Durante
mucho tiempo el país ha asistido como espectador a una confrontación de
intereses en el sector pesquero. Por un lado la industria con todos sus
operadores políticos en defensa de la continuidad del status que favorece sus
intereses económicos.
Por
el otro lado, una variedad de instituciones y organizaciones que defienden de
manera desarticulada y a veces confusa, aspectos como la sostenibilidad de los
recursos pesqueros. Probablemente también se encuentra oculta la defensa de
algunos intereses económicos. ¿Para qué
y para quién se esgrime la defensa de la sostenibilidad?
Para
cuidar la anchoveta, lo que significa que de una u otra forma el defendido
final es la industria pesquera, no el ciudadano consumidor. Porque más
anchoveta significa más harina, y también más alimento para otros peces; pero
¿a qué sector del mercado va dirigida esa mayor oferta de peces alimentados con
anchoveta? Al sector que puede pagar precios como 70 soles por kilo de
lenguado, o 9 soles por kilo de bonito, o 6 soles por una lata de atún. No va
al sector popular, a la mayoría nacional que necesita mejor nutrición.
Ambos
defensores de ideas e intereses, terminan apuntalando un mismo recurso: la
anchoveta, que termina siendo exportada, bien sea como harina, conserva,
anchoado o como fuera.
Nadie
ha efectuado ni efectúa defensa alguna del ciudadano peruano común y corriente,
del consumidor final, quien es realmente el objetivo final de la industria y de
la pesca, o por lo menos debería serlo. Sea peruano o extranjero, es el
objetivo final. Porque si no hubiese quien consuma, no existiría la industria.
No importa si el consumo es a través de un cerdo alimentado en base a harina de
pescado, una cápsula de omega 3 o una lata de conserva. Sin consumidor no hay
negocio.
Pero
ocurre que el ciudadano peruano es el legítimo propietario de los recursos
pesqueros que los pescadores e industriales extraen y procesan pagando cifras
inequitativas por ese derecho. Ocurre, en una inversión de valores y una
distorsión de la realidad, que el ciudadano, pese a su derecho a la propiedad
del recurso, es tratado como si no existiese en la cadena de valor o que su
existencia misma fuese la menos importante.
La
industria, los operadores políticos y los demás actores de la confrontación
pesquera, manipulan el escenario con total olvido del ciudadano como
consumidor. Nadie argumenta la posición del ciudadano como víctima de los
impactos ambientales que causa la actividad pesquera. Nadie defiende el derecho
a que sea incluido en la participación, no solo de la renta, sino en la
distribución de productos a precio accesible a todos los niveles de ingresos de
la población.
Esto
ocurre con la cómplice pasividad de un Estado presionado por el crecimiento del
PBI. Mantener su crecimiento es la consigna a cualquier costo, por lo que puede
apreciarse en cuanto a la participación de la pesca. La segunda temporada de la
pesca de anchoveta del 2015 pareciera ser una tabla de salvación para la cifra
que se ha estimado, al decir de varios analistas. Está claro entonces que
resulta inútil la confrontación argumentando criterios de sostenibilidad,
biológicos o sociales. Esos argumentos no tienen un peso específico capaz de
imponerse contra el cumplimiento de la meta de crecimiento del PBI.
La
atención siempre se focaliza en la industria y en aspectos macroeconómicos. No
se centra en la población, a tal punto que no existen programas sociales en la
pesquería peruana. No es que un programa social sea la solución a la necesidad
de mayor proteína; pero el hecho es que no existen ni como paliativo temporal,
así como tampoco existen incentivos para atender el mercado interno tal como sí
existen para la exportación.
La
ciudadanía, hoy pasiva, deberá reaccionar ante ese estatus injusto originado
por una limitada visión pesquera que, en poco o nada ha tenido en cuenta el
derecho de la gente a un pescado de precio accesible. Hemos llegado a un
momento en el cual la mayor parte de la oferta de pescado en el mercado nacional
solamente es accesible para una mínima fracción de la población debido a sus
altos precios, poco volumen y limitadas redes de distribución a nivel del
interior del país.
Es
hora de que la ciudadanía peruana despierte y defienda sus derechos en la pesca
reclamando contra un estatus injusto de contaminación, inequitativa
participación en la renta pesquera, escasez de recursos para la alimentación
nacional y precios fuera del alcance de las mayorías.
No
hay organización visible que piense en el ciudadano y actúe en su favor. Las
organizaciones que defienden a la anchoveta están condenadas al fracaso por
cuanto sus argumentos jamás desplazarán a los que apuntan al crecimiento del
PBI, con los cuales se identifica la industria.
Así
que es inútil que pierdan el tiempo en una pelea que no van a ganar. Esta
siempre ha sido una guerra asimétrica de baja intensidad con un claro ganador,
la industria pesquera.
El
reto para la ciudadanía peruana es organizarse para defender sus intereses, así
como hay organizaciones que defienden los suyos. Nuevos argumentos y mayor
cantidad de personas serán los elementos que pueden marcar la diferencia entre
el estatus actual y un nuevo modelo de gestión.
El
estatus actual es una pesquería convertida en un negocio rentable para muy
pocos y alimento para una minoría que puede pagar por un pescado que cuesta más
que el pollo. La pesquería actual no genera impactos positivos importantes en
los consumidores de menores recursos económicos, o sea la mayoría del país. Estas
mayorías necesitan, no solo programas sociales, sino un modelo de gestión nuevo
que mejore la atención al mercado nacional, creando las condiciones adecuadas
para mejorar la oferta de productos pesqueros.
Más
allá de eso, la pesca es un tema de discusión atractivo y fascinante para
muchos que la ven solo por televisión, o la leen en algunos diarios cuando eventualmente
ocupa titulares. De vez en cuando, distrae la
atención de una ciudadanía a la cual le importa poco lo que ocurra en la pesca.
Sector del cual solo sabe que cada vez es más difícil comer pescado porque hay
poco y además es caro. También sabe que somos los primeros productores y exportadores de
harina de pescado en el mundo, así como el país que desembarca los volúmenes de
pesca más grandes del planeta. Y eso nos hace sentirnos orgullosos, somos
grandes, aunque cada vez comamos menos pescado porque hay poco en los mercados
y bastante alejado de los bolsillos de las mayorías.
El
Perú bien puede estar representado por un niño pobre, hambriento y famélico
nadando en un mar de abundante proteína que fluye hacia los mercados
internacionales. No hay una corriente importante de ese mar que fluya hacia el
interior del país. Todo fluye hacia afuera mayormente. Porque finalmente ¿quién cree en los programas sociales y a quién le importan las necesidades de las mayorías nacionales? Las comunidades campesinas e indígenas y los centros poblados rurales están muy lejos, no se ven, no son ciudadanos. Lo que importa es exportar más para que el PBI siga creciendo. ¿En beneficio de quién? Eso es cosa que no se sabe. Solo puedo asegurar que muy pocos pueden comer pescados y mariscos.
Marcos
Kisner Bueno
