El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
27 de enero de 2013
La anchoveta y los descartes
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Este 31 de enero, junto al cierre de su segunda temporada
de pesca del 2012, se despedirá la vieja mala práctica de las embarcaciones
pesqueras de devolver al mar la anchoveta capturada con alta incidencia de
ejemplares juveniles, y se introducirá el sistema de vigilancia directa del
Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de inspectores y/o técnicos
científicos de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) a bordo,
que hará posible la respuesta inmediata del PRODUCE cuando se observe esta grave
incidencia en las faenas de pesca y pueda disponer oportunamente la suspensión
de las actividades extractivas en las zonas donde aquello suceda.
En estos últimos meses hemos observado, con mucha
decepción, la práctica irresponsable de este descarte de juveniles en altamar
que realizan muchas embarcaciones pesqueras, acatando seguramente directivas de
las empresas a las que pertenecen y contando con el cómplice silencio de sus
tripulantes, a pesar que antes de dar inicio a la presente temporada de pesca,
la ministra de la Producción Gladys Triveño, en conferencia de prensa difundida
a nivel nacional, expuso la preocupante disminución de la biomasa de anchoveta
(estimada en 5.3 millones de toneladas y con alta presencia de ejemplares
juveniles), dando lectura al dramático informe alcanzado a su despacho por investigadores
científicos del IMARPE.
En esa ocasión y ante esa adversa circunstancia,
sacrificando las recomendaciones técnicas de abstenerse de pescar en esta
segunda temporada y en atención a la dramática situación laboral al que
quedarían expuestos los pescadores, la ministra determinó una cuota social de
810 mil toneladas, demandando públicamente mayor compromiso a los actores
involucrados en esta actividad extractiva para preservar este preciado recurso
marino. Muchos dudaron de tal informe e
inclusive solicitaron una nueva inspección y hasta el incremento de la cuota
asignada.
Una vez que se hicieron a la mar, los pescadores se han
dado cuenta de la certeza del informe del IMARPE y de la gravedad del problema
que alertó la ministra. Pero, de manera contradictoria, salvo unas pocas
embarcaciones (es justo reconocerlo) de la empresa pesquera Hayduk, estas malas
prácticas del descarte de juveniles en altamar se volvieron más recurrentes. A
esta reprochable actitud altamente depredatoria, se sumó el desorden y
corrupción que aún están latentes en la supervisión en los desembarques de pesca industrial a cargo
de CERPER y SGS, las cuales han hecho todo lo posible por ocultar el reporte
real de la alta incidencia juvenil en las descargas y han retardado la acción
correctiva del PRODUCE.
Hay quienes ahora piden veda general y hasta la cabeza
de Gladys Triveño, a pesar que la ministra les advirtió de esta alta incidencia
de ejemplares juveniles antes de iniciar las actividades extractivas y les
pidió ponerse la camiseta del país extrayendo con sensatez el recurso,
disponiendo no una cuota técnica, sino una social o de voluntad política. Quizá
allí haya radicado su error, porque la cruda realidad le ha demostrado tardíamente
que lograr el comportamiento responsable de los actores principales en la
actividad extractiva de la anchoveta, es aún una tarea muy difícil para el
Estado.
Por todo lo dicho, para que las nuevas normas dictadas
por el PRODUCE surtan el efecto deseado, es necesario que se involucren con
mayor responsabilidad quienes participan directamente en la labor extractiva,
de tal manera que puedan desarrollar junto al Estado, una alianza estratégica
para la sostenibilidad del recurso y de los beneficios económicos que éste les
brinda.
E mail: cesarcordova_55@hotmail.com
22 de diciembre de 2012
La ley de la trampa
Hace
más de un año, IDL-Reporteros inició la publicación de una serie de reportajes
que demostraban que los grupos más poderosos de la industria pesquera en el
Perú perpetraban la práctica fraudulenta de pesca negra a gran escala y que el
Estado no ejercía una fiscalización eficiente para frenarla. Hoy, una prolija
investigación del economista Carlos Paredes confirma y complementa estas
revelaciones.
Por Milagros Salazar.-
“Las compañías pesqueras están haciendo plata como jamás lo han
hecho (cada tonelada de harina de pescado llegó a costar 2 mil dólares en
noviembre), pero para ellos mucho no es suficiente, más es mejor. Y ganar más
significa subreportar, hacer trampas”, dice el economista Carlos Paredes, investigador principal del Instituto
del Perú de la Universidad San Martín de Porres.
Paredes realizó cálculos econométricos que corroboran el subreporte que
demostró IDL-Reporteros en un trabajo que combinó el reporteo
y el manejo masivo de bases de datos.
Esta vez, Paredes confirma desde su especialidad que el subregistro es una
práctica común en el sector. A partir de la aplicación de fórmulas, la revisión
de registros de desembarques y el cálculo de la producción de harina, concluye
que en 2009 las empresas no registraron más de 167 mil toneladas de anchoveta
en todo el litoral, lo que representa unas 38 mil toneladas de harina si se
considera que se necesita 4.38 toneladas de pescado para una tonelada de
harina.
Con los precios de la harina que estimó IDL-R en su
momento, esta cantidad puede valorizarse en 61 millones de dólares y con el
precio actual la cifra llega a los 76 millones.
En 2011, el subregistro detectado por Paredes, se duplicó hasta superar las
297 mil toneladas de pescado, el equivalente a 67 mil toneladas de harina. Esto
significa un poco más de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el
precio promedio de la harina del año pasado, y asciende a 134 millones con el
precio de hoy.
En total, en esos dos años, el volumen de pescado que se ‘esfumó’ estaría
valorizado actualmente en más de 200 millones de dólares.
¿Este “subreporte” en realidad no debería llamarse fraude?
-El subreporte significa sobrepesca, sacarle la vuelta al Estado, a la
naturaleza, a ellos mismos (los empresarios) porque están depredando un recurso
que necesitan para seguir desarrollando su actividad.
Pero también están dejando de pagar derechos de pesca al Estado por cada
tonelada que no registran en la balanza.
-El problema es que como todo el mundo subreporta, el que no lo hace siente
que es un estúpido. Desde que se implementó la ley de cuotas individuales de
anchoveta, existen grandes y perversos incentivos para hacerlo. Las empresas no
quieren agotar su cuota porque vale mucha plata. Hasta el año pasado, podían
cobrar 250 dólares por alquilar cada tonelada de su cuota. Una empresa con una
cuota de 10 mil toneladas, entonces podía ganar 2 millones 500 mil dólares. Y
hoy es mucho más porque la tonelada puede estar valorizada en 350 dólares. Qué
rico alquiler. Ningún negocio de alquiler me permite ganar esa cantidad. Por
eso, hago trampa, adultero las balanzas, y digo que pesqué menos porque lo
importante es seguir teniendo cuota.
¿Por qué las empresas necesitan hacer trampas si les va muy bien con un
precio tan alto de la harina?
-Los mismos pesqueros están vulnerando el derecho de propiedad porque no
hay vigilancia. Como el Estado es débil y no controla la actividad, se está
regresando a la misma tragedia de antes de la ley de cuotas cuando había
“carrera olímpica” (y todos se lanzaban al mar para pescar todo lo que podían).
En su investigación, Paredes aplica una segunda metodología: estima el
subreporte a partir de la pesca almacenada en las bodegas de los barcos que
descargaron entre 2009 y 2011. Curiosamente, detecta que las compañías
registran menos pesca después de la ley de cuotas a pesar que la norma permitió
mayor eficiencia en la captura de la anchoveta.
No sólo eso, detectó que las llamadas empresas integradas que tienen
simultáneamente embarcaciones (barcos de acero) y fábricas, registran hasta 9% menos en los
desembarques de lo que traen en su bodega, extrañamente cada vez que descargan en sus propias
fábricas.
El subreporte se incrementa a 13% cuando el análisis se centra en los
desembarques que realizan las siete empresas más grandes del sector en sus
plantas: Tecnológica de Alimentos (Tasa), Copeinca, Austral, Exalmar, CFG
Investment, Diamante y Hayduck.
Este mismo fenómeno fue comprobado por IDL-R cuando comparó las diferencias entre la pesca
declarada y pesada. Las discrepancias siempre fueron más altas en las
descargas en plantas propias que en las de terceros.
¿Entonces queda claro que las mayores responsables del subreporte son las
grandes empresas?
-Queda claro que es más fácil subreportar para quienes tienen barco y
planta, es decir para las empresas más grandes del sector que están integradas
y pescan las tres cuartas partes de la anchoveta del país. No es que el dueño
de un barco de madera que no tiene planta, no lo pueda hacer, sino que es más
difícil que se ponga de acuerdo con la fábrica compradora para hacer algo
ilegal.
Las empresas que incurren en esto son precisamente las que promovieron la
ley de cuotas que se supone iba a ordenar el sector y eliminar la corrupción.
-Al respecto, hay una buena comparación. Nosotros hicimos nuestra ley
general de pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la
copiamos de Chile, que terminó depredando el jurel. Pero, ¿cómo era posible que
eso pasara si tenían cuota? Este principio de que mucho no es suficiente, más
es mejor, está en el ADN de los seres humanos. Por eso una ley de cuotas exige
mucho control y sanción de verdad. Con todo, en Chile hacen menos trampa que
nosotros. Acá la costumbre es coimear.
“Nosotros hicimos nuestra ley general de
pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la copiamos de
Chile, que terminó depredando el jurel”.
Allá los empresarios han hecho lobby en el Consejo Nacional de Pesca para legalizar el incremento de las
cuotas y que no se tome en cuenta la recomendación de la autoridad científica
como demostró una investigación conjunta con el ICIJ y CIPER de Chile.
-Así es, el principio de Chile es el mismo, sobrepescar. Mientras que en el
Perú se respeta la cuota solo en el papel.
¿El Estado no debería beneficiarse de este “boom” del precio de la harina?
¿Cómo es posible que se congelara por diez años el porcentaje de derecho de
pesca que deben pagar las empresas por tonelada de anchoveta?
-Eso fue increíble. Los derechos de pesca en el Perú son muy bajos en
comparación a Chile e Islandia, pero mucho más si lo comparamos con la renta
que fue transferida al sector privado. El Estado no cobró nada por otorgar ese
derecho de explotación a las empresas con la ley de cuotas. Y lo que hoy recibe
es solo 0.0025% del precio de cada tonelada de harina, lo que equivale a 3.38
dólares (si la tonelada cuesta mil 350 dólares). Mientras que el derecho que
tienen las empresas por explotar cada tonelada está valorizado en 182 dólares.
(Es decir, 54 veces más de ese 3.38 dólares que cobró el Estado por tonelada).
Con el precio actual de 2 mil dólares la tonelada de harina, el Estado estaría
cobrando 5 dólares por tonelada, mientras que las empresas tendrán una renta
valorizada en unos 350 dólares (70 veces más).
Lo que recauda SUNAT en impuestos por la venta de harina y aceite también
es muy bajo. En 2011 fue apenas 51 millones de dólares, el 2.4% del valor de
las exportaciones.
-Me preocupa que en este tema no seamos transparentes. Aquí hay una renta
muy alta de la que goza el privado y por la que el Estado cobra muy poco.
Nuestro mar es el más rico del mundo. Si en Arabia Saudita pasas el dedo y sale
el petróleo, en el Perú lanzas la red y sale anchoveta en abundancia lo que
genera ahorro a las empresas. Eso debe tomarse en cuenta. Si se cobrara más por
los derechos de pesca, el Estado podría financiar una administración eficiente,
supervisar, realizar cruceros de investigación. Por eso también es importante
que el Estado gaste mejor, si va a recaudar más.
¿Por qué no estimó el subreporte por empresa?, ¿no es importante saber
quién es quién?
-No me interesa saber si la empresa tal o cual está subreportando más, sino
llamar la atención sobre un problema del sector. Te cuento una anécdota: cuando
saqué el informe, un director o directora de una empresa me llamó para
preguntarme si su compañía estaba en la lista. Le dije que no había hecho
ningún cálculo por empresa pero que le aseguraba que su compañía estaba ahí.
Entonces, me preguntó: ‘¿por qué dices eso? Y le respondí: ‘porque todas están
metidas’. Y me contestó: ‘Ay, qué respiro me das, no solo está la mía’.
Imagínate, ¡qué tal hipocresía! Porque todos hacen trampa, la lógica es que no
está mal que yo también lo haga.
Fuente:
18 de diciembre de 2012
Derechos de pesca: otro dolor de cabeza para la SNP
POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Acostumbrada a manejar el
sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del Ministerio
de la Producción (PRODUCE) y mediante normas hechas a la medida de sus
intereses, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), se resiste al cambio de
reglas de juego que está realizando con acierto la ministra Triveño y no ha
encontrado mejor forma de anularlas, arreciando con mayor fuerza la campaña de
desprestigio en contra de su gestión, utilizando golpes bajos con denuncias
públicas antojadizas y sin pruebas, contando con personajes de triste
recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción Rafael Rey
Rey. Lamentablemente, esta vil campaña mediática puede conseguir tal objetivo, porque
cuenta a su favor con la gran desinformación que existe entre la sociedad
civil, y por la casi nula participación de sus
instituciones y organizaciones representativas.
Una de las medidas que
parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco legal que ahora dispone
el PRODUCE para controlar directamente las descargas de pesca, dando respuesta
a las permanentes exigencias del pescador industrial y ante las denuncias
públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables que demuestran la
existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso declarado y entre el
peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%, y la evidente
manipulación del software de pesaje de las plantas harineras que quedó también
en evidencia en el reporte difundido.
Ahora
la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo está sintiendo muy
cerca de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP
se sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado
jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera
Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en
el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social
obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de
cálculo de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el
Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE. Dicha
norma establece que el monto por este concepto, se efectúa sobre la base de
aplicar el 0.25% del valor FOB de la harina de pescado.
Empeñada
en establecer un verdadero justiprecio en las obligaciones que debe tener el
empresariado pesquero con el Estado (por la extracción de este preciado recurso
que significa la anchoveta), Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto
Supremo 008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo
Pesquero del Ministerio de la Producción
inicie un estudio para determinar si es necesario incrementar el monto de
los Derechos de Pesca, toda vez que a
pesar que esta actividad extractiva genera millonarios ingresos, solo
contribuye con menos del 1% al PBI y
representa solo el 0.6% de la recaudación.
La
SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil
refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que
ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por
una, con las reglas impuestas por
décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios y le ha permitido
acumular enormes riquezas.
E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com
17 de diciembre de 2012
Campaña contra la ministra Triveño se hace más evidente
POR:
CÉSAR CÓRDOVA PONCE
Para
dimensionar la dura batalla que le espera a la ministra de la Producción Gladys
Triveño contra la Sociedad Nacional de Pesquería, recojo la nota publicada en
el semanario “HILDEBRANDT en sus Trece”, en la cual confirma que la SNP ha
contratado a una gran empresa lobística española para tumbarse a la titular de
PRODUCE e inclusive señala que esta
empresa ha hecho lo mismo, a su vez, con
Juan Carlos Valdivia y Mario Saldaña de la agencia ADN para arreciar una
campaña feroz en su contra.
Al
ver la calumniosa portada del diario “La Razón” del día sábado 15, no queda la
menor duda que esta maquinaria mediática ya se echó a andar, y lo más
lamentable es que esta vil campaña de desprestigio emprendida por la SNP puede
surtir efecto, porque cuenta a su favor con la gran desinformación que existe
entre la sociedad civil, y por la casi nula participación de sus instituciones
y organizaciones representativas.
Acostumbrada
a manejar el sector a su antojo, colocando piezas claves en las estructuras del
PRODUCE y mediante normas hechas a la medida de sus intereses, la SNP intenta
resistirse al cambio de reglas de juego que está realizando con acierto la
ministra Triveño y no ha encontrado mejor forma que hacerla caer utilizando
golpes bajos en base a falsedades y calumnias, contando con personajes de
triste recordación para los pescadores como el ex ministro de la Producción
Rafael Rey Rey.
Una
de las medidas que parece no le ha gustado para nada a la SNP, es el marco
legal que ahora dispone el PRODUCE para controlar directamente las descargas de
pesca, dando respuesta a las permanentes exigencias del pescador industrial y
ante las denuncias públicas hechas por IDL- Reporteros con pruebas irrefutables
que demuestran la existencia de una escandalosa discrepancia entre el peso
declarado y entre el peso descargado, que en muchos de los casos llegan al 30%,
y la evidente manipulación del software de pesaje de las plantas harineras.
Ahora
la ministra Triveño se lanza sobre otro objetivo que la SNP lo ha sentido cerca
de su yugular: El incremento de los derechos de pesca. En efecto, la SNP se
sentía muy segura de que ningún ministro se atrevería a revisar el candado
jurídico que los armadores pesqueros le han puesto a través de la Primera
Disposición Final del Decreto Legislativo 1084 que introdujo Rafael Rey Rey en
el 2008 y que establece que durante el período de vigencia del aporte social
obligatorio (10 años), se mantendrá sin alteración el monto y la forma de cálculo
de los Derechos de Pesca por concepto de extracción de los recursos
hidrobiológicos destinados al Consumo Humano Indirecto aprobados mediante el
Decreto Supremo 024-2006-PRODUCE.
Empeñada
en establecer las justas obligaciones que debe tener el empresariado pesquero
con el Estado, Gladys Triveño ha dispuesto mediante el Decreto Supremo
008-2012-PRODUCE, que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero
del Ministerio de la Producción inicie
un estudio para determinar si es necesario incrementarlos, toda vez que a pesar que esta actividad
extractiva genera millonarios ingresos, solo contribuye con menos del 1% al PBI y representa solo el 0.60% de la recaudación.
La
SNP se siente acorralada y es necesario que los pescadores y la sociedad civil
refuercen la valiente actitud de la ministra Triveño y le den el respaldo que
ahora urgentemente precisa, si se quiere acabar de una vez por todas, y una por
una, con las reglas impuestas por
décadas por la SNP que le ha brindado muchos privilegios
y le ha permitido acumular enormes riquezas.
E Mail: cesarcordova_55@hotmail.com
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