El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

21 de diciembre de 2009

INFORMACION Y DESINFORMACION

El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica.

Los temas pesqueros se analizan con superficialidad. La desinformación es evidente. Si los medios de comunicación y los analistas exhibiesen en un cuadro comparativo los valores de exportación FOB del sector, junto con los pagos que han hecho por impuesto a la renta de tercera categoría y derechos de pesca, y los ingresos recibidos por drawback y restitución de IGV por exportaciones, veremos un panorama distinto al que vemos cuando se elogia exclusivamente a las exportaciones. La labor de los medios debe ser educativa y analítica antes que destructiva y sensacionalista en determinadas circunstancias de coyuntura.

Gracias a unos medios limitados en su información y análisis, seguimos creyendo que somos buenos porque exportamos mucha harina de pescado. No asumimos conciencia, aún, de que como dueños de esos recursos pesqueros, a los ciudadanos del país no se nos está pagando un precio justo por su explotación, ni asumimos con conciencia el impacto que la industria está causando en nuestro ecosistema marino a cambio de nada, o de muy poco.

No tenemos medición del impacto causado al ecosistema derivado de la actividad de extracción. No tenemos medición del impacto causado al medio ambiente derivado de la operación de la flota y del vertimiento de residuos tóxicos al mar. No sabemos cuanto se requiere de dinero para limpiar y reparar los daños producidos al medio ambiente y al ecosistema en todo el litoral.

No se dispone de recursos suficientes para investigación y desarrollo y para controlar la pesca ilegal.

Las cifras, los cálculos, y la metodología tienen que ser revisados dentro del marco conceptual de una política pesquera que pretenda tener una pesquería sostenible. La industria pesquera debe dejar de ser un problema ecológico y además debe contribuir adecuadamente con el país, tal como lo hace la minería y la industria en general.

El Estado deberá prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades del país como país pesquero, propiciando que sean accesibles y entendibles para todos los conceptos de ecosistema, soberanía alimentaria, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad.

Deberá prestar atención a la difusión de los impactos de la industria pesquera sobre el medio ambiente y su verdadera contribución con los intereses nacionales, con el objeto de crear corrientes de opinión y entendimiento correctos sobre el papel que juega la industria pesquera en la vida económica de la Nación. De esta manera los medios de comunicación encontrarán a un público mejor preparado en la materia que no sea fácilmente manipulado, donde los comentarios sobre el sector no sean sesgados, equivocados, inexactos y llenos de críticas destructivas algunas veces y elogiosos sin sustento otras veces. Generalmente con muy poco aporte constructivo.

Un país con educación y bien informado siempre constituirá la mejor garantía para una pesquería sustentable que se enfrenta al futuro.

Una población conciente de la necesidad de preservar el ecosistema y el medio ambiente en beneficio de alimentos asequibles a la población nacional, constituirá la primera línea de defensa contra la sobre explotación de la industria y la desinformación de los medios.

PARA QUE LA PESQUERÍA PERUANA TENGA UN FUTURO SOSTENIBLE SE DEBERÁ:

1. Poner límites a la extracción de todos los recursos a través de una cuota global anual y cuotas individuales.

2. Imponer un pago justo y adecuado por derecho de extracción a todas las pesquerías que realicen extracción con fines comerciales.

3. Reducir el esfuerzo pesquero impidiendo el acceso de más embarcaciones a las pesquerías plenamente explotadas y sobre explotadas, y limitando el acceso a otras especies en base a estudios ecosistémicos que impongan una cuota global que no debe ser sobrepasada.

4. Poner a la exportación de productos hidrobiológicos en las mismas condiciones de competitividad que a la venta en el mercado interno. La exportación goza de privilegios como el drawback y restitución de IGV, en clara competencia desleal con el mercado interno. La industria será quien decida si exporta o vende al mercado interno, pero con las mismas ventajas para ambos mercados.

5. Imponer las más drásticas medidas para detener la contaminación producida por los vertidos de efluentes contaminantes procedentes de las embarcaciones y de las plantas de procesamiento de harina, congelado y enlatado.

6. Introducir el pago de regalías y destinarlo para llevar la investigación a niveles adecuados, para mejorar las condiciones sanitarias de los desembarcaderos pesqueros artesanales y para crear un fondo de limpieza de las bahías contaminadas por la industria.

DEFENDER LOS INTERESES DEL PAÍS ES FUNCIÓN Y DEBER DEL ESTADO

No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal legítimamente constituído.

Regalías o derechos de pesca, la extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros debe pagar un justiprecio.

No es lo mismo que el impuesto a la renta. Lo que falta es que paguen un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.

Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos. Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.

Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.

Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales ganara.

Detrás de las utilidades alcanzadas por la Industria pesquera se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sobreexplotada. De una industria que va dejando tras de sí un país con hermosas bahías contaminadas y devastadas. De un país que una vez agotados sus recursos pesqueros no tendrá nada que ofrecer a los inversionistas nacionales ni extranjeros. Entonces, esos capitales se irán y dejarán al Perú convertido en un país que antiguamente tuvo una riqueza pesquera.

¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por las exportaciones.

Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones. El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.

Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.

El modelo exportador se ha ejercido a través de ceder, casi en forma gratuita, o muy barata, la renta de los recursos pesqueros a los grupos económicos en los últimos años.

Los resultados actuales expresan esa captura de la renta, como una seria injusticia en los ingresos fiscales. Instaura el hecho de que se beneficien los explotadores del recurso, y no sus dueños.

Se ha creado un negocio para capturar esa renta porque ahí están los grandes ingresos en una forma relativamente sencilla.

Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿porque no irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a estas empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio. Con 60, 70 o hasta 90 días de trabajo anuales por efecto del exceso de flota e infraestructura, no se genera empleo estable ni de calidad.

El sector pesquero exportador se puede renovar científica y tecnológicamente, capturar la renta y el beneficio estructural. Sin embargo, la degradación ambiental, la degradación del ecosistema y la reducción de la biomasa son significativas y amenazan el futuro.

Cuando se agoten los recursos ícticos, bien por efectos del cambio climático o por la sobre explotación ¿cuáles serán las fuentes de ingreso por exportación?

La capacidad de generar ingresos está sustentada en la captura de renta basada en la explotación de recursos naturales. Pero ahí hay límites físicos y biológicos que debemos establecer.

Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare problemas como la sobreexplotación y la sobrecapitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los recursos pesqueros para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilegal. Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado. Este último no puede asumir los costos de la irresponsabilidad o de la ineficiencia de la industria, como no ocurre en ningún otro sector de la economía. El inversionista es responsable de su éxito o de su fracaso y no debe apoyarse en el Estado para conseguir beneficios ni para cubrir sus pérdidas.

El futuro se avecina, además, con variaciones en la temperatura debido al cambio climático y tendrá un fuerte impacto en la pesca y la acuicultura. Las especies acuáticas son vulnerables al cambio climático, a diferencia de los animales terrestres, ya que son poiquilotérmicas (su temperatura corporal varía en función de la temperatura ambiente). "Cualquier cambio en la temperatura de su hábitat influye notablemente en su metabolismo, tasa de crecimiento, productividad, reproducción estacional y sensibilidad a enfermedades y toxinas" advierte la FAO.

Entre los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura se destacan el aumento de frecuencia e intensidad de eventos metereológicos extremos, el más conocido de los cuales es el fenómeno de El Niño.

La FAO indica que se observan cambios en la distribución de los peces en respuesta a las variaciones climáticas, generalmente involucrando expansiones hacia los polos de las especies de aguas más cálidas y contracciones alrededor de los polos de especies de aguas más frías.

Se están produciendo cambios en la salinidad de los océanos, con un aumento de la salinidad en las aguas cercanas a la superficie de las zonas más evaporadas de la mayoría de los océanos mundiales.

Por otro lado, está disminuyendo la salinidad en las zonas marinas de las latitudes altas debido al aumento de las precipitaciones, mayor escorrentía, deshielo y otros fenómenos atmosféricos.

Además, los océanos se están volviendo más ácidos, con probables consecuencias negativas para muchos arrecifes de coral y organismos relacionados con el calcio.

La FAO afirma que, aunque existen grandes diferencias regionales, es probable que el mundo asista a cambios significativos en la producción pesquera en mares y océanos.

"Para las comunidades que dependen en gran medida de la pesca, cualquier disminución de la disponibilidad local o de la calidad del pescado para alimentación o cualquier aumento de la inestabilidad de sus medios de vida puede plantearles problemas muy graves".

El tema de fondo a tratar es la magnitud y orientación del esfuerzo pesquero total practicado por la comunidad pesquera.

Es imprescindible establecer mayores limitaciones al esfuerzo pesquero en el futuro inmediato junto con mecanismos que garanticen un mejor aprovechamiento de las reducidas biomasas disponibles.

La pesquería operó por años bajo el régimen de acceso libre, es decir, el que quería pescar lo hacía donde y cuando mejor convenía a sus intereses. En algún momento se prohibió la práctica pesquera de gran escala en una franja marina costera de 5 millas con la creencia que esta medida sería suficiente para preservar los recursos.

Posteriormente se introdujeron nuevos mecanismos de regulación en salvaguarda de las especies obligando a poseer permisos de pesca para realizar faenas pesqueras y así limitar el crecimiento de la flota y estableciendo cuotas globales de captura.

Un primer esfuerzo en dirección a limitar más el esfuerzo extractivo lo constituye el régimen de cuotas establecido para la merluza y para la anchoveta en el Perú y que sustituye al mecanismo de acceso libre a dicho recurso. Debemos esperar que esta modalidad de regulación se haga extensiva gradualmente al resto de las especies y a todos los agentes pesqueros. Tarea nada fácil pero impostergable que requiere además fomentar en la comunidad una actitud respetuosa y responsable frente a los recursos.

El esfuerzo pesquero artesanal se ha desarrollado hasta alcanzar niveles casi industriales haciendo uso y abuso de las normas vigentes. Desvirtuando la esencia del pescador artesanal que pesca con artes manuales, determinadas normas populistas han calificado a un inmenso número de empresarios pesqueros como pescadores artesanales confiriéndoles autorización para actuar sin limitación alguna.

Esta situación amerita ser corregida estableciendo nuevas y más adecuadas regulaciones a la actividad pesquera artesanal. Debe incorporarse la definición de pesca artesanal como la que se encuentra orientada a múltiples especies y utilizando una amplia gama de artes y técnicas de pesca relativamente sencillas, utilizando embarcaciones o sin ellas. Por el contrario, aquellas personas que pescan con asistencia mecánica deberán denominárseles pescadores comerciales y estarán sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer

Resulta sensato reclamar mayor y mejor investigación científica a fin de introducir mecanismos de manejo pesquero que permitan recuperar los recursos y que beneficien realmente a la población costera.