El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
21 de diciembre de 2015
Millonaria multa a buque expulsado del Pacífico vuelve a foja cero
El buque factoría Damanzaihao fue expulsado por pesca ilegal.
Consejo de Apelaciones declaró nulas de oficio multas por s./20 millones.
Incluso ha sido considerada por las autoridades peruanas como
barco pirata.
Escribe:
Beatriz Jiménez
La mayor multa pesquera que ha puesto hasta la fecha el
Ministerio de la Producción (Produce) ha quedado en nada gracias a una
resolución de la Sala Superior del Tribunal de Apelaciones del mismo
ministerio, que ha devuelto el expediente de nuevo a la Dirección General de
Sanciones.
La elegida para esta
multa ejemplar fue Sustaintable Fishing Resources SAC, empresa perteneciente a
China Fishery Group y propietaria del Damanzaihao, el buque factoría más grande
del mundo que desde julio de 2014 ostenta la bandera peruana.
El 6 de febrero de
este año, la Organización Regional Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) declaró
al Damanzaihao barco pirata y lo expulsó del Pacífico al incluirlo en la lista
negra de embarcaciones que practican la pesca ilegal, no declarada y no regulada.
Días antes, el 3 de
febrero, Produce a través de 3 resoluciones directorales (n° 263, 271 y 272)
multó al Damanzaihao y a sus 5 buques arrastreros con 6 multas por causales
diferentes que en total sumaban casi 20 millones de soles. La más onerosa (4158
UIT) fue por extraer recursos no autorizados (pota) por los pesqueros y por
transbordar esos recursos al buque factoría para su procesamiento del 23 de
junio al 8 de julio de 2014 sin autorización y sin estar registrado en la
organización internacional del Pacífico, que regula la pesca en alta mar. Y por
pesca y nuevos transbordos sin autorización del 9 al 20 de julio, cuando ya
contaba con nuestra bandera pero no estaba autorizado por la OROP. Otros
motivos de sanción según estas resoluciones de Produce fueron transbordar jurel
en agosto y septiembre sin autorización a una embarcación con bandera panameña
del mismo grupo empresarial; usar aparejos pesqueros ilegales y, finalmente,
obstaculizar e impedir la labor de fiscalización a bordo del inspector del
Instituto del Mar de Perú (Imarpe).
Con este historial de
sanciones puestas por Produce y la expulsión de la OROP, el buque factoría
Damanzaihao está junto a sus 5 barcos pesqueros en la bahía de Chimbote
esperando una solución que, a la luz del éxito de las apelaciones presentadas,
podría no ser el pago de las multas.
En marzo de este año,
La República narró el confuso proceso con el que logró la bandera de nuestro
país a pesar de un historial que hizo que este gigante de 49 mil toneladas
fuera reconocido como pirata y tuviera denuncias incluso de trata de personas.
El 28 de abril de 2014
llegó al puerto de Ilo con el nombre de Lafayette enarbolando la bandera de
Mongolia, tras portar anteriormente la de Rusia. En Ilo solicitó nuestro
pabellón, que en aquel entonces ya exhibían sus 5 buques arrastreros,
autorizados por Produce desde 2013. La Marina se lo otorgó el 9 de julio de ese
año, argumentando a este diario que en ese entonces ya contaba con autorización
de Produce. Sin embargo, este ministerio lo negó y sostuvo que le dio la
autorización el 23 de agosto porque ya contaba con la bandera. En este mar de
contradicciones hasta ahora no resueltas, la nave nodriza Damanzaihao y sus 5
pesqueros están más cerca de volver a faenar gracias a una estrategia legal que
se beneficia de los vacíos en nuestra legislación sobre la pesca más allá de
las 200 millas.
Nulidad de oficio
La empresa obtuvo la primera resolución a su favor del
Consejo de Apelaciones el 17 de julio de este año (n° 325-2015 ). Esta
resolución declaró nulidad parcial de oficio a la causal de la multa más
honerosa, reduciéndola a 372 UIT y limitando la fecha de las infracciones del
23 de junio al 8 de julio. Este tribunal de Produce acogió el argumento de la
empresa que sostenía que al no existir legislación sobre pesca y desembarcos en
alta mar de embarcaciones peruanas, el transbordo de pota sin permiso a partir
del 8 de julio no sería sancionable ya que desde ese entonces el Damanzaihao ya
portaba la bandera peruana. Sin embargo, este tribunal ratificó el resto de
sanciones.
La empresa volvió a
apelar todas las resoluciones, esta vez a la Sala Superior del Consejo de
Apelaciones. Esta sala, el pasado 17 de octubre declaró nulas de oficio todas
las resoluciones que penalizaban a Sustaintable Fishing Resources y retrotrajo
estos expedientes a la Dirección Nacional de Sanciones , que debe volver a
analizar todo el caso. Es decir, todo volvió a foja cero.
El argumento en las 3
resoluciones de octubre se resume en que no existe en el ordenamiento pesquero
un permiso de pesca para desarrollar actividades fuera de las 200 millas.
Tampoco un procedimiento que haga viable la autorización para realizar el
transbordo de pesca en alta mar. Por ello, este tribunal de apelaciones
sostiene que existe "una incorrecta motivación jurídica".
La República solicitó una aclaración legal a Produce, quien
se negó argumentando que no puede emitir opiniones ya que el proceso legal
sigue en curso en la Dirección Nacional de Sanciones.
Si Perú no sanciona al
Damanzaihao, este buque podría salir de la lista negra de la OROP en la próxima
asamblea de este organismo, prevista en enero de 2016, en Valdivia. En esta
asamblea, Perú participará por primera vez como país miembro después de que
este mes de noviembre el Congreso ratificara la adhesión a este organismo.
CFG admite infracción
de la OROP, pero niega el resto
Francisco Paniagua, director de China Fishery Group
Investment, responde sobre el comportamiento del Damanzaihao desde que porta la
bandera peruana. Paniagua, acompañado por la ex ministra de justicia Rosario
Fernandez, hoy abogada de esta empresa, admitió que el entonces Lafayette dio
apoyo de avituallamiento a sus 5 buques pesqueros de mayo a junio de 2014 sin
contar con autorizacion de la OROP. Pero niega que hayan realizado actividades
pesqueras porque dice que no hubo pesca.
La empresa,
perteneciente a la internacional Pacific Andes, líder mundial en pescado
congelado, sostiene que de agosto a octubre, cuando ya contaba con bandera
peruana, informó a Produce del desembarco de jurel en alta mar a una nave
panameña del mismo grupo, por lo que rechaza la sanción por esos desembarcos.
Sostiene que en Produce ha podido haber "un apresuramiento y una falla
numérica", ya que el saldo en bodega si se quitan los transbordos es el
que figura en el acta de inspección.
"La empresa ha
concurrido a todas las audiencias y ha procurado toda la información
necesaria", afirma Paniagua."La discusión es técnica".
Cifras
49 mil toneladas de bodega tiene el Damanzaihao.
7400 toneladas de
cuota de jurel en alta mar fueron otorgadas en 2015 a Perú por la OROP-PS.
0% de su cuota pescó
Perú. Solo el Damanzaihao y sus buques operan en alta mar con bandera peruana.
Debido a su expulsión del Pacífico por pesca ilegal, Perú no pescó.
Fuente
9 de diciembre de 2015
Replantear el enfoque de la pesca desde una perspectiva ciudadana
Tratándose de recursos naturales como los
pesqueros, es complicado encontrar el debido equilibrio entre los intereses
económicos de los industriales, las necesidades de empleo de la población que
depende de este sector y los intereses del país. La búsqueda de rentabilidad y
empleo inmediatos sin atender a las razones de la sostenibilidad a largo plazo
para beneficio de las futuras generaciones es un tema de difícil manejo, convirtiéndose una situación científica en
una situación política. Lo que está ocurriendo es que se prioriza la segunda
por los componentes socio económicos que implica, como el crecimiento del PBI.
El futuro de la pesca en el Perú será decidido
en los próximos años por la presión política y la necesidad económica, no por
la conveniencia científica ni la necesidad alimentaria de la población nacional.
La sociedad civil, con su indiferencia y
desinterés por los temas del mar y de la pesca, se convierte en cómplice
silenciosa del agotamiento de los recursos pesqueros, de la contaminación que
la industria genera y de una inequitativa participación en la renta que generan
sus recursos pesqueros.
Un nuevo componente en la ecuación debe ser el
establecimiento de una participación del Estado en la renta pesquera más justa,
en la medida que representa a los ciudadanos propietarios del recurso natural.
Los desembarques provenientes de la pesca
artesanal no están obligados al pago de derechos de pesca. Casi la totalidad de
desembarques para CHD provienen de la pesca artesanal. Si además el vendedor
del producto pesquero es informal, o sea que no paga renta ni IGV (porque la
venta de pescado fresco está exonerada), estamos ante una situación
discriminatoria e injusta.
La pesca industrial paga derechos de pesca
diferenciados por especie y muy bajos, dentro del ordenamiento legal vigente.
Cuando se ve, desde esta perspectiva y bajo un
enfoque de renta y del ciudadano, que todos los desembarques para consumo
humano directo, o sea casi 13 millones de toneladas en los últimos 12 años, no
han pagado derechos de pesca porque la norma así lo permite, surge la necesidad de replantear el enfoque de la pesca
desde una perspectiva ciudadana no pesquera. Porque el recurso natural no es
propiedad de los pesqueros, sino de todos los peruanos.
El hecho es que un grupo de ciudadanos extrae
nuestros peces del mar a precio muy barato y otro grupo lo hace gratis.
Existiendo un alto grado de probabilidad de
que algunos recursos se reduzcan a límites que impidan su extracción en el
futuro, debido a que se prioriza el componente político antes que el
científico, la situación de la pesca en el Perú es difícil y requiere de una
atención que hasta el momento los candidatos presidenciales no le están
otorgando.
El estatus actual excluye a la mayor parte de
ciudadanos del país del beneficio de la pesca, porque tampoco disponemos de
pescado abundante y barato para nuestra alimentación. Temas que siguen fuera de
la agenda de las ofertas electorales
Los invito a leer el suplemento de la Revista
Pesca “LOS DERECHOS DE PESCA EN EL PERU”, en los siguientes links:
16 de noviembre de 2015
La confrontación en la pesquería del Perú
Durante
mucho tiempo el país ha asistido como espectador a una confrontación de
intereses en el sector pesquero. Por un lado la industria con todos sus
operadores políticos en defensa de la continuidad del status que favorece sus
intereses económicos.
Por
el otro lado, una variedad de instituciones y organizaciones que defienden de
manera desarticulada y a veces confusa, aspectos como la sostenibilidad de los
recursos pesqueros. Probablemente también se encuentra oculta la defensa de
algunos intereses económicos. ¿Para qué
y para quién se esgrime la defensa de la sostenibilidad?
Para
cuidar la anchoveta, lo que significa que de una u otra forma el defendido
final es la industria pesquera, no el ciudadano consumidor. Porque más
anchoveta significa más harina, y también más alimento para otros peces; pero
¿a qué sector del mercado va dirigida esa mayor oferta de peces alimentados con
anchoveta? Al sector que puede pagar precios como 70 soles por kilo de
lenguado, o 9 soles por kilo de bonito, o 6 soles por una lata de atún. No va
al sector popular, a la mayoría nacional que necesita mejor nutrición.
Ambos
defensores de ideas e intereses, terminan apuntalando un mismo recurso: la
anchoveta, que termina siendo exportada, bien sea como harina, conserva,
anchoado o como fuera.
Nadie
ha efectuado ni efectúa defensa alguna del ciudadano peruano común y corriente,
del consumidor final, quien es realmente el objetivo final de la industria y de
la pesca, o por lo menos debería serlo. Sea peruano o extranjero, es el
objetivo final. Porque si no hubiese quien consuma, no existiría la industria.
No importa si el consumo es a través de un cerdo alimentado en base a harina de
pescado, una cápsula de omega 3 o una lata de conserva. Sin consumidor no hay
negocio.
Pero
ocurre que el ciudadano peruano es el legítimo propietario de los recursos
pesqueros que los pescadores e industriales extraen y procesan pagando cifras
inequitativas por ese derecho. Ocurre, en una inversión de valores y una
distorsión de la realidad, que el ciudadano, pese a su derecho a la propiedad
del recurso, es tratado como si no existiese en la cadena de valor o que su
existencia misma fuese la menos importante.
La
industria, los operadores políticos y los demás actores de la confrontación
pesquera, manipulan el escenario con total olvido del ciudadano como
consumidor. Nadie argumenta la posición del ciudadano como víctima de los
impactos ambientales que causa la actividad pesquera. Nadie defiende el derecho
a que sea incluido en la participación, no solo de la renta, sino en la
distribución de productos a precio accesible a todos los niveles de ingresos de
la población.
Esto
ocurre con la cómplice pasividad de un Estado presionado por el crecimiento del
PBI. Mantener su crecimiento es la consigna a cualquier costo, por lo que puede
apreciarse en cuanto a la participación de la pesca. La segunda temporada de la
pesca de anchoveta del 2015 pareciera ser una tabla de salvación para la cifra
que se ha estimado, al decir de varios analistas. Está claro entonces que
resulta inútil la confrontación argumentando criterios de sostenibilidad,
biológicos o sociales. Esos argumentos no tienen un peso específico capaz de
imponerse contra el cumplimiento de la meta de crecimiento del PBI.
La
atención siempre se focaliza en la industria y en aspectos macroeconómicos. No
se centra en la población, a tal punto que no existen programas sociales en la
pesquería peruana. No es que un programa social sea la solución a la necesidad
de mayor proteína; pero el hecho es que no existen ni como paliativo temporal,
así como tampoco existen incentivos para atender el mercado interno tal como sí
existen para la exportación.
La
ciudadanía, hoy pasiva, deberá reaccionar ante ese estatus injusto originado
por una limitada visión pesquera que, en poco o nada ha tenido en cuenta el
derecho de la gente a un pescado de precio accesible. Hemos llegado a un
momento en el cual la mayor parte de la oferta de pescado en el mercado nacional
solamente es accesible para una mínima fracción de la población debido a sus
altos precios, poco volumen y limitadas redes de distribución a nivel del
interior del país.
Es
hora de que la ciudadanía peruana despierte y defienda sus derechos en la pesca
reclamando contra un estatus injusto de contaminación, inequitativa
participación en la renta pesquera, escasez de recursos para la alimentación
nacional y precios fuera del alcance de las mayorías.
No
hay organización visible que piense en el ciudadano y actúe en su favor. Las
organizaciones que defienden a la anchoveta están condenadas al fracaso por
cuanto sus argumentos jamás desplazarán a los que apuntan al crecimiento del
PBI, con los cuales se identifica la industria.
Así
que es inútil que pierdan el tiempo en una pelea que no van a ganar. Esta
siempre ha sido una guerra asimétrica de baja intensidad con un claro ganador,
la industria pesquera.
El
reto para la ciudadanía peruana es organizarse para defender sus intereses, así
como hay organizaciones que defienden los suyos. Nuevos argumentos y mayor
cantidad de personas serán los elementos que pueden marcar la diferencia entre
el estatus actual y un nuevo modelo de gestión.
El
estatus actual es una pesquería convertida en un negocio rentable para muy
pocos y alimento para una minoría que puede pagar por un pescado que cuesta más
que el pollo. La pesquería actual no genera impactos positivos importantes en
los consumidores de menores recursos económicos, o sea la mayoría del país. Estas
mayorías necesitan, no solo programas sociales, sino un modelo de gestión nuevo
que mejore la atención al mercado nacional, creando las condiciones adecuadas
para mejorar la oferta de productos pesqueros.
Más
allá de eso, la pesca es un tema de discusión atractivo y fascinante para
muchos que la ven solo por televisión, o la leen en algunos diarios cuando eventualmente
ocupa titulares. De vez en cuando, distrae la
atención de una ciudadanía a la cual le importa poco lo que ocurra en la pesca.
Sector del cual solo sabe que cada vez es más difícil comer pescado porque hay
poco y además es caro. También sabe que somos los primeros productores y exportadores de
harina de pescado en el mundo, así como el país que desembarca los volúmenes de
pesca más grandes del planeta. Y eso nos hace sentirnos orgullosos, somos
grandes, aunque cada vez comamos menos pescado porque hay poco en los mercados
y bastante alejado de los bolsillos de las mayorías.
El
Perú bien puede estar representado por un niño pobre, hambriento y famélico
nadando en un mar de abundante proteína que fluye hacia los mercados
internacionales. No hay una corriente importante de ese mar que fluya hacia el
interior del país. Todo fluye hacia afuera mayormente. Porque finalmente ¿quién cree en los programas sociales y a quién le importan las necesidades de las mayorías nacionales? Las comunidades campesinas e indígenas y los centros poblados rurales están muy lejos, no se ven, no son ciudadanos. Lo que importa es exportar más para que el PBI siga creciendo. ¿En beneficio de quién? Eso es cosa que no se sabe. Solo puedo asegurar que muy pocos pueden comer pescados y mariscos.
Marcos
Kisner Bueno
5 de noviembre de 2015
Controversia: a pescar un millón de toneladas
Pescadores estarán vigilantes. ¿Los
intereses que mueve el sector pesquero podrían cambiar hasta las más pesimistas
proyecciones técnicas en positivas lecturas?.
Esta es la pregunta que cae de madura ante
el informe complementario del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) que ha
servido de base para que el Ministerio de la Producción (Produce) autorice una
segunda temporada de pesca de anchoveta, que provoca críticas, pero también
defensas.
Esto no sería así sino fuera que la medida
es emitida en una coyuntura de crisis del recurso, un fenómeno El Niño en
modalidad extraordinaria (que perturba al recurso) y además que hace un mes el
mismo Imarpe emitió un informe recomendando no pescar porque las condiciones de
la anchoveta no lo permitían, pero solo a pedido de la Sociedad Nacional de
Pesquería (SNP) se realizó un nuevo estudio.
LA NORMA. El Produce publicó la resolución
ministerial 369 ayer en el diario El Peruano, autorizando la segunda temporada
de pesca de anchoveta. El inicio está programado para el 17 de noviembre y el
límite máximo de captura está señalado en 1.11 millones de toneladas. El tiempo
máximo de la pesca será hasta el 31 de enero.
LO IMPORTANTE. Más allá de toda la
formalidad en estos casos, el Produce fundamenta su decisión sobre la base del
Oficio N° DEC- 100-447-2015-PRODUCE/IMP del Imarpe en el que detalle su Informe
complementario sobre la Situación del Stock Norte-Centro de la Anchoveta
Peruana a noviembre del 2015.
“... (ii) el Crucero de Evaluación 1508-10
observó que para el mes de setiembre la biomasa del stock de anchoveta fue de
3,38 millones t.; (iii) la Exploración Acústica Conjunta 1510 observó que al 01
de noviembre la biomasa fue de 6,07 millones t.; (iv) la evolución del evento
El Niño 2015 viene produciendo cambios en la distribución, biomasa y
composición por tallas del stock; (v) la Exploración Acústica Conjunta se
desarrolló en un escenario que permitió encontrar niveles de biomasa similares
a los estimados por el Balance Poblacional, los que permitirían cierto nivel de
explotación; (vi) todas las prospecciones realizadas confirman que el stock
está conformado por 4 grupos de edad (0; 0,5; 1,0 y 1,5 años de edad), lo que
corrobora que a pesar de las condiciones ambientales actuales, el stock no dejó
de renovarse y que en este periodo se han presentado mejores condiciones
ambientales...”, reza el referido oficio.
Los técnicos del Imarpe indican que el
proceso de desove de la especie marina sucedió “tardíamente” en setiembre, alcanzando
su máxima intensidad durante el mes de octubre y que se ha iniciado su “fase de
declinación”.
HACE UN MES. En setiembre, el Imarpe realizó
una pesca exploratoria a través de su crucero 1508-10, la que evidenció el
impacto de los efectos del fenómeno El Niño. Reveló en su informe que había 3
millones 38 mil toneladas de biomasa de anchoveta en stock.
“Las diferentes variables oceanográficas
frente a la costa norte - centro evidencian el impacto significativo de El Niño
2015, expresado en el repliegue de Aguas Costeras Frías (ACF) e incremento de
aguas de mezcla por la presencia de las Aguas Subtropicales Superficiales
(ASS); así como en la reducción de la fertilidad y de la productividad”, señala
textualmente el contundente informe.
Además explicó que el 41% de los 3 millones
38 mil toneladas se encuentra en estado juvenil, mientras que hay 2 millones de
toneladas del total del stock de anchoveta que está en desove. Ante todo ello,
en su resumen ejecutivo se precisó: “... nivel insuficiente para la estimación
de una cuota”. El informe recomienda intensificar el monitoreo a partir de
nuevas observaciones en el mar.
¡ALERTA! Ya avizorando esta situación, el
Sindicato de Pescadores de Chimbote junto a la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT) Pesquero emitió el 29 de octubre un comunicado de urgencia alertando de
que en ese momento la pesca en esta situación atentaría el ciclo biológico de
la anchoveta.
“Es sencillo esta vez vamos a pescar al
recurso adulto y también al juvenil que hace un mes había en un 40%, entonces
rompemos el ciclo porque ¿qué peces van a reproducirse?”, se preguntó el
dirigente de la CUT Pesquera, Javier Castro Zavaleta.
Consideró que este permiso de la segunda
temporada es “temerario”. “Nos ponemos en riesgo que podamos desaparecer la
anchoveta”, apuntó.
De su lado, el secretario general del
mencionado sindicato, Macedonio Vásquez Contreras, dijo que además que en la
práctica el millón de toneladas autorizado por Produce se convertirá “por lo
menos” en 2 millones, por el robo en las tolvas, cuando se desembarca la
anchoveta.
“Debemos tener en cuenta también de todo el
recurso muerto que se arroja al mar cuando se captura en talla mínima, solo una
embarcación podría arrojar hasta 100 toneladas”, comentó.
LO ACEPTA. En entrevista telefónica, el
secretario general del Sindicato de Pescadores José Olaya Balandra, Santiago
Bocanegra Mejía, dijo que el informe de Imarpe “debe ser aceptado”. “No puede
ser de otra manera porque es el único ente científico, además está demostrando
que hay un stock de 6 millones de toneladas y que el recurso se ha reagrupado”,
comentó. Dijo que ante el riesgo de la depredación, mañana tendrá una reunión
con el director de Supervisión y Vigilancia de Produce, Jesús Barrientos.
Textos: Miguel Alcántara web@grupoepensa.pe
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Fuente
17 de octubre de 2015
La política y la pesca en el Perú
El debilitamiento del sector pesquero
se inició en el año 2000 cuando el Estado decidió desaparecer el Ministerio de
Pesquería. Se creó el Ministerio de la Producción por Ley N° 27779 - Ley
Orgánica modificatoria de la Organización y Funciones de los Ministerios,
publicada el 11 de julio del 2002, a partir de la fusión del Ministerio de
Pesquería y parte del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI, determinándose su
competencia en materia de las actividades extractivas y productivas comenzando
en los sectores industria y pesquería (Art. 33°).
Tiene como finalidad diseñar,
establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la política general y los
planes de gobierno, política nacionales y sectoriales aplicables a los sectores
de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las
políticas, la gestión de los recursos del Sector, así como para el
otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción, fiscalización y ejecución
coactiva.
La fusión del Despacho
Viceministerial de Industria con el Ministerio de Pesquería no ha favorecido a
este último. Por un lado los pocos recursos por derechos de pesca que recauda
Pesquería, los comparte injustamente con Industria. Por otro lado es difícil
encontrar un Titular del Pliego que conozca lo suficiente de ambos sectores como
para poder liderarlos y administrarlos adecuadamente.
No tuvo ni tiene mucho sentido la
fusión de un sector complicado como es la pesca con otro. La naturaleza de las
funciones del Despacho Viceministerial de Industria y Pymes es más afín con el
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en donde estuvo originalmente, pudiendo
volver a dicho Pliego como un Viceministerio de Comercio Interior.
Operativamente solo tendría que confeccionarse el correspondiente documento de
gestión sin que implique gasto alguno por cuanto ocupa el mismo edificio, así
que el tema se reduce tan solo a cambiar nombres. Operativamente Pesquería
recibiría mejor y más eficiente atención logística y administrativa, al
concentrar la Secretaría General su atención en un solo Despacho
Viceministerial.
Se requiere de un liderazgo con capacidad
y conocimiento para poder reformar lo que necesita ser reformado en beneficio
del país y no solamente de los intereses del sector privado. En ausencia de
ambas cualidades se crea un vacío que llenan lobistas que defienden intereses
privados que, siendo legítimos, tienen que subordinarse al interés público, el
cual solo puede ser defendido por personas íntegras, con experiencia, con una
clara visión de largo plazo y comprometidos con la defensa de los intereses del
Estado, que son los de la Nación. Los lobistas proliferan cuando las
autoridades carecen del indispensable y suficiente conocimiento del sector y de
cualidades de liderazgo.
La sola restitución
del Ministerio de Pesquería no es la solución final a los problemas y
necesidades del sector. Tan solo el cambio de nombre a un Ministerio, ofrece poca
esperanza de mejora si no va unida a la implementación de una visión y mística
sectorial con vocación de servicio al país. Si no va acompañado de un
cambio estructural integral, sería tan solo un gesto y no una solución.
La pesquería peruana, una de las
más grandes del mundo, requiere de la visión de un Estado que tenga clara la
necesidad de introducir reformas en la pesquería y de su importancia para
aportar soluciones a la alimentación nacional. El alarmante índice de
desnutrición y anemia infantil que tiene reflejos sobre la asimilación de la
educación, obliga a replantear los objetivos de la pesca en el Perú.
No se
podrá hacer con funcionarios inexpertos, sin conocimiento del sector y sin
mística social que caen fácil e inevitablemente en las redes de manipuladores
profesionales.
El diseño de una política pesquera
requiere de una previa definición conceptual de lo que se quiere, por parte de
la más alta autoridad que tiene la potestad de dictar políticas de Estado, es
decir el Presidente de la República. Para ejecutar una nueva política pesquera sería
lo más recomendable y óptimo la restitución del Ministerio de Pesquería. También
una nueva ley orgánica para el Instituto del Mar, el cual debe ser un organismo
técnico autónomo, sin relación de subordinación ni dependencia hacia el Titular
del Pliego de Pesquería y dirigido por un científico. Es la mejor garantía de
que sea la ciencia objetiva e independiente, la que sirva de base para la toma
de decisiones de manejo de las pesquerías. La decisión política deberá ser
tomada sobre la base de la mejor recomendación técnica y científica, lejos de
influencias y manipulaciones que no tienen carácter estrictamente científico.
La política pesquera tiene que
formar parte de la estructura de un plan de gobierno con contenido ideológico y
conceptual que sustente las decisiones técnicas que deban tomarse.
La Revista Pesca aporta ideas
para el diseño de una política de Gobierno para el sector pesquero peruano
basado en seis objetivos estratégicos. Sin embargo es necesario considerar que
existe un Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 que está
vigente. Por lo tanto debe ser revisado para determinar qué objetivos fueron
alcanzados y cuáles deben continuar en el marco de la nueva política y un nuevo
PESEM, el cual debe derivar del Plan de Gobierno.
El Plan Estratégico Sectorial
Multianual para los cinco años del nuevo Gobierno debe derivar del plan de
Gobierno y compatibilizarse con el PESEM implementado para el período de
gobierno que termina. Lo ideal sería que derive de Políticas de Estado de largo
plazo.
De esta manera, se tiene una
Política de Gobierno para cinco años que no debe ser modificada, en esencia,
durante el período de la gestión, aun cuando hubiese cambios de funcionarios.
No es recomendable una alta rotación de funcionarios, pero si fuese inevitable,
lo único que debiera cambiar es el estilo de conducción; pero no los objetivos
estratégicos ni modificarse temas de fondo.
La pesquería no puede regularse
improvisando ni introduciendo elementos anti técnicos. Es necesaria una clara
estabilidad y continuidad de objetivos y propósitos. De esta forma los
administrados pueden organizar y planificar mejor sus actividades sin estar
sometidos a los sobresaltos que trae la rotación de funcionarios.
Más información en el siguiente
link:
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