El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

28 de enero de 2013

Los paises con pesca sostenible obtienen mejores capturas


Reducir la presión pesquera da resultados beneficiosos en un plazo de tiempo no demasiado largo. Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden de una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la que se analizan las capturas de 53 países y jurisdicciones a lo largo de algo más de una década. El trabajo, publicado en la revista Global Environmental Change, revela que aquellos que han aplicado el Código de Conducta para una Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) han logrado mejorar sus recursos pesqueros y están obteniendo unas capturas de mejor calidad.

El estudio, liderado por la investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar Marta Coll, ha contado con la participación de la Universidad de British Columbia (Canadá), del Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Italia) y la organización World Wildlife Fund.

El Código de Conducta para una Pesca Responsable fue desarrollado en 1995 por la FAO y tiene como objetivo reducir el impacto negativo de la pesca en el ecosistema. Los expertos están convencidos de que este código es una herramienta eficaz en la gestión sostenible de los recursos pesqueros. No obstante, su cumplimento es voluntario y los países que lo han firmado lo están incorporando a su legislación con mayor o menor éxito.

13 años de pesca

El trabajo analiza las capturas llevadas a cabo por 53 países y jurisdicciones, que suponen el 96% de la pesca global, desde 1990 hasta 2003. Para evaluar los beneficios ecológicos del código, se comparó su cumplimiento con cinco indicadores ecológicos: el nivel trófico de las capturas (relacionado con el tamaño de las presas capturadas); el volumen de la captura total; la captura total expresada en unidades de producción primaria necesaria para generar los peces capturados; el índice de pérdida de producción (la pérdida que supone para el ecosistema la captura, que de no haber sido atrapada podrían haber alimentado a otros peces); y la probabilidad de sostenibilidad de la pesca.

Una mejora derivada de una pesca más sostenible se refleja en una reducción en la captura total, así como en la producción primaria requerida para generar la captura y en el índice de pérdida de producción, mientras que se observa un aumento en el nivel trófico de las capturas y en el índice de sostenibilidad. “Aunque los países que han implementado el código tienen un menor volumen de capturas, la calidad y diversidad de su pesca es mayor. Esto se refleja en el hecho de  que han recuperado poblaciones de especies de gran tamaño, como atunes o bacalao, que tienen un mayor nivel trófico y un mayor valor comercial”, explica Coll.

Posiciones por países

En términos relativos, detalla Marta Coll, “los 10 países y regiones que más han mejorado la pesca, haciéndola más sostenible en 2003 con respecto a 1990 son: Estados Unidos (costa atlántica), Namibia, Chile, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Portugal, Ecuador, Rusia (costa del Pacífico) y Alemania. Al contrario, los países que han empeorado por pescar de forma más insostenible en el mismo período son: Ghana, Filipinas, Vietnam, Bangladesh, Islandia, Egipto y Suráfrica”.

En términos absolutos, la pesca más sostenible (según los datos de 2003) es la de Canadá (costa Pacífica), Australia y Estados Unidos (costa Pacífica). La menos sostenible, también según datos de 2003, está en Turquía, Corea de Sur, Malasia, China, Perú, Ghana, Filipinas, Marruecos, Vietnam y Bangladesh.

España, en términos relativos de mejora respecto a 1990, se encuentra en el puesto 14 y 15 (para costa Atlántica y Mediterránea), y en términos absolutos está en el 10 y 14, respectivamente. “Nuestro estudio transmite un mensaje positivo en el contexto de los acuerdos internacionales que se ocupan de cuestiones ambientales: el cumplimiento de acuerdos como el código de conducta de la FAO puede contribuir a aumentar la sostenibilidad, independientemente de la posición geográfica del país.

Dado que el cumplimiento del Código en todo el mundo sigue siendo bajo o muy bajo, concluye el trabajo, “estos resultados pueden alentar a los países a adoptar las medidas necesarias para aumentar la sostenibilidad ecológica de los recursos marinos”.

Fuente:

http://www.csic.es/web/guest/publicaciones;jsessionid=8B5214F321EBC7CB14C70A6D0143FC0C?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1e7fe088-0141-494e-a938-62877b3e30d4&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news

27 de enero de 2013

La anchoveta y los descartes


POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE

Este 31 de enero, junto al cierre de su segunda temporada de pesca del 2012, se despedirá la vieja mala práctica de las embarcaciones pesqueras de devolver al mar la anchoveta capturada con alta incidencia de ejemplares juveniles, y se introducirá el sistema de vigilancia directa del Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través de inspectores y/o técnicos científicos de investigación del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) a bordo, que hará posible la respuesta inmediata del PRODUCE cuando se observe esta grave incidencia en las faenas de pesca y pueda disponer oportunamente la suspensión de las actividades extractivas en las zonas donde aquello suceda.

En estos últimos meses hemos observado, con mucha decepción, la práctica irresponsable de este descarte de juveniles en altamar que realizan muchas embarcaciones pesqueras, acatando seguramente directivas de las empresas a las que pertenecen y contando con el cómplice silencio de sus tripulantes, a pesar que antes de dar inicio a la presente temporada de pesca, la ministra de la Producción Gladys Triveño, en conferencia de prensa difundida a nivel nacional, expuso la preocupante disminución de la biomasa de anchoveta (estimada en 5.3 millones de toneladas y con alta presencia de ejemplares juveniles), dando lectura al dramático informe alcanzado a su despacho por investigadores científicos del IMARPE.

En esa ocasión y ante esa adversa circunstancia, sacrificando las recomendaciones técnicas de abstenerse de pescar en esta segunda temporada y en atención a la dramática situación laboral al que quedarían expuestos los pescadores, la ministra determinó una cuota social de 810 mil toneladas, demandando públicamente mayor compromiso a los actores involucrados en esta actividad extractiva para preservar este preciado recurso marino.  Muchos dudaron de tal informe e inclusive solicitaron una nueva inspección y hasta el incremento de la cuota asignada.

Una vez que se hicieron a la mar, los pescadores se han dado cuenta de la certeza del informe del IMARPE y de la gravedad del problema que alertó la ministra. Pero, de manera contradictoria, salvo unas pocas embarcaciones (es justo reconocerlo) de la empresa pesquera Hayduk, estas malas prácticas del descarte de juveniles en altamar se volvieron más recurrentes. A esta reprochable actitud altamente depredatoria, se sumó el desorden y corrupción que aún están latentes en la supervisión en  los desembarques de pesca industrial a cargo de CERPER y SGS, las cuales han hecho todo lo posible por ocultar el reporte real de la alta incidencia juvenil en las descargas y han retardado la acción correctiva del PRODUCE.

Hay quienes ahora piden veda general y hasta la cabeza de Gladys Triveño, a pesar que la ministra les advirtió de esta alta incidencia de ejemplares juveniles antes de iniciar las actividades extractivas y les pidió ponerse la camiseta del país extrayendo con sensatez el recurso, disponiendo no una cuota técnica, sino una social o de voluntad política. Quizá allí haya radicado su error, porque la cruda realidad le ha demostrado tardíamente que lograr el comportamiento responsable de los actores principales en la actividad extractiva de la anchoveta, es aún una tarea muy difícil para el Estado.

Por todo lo dicho, para que las nuevas normas dictadas por el PRODUCE surtan el efecto deseado, es necesario que se involucren con mayor responsabilidad quienes participan directamente en la labor extractiva, de tal manera que puedan desarrollar junto al Estado, una alianza estratégica para la sostenibilidad del recurso y de los beneficios económicos que éste les brinda.   

E mail: cesarcordova_55@hotmail.com

22 de diciembre de 2012

La ley de la trampa


Hace más de un año, IDL-Reporteros inició la publicación de una serie de reportajes que demostraban que los grupos más poderosos de la industria pesquera en el Perú perpetraban la práctica fraudulenta de pesca negra a gran escala y que el Estado no ejercía una fiscalización eficiente para frenarla. Hoy, una prolija investigación del economista Carlos Paredes confirma y complementa estas revelaciones.
Por Milagros Salazar.-

“Las compañías pesqueras están haciendo plata como jamás lo han hecho (cada tonelada de harina de pescado llegó a costar 2 mil dólares en noviembre), pero para ellos mucho no es suficiente, más es mejor. Y ganar más significa subreportar, hacer trampas”, dice el economista Carlos Paredes, investigador principal del Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres.

Paredes realizó cálculos econométricos que corroboran el subreporte que demostró IDL-Reporteros en un trabajo que combinó el reporteo y el manejo masivo de bases de datos.

Esta vez, Paredes confirma desde su especialidad que el subregistro es una práctica común en el sector. A partir de la aplicación de fórmulas, la revisión de registros de desembarques y el cálculo de la producción de harina, concluye que en 2009 las empresas no registraron más de 167 mil toneladas de anchoveta en todo el litoral, lo que representa unas 38 mil toneladas de harina si se considera que se necesita 4.38 toneladas de pescado para una tonelada de harina.

Con los precios de la harina que estimó IDL-R en su momento, esta cantidad puede valorizarse en 61 millones de dólares y con el precio actual la cifra llega a los 76 millones.

En 2011, el subregistro detectado por Paredes, se duplicó hasta superar las 297 mil toneladas de pescado, el equivalente a 67 mil toneladas de harina. Esto significa un poco más de 100 millones de dólares, si se toma en cuenta el precio promedio de la harina del año pasado, y asciende a 134 millones con el precio de hoy.
En total, en esos dos años, el volumen de pescado que se ‘esfumó’ estaría valorizado actualmente en más de 200 millones de dólares.

¿Este “subreporte” en realidad no debería llamarse fraude?
-El subreporte significa sobrepesca, sacarle la vuelta al Estado, a la naturaleza, a ellos mismos (los empresarios) porque están depredando un recurso que necesitan para seguir desarrollando su actividad.

Pero también están dejando de pagar derechos de pesca al Estado por cada tonelada que no registran en la balanza.

-El problema es que como todo el mundo subreporta, el que no lo hace siente que es un estúpido. Desde que se implementó la ley de cuotas individuales de anchoveta, existen grandes y perversos incentivos para hacerlo. Las empresas no quieren agotar su cuota porque vale mucha plata. Hasta el año pasado, podían cobrar 250 dólares por alquilar cada tonelada de su cuota. Una empresa con una cuota de 10 mil toneladas, entonces podía ganar 2 millones 500 mil dólares. Y hoy es mucho más porque la tonelada puede estar valorizada en 350 dólares. Qué rico alquiler. Ningún negocio de alquiler me permite ganar esa cantidad. Por eso, hago trampa, adultero las balanzas, y digo que pesqué menos porque lo importante es seguir teniendo cuota.

¿Por qué las empresas necesitan hacer trampas si les va muy bien con un precio tan alto de la harina?

-Los mismos pesqueros están vulnerando el derecho de propiedad porque no hay vigilancia. Como el Estado es débil y no controla la actividad, se está regresando a la misma tragedia de antes de la ley de cuotas cuando había “carrera olímpica” (y todos se lanzaban al mar para pescar todo lo que podían).

En su investigación, Paredes aplica una segunda metodología: estima el subreporte a partir de la pesca almacenada en las bodegas de los barcos que descargaron entre 2009 y 2011. Curiosamente, detecta que las compañías registran menos pesca después de la ley de cuotas a pesar que la norma permitió mayor eficiencia en la captura de la anchoveta.

No sólo eso, detectó que las llamadas empresas integradas que tienen simultáneamente embarcaciones (barcos de acero) y fábricas, registran hasta 9% menos en los desembarques de lo que traen en su bodega, extrañamente cada vez que descargan en sus propias fábricas.

El subreporte se incrementa a 13%  cuando el análisis se centra en los desembarques que realizan las siete empresas más grandes del sector en sus plantas: Tecnológica de Alimentos (Tasa), Copeinca, Austral, Exalmar, CFG Investment, Diamante y Hayduck.
Este mismo fenómeno fue comprobado por IDL-R cuando comparó las diferencias entre la pesca declarada  y pesada. Las discrepancias siempre fueron más altas en las descargas en plantas propias que en las de terceros.

¿Entonces queda claro que las mayores responsables del subreporte son las grandes empresas?

-Queda claro que es más fácil subreportar para quienes tienen barco y planta, es decir para las empresas más grandes del sector que están integradas y pescan las tres cuartas partes de la anchoveta del país. No es que el dueño de un barco de madera que no tiene planta, no lo pueda hacer, sino que es más difícil que se ponga de acuerdo con la fábrica compradora para hacer algo ilegal.

Las empresas que incurren en esto son precisamente las que promovieron la ley de cuotas que se supone iba a ordenar el sector y eliminar la corrupción.
-Al respecto, hay una buena comparación. Nosotros hicimos nuestra ley general de pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la copiamos de Chile, que terminó depredando el jurel. Pero, ¿cómo era posible que eso pasara si tenían cuota? Este principio de que mucho no es suficiente, más es mejor, está en el ADN de los seres humanos. Por eso una ley de cuotas exige mucho control y sanción de verdad. Con todo, en Chile hacen menos trampa que nosotros. Acá la costumbre es coimear.
“Nosotros hicimos nuestra ley general de pesca y la copiamos de la ley de Chile. La ley de cuotas también la copiamos de Chile, que terminó depredando el jurel”.
Allá los empresarios han hecho lobby en el Consejo Nacional de Pesca para legalizar el incremento de las cuotas y que no se tome en cuenta la recomendación de la autoridad científica como demostró una investigación conjunta con el ICIJ y CIPER de Chile.

-Así es, el principio de Chile es el mismo, sobrepescar. Mientras que en el Perú se respeta la cuota solo en el papel.

¿El Estado no debería beneficiarse de este “boom” del precio de la harina? ¿Cómo es posible que se congelara por diez años el porcentaje de derecho de pesca que deben pagar las empresas por tonelada de anchoveta?

-Eso fue increíble. Los derechos de pesca en el Perú son muy bajos en comparación a Chile e Islandia, pero mucho más si lo comparamos con la renta que fue transferida al sector privado. El Estado no cobró nada por otorgar ese derecho de explotación a las empresas con la ley de cuotas. Y lo que hoy recibe es solo 0.0025% del precio de cada tonelada de harina, lo que equivale a 3.38 dólares (si la tonelada cuesta mil 350 dólares). Mientras que el derecho que tienen las empresas por explotar cada tonelada está valorizado en 182 dólares. (Es decir, 54 veces más de ese 3.38 dólares que cobró el Estado por tonelada). Con el precio actual de 2 mil dólares la tonelada de harina, el Estado estaría cobrando 5 dólares por tonelada, mientras que las empresas tendrán una renta valorizada en unos 350 dólares (70 veces más).

Lo que recauda SUNAT en impuestos por la venta de harina y aceite también es muy bajo. En 2011 fue apenas 51 millones de dólares, el 2.4% del valor de las exportaciones.

-Me preocupa que en este tema no seamos transparentes. Aquí hay una renta muy alta de la que goza el privado y por la que el Estado cobra muy poco. Nuestro mar es el más rico del mundo. Si en Arabia Saudita pasas el dedo y sale el petróleo, en el Perú lanzas la red y sale anchoveta en abundancia lo que genera ahorro a las empresas. Eso debe tomarse en cuenta. Si se cobrara más por los derechos de pesca, el Estado podría financiar una administración eficiente, supervisar, realizar cruceros de investigación. Por eso también es importante que el Estado gaste mejor, si va a recaudar más.

¿Por qué no estimó el subreporte por empresa?, ¿no es importante saber quién es quién?

-No me interesa saber si la empresa tal o cual está subreportando más, sino llamar la atención sobre un problema del sector. Te cuento una anécdota: cuando saqué el informe, un director o directora de una empresa me llamó para preguntarme si su compañía estaba en la lista. Le dije que no había hecho ningún cálculo por empresa pero que le aseguraba que su compañía estaba ahí. Entonces, me preguntó: ‘¿por qué dices eso? Y le respondí: ‘porque todas están metidas’. Y me contestó: ‘Ay, qué respiro me das, no solo está la mía’. Imagínate, ¡qué tal hipocresía! Porque todos hacen trampa, la lógica es que no está mal que yo también lo haga.



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