocasión,  los pescadores salgan a las calles a exigir mayor control en las descargas e inclusive a pedir que el Estado asuma tal labor y ya no las empresas CERPER y SGS, puesto que hay un claro conflicto de intereses ya que sus servicios de supervisión son pagados por las mismas empresas que son fiscalizadas.

Pues bien, el PRODUCE ha dado positiva respuesta a estas justas demandas de los pescadores y ha dictado estas dos normas, que han resultado incómodas para la SNP:

La primera es la R.M. 498-2012-PRODUCE publicada el 28 de noviembre y que deja sin efecto la norma mediante la cual se constituyó el Comité de Trabajo encargado de evaluar el desarrollo del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo,  en el cual estaban 2 representantes de la SNP; para que ahora, con esta nueva resolución, esa labor sea ejecutada por la actual Dirección General de Supervisión y Fiscalización,  ya que se estaban duplicando funciones.

Junto a esta norma y el mismo día, se ha publicado además la R. M. 499- 2012-PRODUCE, que deja sin efecto la norma con la cual se creó la Comisión encargada de elaborar las Bases y Términos de Referencia del Proceso de Selección de las empresas  que ejecutarán dicho programa, en la cual estaba un representante de la SNP y uno de la Sociedad Nacional de Industrias; para que ahora, con esta nueva norma, esa función sea asumida únicamente por la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del PRODUCE.

Estas resoluciones recién dictadas, han despejado el camino para que el PRODUCE fiscalice directamente las descargas, dejando de lado a miembros de la SNP que estando dentro del Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque, sabían con anticipación cualquier medida que adoptaba el PRODUCE al respecto e inclusive manejaban las bases a su antojo para que la labor de fiscalización en las descargas siempre tengan por ganadoras a las empresas que les sean útiles a sus intereses.

Estas decididas acciones del PRODUCE no le están cayendo nada bien a la SNP, acostumbrada a tener acceso a la elaboración de normas o a tener conocimiento de ellas antes de ser publicadas. Al respecto, hay que destacar el nuevo rostro que le está dando a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización la destacada profesional Jesica Pino Shibata, quien valientemente está proponiendo estas necesarias medidas de cambio en este sector y resistiendo alevosos ataques.

Coincidentemente, Rafael Rey Rey ha presentado una denuncia a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República en contra de esta correcta funcionaria en base a suposiciones y sin pruebas, lo que evidencia la estrategia política que esta utilizando  la SNP para tumbarse a la Ministra Triveño. Hay que recordar que este Parlamentario Andino, cuando fue ministro de la Producción, impulsó la nefasta ley 1084 hecha a la medida de la SNP y que ha significado la desgracia actual de miles de pescadores.

E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com

Cambios importantes en el sector pesquero peruano

Las actividades de seguimiento, control y vigilancia de la pesca, que hasta este año están tercerizadas, o sea encargadas a empresas supervisoras pagadas por los propios administrados, podría tener un giro total a partir del 2013.

 

De la quinta disposición complementaria final de la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico para el año fiscal 2013, se desprende la posibilidad, con sustento de ley, que el Ministerio de la Producción reforme totalmente el sistema de control de las actividades pesqueras y recupere directamente su función fiscalizadora en forma directa.

 

Si así ocurriese a través de las normas complementarias que la norma faculta a dictar, se entraría a una etapa de mayor transparencia en la fiscalización de las acciones de seguimiento control y vigilancia de las actividades pesqueras.

 

La actual administración está siendo coherente con el Plan Estratégico Sectorial Multianual vigente, que traza como objetivo estratégico retomar estas funciones.

Podría ser un primer paso para la creación de la Superintendencia propuesta en dicho Plan. Pero en todo caso es un gran avance e indica un trabajo silencioso, eficiente y coherente.

 

LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

PARA EL AÑO FISCAL 2013

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

QUINTA. Dispónese a partir de la vigencia de la presente Ley, que los ingresos percibidos en el marco del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo, creado mediante el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 012-2001-PE y demás normas complementarias, son Recursos Directamente Recaudados del pliego Ministerio de la Producción, se incorporan en dicho pliego conforme a la normativa vigente, y son destinados a las acciones de seguimiento, control y vigilancia a cargo de dicho ministerio. En  atención a lo antes señalado, dispónese la adecuación de las normas sectoriales pertinentes a lo establecido en la presente norma.

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A partir del 2013 el Instituto Tecnológico Pesquero cambia de nombre y de estructura y se convierte en Instituto Tecnológico de la Producción.

LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013

VIGÉSIMA QUINTA. Modifícase la denominación del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) por Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) para ampliar los servicios de investigación,  desarrollo, innovación, adaptación, transformación y transferencia tecnológica, así como promover en el sector productivo el consumo de recursos hidrobiológicos, productos agroindustriales y otros productos industriales de competencia del sector producción; y, efectuar su promoción y, cuando fuera necesario, la comercialización y distribución de los mismos.

Adscríbese al ITP, los Centros de Innovación Tecnológica (CITE) de naturaleza pública en el ámbito del sector producción. Para tal efecto, mediante decreto supremo se dictarán las disposiciones complementarias que resulten necesarias. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.

Revista Pesca Diciembre 2012

La edición de DICIEMBRE de la Revista Pesca se ha publicado en el siguiente enlace:

http://www.revistapescaperu.com/index.php/revistas-descargas/finish/5-2012/55-revista-pesca-diciembre-2012/0

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_diciembre_12?mode=window&backgroundColor=%23222222

Si no conocemos nuestro mar y nuestra pesca, nunca podremos defender nuestros intereses pesqueros como Sociedad Civil ni como Nación. Dejemos de vivir de espaldas al mar interesándonos en nuestra pesquería y sus problemas.


EN LA EDICION DE DICIEMBRE:

IMPACTO ECOSISTEMICO DE LAS PESQUERIAS EN PERU; EL CENTRO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL; ¿PORQUE EL PESCADO CONGELADO? LA SOBRECAPITALIZACION DEL SECTOR PESQUERO; ¿PROMOVER LA PESCA? SUSTENTABILIDAD: EL FUTURO DE UNA GENERACION; LA PESQUERIA Y EL CALLAO (FINAL); MALA PESCA: LA DEPREDACION PESQUERA EN CHILE; DESCONTROL DE BALANZAS = DEPREDACION; IMARPE AL GARETE; DE ANCHOVETAS Y PIRATAS; LA PESCA DE PAREJAS DE BOU; EL PAPEL DE LA HARINA Y ACEITE EN LA ACUICULTURA; LOS PECES SE HACEN CADA VEZ MAS PEQUEÑOS

El estado de la pesquería en Perú

Durante las décadas en las cuales la industria pesquera, en especial la anchovetera, se ha manejado con privilegios, se generaron las condiciones de un lucrativo negocio que atrajo a mucha gente. La cantidad de dinero que mueve el negocio es tan grande y rentable, que la corrupción y  presión para mantener ese estatus es tremenda.

            La industria pesquera debe exhibir en forma transparente cuánto empleo genera y de qué calidad. Cuántos empleados están dentro de regímenes laborales legales y están siendo pagados con todos los beneficios que manda la ley, y cuántos están fuera de la formalidad y/o subempleados. La autoridad de Trabajo debería exhibir cuáles son los salarios que ganan, si cobran horas extras, gratificaciones y CTS, tanto los tripulantes, como el personal de tierra y los que laboran en la industria exportadora. Estas cifras mostrarían una verdad que podría ser sorprendente ya que no es suficiente lanzar cifras al aire que nadie puede verificar; pero que la prensa difunde.

            Se llega a esta situación gracias a una ley promotora y estimuladora de la extracción pesquera que durante años incentivó el desarrollo de cada vez mayor esfuerzo pesquero. Poco a poco el negocio se volvió tan lucrativo, que todos quieren ingresar al mismo y rechazan y rechazarán cualquier intento de cambio.

            Una razón, aunque no la única, de lo rentable y lucrativo que constituye exportar productos pesqueros o sus derivados, es  que los peces que se capturan son gratis para los “artesanales”, (algunos de los cuales no califican como tales), dado que no pagan derechos de pesca;  y demasiado baratos para la pesca industrial que sí paga derechos de pesca.

            El Estado está intentando corregir los efectos, más no la causa. El origen radica en una ley promotora que debiera modificarse despojándola de todo espíritu promotor, en beneficio de la sostenibilidad. Hoy no existe la misma cantidad de peces que hace 20 años. No se necesita un informe científico para ello: todos los que realizan esfuerzo pesquero lo saben. Cada vez hay menos peces, y cada vez son más caros para el pueblo peruano. Por tanto no es posible admitir más pescadores porque cada nuevo que ingresa le quita ingresos al pescador que ya existe. La capacidad extractiva actual de la flota necesita reducirse.

            Los peces deben tener un precio. Un justiprecio que permita que la Nación cobre por cada kilogramo que se extrae de su dominio marítimo, que entre otros, tenga un efecto disuasivo de seguir invirtiendo como hoy.

            Todos quienes capturen peces para la industria exportadora deben pagar un valor real por lo que capturan, siendo las plantas procesadoras las que se encarguen de la recaudación actuando como agentes de retención de cada armador, a quienes descontarán dicho impuesto o regalía de su precio. Facilita el control y la cobranza y los cálculos se harían en función del producto terminado, deduciendo la cantidad de materia prima empleado basados en el ratio de conversión de la misma. Esta acción compete a la Autoridad Tributaria en coordinación con la Autoridad de Pesquería.

Debe introducirse a la ecuación pesquera un nuevo y justo tributo o una regalía.

EL CONCEPTO

Actualmente ocurre como si cada uno de nosotros tuviese una parcela llena de animales, patos por ejemplo, que son propiedad de cada uno. Ocurre que el sistema permite a cualquiera  venir a capturarlos para hacer negocio con ellos, pagándonos en proporción a la utilidad que reciban del negocio. Si ganan poco pagan poco, si no ganan no nos pagan. Injusto porque su eficiencia debe ser independiente del pago por cazar animales de nuestra propiedad.

Puede ocurrir lo siguiente:

1.     Una persona se lleva diez patos, hace negocio con ellos y obtiene como utilidad bruta 1,000 soles. No nos paga nada por llevárselos, sino solamente el impuesto a la renta por la utilidad que obtiene, que es el 30% de la misma. O sea que paga 300 soles.

2.     Otra persona se lleva también diez patos, hace negocio con ellos y pierde en el negocio, o sea que declara que no obtuvo utilidades. Por tanto no paga impuesto a la renta porque el 30% de nada, es nada.

3.     Una tercera persona paga un sol por cada pato que se lleva, hace negocio con ellos y obtiene una utilidad de 500 soles porque declara que tiene muchos gastos y por tanto su utilidad es baja. Paga 30% de esos 500 soles, o sea 150 como impuesto a la renta más 10 soles por el derecho a llevárselos. Pagará en total 160 soles.

Ninguno de ellos se preocupa por alimentarlos, limpiar el área donde habitan ni les interesa cuidar que se reproduzcan para que no se acaben. Sencillamente se los llevan.

El dueño de los patos tiene que soportar que ensucien su parcela, entren a la hora que quieran y cuando pretende imponer una cuota máxima de la cantidad de patos que pueden sacarse y cobrar lo justo, todos aquellos que sacan patos de esa propiedad lo agreden, le tiran piedras y le impiden movilizarse libremente.

La lógica indica que extraer esos patos tiene que tener un precio que compense al propietario y le deje un margen que le permita mantener libre de suciedad el área, y los gastos de cuidarlos, veterinario y otros. Eso es independiente de la utilidad que cada extractor obtenga. Al dueño de la parcela no le interesa si gana poco o mucho dinero por ser eficiente o  no, honesto o no. Le interesa que le paguen por cada pato un justiprecio, además de compartir ese 30% de su utilidad que constituye el impuesto a la renta como en todas partes.

Lo que ocurre actualmente es que algunos pescadores pagan derechos de pesca por la extracción, poco; pero otros no pagan nada. Unos pagan impuesto a la renta apropiado, otros pagan poco y otros no pagan nada.

El hecho es que el estatus del sector pesquero al día de hoy representa una situación de inmoralidad. Puede ser legal, pero no es moral ni aceptable. Más allá de los usos y abusos del sistema democrático y legal del país, la industria no paga lo que debe, contamina y pone en riesgo la supervivencia de la biomasa de recursos marinos. Pese a ello y para defender el negocio acude a los más diversos mecanismos para defender sus intereses directamente o a través de la manipulación de las personas que viven alrededor de este negocio, sea que estén bien o mal pagadas, formalizadas o no. Es aquí donde entra la sociedad civil que debe ser la primera línea de defensa de los intereses nacionales.

La situación es evidentemente injusta. Se ha creado una situación en la cual el Estado, como representante de todos los ciudadanos del país, se encuentra ante un negocio que no quiere regulación, se resiste a pagar con justicia y que a cada intento de poner orden en todo este sistema, enfrenta una reacción que consiste en tirarnos piedras o impedirnos caminar por la parcela cada vez que les restringimos el uso de nuestros animales.

Nuestros derechos, como ciudadanos y propietarios de los recursos naturales, no son inferiores a los que ellos creen tener. La pesca debe pagar un justiprecio y actuar sin afectar el medio ambiente ni poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos que extrae.