El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

30 de abril de 2013

OLLANTA HUMALA NO ESTABA MUERTO


Escribe César Hildebrandt

Como la derecha peruana estaba convencida de haber comprado a Ollanta Humala, ahora le salta a la yugular por algunas muestras de autonomía.

Por ejemplo, está el asunto de Venezuela.

La derecha peruana, que no protestó por el caso de Lugo, en Paraguay, o el de Zelaya, en Honduras, está preocupadísima por el estado de la democracia venezolana.

El problema es que Henrique Capriles es gobernador reelecto del estado de Miranda gracias a una elección controlada por la misma Comisión Nacional Electoral hoy acusada de impresentable.

Y el problema es que ningún observador internacional, incluyendo en la lista al Centro Cárter, ha formulado tacha alguna en con­tra del proceso que llevó a Nicolás Maduro, con las justas, a la presidencia.

La derecha peruana es chusca, golpista y sucia y creía que UNASUR debía impedir el mandato de Maduro.

Pero UNASUR no podía darles ese gusto porque no está entre sus funciones vetar una elección que no ha sido cuestionada por los observadores internacionales. Lo que ha hecho UNASUR es reco­mendar a Maduro que se efectúe el recuento de votos prometido y que se abran las puertas del diálogo en esa Venezuela con presentimientos de guerra civil.

Hay que ser muy bruto para no entender eso.

Y hay que ser muy cínico para que la prensa peruana, escrita y televisada, que avaló la dictadura putrefacta de Fujimori y su concentración de poder sostenga que hoy en Venezuela hay un monopolio de los medios y una práctica dictadura castrista. Curioso castrismo este que casi a punto estuvo de tolerar el triunfo del ferozmente opositor Henrique Capriles y que hoy asiste a un proceso inexorable de decadencia del PSUV y de fraccionamiento de sus filas.

 La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad

Para la derecha peruana el problema no es la democracia. Es quién corta el jamón. Si mañana fuera necesario dar un golpe de Estado sanguinario para reprimir a los opositores a la gran minería y a los que se niegan a obedecer el pensamiento único que todos los días expectoran los locutores de RPP, la derecha aplaudiría con el mismo fervor con que aplaudieron a Sánchez Cerro (creación heroica) y a Velasco (cuando creyeron que podían manejarlo).

La derecha no tiene patria ni doctrinas ni principios. Sólo la excita el dinero, sólo la entusiasma la codicia, sólo le teme a la libertad. Por eso quiere que todo sea inmóvil, fósil, eterno. Es una derecha eclesiástica que aspira a la inmortalidad de sus privilegios.

Y entre ellos está el de decretar qué cosa es buena o qué cosa es mala. Es como el evangelio según San Luis (el agua embotellada). Como el papel de los hechiceros en las tribus primordiales.

Nada que se salga de su monótono libreto es válido.

¿Maduro presidente aun después de muerto Chávez?
Inaceptable.

¿Argentina en manos de una mujer insumisa que se enfrentó con éxito al FMI y que pelea con una prensa mafiosa plagada de intereses?
Impresentable.

¿Bolivia reclamando lo que le fue arrebatado en una guerra procaz?
Deleznable.

¿Petroperú queriendo comprar 51% de las acciones de Repsol? Imperdonable.

¿Humala hablando de un Estado medianamente presente? ¡Velasquismo trasnochado! ¿Y cuando el Estado de Obama imprime trillones de billetes para salvar a la banca grande que estafó a los chicos? Ejemplar.

¿Y cuando Europa ajusta a los ciudadanos después de salvar a los bancos desregulados?
Maravilloso.

¿Y cuando la empresa estatal Entel Chile compra a Nextel en el Perú?
¡Gran noticia!

¿Y cuando la estatal noruega Cermaq compra a la privada peruana Copeinca? ¡Globalización!

Qué divina es la derecha peruana. Está convencida de que los peruanos somos débiles mentales que se aborregarán ante sus gritos, amenazas, editoriales y columnas escritas por quienes antes firma­ban contratos con las Cepris de Fujimori.

Y, en el caso de Repsol, sólo chillan ideológicamente porque Petroperú tiene la intención —ya confirmada— de comprar el 51% de sus acciones pero omiten señalar que buena parte del paquete accionario de esa empresa española ya está en manos de las AFP que operan en el Perú.

¿Alguna privada está dispuesta a invertir ese dinero?

Que lo digan Dionisio Romero júnior y sus socios chilenos, dueños ya de Primax y que, con la compra de la cadena de Repsol, serían los amos del mercado. ¿O no es eso lo que está en juego?

Repsol fue expropiada en Argentina por no hacer nuevas inversiones y por haber estado bombeando utilidades extremas a su casa matriz madrileña.
Aquí, el último año, vendió combustible por un valor de 4.600 millones de dólares y apenas ha tenido unos 30 millones de utilidad. ¿O es que en el Perú ha repetido la faena bombeadora de Buenos Aires?

Petroperú debe tener cuidado con sus próximos pasos no por la prédica de la derecha sino porque Repsol no es ninguna pera en dulce.

Pero, claro, este tipo de información no le interesa a la gran prensa peruana (y a su hija retardada, la televisión). Lo único que importa es que nadie se salga del libreto. Ni con Repsol ni con Venezuela ni con ningún otro tema.

Que Humala se entere de una vez: con la derecha peruana no hay tratos equitativos. Ella sólo reconoce iguales (entre los suyos) o subordinados. Y usted, señor presidente, era hasta hace unas horas un obediente subordinado.
Ya no lo es tanto.

Y esa es una gran noticia. No se retracte. No se chupe. No se asuste. La derecha es, al fin y al cabo, un tigre de papel periódico.

Que usted recupere algo de su identidad es sólo una mala noticia para quienes lo han visto como el mayordomo (siempre culpable) de una novela mala de Agatha Christie.

Hildebrandt en sus Trece, 26-04-2013

18 de abril de 2013

La transparencia en los derechos de pesca es una necesidad


La RD 211-2008-Produce/DGEPP publicó la relación  de embarcaciones cuyos armadores no habían presentado declaraciones juradas del pago de derechos de pesca 2007. Suman 617. Lo que significaba, para ese momento, que casi el 50% de la flota simplemente no declaraba pero igual pescaba y se lo permitían.

También detalla 320 embarcaciones cuyos armadores debían reintegrar derechos de pesca correspondiente al pago de derechos de pesca del 2007 por un valor aproximado de 3 millones y medio de soles. Algunos no solamente no pagaban, sino que se daban el lujo de no declarar.

PRODUCE recién reacciona en Junio del año entrante, es decir en 2008. Curiosamente esta RD tiene fecha del 18 de abril 2008; pero se publica el 9 de junio 2008.

Así como en el 2008 PRODUCE hizo pública la situación de la cobranza de los derechos de pesca, hoy más que nunca en el escenario actual, corresponde que se difunda una información similar a la que fue publicada en ese entonces. No conozco si entre el 2008 y el 2013 se ha hecho pública una información similar, la cual además, debería hacerse en forma periódica y ser ampliamente difundida.

Para mayor ilustración se transcribe el texto de la resolución mencionada.


13 de abril de 2013

Una ministra de la Producción incómoda


El Estado peruano tiene mucho que evaluar y analizar en torno a la industria pesquera.

 En ese sentido, una ministra como Gladys Triveño sale del molde tradicional de la mayoría de sus antecesores. Al concentrase en aplicar reformas se ha ganado la reacción de la industria que ve, por primera vez, un funcionario empecinado en ordenar el sector. Se ha convertido en una persona peligrosa para algunos intereses. Si su siguiente paso fuese ordenar el tema de derechos de pesca, que se detalla en esta nota, podría afectarse seriamente intereses nunca antes tocados.

Por tanto, siendo una funcionaria que no cede fácilmente, ni a la que se tiene acceso con la misma flexibilidad de antes, es imperativo que deje el cargo.

Si los bloqueos de carreteras, si la presión de los lobistas a través de los medios de comunicación no funcionan y no la sacan ni renuncia, entonces queda el recurso de la interpelación que conduzca a la censura.

Sin embargo, será Palacio de Gobierno quien diga la última palabra en torno a las reformas y ordenamiento del sector pesquero, en el cual hay mucho trabajo de inclusión por hacer y mucho dinero por recaudar que hasta hoy no se ha recaudado.

Las siguientes semanas mostrarán al país si realmente estamos o no ante una gran transformación en la pesquería peruana.

 El capítulo III del Reglamento de la Ley General de Pesca DS 012-2001-PE establece

 CAPITULO III DE LOS DERECHOS DE PESCA

 Artículo 40.- Pago de derechos

 40.1 Los armadores de embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega y las comprendidas en el numeral 1.2 del inciso a) del Artículo 30 de este Reglamento están obligados a pagar los derechos de pesca establecidos en el Artículo 45 de este Reglamento y los que fije el Ministerio de Pesquería en función a cada recurso hidrobiológico no contemplado en dicho artículo. (Significa que las embarcaciones artesanales o sea las menores de 32,6 metros cúbicos no pagan derechos de pesca; no pagan nada por la extracción de un recurso natural propiedad de todos los peruanos)

 ANCHOVETA

 El DS 024-2006-PRODUCE (publicado el 26/11/2006). Modifica el monto de derechos de pesca de la anchoveta:

 (…) Se efectuará sobre la base de aplicar el 0,25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado, promedio aduanet (…)

 Con la  aprobación en el año 2008 del Decreto Legislativo No. 1084, se dio inicio al mayor reordenamiento del sector de los últimos treinta y cinco años en el Perú. Aunque la norma no cuenta con informes del IMARPE ni fue elaborada por el Ministerio, introdujo cuotas individuales de pesca de anchoveta y las asignó a las embarcaciones que ya operaban en esta pesquería (en función a su record de pesca y a su capacidad de bodega). La asignación de derechos de propiedad incrementó la eficiencia del sector, lo cual se tradujo en un incremento significativo de las utilidades de las empresas que operaban en el mismo, lo que es concordante con una menor disipación de la renta del recurso. 

 Un aspecto de la implantación de este régimen que no ha recibido la suficiente atención, es el hecho que la asignación de derechos de propiedad usualmente tiene como contrapartida el pago por el derecho de pesca que se le asigna al armador. La lógica económica es simple: el recurso natural renovable es de propiedad de la nación; el recurso en cuestión goza de una renta debido a la alta productividad del mar peruano; por lo tanto, si un particular desea explotar este recurso y usufructuar la renta de la pesca, debe pagar una regalía por ello, o un derecho de pesca, que guarde cierta proporción con la renta transferida.

 Sin embargo el mismo DL 1084 en su primera disposición final congeló por diez años la tasa de derechos de pesca descrita.

 En el caso de la pesquería de anchoveta, el derecho por concepto de extracción de los recursos destinados al consumo humano indirecto vigente desde el año 2006 es de 0.25% del valor FOB por tonelada de harina de pescado. Si, por ejemplo, el precio FOB promedio de la harina fue de US$ 1,490/TM, el derecho pagado habría representado US$ 3.73 / TM.

Para hacer una Tm de harina, se requiere, en promedio, 4.5 Tm de anchoveta.

Si la Tm de harina de pescado tuvo un precio promedio de 1,490 dólares, la industria pagó US$ 16.78 (3.73 x 4.5) por cada tonelada de harina exportada a US$1,490 cada Tm.

 El aceite de pescado derivado de la producción, queda libre de pago de derechos en esta ecuación, asumiendo que la producción de harina absorve la contribución.

 La proporción grotescamente desproporcionada entre lo que factura la industria y lo que le paga a la Nación, como propietaria del recurso pesquero, es a todas luces injusta, ante la pasividad de un Estado que ha prestado escasa o nula atención a la pesquería peruana.

 La pota y la merluza, así como el jurel y caballa son también sujetos de “derechos de pesca”.

 Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza.

  El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

 a) Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída (los correspondientes a la anchoveta fueron modificados según se ha descrito)

b) Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada

 La UIT (unidad impositiva tributaria) para el 2013 es de S/.3,700

 Por tanto la merluza paga S/5.55 por tonelada métrica extraída.

 La actividad extractiva industrial de merluza convierte todo lo capturado en producto congelado que se exporta. Nada de esa producción se comercializa en Perú. Por la actividad de exportación la industria recupera el Impuesto General a las Ventas, que el Estado le devuelve, más el drawback.

 Paga el impuesto a la renta de tercera categoría por las utilidades que declare y 5.55 soles por derechos de pesca.

 Es decir que el costo de la materia prima es de S/.5.55 por cuanto no se puede decir que el costo de la extracción sea el costo de la materia prima. Esta, o sea la merluza, es propiedad de todos los peruanos y como recurso natural es administrado por el Estado quien solamente recauda esa pequeña cifra como derecho. La exportación del producto final en forma de congelado supera largamente los mil dólares, dependiendo del tipo de presentación. La participación del Estado es mínima e injusta. Por más que la industria genere empleo directo e indirecto (no oficialmente cuantificado) el costo de la materia prima no debe ser tan bajo.

 Un tanto parecido es el asunto con la anchoveta, jurel y caballa, con la diferencia que una parte importante de esa producción en forma de enlatado queda para el mercado interno.

6 de abril de 2013

El Perú y su pesquería


La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el ecosistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originado por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.

La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos. El  elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario. A éste se le deben agregar las cifras exportadas, las de los impuestos recaudados, los derechos de extracción cobrados y el empleo de dichos fondos.

Una pesquería sostenible solamente será posible cuando el país alcance el adecuado nivel de madurez cívica que le permita entender y aceptar que se requiere colocar el interés nacional por encima de los intereses de parte. El interés nacional requiere que se desechen los intereses económicos grupales y se privilegie la alimentación de la población nacional por encima de todo. Ello impone tener pesquerías sustentables, una adecuada preservación de los recursos pesqueros, del ecosistema  y del medio ambiente, de tal forma que se garanticen alimentos baratos para toda la población del país en forma prioritaria.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada. Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

El Estado debe propiciar que todos asumamos la responsabilidad de hacer causa común con la defensa de nuestras zonas costeras, para preservar sus bienes y servicios. Así como incentivarnos a poner nuestros ojos en el medio marino y costero. Este esfuerzo resulta de suma utilidad para las nuevas generaciones, a quienes les corresponde pagar las deudas ambientales que dejamos las generaciones pasadas y presentes.

Años de línea directa con la autoridad de Pesquería, años de intervención directa o indirecta en las regulaciones dictadas sobre la pesca en el Perú parecen haber terminado, al menos por ahora.

La intervención directa de Palacio de Gobierno, defendiendo la correcta posición de autoridad del Titular del Pliego de Producción, introduce un elemento inédito, novedoso, que permite presumir que este escenario, podría durar hasta el fin de este gobierno.

La industria anchovetera, que rechaza normas que afectan la rentabilidad de su negocio, en especial en el sur del Perú, viene acudiendo al empleo de los medios de comunicación para expresar sus opiniones, fijar sus posiciones y debilitar la posición de la Ministra con la evidente intención de sacarla del cargo. Esta táctica tradicional parece que no funcionará en un escenario en el cual esta autoridad recibe un respaldo abierto del Jefe de Estado. El enfrentamiento actual es directamente con Palacio, autoridad que no puede ser revocada y cuya autoridad no puede ser minada.

En esta confrontación, la sociedad civil puede resultar beneficiada en la medida que, por primera vez, escucha en la televisión y en la prensa escrita la existencia de un problema pesquero, sobre el cual no sabía mayormente nada. Esto debería y podría llevarla a informarse mejor de aspectos sobre los cuales jamás antes se había interesado. Ello permitiría fijar posiciones con mayor información sobre los temas de fondo, que no se han tocado aún, como la real participación de la industria en la recaudación tributaria, pago de derechos de pesca, generación de empleo, contaminación, atención al mercado nacional y contribución con la seguridad alimentaria peruana.

La investigación individual u organizada de la sociedad civil debería evaluar los niveles de desinformación e inexactitudes que se han venido propalando en los medios sin sustento alguno como:

Que el Perú es el número uno en sostenibilidad según un estudio de la Universidad de Columbia no ha sido demostrado exhibiendo el documento fuente. Al exhibirlo, leerlo y analizarlo, la afirmación se cae porque no es cierta.


Que la industria invierte en el consumo humano directo de pescado, es una afirmación incompleta porque debería aclararse si su inversión es para exportar o para atender al mercado peruano. La realidad es que para la industria de consumo humano directo la prioridad es exportar y no el público consumidor peruano.


Que el Perú dejará de percibir 300 millones de dólares y 120 millones de dólares en impuestos dejados de recaudar tampoco ha sido sustentado con cálculos, estadísticas y proyecciones.





¿Cómo debe reaccionar el pueblo peruano ante esta avalancha de información y desinformación sobre un tema que desconoce?

El tema no es apoyar una posición u otra, sino defender sus propios intereses, es decir los de cada poblador del país. La mejor actitud debiera ser la de investigar e interesarse más sobre el asunto pesquero ya que se trata de recursos naturales de los cuales la Nación es la propietaria, por lo que resulta grosero que una pequeña fracción de la población presente reclamos y exigencias públicas sobre recursos que no son suyos y sobre los cuales la ley y la Constitución otorga su administración y manejo al Estado.

Las preguntas que debe hacerse el público son:

¿Cuánto gana cada ciudadano peruano por la extracción de sus recursos pesqueros? Bien sea por medio del canon pesquero y/o impuesto a la renta?

¿Cuánto pescado se destina a la comercialización dentro del país para alimentar a los peruanos en relación a lo que se exporta para alimentar a otras poblaciones fuera del país?

¿Cuánto daño viene haciendo la industria al medio ambiente, quién y cómo se va a corregir y reparar el mismo?

El tema de fondo es que el pueblo peruano, la sociedad civil fije su posición en la participación del negocio pesquero.

La Sociedad Civil, el pueblo peruano, no puede permanecer indolente ni pasivo en esta confrontación. Como la misma no genera un referéndum ni una votación, tiene que organizarse para defender sus recursos pesqueros. No para defender a la industria ni necesariamente al Estado, si es que actuase indebidamente, sino para proteger sus recursos naturales y hacer sentir su voz y presencia a través de instituciones libres de influencias y de manipulación.


Quedan perfectamente claros tres temas:

Que los derechos de pesca vigentes son bajos.

Que el impuesto a la renta también es bajo, y hasta desaparece cuando se le contrasta con los impuestos que el Estado devuelve al sector. Tema complejo que se subsanaría aplicando regalías a la extracción, es decir poner un precio a los peces, que hasta hoy no lo tienen.

Que la contaminación y reparación del daño causado al ambiente hasta el momento no está resuelto. Que los límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental)también. Que la industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de contaminantes vertidos al mar. Que toda la flota pesquera no tiene el control debido de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la normativa del Marpol.