El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
16 de julio de 2014
DEBEMOS TERMINAR CON LA POLÍTICA PESQUERA DEL GOBIERNO
COMENTARIO
Este artículo
referido a la problemática pesquera en Argentina tiene muchas características
comunes y/o similares con la peruana.
Con algunas
diferencias de forma mas no de fondo, es destacable la existencia de este
pronunciamiento. Muestra un grado de interés formalmente expresado por un sector
de los trabajadores y de las organizaciones políticas argentina.
En el
Perú, el desinterés de la sociedad y de los ciudadanos por lo que ocurre con la
pesca es, por decir lo menos, curioso.
Declaración del PCR (Partido
Comunista Revolucionario) y PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) Regional Mar
del Plata. Conferencia zonal del PCR de mar del Plata, el 3 de junio.
Saqueo imperialista y pérdida de soberanía
El modelo pesquero en nuestro
país se mantuvo sobre los mismos rieles que terminó de confeccionar el
menemismo durante los años´90: Absoluta
dependencia del mercado externo, flexibilización laboral, depredación del
recurso pesquero, concentración de la producción y de la comercialización en
pocas empresas, evasión fiscal y poca inversión a largo plazo.
Este modelo pesquero condena a
esta actividad a crisis recurrentes y a sus trabajadores a condiciones de
trabajo marcadas por la inestabilidad, la falta de derechos y la
superexplotación.
Los grandes frigoríficos exportadores y el gobierno acuerdan en la
esencia de este modelo: la exportación de casi la totalidad de los productos.
Para el gobierno significa conseguir dólares tan necesarios tanto para la
importación de hidrocarburos como para hacer frente a los vencimientos de deuda
externa (en su mayoría ilegítima). Para los grandes empresarios pesqueros
implica materializar inmensas ganancias en mercados ya desarrollados para sus
productos. También les permite ser parte de las fabulosas ganancias de su
comercialización en mercados de mejor poder adquisitivo. Los grandes empresarios de la pesca han sido, en gran medida, una
verdadera burguesía intermediaria de los intereses de los capitales europeos y
en particular de los españoles.
Estos últimos, proveedores de
la mayoría de los barcos congeladores (verdaderas máquinas de destrucción de
empleo y recursos) fabricados en sus astilleros hace varias décadas. Flota
responsable de la casi extinción de varios caladeros en el mundo.
Lo cierto es que los
compradores de los productos pesqueros (como sucedía con la carne a principio
del siglo 20 con Inglaterra) se fueron convirtiendo en sus verdaderos y únicos
dueños. Esto lo lograron con inversiones directas (instalación de empresas); a
través de fusión con empresas argentinas (joint venture); con ingreso de buques
extranjeros a través de convenios con el Estado; con permisos de pesca otorgados
por el gobierno de Malvinas, títere de los intereses británicos; o con la
instalación de barcos en la milla 201.
En tal sentido, se comprende la casi inexistente política de fomento al
mercado interno en este rubro, escudada, como siempre, en una supuesta
restricción cultural al consumo de pescado. Esta orientación gubernamental está
motivada también por los grandes negocios que mantiene el kirchnerismo con la
industria avícola, competidora directa del pescado en el mercado nacional.
Aumento de la concentración y extranjerización. La política pesquera
del kichnerismo.
Una de las consecuencias más
nefastas de la política pesquera del kirchnerismo es el proceso de
concentración que sufre la actividad pesquera en nuestro país. La aprobación de las (CIT) Cuotas
Individuales Transferibles de Pesca significó darles un marco legal al reparto
y privatización de nuestros recursos ictícolas a los grandes empresarios.
El único límite que establece la Ley es que las empresas no podrán concentrar
más del 10% de la captura, lo que implica, en el mejor de los casos, que solo
diez empresas podrán concentrar el total de la captura por especie. Esto
gracias al carácter transferible de dichas cuotas de pesca lo que facilita
precisamente esa concentración con la progresiva resignación de sus cuotas por
parte de los empresarios pequeños y medianos en beneficio de los monopolios.
Según fuentes de la Dirección de Economía pesquera, en el año 2012 las primeras
15 empresas exportadoras, de un total de 242 que operan en el mercado externo,
acumularon el 49% del total exportado. En el caso de especies como la merluza
hubbsi, principal producto exportado desde Mar del Plata, el porcentaje de
concentración de la exportación es mucho mayor: de un total de 109 empresas las
primeras 10 firmas concentraron el 54,1% del total exportado.
En la actividad pesquera, como en otras ramas de la industria y la
economía de nuestro país, la extranjerización es un fenómeno en crecimiento.
Con sólo decir, que de las primeras 5 firmas exportadoras sólo una es de
capitales “argentinos” y el resto son todas de capitales españoles, estamos
graficando claramente este problema. Las supuestas expropiaciones de empresas
españolas realizadas en el sur, como fue el caso de la empresa Vieira SA en
Puerto Deseado, fueron medidas decorativas que, en muchos casos, solo apuntaron
a salvar a las mismas empresas de sus deudas.
Con respecto a las extranjerización y saqueo de nuestros recursos
pesqueros debemos destacar la decisión del Kirchnerismo de permitir el ingreso
de 10 buques poteros chinos al caladero argentino en el año 2013, lo que
significa en pocas palabras, la vuelta al charteo de buques extranjeros,
aplicada durante la década del 90 por Menen-Cavallo-Solá, cuya vigencia se
mantuvo sin solución de continuidad desde 1993 hasta el 2001, como demuestran
claramente las estadísticas. Existen versiones sobre el posible ingreso de
numerosos buques factorias a nuestro caladero.
Efectos de la crisis internacional
La crisis internacional está
golpeando con fuerza al sector y deja en evidencia lo frágil de este modelo
exportador, totalmente dependiente de los vaivenes internacionales. A la crisis
de los principales mercados de nuestros productos (España - Brasil), hay que
agregarle el crecimiento exponencial de especies asiáticas de carne blanca como
el Pangasius que, producto de los bajos costos de producción (bajo costo de la
mano de obra y no utilización de gas oil) ofrecidos por la acuicultura, van
desplazando a la merluza del mercado exterior. Sumado a este cuadro externo, el
aumento del gasoil a causa de la crisis energética y de otros insumos producto
de la inflación, nos brindan un contexto de estancamiento y recesión. Desde el
2008 los precios internacionales de la merluza siguen estancados o en descenso,
solo tuvieron una leve recuperación en los años 2010, 2011, pero luego
siguieron bajando. La carga del valor del gas-oil en la estructura de costos es
cada vez mayor, llegando al 60-65% de cada viaje. Esto sucede en primer lugar
por la política del Gobierno en relación al permanente aumento de los
combustibles y, en segundo lugar, por la cada vez mayor distancia que deben
recorrer los buques pesqueros para completar sus bodegas. Esto obligado por la
creciente depredación del recurso permitida desde la dictadura videlista hasta
acá, particularmente a partir de la irrupción masiva de Factorías y
Congeladores.
¿Esto quiere decir que los grandes empresarios dejaron de ganar? Aun
perjudicados por esta situación de ninguna manera dejaron de ganar. Los grandes
empresarios descargan la crisis sobre los trabajadores con despidos,
suspensiones, quita de plus por productividad, salarios de hambre,
superexplotación, precariedad laboral, etc. Siguen haciendo fortunas sobre la
base de profundizar, también, la evasión fiscal, la especulación y el fraude
laboral (cooperativas truchas). Al mismo tiempo, reciben ayuda económica del
Estado (Repros, reintegros, créditos).
Se han perdido miles de
empleos, sólo en el año 2012 las cifras rondan entre 2.000 y 2.500 despidos en
las plantas procesadoras de pescado. Las changas se hicieron escasas y el
trabajo en negro recrudeció enormemente. El estancamiento y la recesión afectan
al conjunto del complejo portuario/fabril. La estiba y la industria naval
reciben el impacto directamente. También se ven afectados otros gremios de
servicios y transportes que actúan en torno a la industria. Ni hablar de los
marineros-pescadores que ven reducidos al máximo la cantidad de viajes que
realizan en el año. El gobierno y los empresarios lograron establecer
incrementos salariales por debajo de la inflación lo que significó una
reducción muy fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Al agudizarse la crisis los empresarios pesqueros pidieron ayuda
estatal (baja de retenciones, gas oíl mayorista, créditos, etc.) y
devaluación brusca del peso. El gobierno les brindó una ayuda limitada (Repros,
subsidios, reintegros) y les propuso una devaluación graduada. En ningún
momento deslizó un cambio de modelo. A los que el gobierno sí les pidió
paciencia es a los trabajadores, que deben sostener la rentabilidad de las
empresas aceptando pautas salariales a la baja, despidos, suspensiones,
precarización laboral extrema y falta de trabajo.
La devaluación realizada por el
gobierno, en lo que va del 2013 y 2014, fue del 64%. Sin embargo, dándonos
razón a los sectores que nos oponíamos a esta medida como salida a la crisis,
la situación de la actividad continuó estancada, en lo que va del año los
volúmenes y montos en dólares por exportación registraron leves mejoras o mejor
dicho estancamiento. Para los trabajadores significó una fuerte reducción del
salario con el incremento de la inflación y los techos salariales
De la crisis no se sale con
las mismas recetas que nos llevaron a la situación en la que estamos. La
devaluación beneficia solo a los exportadores y golpea a los trabajadores y a
los empresarios que operan en el mercado interno; la vuelta al charteo de
buques trae consecuencias nefastas para la sustentabilidad de los recursos y
resta fuerzas a nuestra industria; los subsidios a los grandes empresarios no
se trasladan al desarrollo productivo y la mejoría de las condiciones de
trabajo, sino, más bien, para la construcción de cámaras para el almacenamiento
especulativo del pescado o directamente totalmente para otros fines alejados
totalmente del tema pesquero. La crisis la tienen que pagar los que se
enriquecieron todos estos años con el sacrificio de los trabajadores (en
nuestra ciudad principalmente Mozzcusa, Solimeno, Valstro). Para esto debemos
pelear por un nuevo modelo pesquero que coloque a los intereses nacionales y
populares en primer lugar.
Recuperar la actividad pesquera para los argentinos significa tener
un instrumento fundamental para la generación de empleo, para garantizar la
soberanía alimentaria del pueblo y para proteger y defender los espacios y
recursos marítimos asediados por las potencias imperialistas.
Los trabajadores luchamos contra esta política
Para lograr este objetivo nos
paramos en las luchas históricas que mostraron un camino para dar vuelta la
realidad. La lucha y el paro activo del 13 de octubre de 1986 contra los
convenios Acuerdos-Marco con la URSS y Bulgaria firmados por Alfonsín; las
grandes luchas marineras y de los obreros del pescado de 1999 y 2000 contra los
Acuerdos firmados por Menem con la Unión Europea y la lucha contra el trabajo
en negro del año 2007. Luchas que conmovieron a la ciudad y al país cosechando
una gran solidaridad y admiración en el conjunto del pueblo. En este camino,
nos dan mucha fortaleza y esperanza las grandes luchas que han protagonizado en
el último tiempo los trabajadores del puerto de nuestra ciudad. El paro largo
de los trabajadores del SOIP en el año 2010, los paros de estibadores, navales
y marineros del año 2012 y las luchas diarias de los trabajadores contra los
abusos de la patronal en cada lugar de trabajo. También sacamos enseñanzas de
experiencias de avanzada en lo que refiere a unir a amplios sectores a la
realidad del puerto y sus trabajadores, en este sentido, destacamos la
Multisectorial lograda a mediados del 2012 que reunió a más de 60
organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles.
Siete medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores y el
pueblo
Convocamos a un gran frente de
fuerzas políticas, sindicales, sociales y estudiantiles que se unan alrededor
de un programa y un accionar común de lucha para que la crisis pesquera no la
paguemos los trabajadores y el pueblo, desde el PCR/PTP proponemos:
1) Declarar la emergencia
socio-ocupacional en el puerto de la ciudad de Mar del Plata en todas las
cadenas que componen la industria: Prohibición de despidos; Ampliación del
listado, reconocido por la subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo,
de 9200 trabajadores afectados a la industria pesquera; Subsidio para todo el
listado mientras se mantenga la falta de trabajo y la parálisis de la
industria; Blanqueo inmediato de todos los trabajadores; Suspensión de cortes
de luz y gas y demás servicios hasta que se normalice la situación laboral;
puesta en la funcionamiento por parte de los trabajadores de aquellas empresas
que generen despidos masivos, presenten quiebra o realicen fraude laboral,
exigiendo el apoyo municipal necesario y su expropiación por parte del gobierno
provincial en beneficio de sus trabajadores.
2) Garantizar el cumplimiento
de los derechos de los trabajadores del sector, verdaderos sostenedores de la
producción: Salarios no menores a la canasta familiar, estabilidad laboral,
trabajo registrado, verdadera cobertura social, jubilación anticipada e
insalubridad. Establecer un piso salarial único para los trabajadores del
Complejo Portuario-fabril de la ciudad de Mar del Plata, como sucede en el
puerto de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.
3) Definir al recurso ictícola como un bien común y estratégico de todos
los argentinos y no como el patrimonio personal de un puñado de grandes
empresarios exportadores: no a las Cuotas Individuales Transferibles de Pesca;
cumplimiento estricto de las CMP (Capturas Máximas Permitidas) con el fin de
preservar el recurso ictícola y evitar su depredación; planes reales de
promoción, protección y desarrollo del mercado interno.
4) Promover un modelo pesquero que garantice la ocupación efectiva del Mar
Argentino a fin de fortalecer nuestra soberanía sobre espacios estratégicos.
Que la prefectura tenga los medios necesarios para defender la frontera
marítima y no sea utilizada para la represión interna.
5) Impulsar un modelo pesquero que basado en el desarrollo de la pesca
para abastecer nuestro mercado interno, deje de ver al recurso como un mero
commoditie de exportación con poco o nulo valor agregado: leyes de fomento a la
agregación de valor; fomento de las pequeñas empresas; plan de inversión real
en infraestructura e investigación para el desarrollo de la producción de
alimentos. Apoyo a la pesca fresquera, con limitación de bodega, y anulación de
todas las autorizaciones para operar en nuestras aguas a las flotas de
Factorías y Congeladores, garantizando los puestos de trabajo y todos sus
derechos a los trabajadores de las mismas. Fomento de la acuicultura.
Defensa y desarrollo del Inidep. Jerarquización
y defensa de los Inspectores de Pesca, combatiendo todo tipo de corrupción. Defensa
del recurso por los trabajadores.
6) Desarrollar un modelo
pesquero que sirva de plataforma para el desarrollo de una industria naval
nacional: Ley de promoción de la industria naval que establezca la prohibición
de charteo de buques y compra en el exterior; plan de renovación de la flota
pesquera. Defensa del Astillero Rio Santiago poniéndolo al servicio de los
intereses nacionales y populares.
7) Promover un amplio debate de la legislación vigente y en particular de
la Ley Nacional de Pesca. En este sentido convocar a todos los sectores
interesados e implicados en la problemática pesquera: trabajadores; pequeños y
medianos empresarios; científicos; estudiantes y docentes de carreras
pesqueras; dirigentes políticos y sociales de nuestro litoral marítimo; para
garantizar una Ley que defienda los intereses populares, nacionales y
democráticos de nuestra pesca.
Paro nacional de 36 horas para
que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo.
Fuente:
13 de julio de 2014
Menos exportaciones de harina de pescado ¿a quién perjudican realmente?
Elena Conterno, presidenta
del gremio pesquero, señaló que es necesaria una ampliación de la temporada de
pesca. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló que se perderán US$385
millones en exportaciones pequeras, debido a la mala temporada de pesca de
anchoveta en la zona centro-norte.
"No se cumplirá la
cuota determinada de 2,53 millones de toneladas para la actual temporada.
Faltan 20 días para el final y apenas hemos sobrepasado el 50% de las capturas
de anchoveta estimadas. Eso significa que el Perú dejará de recibir más de 385
millones dólares por exportaciones pesqueras este año, lo que sin duda
debilitará el crecimiento del PBI", indicó Elena Conterno, presidenta de
la SNP.
La razón principal de estos
resultados es la migración de las anchovetas hacia el sur, en busca de aguas
frías. La normatividad pesquera impide que embarcaciones puedan realizar la
pesca en esta zona, señaló Conterno.
En otro momento, Conterno
hizo referencia a la nueva medida del Ministerio de Producción (Produce), la
cual permite pescar en algunas zonas desde la milla 8 en adelante. La
presidenta de la SNP afirmó que esta resulta insuficiente para poder alcanzar
la cuota de pesca establecida.
Aseguró que se requiere
"medidas técnicas, como la ampliación de la temporada de pesca –asumiendo
que el ciclo biológico de la anchoveta lo permite– y que se permita a las
empresas trabajar desde la milla 5" para contrarrestar estos resultados
que afectan a 221.000 familias involucradas en esta actividad.
Fuente:
NOTA DE PESCA:
Para que el ciudadano común, no involucrado con la pesca pueda
formarse una opinión correcta y completa, la información que presenta la nota
transcrita debería ser complementada respondiendo a las siguientes preguntas:
1. ¿Es el Perú quien dejará de recibir 385 millones de dólares por
exportaciones pesqueras o la industria pesquera? Porque no confundamos el
ingreso de dinero a la caja de la empresa con el ingreso de impuestos a la caja
fiscal.
2. De esos 385 millones que la industria dejará de recibir ¿Cuánto
le corresponde al Estado por impuesto a la renta, cuánto va al canon pesquero,
cuánto corresponde a derechos de pesca y cuánto se le va a devolver a la
industria por IGV? Solo así podríamos saber realmente en cuánto se afecta al
ciudadano peruano, legítimo propietario del recurso pesquero e injustamente
remunerado por su extracción.
3. ¿Se afectan 221,000 familias? ¿Pero no se benefician los 29
millones y medio de peruanos restantes no involucrados directamente en la
pesca, a través de la conservación de la biomasa de anchoveta como sostén
principal del resto de especies marinas, que son las que contribuyen a la
alimentación nacional? Es decir lo que queda para el país después de que la
industria exporta lo mejor.
El defecto de siempre en la información que los medios difunden es
que, solamente se lanzan cifras desde la perspectiva del industrial; pero no se
toman en cuenta desde la percepción del ciudadano no pesquero, que solamente ve
de lejos las ganancias pesqueras y se ve influenciado y confundido por el mito
del crecimiento del PBI, cuando en términos reales él no ve que sus ingresos
económicos crezcan con el crecimiento del PBI. Como tampoco ve como el reducido
canon pesquero se convierte en obras para su localidad, bien sea por ineficacia
o por corrupción.
El PBI es un índice perverso.
Lea las siguientes notas para mejor entender como la direccionalidad
de la información en un solo sentido contribuye a la desinformación del
ciudadano común y a la creación de
corrientes de opinión parcializadas e incorrectas:
30 de junio de 2014
Las Naciones Unidas preocupadas con las medidas ambientales peruanas
En un comunicado, se refiere al paquete de medidas para
reactivar la economía y los compromisos internacionales del Estado peruano en
materia de protección al medio ambiente.
Hace semanas, el Ejecutivo envió un paquete de medidas con
el objetivo de reactivar la economía nacional. Al respecto, las organizaciones
sociales han advertido de las consecuencias negativas que tendría la
promulgación de estas propuestas en materia de protección ambiental. Ahora,
quien ha mostrado su preocupación ante estas medidas es la Oficina de la
Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú.
A continuación, compartimos su comunicado:
Ver el texto completo en el siguiente link:
22 de junio de 2014
Calidad de vida ambiental vs crecimiento económico industrial
NOTA DE PESCA
¿Pueden los ciudadanos peruanos que tienen el
derecho a una vida ambientalmente saludable permanecer indiferentes permitiendo
que se sacrifique su calidad de vida en el altar del crecimiento económico de
algunas industrias,?
De aprobarse estas medidas, ¿qué pasará con
los límites máximos permisibles (lmps) para las plantas pesqueras de consumo
humano directo que hasta ahora no se aprueban? ¿Deberemos olvidarnos de estos
límites y observar impasibles como la contaminación continúa perjudicando a los
ciudadanos costeros que viven en las inmediaciones, mientras la empresa
"crece económicamente"?
5 datos para entender cómo el gobierno está
recortando al Ministerio de Ambiente
Hace una semana, el presidente Humala
anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para
reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se
conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de
estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se
encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?
Iván Lanegra, exviceministro de
Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos
podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento
con este paquete de medidas. Veamos.
1. Reducción de las multas de la OEFA
¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la
OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido
sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica
Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las
labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más
este punto:
Por
3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá
sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas
(no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35%
del máximo que podría imponer actualmente.
A esto hay que sumarle que lo recaudado en
multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas?
El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector
minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.
2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas
Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se
trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida
mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el
momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas
todo cambia:
Las
Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan
estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante
Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del
Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la
autoridad ambiental).
Para el director de la SPDA, Pedro Solano,
esta medida favorece a un grupo específico de empresas:
“Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres
veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues
la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se
respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les
gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al
advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se
incrementen.
Y aún hay más.
3. Solo 30 días para opinar sobre EIA
El paquete también propone un plazo de 30
días para la emisión de las opiniones
vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto
Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la
respuesta:
No
hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además
dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el
EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la
entidad deberá opinar bajo responsabilidad.
Lanegra dice también que “emitir opiniones
técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es
–al menos– una invitación al error“.
Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión
favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los
temas ambientales para promover las inversiones.
4. Análisis económico para los estándares de
calidad ambiental
Existen dos herramientas para advertirnos de
la contaminación, explica Lanegra:
El
ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo
en el que vivimos están contaminados.
El
LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada
empresa.
Hasta el momento, el Minam los aprueba
mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector
correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:
…sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la
creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad
ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán
tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante
decreto supremo.
De
esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja
costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la
imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven
imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.
Para Isabel Calle, directora del programa de
política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida
la autoridad ambiental del Minam:
“Así funcionaba antes de que existiera el
Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente.
Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan
intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son
exigibles jurídicamente a las empresas”.
5. Más y más recortes
A todo esto, el análisis de Lanegra agrega
que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial
asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se
incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros
“con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas
por día“.
Las críticas no se han hecho esperar. César
Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos,
ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones
civiles rechazan estas medidas.
Todo esto ocurre este año, en el que somos
la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante
ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos
dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.
Fuente
Golpe al MINAM
No se debe reactivar desmantelando la
institucionalidad ambiental del país.
El Congreso de la República debe someter a
una minuciosa revisión los proyectos de ley N0 03626 y N0 03627 remitidos por
el Ejecutivo y cuyo propósito inicial es reactivar la economía, conforme fue
anunciado por los voceros del gobierno. Al hacerse públicas las iniciativas de
ley se advierte un claro propósito de reducir las competencias del Ministerio
del Ambiente (MINAM) y disminuir la potestad controladora, reguladora y
sancionadora del Estado en materia ambiental.
El contenido de las disposiciones remitidas
al Parlamento supone un desmantelamiento de la débil y aun inicial
institucionalidad ambiental de la que se está dotando el país con el propósito
de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible y sustentable y garantizar una
gobernanza ambiental, objetivos inscritos en un vasto consenso nacional de
aprovechar para los peruanos de ahora y mañana las enormes ventajas
comparativas que significa nuestra biodiversidad.
De aprobarse estas leyes sin modificaciones
se concretará un severo golpe al MINAM, un corte de brazos, reduciendo sus
facultades para establecer Áreas Naturales Protegidas, para establecer los
Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y
para sancionar a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) a quienes vulneren las disposiciones ambientales.
La ofensiva contra la legislación ambiental
es peligrosamente más audaz; reduce a 30 días el plazo para la emisión de las
opiniones vinculantes y no vinculantes para los Estudios de Impacto Ambiental
(EIA), un período en el que, de acuerdo con la experiencia, no es posible una
valoración técnica competente de un proyecto que implicará daño ambiental. Del
mismo modo, se pretende revertir los afanes en el manejo territorial de las
políticas públicas al promover que no se asignen usos o exclusiones de uso en
virtud de la Zonificación Económica Ecológica o el Ordenamiento Territorial.
Las medidas planteadas rompen el consenso
ambiental alcanzado desde la recuperación de la democracia y que ha venido
perfeccionándose con la creación de una institucionalidad que requiere ser
fortalecida. La creación del MINAM, la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua
(ANA), el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(SERNANP), y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE), han enriquecido nuestras políticas públicas y
dibujado un Estado más calificado para resolver las controversias y conflictos
sociales, y más amigo del diálogo como un elemento de la inversión,
especialmente la de carácter extractivo.
Es cierto que el Estado necesita dinamizar
las inversiones. No obstante, como lo ha señalado el titular del MINAM, la
llamada “permisología” no se encuentra en su sector debido a que el MINAM no
aprueba los estudios de impacto ambiental sino reside en la desarticulación del
espacio público y la demora de procedimientos por exceso de trámites. Por esa razón, siendo justa y políticamente
correcto el interés de reactivar la economía y encarar la desaceleración del
crecimiento, estos propósitos no se alcanzarán a costa del sacrificio de otros
valores e imperativos, los de equidad y justicia. Es preciso recordar que el
mundo está renunciando a un desarrollo dañino del ambiente, ahora ya
considerado un no desarrollo.
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