El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

16 de julio de 2014

DEBEMOS TERMINAR CON LA POLÍTICA PESQUERA DEL GOBIERNO

COMENTARIO

Este artículo referido a la problemática pesquera en Argentina tiene muchas características comunes y/o similares con la peruana.

Con algunas diferencias de forma mas no de fondo, es destacable la existencia de este pronunciamiento. Muestra un grado de interés formalmente expresado por un sector de los trabajadores y de las organizaciones políticas argentina.
En el Perú, el desinterés de la sociedad y de los ciudadanos por lo que ocurre con la pesca es, por decir lo menos, curioso.

Declaración del PCR (Partido Comunista Revolucionario) y PTP (Partido del Trabajo y del Pueblo) Regional Mar del Plata. Conferencia zonal del PCR de mar del Plata, el 3 de junio.

Saqueo imperialista y pérdida de soberanía

El modelo pesquero en nuestro país se mantuvo sobre los mismos rieles que terminó de confeccionar el menemismo durante los años´90: Absoluta dependencia del mercado externo, flexibilización laboral, depredación del recurso pesquero, concentración de la producción y de la comercialización en pocas empresas, evasión fiscal y poca inversión a largo plazo.

Este modelo pesquero condena a esta actividad a crisis recurrentes y a sus trabajadores a condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad, la falta de derechos y la superexplotación.

Los grandes frigoríficos exportadores y el gobierno acuerdan en la esencia de este modelo: la exportación de casi la totalidad de los productos. Para el gobierno significa conseguir dólares tan necesarios tanto para la importación de hidrocarburos como para hacer frente a los vencimientos de deuda externa (en su mayoría ilegítima). Para los grandes empresarios pesqueros implica materializar inmensas ganancias en mercados ya desarrollados para sus productos. También les permite ser parte de las fabulosas ganancias de su comercialización en mercados de mejor poder adquisitivo. Los grandes empresarios de la pesca han sido, en gran medida, una verdadera burguesía intermediaria de los intereses de los capitales europeos y en particular de los españoles.

Estos últimos, proveedores de la mayoría de los barcos congeladores (verdaderas máquinas de destrucción de empleo y recursos) fabricados en sus astilleros hace varias décadas. Flota responsable de la casi extinción de varios caladeros en el mundo.

Lo cierto es que los compradores de los productos pesqueros (como sucedía con la carne a principio del siglo 20 con Inglaterra) se fueron convirtiendo en sus verdaderos y únicos dueños. Esto lo lograron con inversiones directas (instalación de empresas); a través de fusión con empresas argentinas (joint venture); con ingreso de buques extranjeros a través de convenios con el Estado; con permisos de pesca otorgados por el gobierno de Malvinas, títere de los intereses británicos; o con la instalación de barcos en la milla 201.

En tal sentido, se comprende la casi inexistente política de fomento al mercado interno en este rubro, escudada, como siempre, en una supuesta restricción cultural al consumo de pescado. Esta orientación gubernamental está motivada también por los grandes negocios que mantiene el kirchnerismo con la industria avícola, competidora directa del pescado en el mercado nacional.

Aumento de la concentración y extranjerización. La política pesquera del kichnerismo.

Una de las consecuencias más nefastas de la política pesquera del kirchnerismo es el proceso de concentración que sufre la actividad pesquera en nuestro país. La aprobación de las (CIT) Cuotas Individuales Transferibles de Pesca significó darles un marco legal al reparto y privatización de nuestros recursos ictícolas a los grandes empresarios. El único límite que establece la Ley es que las empresas no podrán concentrar más del 10% de la captura, lo que implica, en el mejor de los casos, que solo diez empresas podrán concentrar el total de la captura por especie. Esto gracias al carácter transferible de dichas cuotas de pesca lo que facilita precisamente esa concentración con la progresiva resignación de sus cuotas por parte de los empresarios pequeños y medianos en beneficio de los monopolios. Según fuentes de la Dirección de Economía pesquera, en el año 2012 las primeras 15 empresas exportadoras, de un total de 242 que operan en el mercado externo, acumularon el 49% del total exportado. En el caso de especies como la merluza hubbsi, principal producto exportado desde Mar del Plata, el porcentaje de concentración de la exportación es mucho mayor: de un total de 109 empresas las primeras 10 firmas concentraron el 54,1% del total exportado.

En la actividad pesquera, como en otras ramas de la industria y la economía de nuestro país, la extranjerización es un fenómeno en crecimiento. Con sólo decir, que de las primeras 5 firmas exportadoras sólo una es de capitales “argentinos” y el resto son todas de capitales españoles, estamos graficando claramente este problema. Las supuestas expropiaciones de empresas españolas realizadas en el sur, como fue el caso de la empresa Vieira SA en Puerto Deseado, fueron medidas decorativas que, en muchos casos, solo apuntaron a salvar a las mismas empresas de sus deudas.

Con respecto a las extranjerización y saqueo de nuestros recursos pesqueros debemos destacar la decisión del Kirchnerismo de permitir el ingreso de 10 buques poteros chinos al caladero argentino en el año 2013, lo que significa en pocas palabras, la vuelta al charteo de buques extranjeros, aplicada durante la década del 90 por Menen-Cavallo-Solá, cuya vigencia se mantuvo sin solución de continuidad desde 1993 hasta el 2001, como demuestran claramente las estadísticas. Existen versiones sobre el posible ingreso de numerosos buques factorias a nuestro caladero.

Efectos de la crisis internacional

La crisis internacional está golpeando con fuerza al sector y deja en evidencia lo frágil de este modelo exportador, totalmente dependiente de los vaivenes internacionales. A la crisis de los principales mercados de nuestros productos (España - Brasil), hay que agregarle el crecimiento exponencial de especies asiáticas de carne blanca como el Pangasius que, producto de los bajos costos de producción (bajo costo de la mano de obra y no utilización de gas oil) ofrecidos por la acuicultura, van desplazando a la merluza del mercado exterior. Sumado a este cuadro externo, el aumento del gasoil a causa de la crisis energética y de otros insumos producto de la inflación, nos brindan un contexto de estancamiento y recesión. Desde el 2008 los precios internacionales de la merluza siguen estancados o en descenso, solo tuvieron una leve recuperación en los años 2010, 2011, pero luego siguieron bajando. La carga del valor del gas-oil en la estructura de costos es cada vez mayor, llegando al 60-65% de cada viaje. Esto sucede en primer lugar por la política del Gobierno en relación al permanente aumento de los combustibles y, en segundo lugar, por la cada vez mayor distancia que deben recorrer los buques pesqueros para completar sus bodegas. Esto obligado por la creciente depredación del recurso permitida desde la dictadura videlista hasta acá, particularmente a partir de la irrupción masiva de Factorías y Congeladores.

¿Esto quiere decir que los grandes empresarios dejaron de ganar? Aun perjudicados por esta situación de ninguna manera dejaron de ganar. Los grandes empresarios descargan la crisis sobre los trabajadores con despidos, suspensiones, quita de plus por productividad, salarios de hambre, superexplotación, precariedad laboral, etc. Siguen haciendo fortunas sobre la base de profundizar, también, la evasión fiscal, la especulación y el fraude laboral (cooperativas truchas). Al mismo tiempo, reciben ayuda económica del Estado (Repros, reintegros, créditos).

Se han perdido miles de empleos, sólo en el año 2012 las cifras rondan entre 2.000 y 2.500 despidos en las plantas procesadoras de pescado. Las changas se hicieron escasas y el trabajo en negro recrudeció enormemente. El estancamiento y la recesión afectan al conjunto del complejo portuario/fabril. La estiba y la industria naval reciben el impacto directamente. También se ven afectados otros gremios de servicios y transportes que actúan en torno a la industria. Ni hablar de los marineros-pescadores que ven reducidos al máximo la cantidad de viajes que realizan en el año. El gobierno y los empresarios lograron establecer incrementos salariales por debajo de la inflación lo que significó una reducción muy fuerte del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Al agudizarse la crisis los empresarios pesqueros pidieron ayuda estatal (baja de retenciones, gas oíl mayorista, créditos, etc.) y devaluación brusca del peso. El gobierno les brindó una ayuda limitada (Repros, subsidios, reintegros) y les propuso una devaluación graduada. En ningún momento deslizó un cambio de modelo. A los que el gobierno sí les pidió paciencia es a los trabajadores, que deben sostener la rentabilidad de las empresas aceptando pautas salariales a la baja, despidos, suspensiones, precarización laboral extrema y falta de trabajo.

La devaluación realizada por el gobierno, en lo que va del 2013 y 2014, fue del 64%. Sin embargo, dándonos razón a los sectores que nos oponíamos a esta medida como salida a la crisis, la situación de la actividad continuó estancada, en lo que va del año los volúmenes y montos en dólares por exportación registraron leves mejoras o mejor dicho estancamiento. Para los trabajadores significó una fuerte reducción del salario con el incremento de la inflación y los techos salariales

De la crisis no se sale con las mismas recetas que nos llevaron a la situación en la que estamos. La devaluación beneficia solo a los exportadores y golpea a los trabajadores y a los empresarios que operan en el mercado interno; la vuelta al charteo de buques trae consecuencias nefastas para la sustentabilidad de los recursos y resta fuerzas a nuestra industria; los subsidios a los grandes empresarios no se trasladan al desarrollo productivo y la mejoría de las condiciones de trabajo, sino, más bien, para la construcción de cámaras para el almacenamiento especulativo del pescado o directamente totalmente para otros fines alejados totalmente del tema pesquero. La crisis la tienen que pagar los que se enriquecieron todos estos años con el sacrificio de los trabajadores (en nuestra ciudad principalmente Mozzcusa, Solimeno, Valstro). Para esto debemos pelear por un nuevo modelo pesquero que coloque a los intereses nacionales y populares en primer lugar.

Recuperar la actividad pesquera para los argentinos significa tener un instrumento fundamental para la generación de empleo, para garantizar la soberanía alimentaria del pueblo y para proteger y defender los espacios y recursos marítimos asediados por las potencias imperialistas.

Los trabajadores luchamos contra esta política

Para lograr este objetivo nos paramos en las luchas históricas que mostraron un camino para dar vuelta la realidad. La lucha y el paro activo del 13 de octubre de 1986 contra los convenios Acuerdos-Marco con la URSS y Bulgaria firmados por Alfonsín; las grandes luchas marineras y de los obreros del pescado de 1999 y 2000 contra los Acuerdos firmados por Menem con la Unión Europea y la lucha contra el trabajo en negro del año 2007. Luchas que conmovieron a la ciudad y al país cosechando una gran solidaridad y admiración en el conjunto del pueblo. En este camino, nos dan mucha fortaleza y esperanza las grandes luchas que han protagonizado en el último tiempo los trabajadores del puerto de nuestra ciudad. El paro largo de los trabajadores del SOIP en el año 2010, los paros de estibadores, navales y marineros del año 2012 y las luchas diarias de los trabajadores contra los abusos de la patronal en cada lugar de trabajo. También sacamos enseñanzas de experiencias de avanzada en lo que refiere a unir a amplios sectores a la realidad del puerto y sus trabajadores, en este sentido, destacamos la Multisectorial lograda a mediados del 2012 que reunió a más de 60 organizaciones sociales, gremiales, políticas y estudiantiles. 

Siete medidas para que la crisis no la paguemos los trabajadores y el pueblo

Convocamos a un gran frente de fuerzas políticas, sindicales, sociales y estudiantiles que se unan alrededor de un programa y un accionar común de lucha para que la crisis pesquera no la paguemos los trabajadores y el pueblo, desde el PCR/PTP proponemos:
1) Declarar la emergencia socio-ocupacional en el puerto de la ciudad de Mar del Plata en todas las cadenas que componen la industria: Prohibición de despidos; Ampliación del listado, reconocido por la subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Trabajo, de 9200 trabajadores afectados a la industria pesquera; Subsidio para todo el listado mientras se mantenga la falta de trabajo y la parálisis de la industria; Blanqueo inmediato de todos los trabajadores; Suspensión de cortes de luz y gas y demás servicios hasta que se normalice la situación laboral; puesta en la funcionamiento por parte de los trabajadores de aquellas empresas que generen despidos masivos, presenten quiebra o realicen fraude laboral, exigiendo el apoyo municipal necesario y su expropiación por parte del gobierno provincial en beneficio de sus trabajadores.

2) Garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores del sector, verdaderos sostenedores de la producción: Salarios no menores a la canasta familiar, estabilidad laboral, trabajo registrado, verdadera cobertura social, jubilación anticipada e insalubridad. Establecer un piso salarial único para los trabajadores del Complejo Portuario-fabril de la ciudad de Mar del Plata, como sucede en el puerto de la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe.

3) Definir al recurso ictícola como un bien común y estratégico de todos los argentinos y no como el patrimonio personal de un puñado de grandes empresarios exportadores: no a las Cuotas Individuales Transferibles de Pesca; cumplimiento estricto de las CMP (Capturas Máximas Permitidas) con el fin de preservar el recurso ictícola y evitar su depredación; planes reales de promoción, protección y desarrollo del mercado interno.

4) Promover un modelo pesquero que garantice la ocupación efectiva del Mar Argentino a fin de fortalecer nuestra soberanía sobre espacios estratégicos. Que la prefectura tenga los medios necesarios para defender la frontera marítima y no sea utilizada para la represión interna.

5) Impulsar un modelo pesquero que basado en el desarrollo de la pesca para abastecer nuestro mercado interno, deje de ver al recurso como un mero commoditie de exportación con poco o nulo valor agregado: leyes de fomento a la agregación de valor; fomento de las pequeñas empresas; plan de inversión real en infraestructura e investigación para el desarrollo de la producción de alimentos. Apoyo a la pesca fresquera, con limitación de bodega, y anulación de todas las autorizaciones para operar en nuestras aguas a las flotas de Factorías y Congeladores, garantizando los puestos de trabajo y todos sus derechos a los trabajadores de las mismas. Fomento de la acuicultura. Defensa y desarrollo del Inidep. Jerarquización y defensa de los Inspectores de Pesca, combatiendo todo tipo de corrupción. Defensa del recurso por los trabajadores.

6) Desarrollar un modelo pesquero que sirva de plataforma para el desarrollo de una industria naval nacional: Ley de promoción de la industria naval que establezca la prohibición de charteo de buques y compra en el exterior; plan de renovación de la flota pesquera. Defensa del Astillero Rio Santiago poniéndolo al servicio de los intereses nacionales y populares.

7) Promover un amplio debate de la legislación vigente y en particular de la Ley Nacional de Pesca. En este sentido convocar a todos los sectores interesados e implicados en la problemática pesquera: trabajadores; pequeños y medianos empresarios; científicos; estudiantes y docentes de carreras pesqueras; dirigentes políticos y sociales de nuestro litoral marítimo; para garantizar una Ley que defienda los intereses populares, nacionales y democráticos de nuestra pesca.
Paro nacional de 36 horas para que la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo.

Fuente:

13 de julio de 2014

Menos exportaciones de harina de pescado ¿a quién perjudican realmente?



Elena Conterno, presidenta del gremio pesquero, señaló que es necesaria una ampliación de la temporada de pesca. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) señaló que se perderán US$385 millones en exportaciones pequeras, debido a la mala temporada de pesca de anchoveta en la zona centro-norte.

"No se cumplirá la cuota determinada de 2,53 millones de toneladas para la actual temporada. Faltan 20 días para el final y apenas hemos sobrepasado el 50% de las capturas de anchoveta estimadas. Eso significa que el Perú dejará de recibir más de 385 millones dólares por exportaciones pesqueras este año, lo que sin duda debilitará el crecimiento del PBI", indicó Elena Conterno, presidenta de la SNP.

La razón principal de estos resultados es la migración de las anchovetas hacia el sur, en busca de aguas frías. La normatividad pesquera impide que embarcaciones puedan realizar la pesca en esta zona, señaló Conterno.

En otro momento, Conterno hizo referencia a la nueva medida del Ministerio de Producción (Produce), la cual permite pescar en algunas zonas desde la milla 8 en adelante. La presidenta de la SNP afirmó que esta resulta insuficiente para poder alcanzar la cuota de pesca establecida.

Aseguró que se requiere "medidas técnicas, como la ampliación de la temporada de pesca –asumiendo que el ciclo biológico de la anchoveta lo permite– y que se permita a las empresas trabajar desde la milla 5" para contrarrestar estos resultados que afectan a 221.000 familias involucradas en esta actividad.

Fuente:

NOTA DE PESCA:

Para que el ciudadano común, no involucrado con la pesca pueda formarse una opinión correcta y completa, la información que presenta la nota transcrita debería ser complementada respondiendo a las siguientes preguntas:

1. ¿Es el Perú quien dejará de recibir 385 millones de dólares por exportaciones pesqueras o la industria pesquera? Porque no confundamos el ingreso de dinero a la caja de la empresa con el ingreso de impuestos a la caja fiscal.

2. De esos 385 millones que la industria dejará de recibir ¿Cuánto le corresponde al Estado por impuesto a la renta, cuánto va al canon pesquero, cuánto corresponde a derechos de pesca y cuánto se le va a devolver a la industria por IGV? Solo así podríamos saber realmente en cuánto se afecta al ciudadano peruano, legítimo propietario del recurso pesquero e injustamente remunerado por su extracción.

3. ¿Se afectan 221,000 familias? ¿Pero no se benefician los 29 millones y medio de peruanos restantes no involucrados directamente en la pesca, a través de la conservación de la biomasa de anchoveta como sostén principal del resto de especies marinas, que son las que contribuyen a la alimentación nacional? Es decir lo que queda para el país después de que la industria exporta lo mejor.

El defecto de siempre en la información que los medios difunden es que, solamente se lanzan cifras desde la perspectiva del industrial; pero no se toman en cuenta desde la percepción del ciudadano no pesquero, que solamente ve de lejos las ganancias pesqueras y se ve influenciado y confundido por el mito del crecimiento del PBI, cuando en términos reales él no ve que sus ingresos económicos crezcan con el crecimiento del PBI. Como tampoco ve como el reducido canon pesquero se convierte en obras para su localidad, bien sea por ineficacia o por corrupción.

El PBI es un índice perverso.

Lea las siguientes notas para mejor entender como la direccionalidad de la información en un solo sentido contribuye a la desinformación del ciudadano común  y a la creación de corrientes de opinión parcializadas e incorrectas:





30 de junio de 2014

Las Naciones Unidas preocupadas con las medidas ambientales peruanas



En un comunicado, se refiere al paquete de medidas para reactivar la economía y los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de protección al medio ambiente.

Hace semanas, el Ejecutivo envió un paquete de medidas con el objetivo de reactivar la economía nacional. Al respecto, las organizaciones sociales han advertido de las consecuencias negativas que tendría la promulgación de estas propuestas en materia de protección ambiental. Ahora, quien ha mostrado su preocupación ante estas medidas es la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú.

A continuación, compartimos su comunicado:

Ver el texto completo en el siguiente link:

22 de junio de 2014

Calidad de vida ambiental vs crecimiento económico industrial



NOTA DE PESCA
¿Pueden los ciudadanos peruanos que tienen el derecho a una vida ambientalmente saludable permanecer indiferentes permitiendo que se sacrifique su calidad de vida en el altar del crecimiento económico de algunas industrias,?
De aprobarse estas medidas, ¿qué pasará con los límites máximos permisibles (lmps) para las plantas pesqueras de consumo humano directo que hasta ahora no se aprueban? ¿Deberemos olvidarnos de estos límites y observar impasibles como la contaminación continúa perjudicando a los ciudadanos costeros que viven en las inmediaciones, mientras la empresa "crece económicamente"?

5 datos para entender cómo el gobierno está recortando al Ministerio de Ambiente

Hace una semana, el presidente Humala anunció que en el Consejo de Ministros se aprobó un paquete de medidas para reactivar la economía peruana, que serán enviados al Congreso. Sin embargo, se conoció que el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, votó en contra de estas medidas propuestas por el MEF. Los rumores decían, incluso, que se encontraba al borde de la renuncia. ¿Por qué?

Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, ha realizado un análisis al respecto. Cada uno de los puntos podría aclararnos las razones por las que Pulgar-Vidal no está nada contento con este paquete de medidas. Veamos.

1. Reducción de las multas de la OEFA

¿Qué es la OEFA? Basta con decir esto: la OEFA ha sido visto como una amenaza para ciertas empresas que ya han sido sancionadas por atentar contra el medio ambiente. Y ahora, como explica Noticias SER, las medidas reducen las competencias del Minam en relación a las labores de fiscalización de la OEFA. El análisis de Lanegra precisa un poco más este punto:

   Por 3 años el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA deberá sancionar excepcionalmente. Si lo hace, deberá recurrir a medidas correctivas (no deberá multar). Solo si estas no se cumplen, podrá multar hasta por el 35% del máximo que podría imponer actualmente.

A esto hay que sumarle que lo recaudado en multas irá directamente al Tesoro Público. Pero, ¿por qué este tipo de medidas? El Comercio señala que el reajuste se da en base a las críticas del sector minero-energético por su “desmedida severidad sancionadora”.

2. El Minam ya no creará Zonas Reservadas

Primero, ¿qué cosa es una Zona Reservada? Se trata de una categoría temporal, que se otorga a un área para ser protegida mientras se estudia si debe ser considerada Área Natural Protegida. Hasta el momento, el Minam era el encargado de crearlas, pero con el paquete de medidas todo cambia:

   Las Zonas Reservadas (categoría transitoria, que se usa en tanto se realizan estudios para categorizar un Área Natural Protegida) se crearán mediante Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Hoy es función del Ministerio del Ambiente – MINAM (solo necesita Resolución Ministerial de la autoridad ambiental).

Para el director de la SPDA, Pedro Solano, esta medida favorece a un grupo específico de empresas:

   “Nos hemos reunido con los empresarios, el gremio y el Minam más de tres veces para explicarles esto. Es falso que sus derechos se vean afectados, pues la Ley de Áreas Protegidas dice expresamente que los derechos preexistentes se respetan. Están mintiendo y lo están haciendo porque a las empresas no les gusta que vaya a haber más ojos encima de sus operaciones”, dice Solano al advertir que de aprobarse la medida solo hará que los conflictos sociales se incrementen.

Y aún hay más.


3. Solo 30 días para opinar sobre EIA

El paquete también propone un plazo de 30 días para  la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes necesarias para aprobar un EIA (Estudio de Impacto Ambiental). ¿Qué pasa si se pasan de este tiempo? Lanegra tiene de nuevo la respuesta:

    No hacerlo será falta grave y se sancionará al funcionario responsable. Si además dicha opinión técnica es además vinculante (es decir, no es posible aprobar el EIA sin una opinión favorable de la correspondiente entidad), el Titular de la entidad deberá opinar bajo responsabilidad.

Lanegra dice también que “emitir opiniones técnicas vinculantes sobre los EIAs de gran complejidad en menos de 30 días es –al menos– una invitación al error“.

Aquí Pedro Solano sí tiene una opinión favorable; sin embargo, igual asegura que se menosprecia la importancia de los temas ambientales para promover las inversiones.


4. Análisis económico para los estándares de calidad ambiental

Existen dos herramientas para advertirnos de la contaminación, explica Lanegra:

    El ECA (Estándares de Calidad Ambiental) define cuándo el aire, el río o el suelo en el que vivimos están contaminados.

    El LMP (Límites Máximos Permisibles) define cuánta contaminación puede emitir cada empresa.

Hasta el momento, el Minam los aprueba mediante Decreto Supremo y sólo se necesitaba una opinión previa del sector correspondiente. Sin embargo, el paquete del MEF propone algo diferente:

    …sea el Consejo de Ministros, y no el Minam, el que decida en la creación de áreas reservadas y en la fijación de estándares de calidad ambiental (ECA) y límites máximos permisibles (LMP). Dichas medidas serán tomadas en consenso con los sectores involucrados y se refrendarán mediante decreto supremo.

    De esta manera, se prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por ausencia de tecnología adecuada.

Para Isabel Calle, directora del programa de política y gestión ambiental de la SPDA, se está desconociendo con esta medida la autoridad ambiental del Minam:

     “Así funcionaba antes de que existiera el Minam. Están desconociendo que tenemos una autoridad ambiental competente. Están desvalorando y debilitando el sector (…) Es falso que no puedan intervenir en la decisión. Y tampoco afectan la inversión, pues no son exigibles jurídicamente a las empresas”.


5. Más y más recortes

A todo esto, el análisis de Lanegra agrega que “ni la Zonificación Económica Ecológica, ni el Ordenamiento Territorial asignarán usos ni exclusiones de uso“. Además, El Comercio indica que se incorpora un nuevo contrato de estabilidad tributaria a los proyectos mineros “con capacidad de producción inicial superior a las 15.000 toneladas métricas por día“.

Las críticas no se han hecho esperar. César Gamboa de DAR asegura que los procesos técnicos se volverán más políticos, ahora que el Consejo de Ministros decidirá. Por eso, más de 30 organizaciones civiles rechazan estas medidas.

Todo esto ocurre este año, en el que somos la sede de la Cumbre del Cambio Climático COP 20. Es la reunión más importante ambiental (de una de las anteriores COPs salió el Protocolo de Kyoto). Algunos dicen que esta es la única razón por la que que Pulgar Vidal aún no renuncia.

Fuente



Golpe al MINAM

No se debe reactivar desmantelando la institucionalidad ambiental del país.

El Congreso de la República debe someter a una minuciosa revisión los proyectos de ley N0 03626 y N0 03627 remitidos por el Ejecutivo y cuyo propósito inicial es reactivar la economía, conforme fue anunciado por los voceros del gobierno. Al hacerse públicas las iniciativas de ley se advierte un claro propósito de reducir las competencias del Ministerio del Ambiente (MINAM) y disminuir la potestad controladora, reguladora y sancionadora del Estado en materia ambiental.

El contenido de las disposiciones remitidas al Parlamento supone un desmantelamiento de la débil y aun inicial institucionalidad ambiental de la que se está dotando el país con el propósito de fortalecer un modelo de desarrollo sostenible y sustentable y garantizar una gobernanza ambiental, objetivos inscritos en un vasto consenso nacional de aprovechar para los peruanos de ahora y mañana las enormes ventajas comparativas que significa nuestra biodiversidad.

De aprobarse estas leyes sin modificaciones se concretará un severo golpe al MINAM, un corte de brazos, reduciendo sus facultades para establecer Áreas Naturales Protegidas, para establecer los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), y para sancionar a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a quienes vulneren las disposiciones ambientales.

La ofensiva contra la legislación ambiental es peligrosamente más audaz; reduce a 30 días el plazo para la emisión de las opiniones vinculantes y no vinculantes para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), un período en el que, de acuerdo con la experiencia, no es posible una valoración técnica competente de un proyecto que implicará daño ambiental. Del mismo modo, se pretende revertir los afanes en el manejo territorial de las políticas públicas al promover que no se asignen usos o exclusiones de uso en virtud de la Zonificación Económica Ecológica o el Ordenamiento Territorial.

Las medidas planteadas rompen el consenso ambiental alcanzado desde la recuperación de la democracia y que ha venido perfeccionándose con la creación de una institucionalidad que requiere ser fortalecida. La creación del MINAM, la OEFA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), han enriquecido nuestras políticas públicas y dibujado un Estado más calificado para resolver las controversias y conflictos sociales, y más amigo del diálogo como un elemento de la inversión, especialmente la de carácter extractivo.

Es cierto que el Estado necesita dinamizar las inversiones. No obstante, como lo ha señalado el titular del MINAM, la llamada “permisología” no se encuentra en su sector debido a que el MINAM no aprueba los estudios de impacto ambiental sino reside en la desarticulación del espacio público y la demora de procedimientos por exceso de trámites.  Por esa razón, siendo justa y políticamente correcto el interés de reactivar la economía y encarar la desaceleración del crecimiento, estos propósitos no se alcanzarán a costa del sacrificio de otros valores e imperativos, los de equidad y justicia. Es preciso recordar que el mundo está renunciando a un desarrollo dañino del ambiente, ahora ya considerado un no desarrollo.

Fuente