En el
contexto de lo que muestran las transcripciones de algunos artículos que se
presentan en este artículo, la indiferencia del Estado para con la pesquería,
en especial la artesanal, ¿se deberá acaso a la existencia de algún poder
fáctico o lobby que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones
necesarias para sus propios intereses en desmedro de otros? ¿O hay alguna otra
razón? Es un tema para reflexionar.
La
sociedad peruana tiene que conocer y entender cómo es que funciona el Estado y
cómo se elaboran las leyes y normas que deciden el futuro de la Nación. Debemos
estar atentos y vigilantes a que esa metodología inmoral de formulación de
normas no se instale en el país como una forma más de corrupción. Solo así
podrá organizarse y luchar por el establecimiento de un sistema que defienda al
país del ataque e intromisión de los poderes fácticos y de los lobbies que
influyen para que país funcione solamente para satisfacer sus propios intereses
en desmedro de los intereses nacionales y de las mayorías.
Los
poderes fácticos
son sectores de la sociedad, al margen de las instituciones políticas, que
ejercen sobre aquella una gran influencia, basada en su capacidad de presión o
influencia. El poder fáctico no coincide necesariamente con el aparato formal
del Estado pero puede influir en las estructuras legales y regulatorias, por
intermedio de su autoridad informal o su capacidad de presión. El poder fáctico
no está legitimado ni siempre busca la legitimidad para ejercerse, pero ejerce
de facto (de hecho) el poder aunque no lo haga de iure (legalmente) ya que su
mera existencia le hace ser determinante.
El
lobby
en esencia no es malo ni es delito, dado que toda empresa buscará siempre la
protección de sus intereses y la consecución de sus objetivos. El problema es que
hay un funcionario amoral y el lobista lo sabe. Por ende, lo corrompe para
conseguir sus fines e intereses. Lo que se requiere es que el funcionario que
es sujeto de influencia sea una persona decente, comprometida con el país,
intelectualmente honesta, de una moralidad y ética intachables, moralmente
obligado a actuar en forma justa y debida, pese a la presión o tentación
proveniente de sobornos. El funcionario debe tener el criterio para determinar si sus
recomendaciones o sugerencias son lícitas o no, si benefician a alguien en
especial y si hay algo a cambio o no, derivado de la aprobación de la norma
requerida. Debe tener el valor de decir “no” cuando piensa que es “no”. Pero
cuando dicen “si” mientras piensan que “no” o dicen sí por la carrera,
comodidad, por la ganancia, por el temor a perder su empleo, mientras su
conciencia dice que no, o calla, entonces el lobby se convierte en un acto de
corrupción avalado por el funcionario público. Más aún si deriva en sobornos.
La
administración pública ha sido prostituida y corrompida por políticos
mediocres e inmorales, a un nivel jamás antes visto, o por lo menos conocido,
en la historia republicana. El poder del lobby o del poder fáctico sería mínimo,
en la medida que el funcionario público fuese la persona correcta. Lamentablemente
la realidad nos muestra que eso no está ocurriendo, sino que tiende a
agravarse, como leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/la-administracion-de-la-pesca-en-el-peru.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/03/la-institucionalidad-y-la-pesqueria-en.html
http://revistapesca.blogspot.com/2023/01/peru-un-pais-sin-politica-pesquera.html
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LA AMENAZA ES REAL
La
administración de la pesquería, así como la generación de normas y reglamentos,
deben estar basadas en una política que priorice el bienestar de las mayorías,
que visualice el futuro del sector y que tenga objetivos de corto, mediano y
largo plazo. No se puede permitir que el futuro esté en manos de personajes sin
visión ni interés por los más, ni de los mezquinos intereses económicos de
lobistas quienes representan a los menos.
¿Puede
el futuro pesquero del Perú estar en las manos de funcionarios temporales sin
mayor legitimidad que una resolución que los designa? ¿Sin visión de país,
carentes de la experiencia necesaria y de decencia intelectual, amorales y sin
agenda de largo plazo, sino tan solo los intereses gestionados por lobistas y/o
poderes fácticos sin escrúpulos, que en la práctica se convierten en los
verdaderos hacedores de las normas?
Los
políticos en general son recursos renovables y no extinguibles.
Todos los
lineamientos de política que pudieran ser diseñados debieran obedecer a
principios y valores y quien no los tenga será incapaz de ordenar y gestionar
un sistema distinto al vigente que prioriza el objetivo del "éxito en la
vida" medido por la cantidad de bienes materiales acumulados y no por la
calidad humana individual y el bienestar comunitario.
Nos
hemos convertido en un “Estado empírico”
copado por miles de intereses particulares a los que poco o nada les importa el
interés nacional.
Esto
viene ocurriendo desde siempre posiblemente, incluidos probables sobornos. Pero
¿es lo debido? La costumbre no convierte lo inmoral en moral ni lo indebido en
debido ¿Cuánto más se va a permitir que así ocurra?
http://revistapesca.blogspot.com/2022/12/la-designacion-de-nuevas-autoridades-en.html
Como
se expone en las siguientes transcripciones, se debe prestar especial atención
al lobismo y a la actuación de los poderes fácticos en la pesquería peruana, a
fin de proteger la sostenibilidad de nuestros recursos pesqueros. Este análisis
de la recopilación de información, nos debe inducir a investigar que mucho de
la normativa vigente podría tener su origen en la presión de lobbies o de
poderes fácticos.
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INFORMACION PARA ENTENDER MEJOR EL LOBBY Y
EL PODER FACTICO
“El
objetivo del lobbying es la gestión de intereses, muchas veces asociado a
formas de captura del Estado. El lobbying busca afectar las políticas públicas
y legislaciones, proveyendo a los hacedores de políticas información específica
sobre preferencias o posiciones políticas de los distintos grupos de interés
(…). El objetivo del lobbying es, por lo tanto, influenciar al legislador o
funcionario público con capacidad de decisión. Para ello el lobbying incluye
una serie de prácticas tanto directas como indirectas: reportar resultados de
investigaciones y encuestas; organizar grupos de investigación en diversos
proyectos, asistir como expertos a diferentes audiencias informativas, de los
distintos cuerpos de gobierno. Y suministrar reportes técnicos e
investigaciones de los tomadores de decisiones. (Anastasiadis, 2006: 11)”
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El
término corrupción puede tener diferentes significados para diferentes
personas. En lugar de utilizar el término general ‘corrupción’, deberían
identificarse explícitamente los tipos específicos que se quieren abordar, como
el soborno, la malversación o la colusión.
“Soborno:
Esto implica una ventaja (p. ej. un pago o un obsequio) que se transmite a
alguien en una posición de autoridad o influencia a cambio de un servicio o
favor ilícito. El soborno existe a un nivel ‘pequeño’ - una pequeña cantidad de
dinero pagada a un inspector de puerto ‘para que haga la vista gorda’. También
puede implicar sumas considerables -millones de dólares pagados como ‘soborno’
para ganar un acuerdo de pesca o de inversión del gobierno.
Estas
ventajas otorgadas a (o extorsionadas por) una autoridad pública pueden tener
varias formas y tamaños: regalos, viáticos extravagantes para asistir a
reuniones, ofertas de viajes gratis al extranjero, becas, puestos de trabajo o
lobby político5 – no simplemente el viejo cliché de un sobre marrón lleno de
dinero. Identificar los beneficios no monetarios como sobornos es
extremadamente difícil, y puede transcurrir un tiempo considerable entre el
momento en que alguien recibe el regalo y hace el favor: el ‘quid pro quo’.
¿Qué
pasa con la pesca marina? Muy pocos casos de corrupción en el sector han
aparecido en los titulares en los últimos años, y los gestores públicos, las
ONG y los académicos han prestado escasa atención al asunto. Sin embargo, una
mirada rápida sugiere que existe un alto riesgo de que la corrupción se
encuentre presente en el sector:
Algunas
de las naciones pesqueras más poderosas del mundo -como China, Rusia, Corea del
Sur, Japón y los miembros de la Unión Europea- se encuentran en una ‘lucha’
cada vez más intensa por los recursos pesqueros. Estos Estados ‘miran’ cada vez
más las aguas territoriales de los países pobres, lo que genera preocupación
sobre hasta qué punto garantizan que sus empresas pescan de forma sostenible y
ética.
La corrupción es incuestionablemente un
problema crítico para muchos sectores. Sin embargo, la corrupción en la pesca
recibe una atención sorprendentemente limitada en los debates internacionales
sobre reformas pesqueras. La
transparencia se considera muchas veces como una forma importante de prevenir y
detectar la corrupción, al poner en evidencia las actividades, decisiones y
gastos del gobierno, y al aumentar los niveles de responsabilidad. Sin embargo, el poder de la transparencia
para combatir la corrupción rara vez radica en revelar casos específicos de
corrupción. En cambio, el impacto de la transparencia podría ser más indirecto,
al ayudar a cambiar los debates políticos hacia la obtención de una mayor
rendición de cuentas del sector público”.
Fuente
https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/03/FiTI_tBrief05_Corruption_ES.pdf
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Es
usual que, los datos sobre la pesca no reflejan su importancia para los medios
de vida y la seguridad alimentaria, ni las preocupaciones sociales y
ambientales del sector artesanal. La pesca suele valorarse en términos de su
contribución al PBI nacional, y los datos que se recogen son principalmente
sobre las capturas y la mano de obra.
La
falta de información gubernamental se ha identificado como una enorme barrera
para la gestión pesquera responsable. En particular, la información sobre el
sector pesquero artesanal suele ser incoherente, obsoleta y de mala calidad. El
flujo de información de la pesca artesanal hacia las autoridades es mucho menos
abundante que el del sector industrial. Los esfuerzos para documentar las
actividades del sector artesanal pueden ser enormemente difíciles. En cambio,
en el sector industrial es mucho más fácil medir y recopilar información, a pesar
de los problemas de subdeclaración o de no informar sobre las actividades. Por
ello, la información gubernamental sobre la pesca industrial suele ser más
completa.
Fuente
https://www.fiti.global/wp-content/uploads/2021/10/FiTI_tBrief06_SSF_ES.pdf
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“En
el caso de un gestor de intereses que actúa en representación formal o informal
de un tercero, este es contratado por el interesado en influenciar en política
pública, actúa como un intermediario en la relación entre el interesado y el
funcionario público, y recibe una remuneración o compensación por ese servicio.
Algunos ejemplos son los siguientes:
-Abogados
independientes o estudios de abogados: En ciertos casos, cuando la entidad que
desea influenciar una política pública es una corporación de gran escala, su
bufete legal puede desempeñar el rol de gestor de intereses en representación
de la empresa.
De
hecho, el límite entre representación legal de un cliente y la representación
de sus intereses ante el Estado puede ser difícil de identificar, y la fijación
de dicho límite es materia de un activo debate global y local. Por ejemplo, un
bufete legal puede representar a una gran corporación en el análisis legal de
una medida arancelaria que impacta en sus operaciones, y –a la vez– monitorear
y desarrollar relaciones con los congresistas miembros de una comisión en la
que se recomendará una política que afectará a la empresa con el objetivo de
influenciarlos.
-Consultores
o firmas de consultoría independientes: La figura del consultor o boutique de
consultoría altamente especializado es, asimismo, recurrente. Se trata de
profesionales o grupos de profesionales que ostentan un conocimiento o acceso
especial a un grupo específico de funcionarios públicos o a una entidad pública
específica. Tal sería el caso, por ejemplo, de un consultor independiente
especializado en asesorar a promotoras inmobiliarias que desean invertir en un
distrito específico, y que tiene un conocimiento en profundidad del
funcionamiento de las normas de desarrollo urbano de ese distrito, o una
relación estrecha con los funcionarios de dicha área o entidad.
-Agencias
de relaciones públicas: Algunas agencias de relaciones públicas –cuyo enfoque
tradicional es asesorar a empresas en su estrategia de comunicación general y,
en especial, en su relacionamiento con medios de comunicación–, también,
desempeñan un rol como gestoras de intereses.
Cabe
comentar, en ese sentido, que algunas de las firmas multinacionales de
relaciones públicas forman parte de grupos que, a su vez, cuentan con empresas
formales de lobby; es decir, existe a nivel global una relación estrecha entre
ambas actividades. Se debe agregar que el método de «mapa de relacionamiento» o
«mapeo de stakeholders» es una herramienta central de ambos oficios, el del
relacionista público y el del gestor de intereses.
-Gestores
de intereses profesionales: Aunque su número es reducido, existen actualmente
empresas profesionales de gestión de intereses o gestores independientes que se
rigen por la Ley 28024, y que prestan sus servicios a empresas privadas. Estos
gestores se definen por haberse inscrito en el registro de gestores de intereses
de la Sunarp (según manda la Ley 28024) y por cumplir con sus pautas de reporte
sobre sus actividades.
-Asociaciones
civiles sin fines de lucro: La asociación civil sin fines de lucro es un
vehículo o entidad sumamente flexible y maleable, que puede fungir en ciertos
casos como gestor de sus propios intereses. También, puede actuar como
intermediario de los intereses de un tercero, en ocasiones, de manera abierta o
pública, y, en ocasiones de manera, oculta o indirecta. Este posible rol de las
asociaciones civiles sin fines de lucro como gestor oculto o indirecto de
intereses de terceros será discutido en la siguiente sección sobre mecanismos
de lobby.
Los
medios de comunicación se constituyen como un caso especial, en la medida que
no necesariamente ejercen su labor periodística con neutralidad, sino que, con
frecuencia, pueden adoptar posiciones o agendas parcializadas en asuntos que
impliquen una gestión de intereses. Cuando esta parcialización se realiza de
manera abierta, como cuando –por ejemplo– el medio asume una clara afiliación
política o ideológica, o le pertenece abiertamente a una empresa o gremio,
puede ser considerado como un actor secundario. Sin embargo, un medio de
comunicación puede ocultar una posición parcializada bajo una postura de neutralidad
periodística, manipulando la manera como reporta un determinado tema de tal
manera que lo influencia sin comprometer su aparente neutralidad.
«El
corrupto no se reúne en la oficina del ministro para plantearle una coima.
Quien cree que la corrupción funciona así simplemente no entiende cómo funciona
la corrupción».
Fuente:
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"resulta
útil para el análisis sobre el poder y la comunicación identificar y vincular
esos tipos de gobernabilidad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con
un quehacer mediático, que se puede estudiar desde la agenda de noticias,
encuadres (framing), o estilos de llevar a la práctica la política en el
contexto de los medios.
Lo
que se encuentra es que hay un tipo de política que por lo general busca
acumular poder, alejándose de una política con vocación por lo público,
orientada hacia el bien común, el servicio público, la equidad social. Se va
configurando una tendencia en la que el deterioro de la política, limita las
posibilidades de reformas orientadas al desarrollo humano y al cumplimiento de
los derechos humanos.
Esas
distorsiones de los poderes fácticos en la forma de hacer política, en la
gobernanza, en el manejo de los medios y las comunicaciones tienen efectos en
la agenda mediática, en los imaginarios, análisis y lectura de la realidad que
ofrecen los medios a la opinión pública. En este tipo de contextos, se presenta
un escenario de gestión del poder en el que el mercado de capitales y el
comercio condicionan el tipo de gobernabilidad y las prácticas políticas para
acumular poderes con una vocación por lo privado en detrimento de lo
público."
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En
mayo 2012, la revista IDEELE publicó un artículo cuyo contenido sigue
vigente y del cual algunos extractos son
los siguientes:
“El
desconocimiento del sector pesquero es abrumador, y la gran prensa se ocupa de
no enterar a una sociedad que vive de espaldas al mar, indiferente a la
problemática pesquera, de cuya solución depende en gran medida la seguridad y
la soberanía alimentaria del país. Los recursos pesqueros son valores que no
pertenecen a quien los explota sino a su dueño, que en el caso de los recursos
marinos somos todos los ciudadanos y no un oligopolio privilegiado. De la
correcta gestión de tales recursos depende el futuro del ecosistema marino y la
adecuada nutrición de millones de peruanos.
En
este lamentable contexto, el papel del Instituto del Mar del Perú (Imarpe)
resulta clave por ser la institución que dice cómo, cuándo y cuánto pescar. Si
no se respeta la opinión científica del Imarpe por privilegiar intereses
particulares, entonces seguiremos el derrotero de la depredación, el abuso y la
impunidad. Tras una dilatada gestión de 15 años, corrieron los vientos del
cambio en el Imarpe y el Viceministerio de Pesquería. Aparentemente. Digo esto
porque el ‘gatopardismo’ de quienes manejan el statu quo de la pesquería
peruana admiraría al propio Lampedusa. Mientras no se realice una auditoría
científica a los estudios realizados por el Imarpe y a toda la gestión durante
los últimos 15 años, solo se cambiará algo para que todo siga igual, como
noveló el solitario Lampedusa.
En
la actualidad resulta innegable la merma de las poblaciones de peces e
invertebrados, sobre todo los recursos costeros. No es exagerado afirmar que la
sardina ha sido extinguida comercialmente, que la población de merluza es
residual y ha sido revejida por la sobreexplotación e irresponsabilidad del
propio Estado. ¿Dónde estaba la palabra del Imarpe entonces? ¿Quiénes eran los
responsables de los estudios de merluza y sardina? ¿Quiénes dijeron que había
500 mil toneladas de merluza y luego se retractaron? ¿Quiénes otorgaban las
cuotas de pesca? ¿Qué dicen ahora esos gatopardos travestidos de científicos o
de funcionarios encanecidos en el Ministerio?
La
SNP, un gremio que se ufana de pesca responsable y ordenamiento pesquero, ¿cómo
será su comportamiento frente a la riqueza marina cuya pesquería es controlada
por certificadoras pagadas por
ellos mismos?”
Fuente
-------
“Durante
la pandemia, en 2020, se desembarcaron más de 5 millones de toneladas de
pescado, en su mayoría anchoveta, en los puertos del mar peruano, casi un
millón de toneladas más que en 2019. Sin embargo, el monto de dinero por
derechos de pesca que cobró el Estado peruano a las compañías pesqueras por
cada tonelada de pescado extraída del mar peruano cayó en 2020, a pesar de que
se esperaba que despuntara porque el porcentaje de este cobro aumentó el año
anterior tras 10 años de permanecer congelado gracias a un lobby empresarial.”
Uno
de los mensajes más repetidos por la presidenta de la Sociedad Nacional de
Pesquería, Cayetana Aljovín, es que el sector pesquero no necesita “ni
subsidios, ni regalos; solo estabilidad y confianza”. Aljovín, quien ha ocupado
el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, de Energía y Minas y de
Relaciones Exteriores —los dos primeros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
y el último en el de Martín Vizcarra—, olvida que existen episodios reveladores
que demuestran que las compañías más poderosas del gremio que lidera, han
buscado lo contrario.
Un
capítulo ilustrativo se remonta a 2007 cuando un grupo de empresas de la
Sociedad Nacional de Pesquería contrató a Apoyo Consultoría para elaborar una
propuesta técnica que sirvió de base para la fabricación del decreto
legislativo 1084, que reguló las cuotas de pesca y permitió congelar por una década el valor del derecho de
pesca.
Fuente
https://convoca.pe/agenda-propia/millones-en-juego-para-una-pesca-sostenible-en-peru
---------
LAS EMBARCACIONES DE BANDERA EXTRANJERA
¿Se
deberá la aparente buena voluntad de la autoridad de pesquería por conceder la
ampliación del plazo del DS 016-2020-PRODUCE a la existencia de algún poder
fáctico que maneja el sector desde las sombras, orientando las acciones
necesarias para sus propios intereses?
¿O hay
alguna otra razón? En todo caso, es un tema para reflexionar en la medida que
la presencia de flotas pesqueras extranjeras en la milla 201, constituye un
grave peligro para nuestros recursos pesqueros y para la economía nacional, en
especial de la pesca artesanal.
La
penetración de las flotas pesqueras extranjeras, en especial la de China, que
además ya se instaló en el país en forma de industrias y está construyendo un
puerto en Chancay, ha sido resultado de gestiones y trabajos de lobby… ¿o no?
Brindar
la oportunidad de acceder a servicios portuarios a la flota pesquera
extranjera, es facilitar sus operaciones de pesca, las que claramente
perjudican los intereses peruanos. En consecuencia, lo que se tiene que hacer
es precisamente lo contrario, o sea dificultar sus operaciones en una clara
defensa de nuestros intereses.
La
medida de implementar una baliza satelital compatible con la de PRODUCE, es
buena, aunque demoró más de un año en promulgarse; pero sigue siendo un
instrumento tímido, tanto como las razones para su demora en promulgarse. Muchos
funcionarios se opusieron y la demoraron. Lo ideal sería negar el acceso total
a puertos peruanos a toda esa flota.
La
penetración china no ocurre solo en la pesca. Las empresas del denominado ‘Club
del Dragón’, contrataron con el Estado del 2018 al 2022 por un monto cercano a
los S/ 10 mil millones, a través del MTC. Se realizaron 99 contratos:
2018
PPK: 6 seis contratos (Martín Vizcarra de Ministro del MTC); 2019 Vizcarra: 39
contratos; 2020 Vizcarra: 18 contratos; 2021 Sagasti y Castillo: 26 contratos;
2022 P. Castillo: 3 contratos.
“El
grupo Enel anunció que llegó a un acuerdo con Southern Power Grid International
(CSGI) para concretar la venta de sus operaciones de distribución en el Perú.
Luego de conocerse la suscripción del contrato, la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI) emitió un comunicado expresando su preocupación por lo que
sería una " situación que representaría una concentración en la
distribución de la energía eléctrica en Lima".
El
gremio recordó que en el 2020 Luz del Sur fue vendida al grupo China Three
Gorges Corporation, propiedad del Estado chino, y precisó que la empresa que
acaba de adquirir las operaciones de Enel también es de propiedad del Estado
chino.
Por
ello, indican que, de aprobarse esta venta, esto llevaría a una concentración
del 100% del mercado de distribución eléctrica de Lima en manos de la República
Popular China.
"No
se trata de la generación de un “monopolio” en manos privadas, sino de la
“creación de un monopolio” en la propiedad de la distribución de energía
eléctrica en manos de una potencia extranjera", advierte la SNI.
La
SNI agrega que esta situación podría exponer a los consumidores a pagar precios
excesivos por la energía eléctrica, como consecuencia de la ausencia de
competencia”.
Fuente:
Es
curioso que la diplomacia norteamericana no diga ni haga nada en relación a la
penetración china en Perú, lo que supone cierto control e influencia sobre el
Pacífico Sud Oriental, en un escenario en el cual la mayor parte de los países
de la región son de izquierda y los Estados Unidos van perdiendo presencia e
influencia.
Mayor
información puede leerse en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/04/el-lobby-de-embarcaciones-de-bandera.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/03/el-mega-puerto-que-china-construye-en.html
https://alertaeconomica.com/las-inversiones-chinas-y-el-mega-proyecto-del-puerto-de-chancay/
https://www.reuters.com/article/peru-china-eeuu-idLTAKCN26G32G
http://revistapesca.blogspot.com/2021/05/la-presencia-china-en-los-mares-del.html
http://revistapesca.blogspot.com/2020/08/finalmente-se-promulgo-la-norma-que.html
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“Todos
los años, una enorme flota compuesta por unos 300 barcos de bandera china pesca
frente a los mares de América del Sur. Repite un recorrido que va desde el
Atlántico Sur, frente a Argentina, hasta las cercanías de Galápagos, en el
Pacífico, pasando por Chile y Perú. En sus trayectorias, algunas embarcaciones
han sido sorprendidas pescando ilegalmente e incluso algunas han sido acusadas
de violaciones a los derechos humanos. Por estas razones, además de las enormes
cantidades de recursos pesqueros que son capturados por estos barcos y que
muchas veces no son reportados, las operaciones de la flota china en la región
son motivo de preocupación para científicos, especialistas en conservación
marina e incluso autoridades”.
Las
agencias marítimas son los representantes de los buques pesqueros extranjeros
en el país.
La
agencia, una figura que existe en todo el mundo, realiza funciones vinculadas
al ingreso, permanencia, aprovisionamiento y salida del buque en el puerto,
desde compra de alimentos a gestiones con la tripulación. “Las agencias hacen
todo el trabajo administrativo que requiere la operación de los barcos en el
puerto. Traen los traductores, compran los comestibles y coordinan la
logística”, explica Milko Schvartzman, especialista en conservación marina de
Argentina.
Además,
la agencia es el representante legal del propietario o armador del buque en el
país extranjero, siendo legalmente responsable frente a cualquier reclamo
relacionado con la actividad del buque en puerto y en las aguas nacionales.
Así, “si el armador del buque ha cometido una infracción, como por ejemplo
haber incurrido en pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), el
agente marítimo debería estar en conocimiento de eso al ser el representante,
lo que le da un cierto grado de complicidad”, sostuvo Eduardo Pucci, especialista
en derecho marítimo en Argentina.
Fuente
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“Durante
las últimas dos décadas, China ha construido la flotilla de pesca de aguas
profundas más grande del mundo, con casi 3000 embarcaciones. Tras haber mermado
de forma dramática el suministro en sus propias aguas costeras, China ahora
pesca en cualquier océano del mundo y a una escala que eclipsa a flotillas
enteras de algunos países en sus propias aguas.
El
impacto se siente cada vez más, desde el océano Índico y el Pacífico sur hasta
las costas de África y Sudamérica: una manifestación del poderío económico
global de China en alta mar.
Esta
labor de China ha desatado protestas diplomáticas y legales. La flotilla también
ha estado vinculada con actividades ilegales, entre ellas la invasión de aguas
territoriales de otros países, la permisividad de abusos laborales y la captura
de especies amenazadas.
El
impacto en ciertas especies en las costas de Sudamérica, como los calamares, es
difícil de medir con exactitud. En algunas regiones, como el Pacífico sur, los
acuerdos internacionales les exigen a los países informar sobre su trayectoria,
aunque se cree que realizar reportes incompletos es una práctica común. En el
Atlántico sur, no hay un acuerdo de ese tipo.
“El
desafío es persuadir a China de que también tiene una necesidad de garantizar
la sustentabilidad de los recursos del mar a largo plazo”, comentó Duncan
Currie, abogado en derecho ambiental internacional que también tiene una
necesidad de garantizar la sustentabilidad de los recursos del mar a largo
plazo”, comentó Duncan Currie, abogado en derecho ambiental internacional que
asesora a la Coalición de Conservación de Aguas Profundas. “No estarán ahí para
siempre”.
Fuente
https://www.nytimes.com/es/interactive/2022/10/13/espanol/pesca-china-sudamerica.html
---------
En
América del Sur, sin embargo, “la lucha no es fácil”, incluso con la
colaboración de los países de la región. “China claramente pretende explotar
las aguas internacionales y muchas especies ya están sufriendo las
consecuencias”, añade el artículo. “Confrontar la voracidad china por recursos
marinos requiere un compromiso regional que no puede esperar”.
Fuente:
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¿LOBBY SOBRE LAS MULTAS?
Durante
la gestión del exministro Prado, en 2022, “recomendado al cargo” por los
denominados congresista “niños”, se promulgó una norma que reduce las multas
impuestas en el sector pesquero. Ya antes en otro gobierno se ha hecho lo
mismo. Esto ¿obedeció a una política en beneficio del sector, o fue un lobby
para favorecer a determinados armadores que resultaron beneficiados con esta
norma?
A
través del Decreto Supremo Nº 007-2022-Produce, publicado en el diario El
Peruano, se establece que la escala de reducción alcanza hasta el 90% en
sanciones de hasta 50 UIT; 70% para las de hasta 200 UIT; y de 50% para las
mayores de 200 UIT.
El
titular de Produce, Jorge Prado Palomino, explicó que este régimen excepcional
de reducción de multas se da con la finalidad de reducir los impactos
económicos generados por la propagación del COVID-19, la cual ha afectado a toda
la cadena productiva del sector pesquero.
La
única norma destacable y de fondo del gobierno, fue el DS N°007-2022-Produce
que se suponía que era para favorecer a los pescadores artesanales.
Ni
ninguna otra fue dada basada en un plan de gobierno y/o en una visión de la
pesca peruana. La verdad es que nunca hubo análisis para la promulgación de la
norma, ni nada por el estilo. Fue sencillamente el resultado de una negociación
para satisfacer a uno o varios y por lo cual seguramente se gestaron muchas más
negociaciones.
El
manejo del sector solo fue realizado para satisfacer agendas personales de
determinados personajes. Todo el trabajo de diseño de un plan de gobierno y de
desarrollo de una agenda para el sector, quedó invalidado y trunco debido a que
el sector se empezó a manejar tan solo para satisfacer determinados intereses y
se designó funcionarios poco conocidos del sector.
En
2017, el entonces Ministro de la Producción redujo las multas para la pesca
ilegal a través de un nuevo reglamento.
En
2022 se aplica una medida similar, lo que indicaría que lo actuado por el
Ministro en 2017 no fue efectivo, o no fueron ciertas las consideraciones que
lo llevaron a dictar esas medidas
Más
detalles en los siguientes links:
http://revistapesca.blogspot.com/2023/02/lo-mas-destacado-en-la-normatividad.html
http://revistapesca.blogspot.com/2022/05/multas-y-sanciones-en-el-sector.html
https://es.mongabay.com/2020/06/oceanos-millonarios-descuentos-para-pesqueras-sancionadas-peru/
“El gobierno, que no se cansa de
decir que representa “al pueblo”, ha decidido perdonar las multas de las
grandes empresas pesqueras. El último viernes 27 el Ministerio de Producción
emitió un decreto supremo que permite que las pesqueras infractoras puedan
reducir sus sanciones hasta en un 90%. Con la reciente norma, firmada por
propio el presidente Pedro Castillo y el ministro Jorge Luis Prado, las
millonarias multas de las pesqueras quedarán perdonadas”.
https://elfoco.pe/2022/05/reportajes/festin-pesquero/
Entonces…
¿estamos frente a un lobby? ¿O no lo es?
El
lobista necesita de muchos contactos. A mayores relaciones y a mayor nivel e
importancia de las mismas, mayor eficaz es su accionar. Tener amigos y
conexiones importantes, entre las cuales se deben encontrar los poderes
fácticos, es vital para ser un lobista exitoso.
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LOS CLIENTES, NEGOCIOS Y AMIGOS DE CAYETANA
ALJOVÍN
“La
exministra dirige desde la Sociedad Nacional de Pesquería hasta la consultora
empresarial Azerta. También es directora de Interbank e integrante de la Cámara
Americana en el Perú. Durante los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte,
Aljovín ha visitado en 34 oportunidades a ministros y ha tenido reuniones con
congresistas de casi todas las bancadas.
Publicado
el 05/04/2023
Cayetana
Aljovín es una mujer con muchos intereses en juego. En lo que va del gobierno
de la presidenta Dina Boluarte, una serie de decretos y normas promulgadas por
el Ejecutivo le han sonreído a su círculo empresarial más cercano.
Aljovín
dirige Azerta, una firma chilena con sucursal en el Perú, que se dedica a la
asesoría empresarial, el manejo de crisis y cuyo lema es: “Abordamos los
desafíos libres de prejuicios”. Entre su cartera de clientes figuran empresas
como: Coca Cola, Roche, Termochilca, Intercorp, Mall Plaza, Comunal e In Retal
Pharma.
Desde
el 2019 Aljovín también es la presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP), gremio que reúne a las 64 pesqueras más grandes. Y, desde el 2018, es
directora de Interbank e Intercorp Financial Services, la rama de inversiones y
servicios financieros del holding de Carlos Rodríguez Pastor, el hombre más
rico del Perú y con negocios que van desde cadenas de comida rápida hasta
farmacias y centros comerciales.
Cayetana
Aljovín, además, actualmente es vicepresidenta de la Corte Arbitral de la
Cámara de Comercio Americana en el Perú (AmCham) y del Consejo Privado
Anticorrupción (CPA); integrante de la Asociación Civil Basc Perú, que entrega
certificados ISO; directora de la empresa Techno Fast; integrante del Comité de
Pesca y Acuindustria de la CONFIEP; y pareja sentimental del gerente general de
Saga Falabella, Juan Fernando Correa.
11
de julio del 2022: la entonces ministra Dina Boluarte y la empresaria Cayetana
Aljovín entregando pescado en Villa María del Triunfo. Boluarte y Aljovín han
tenido, al menos, ocho actividades juntas. (FOTO: MIDIS)
Cuando
Dina Boluarte era ministra del MIDIS, Aljovín comenzó a entablar una relación
cercana con ella. Fuentes del entorno de presidenta de la República señalan que
Aljovín es una de las voces empresariales que más escucha. En el sistema de
visitas y reportes fotográficos de eventos hay registro de, al menos, ocho
actividades donde Aljovín y Boluarte han estado juntas.
El
20 de enero del 2022, Boluarte y Aljovín se reunieron en el MIDIS por hora y
media. Una semana después las dos estuvieron en Chancay repartiendo víveres a
los pescadores afectados por el derrame de petróleo provocado por Repsol. En
junio del 2022 hubo otra reunión en el MIDIS entre ambas. En julio y septiembre
del 2022, Aljovín y Boluarte entregaron pescado en Villa María del Triunfo y
Carabayllo.
En
octubre de ese mismo año Boluarte invitó a Aljovín a ser panelista en el X
Semana de la Inclusión Social. El 6 de enero de este 2023, Boluarte recibió a
Aljovín en Palacio para conversar de la problemática del sector pesquero. Y, el
último 9 de marzo, la presidente de la SNP fue a la sede del Gobierno como
integrante del Consejo Empresarial Perú-Chile.
Informantes
del entorno de la presidenta Boluarte cuentan que la mandataria y Aljovín no
solo hablan de temas empresariales, sino también de asuntos políticos. Aljovín
tiene larga experiencia en ese campo. Entre el 2016 y 2017, fue ministra del
MIDIS, como Boluarte. La presidenta de la SNP también ha sido ministra de
Energía y Minas, canciller, viceministra de Comunicaciones, durante los
gobiernos de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Aljovín además ha sido
directora de la firma de relaciones públicas Llorente & Cuenca, y
conductora de RPP y “Panorama”.
Correos
electrónicos revelados por el portal “Lima Gris” donde se menciona a Azerta, la
consultora de Cayetana Aljovín, dentro de un lobby con congresistas de la
Asociación Peruana de Energías Renovables.
La
distancia que la gran mayoría de empresarios tuvo con el gobierno de Pedro Castillo,
no fue compartida por Cayetana Aljovín. Y es que, además de tener encuentros
con Boluarte, mientras Castillo estaba en Palacio de Gobierno, Aljovín visitó
42 veces alguna oficina del Ejecutivo. De esa lista, 29 ocasiones fueron para
reunirse con ministros y dos con Pedro Castillo.
El
ministro que más visitó Aljovín en la era Castillo fue Jorge Prado Palomino,
titular de Producción, quien recibió 17 veces a la empresaria en el año que
ocupó el puesto, entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022. Dentro de la
jurisdicción de Ministerio de Producción está el sector pesquería.
El
gobierno de Dina Boluarte acaba de cumplir 100 días de mandato y Aljovín,
además de visitar a la presidenta en Palacio, ya ha estado por las oficinas del
premier Alberto Otárola; la ministra de Ambiente, Albina Ruiz; los exministros
de Trabajo, Eduardo García, y Producción, Sandra Belaunde; y la viceministra de
Pesca, Desilú León.
Cayetana
Aljovín también tiene buenas migas con el Congreso, y no hace discriminación de
bancadas. Entre los parlamentarios que Aljovín ha visitado están: Flor Pablo
(Partido Morado), María del Carmen Alva (Acción Popular), Diego Bazán (Somos
Perú), Carlos Anderson (no agrupado) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular).
“Con
la misma transparencia con la que me he reunido con diversos ministros, he
solicitado reuniones con congresistas de diversas bancadas en representación de
la SNP para abordar temas relacionados a la problemática del sector pesquero
industrial al cual represento”, respondió Cayetana Aljovín cuando EL FOCO le
preguntó por sus visitas a parlamentarios.
Reporte
de las visitas durante el mes de marzo de Cayetana Aljovín al ministro de
Producción Raúl Pérez Reyes. Las reuniones coinciden con resoluciones emitidas
por el gobierno en favor de las grandes empresas.
La
próxima semana en el Congreso habrá una votación trascendental para el sector
pesquería: un dictamen que prioriza la pesca tradicional sobre la industrial
dentro de las cinco millas. El último 29 de marzo la iniciativa legislativa fue
aprobada en primera votación ajustadamente: 53 votos a favor y 50 en contra.
Está pendiente la segunda y definitoria votación. Mientras llega ese día, la
campaña para que el proyecto de ley sea rechazado ha comenzado, y Cayetana
Aljovín está públicamente a la cabeza.
El
viernes 31 de marzo en la columna de opinión que tiene en el diario “Correo”
Aljovín dijo que la iniciativa beneficia a Chile porque “tomará ventaja de este
hecho e impulsará una industria anchovetera con los recursos que nosotros estamos
dejando en nuestro mar”. La columna se tituló: Nadie sabe para quién trabaja,
¿o sí?
Las
relaciones de Aljovín y del sector pesquero con el Ejecutivo han sido más
fructíferas. El 28 de noviembre del año pasado comenzó la temporada de pesca de
anchoveta en la zona norte-centro con una cuota aprobada de 2.8 millones de
toneladas. Todo iba viento en popa hasta que en los primeros días de enero
diversos sindicatos de pescadores avisaron al Ministerio de Producción que
había alta presencia de juveniles exigiendo cerrar la campaña.
El
Gobierno, sin embargo, ignoró las alertas. Incluso, como reveló el portal “Ojo
Público”, el propio ministerio había emitido 97 comunicados disponiendo cierres
preventivos en 143 zonas por la presencia de juveniles.
El
cierre de la campaña de anchoveta se dio el 4 de febrero, casi un mes después
de las primeras voces de alerta. Ese retraso permitió a los pesqueros captar
1.9 millones de toneladas de anchoveta de los 2.8 millones que autorizó el
gobierno el año pasado. Como todo es una ecuación: a más pesca de anchovetas,
más millones de soles para los grandes pesqueros.
Dos
de las últimas columnas de Cayetana Aljovín en el diario “Correo”. En la de la
izquierda habla, con alegría, sobre la campaña de pesca de anchoveta que el
Gobierno cerró con retraso. En la de la derecha se opone al proyecto de ley que
beneficia a la pesca artesanal y dice que aprobar esa norma es beneficiar a
Chile.
En
algunas ocasiones las autorizaciones y resoluciones de cuotas de pesca han
coincidido con visitas de Cayetana Aljovín a ministerios. El 22 de noviembre
del año pasado, cuando se autorizó la cuota de pesca de la zona norte-centro,
Aljovín estuvo con dos ministros: de Economía, Kurt Burneo, y de Producción,
Jorge Luis Palomino, según registros oficiales.
El
último 21 de marzo Aljovín visitó al actual ministro de Producción Raúl Pérez
Reyes, y ese mismo día salió una resolución donde se informó que de manera
“excepcional” no se contabilizaría las cuotas de captura para las embarcaciones
durante la temporada que se cerró y por lo tanto no iban a recibir
amonestaciones.
Azerta,
la consultora que dirige Aljovín, también ha dejado huella en el Congreso. El
14 de febrero y 6 de marzo último el portal “Lima Gris” reveló correos
electrónicos que la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SRP) enviaba a
congresistas proponiendo proyectos de ley que los benefician. En los mensajes
que se filtró se leía el nombre “Azerta” como una de las empresas que
asesoraban a la SRP.
En
los correos también se mencionó los nombres de algunos congresistas. Uno de los
mensajes decía: “Azerta – Agencia de Marketing -PR – Apoyo legislativo. último
contacto en diciembre con Patricia Hurtado, que logró que el PdL (proyecto de
ley) se derive solo a Comisión de Energía y Minas y sobre estrategia para
conseguir mayoría en pleno: presentar proyecto similar a Fuerza Popular – Nano
Guerra García o Acción Popular, congresista (Luis Ángel) Aragón”.
Juan
Fernando Correa, gerente general del Grupo Falabella en el Perú y pareja de
Cayetana Aljovín. Derecha: resolución dada por el gobierno de Dina Boluarte
beneficiando a los importadores de ropa china, donde una de las más importantes
es Falabella. (FOTO: Linkedin)
El
ingeniero industrial Juan Fernando Correa es gerente general del Grupo
Falabella en el Perú, y es pareja de Cayetana Aljovín. La gestión de Correa ha
tenido un éxito en el gobierno de Dina Boluarte: que se anule la aplicación de
salvaguardias a la ropa china. Esa resolución apareció publicada en “El
Peruano” el 1 de marzo, y ese mismo Cayetana Aljovín visitó el despacho del
ministro de Producción, Raúl Pérez Reyes, uno de los firmantes.
La
anulación de las salvaguardias beneficia a los grandes importadores de ropa
china entre ellos Saga Falabella, y perjudica a la industria textil nacional y
a Gamarra. Solo en el 2022, Falabella hizo 57 importaciones desde china por un
monto de 229 millones de dólares, el grueso fue de ropa e indumentarias.
“Mi
relación con la señora Boluarte es la de una presidenta de gremio —en mi caso
la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) — con una funcionaria del Estad de un
sector que tiene temas o problemáticas en común”, dijo Cayetana Aljovín a EL
FOCO sobre su relación con la presidenta de la República.
Aljovín
señaló que sus visitas al exministro de Producción Jorge Luis Prado Palomino
fueron siempre como presidenta de la SNP y para hablar de “desde asuntos
regulatorios, internacionales, laborales y de colaboración público-privado”.
Aljovín admite que la Asociación Peruana de Energías Renovables fue clienta de
Azerta, pero no lo es desde hace 6 meses. Dice que Roche y Mall Plaza también
han dejado de ser clientes de Azerta, pero que Coca Cola todavía se mantiene en
su cartera. Sobre su relación sentimental con el gerente general de Falabella,
Aljovín respondió: “no hablo de mi vida privada”.
Fuente
https://elfoco.pe/2023/04/reportajes/los-clientes-negocios-y-amigos-de-cayetana-aljovin/
