El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

30 de enero de 2015

HACIA UN MANEJO ECOSISTÉMICO DE LA PESQUERÍA PERUANA DE ANCHOVETA

Análisis del marco legal y administrativo para reformar el manejo de la pesquería peruana de anchoveta.

Alcanzar el manejo ecosistémico de la pesquería peruana de anchoveta es crucial para restaurar y mantener la salud del ecosistema de la Corriente de Humboldt, y brindar un modelo que incorpore las necesidades de los ecosistemas en el manejo de otras grandes pesquerías. La pesquería peruana de anchoveta, es la mayor pesquería de una única especie en el mundo y está dirigida a la especie de forraje ecológicamente más importante en la Corriente de Humboldt - la mayoría de los depredadores marinos en este ecosistema dependen en cierta medida de la anchoveta -. Entre 1955 y 2010 se ha reportado la captura de más de 270 millones de toneladas métricas (TM) de anchoveta, lo que representa aproximadamente el 10% de todos los peces capturados a nivel mundial.

Tres flotas distintas extraen anchoveta en el Perú: (1) la flota “de mayor escala” o “industrial” que incluye las embarcaciones con una capacidad de bodega superior a 32.6 metros cúbicos; (2) la flota de “menor escala” que incluye las embarcaciones con una capacidad entre 10 y 32.6 metros cúbicos y; (3) la flota “artesanal” que incluye embarcaciones con una capacidad menor a los 10 metros cúbicos. Estas flotas operan en diferentes zonas del mar peruano (ver figura 1). La normativa requiere que las embarcaciones “de mayor escala” destinen sus capturas de anchoveta exclusivamente para el consumo humano “indirecto” (es decir, para producir harina y/o aceite de pescado), mientras que las flotas “artesanal” y de “menor escala” deben destinar su pesca exclusivamente para el consumo humano “directo”. Sin embargo, en la práctica, es un problema recurrente que embarcaciones de menor escala y artesanales vendan sus capturas a empresas productoras de harina de pescado.

La población de la anchoveta ha experimentado varios períodos de “auge y caída” en el último medio siglo, con graves repercusiones económicas y ecológicas. A pesar de que su población parece estable actualmente -aunque a niveles más bajos que los registrados antes de la pesca industrial- algunas especies que dependen de la anchoveta se mantienen significativamente reducidas. Desde el punto de vista económico, la caída en las poblaciones de anchoveta puede provocar un efecto dominó que afectaría desde titulares de embarcaciones pesqueras y plantas de procesamiento hasta propietarios de restaurantes, distribuidores de harina de pescado, empresas de turismo, entre otros.

Perú carece de un régimen de manejo integrado que asegure la salud de la población de anchoveta y de los innumerables depredadores marinos que dependen de ella.

Bajo los esquemas de manejo actuales, es frecuente que consideraciones políticas prevalezcan frente a la información científica, fijándose cuotas globales de captura más altas de lo recomendable según las evaluaciones biológicas o las necesidades del ecosistema. Lo anterior, combinado con la falta de regulación del esfuerzo pesquero de todas las flotas pesqueras, así como inadecuados sistemas de supervisión y fiscalización, genera incertidumbre respecto a la situación de la anchoveta y el verdadero esfuerzo pesquero que se ejerce sobre ella.

Debido a la importancia económica y ecológica de este recurso, es fundamental asegurar su sostenibilidad, para lo cual se requiere un manejo pesquero con enfoque ecosistémico. Este documento presenta las recomendaciones para mejorar el marco legal e institucional que regula la pesca de anchoveta en Perú y lograr implementar este tipo de manejo. Para esto, se identifican cinco retos que deben ser abordados de manera prioritaria:

El documento completo puede leerse en el siguiente link:

http://www.spda.org.pe/?wpfb_dl=435

o
http://www.spda.org.pe/wpfb-file/anchoveta-pdf/

23 de enero de 2015

La crisis de la anchoveta y la actitud del gobierno

La drástica reducción o colapso de anchoveta en el mar peruano, se debe a la sobre pesca, la pesca negra, la pesca de juveniles por ampliación de temporada, la falta de ordenamiento, la corrupción existente y adicionalmente, la falta de conocimiento, inducida por los aspectos fenomenológicos de nuestro mar, las faenas de pesca ilegal de flotas extranjeras, la impunidad en servicios de atraque y mantenimiento de estas naves, hechos que significan una peligrosa “bomba de tiempo” social, económica y política para el futuro de la pesca nacional.

Los invito a leer el artículo de Antonio Ramírez: "ANCHOVETA: CRISIS, ULTRAMAR  Y SILENCIO DEL GOBIERNO” en la edición de enero de la Revista Pesca

http://issuu.com/revistapesca/docs/revista_pesca_enero_2015/1

15 de enero de 2015

El clima y el sistema económico

COP 20, 21: ¿CAMBIAMOS EL CLIMA O EL SISTEMA ECONÓMICO?

 La institucionalidad ambiental nacional es muy débil y centralista, y el gobierno nacionalista no logra avances consistentes en el tema al estar más preocupado por revertir la desaceleración económica y supeditado a los poderes fácticos y la tecnocracia neoliberal del Ministerio de Economía y Finanzas, que desde su enfoque reduccionista de la economía viene influyendo en el ejecutivo con una serie de medidas reactivadoras, a costo del debilitamiento y subordinación del rol del MINAM y sus organismos competentes como la OEFA.

 Los invito a leer el artículo “COP 20, 21: ¿CAMBIAMOS EL CLIMA O EL SISTEMA ECONÓMICO?” en la edición de enero de la Revista Pesca

10 de enero de 2015

El proceso de gobernar

MÁS IMPORTANTE QUE EL GOBERNANTE ES SU PROCESO DE GOBERNAR

La Falta de capacidad de eficacia gubernativa, se ha desplazado hoy del Gobernante  hacia el proceso de Gobernar. El problema  no es ya la legitimidad política del gobernante sino  del rendimiento social del  gobernante ,su actitud para resolver problemas sociales de interés general y crear futuros de valías  para la convivencia  y supervivencia  en  los escenarios de Gobierno ..Más importante que el gobernante es  su proceso de Gobernar.

 Los invito a leer el artículo MÁS IMPORTANTE QUE EL GOBERNANTE ES SU PROCESO DE GOBERNAR” en la edición de enero de la Revista Pesca

4 de enero de 2015

Para generar el cambio a través de la protesta en Perú

NOTA DE PESCA

La sostenibilidad de las pesquerías y la reducción del impacto ambiental que genera la industria pesquera no tienen una intervención estatal adecuada que se derive de una fuerte voluntad política por regular debidamente la extracción de recursos pesqueros.

El iberalismo que impone al Estado no intervenir en los procesos del mercado es discutible cuando se trata de la protección de recursos naturales y el medio ambiente.

Ante la ausencia de decisión y voluntad política, es necesario que la ciudadanía se movilice también. Una actitud pasiva y contemplativa por parte de la juventud y el ciudadano común no constituyen los ingredientes de una receta que lleve al país al cambio que requiere en materia medioambiental y pesquera.

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Las olas de protesta pueden transformar a la política. En Venezuela, las movilizaciones iniciadas por el caracazo (1989) tumbaron al sistema puntofijista.  En Brasil, las protestas que hicieron caer a Fernando Collor inauguraron un periodo de gobierno más responsable y efectivo.   En Argentina, la movilización de 2001-2002 puso fin a la época menemista.  En Bolivia, las guerras del agua y del gas llevaron a Evo Morales a la presidencia, y en Chile, la protesta estudiantil de 2011 provocó un importante giro hacia la izquierda.

El Perú no ha experimentado una ola de protesta significativa desde hace una generación.  La crisis de los 80 desmovilizó a Lima. Los sectores populares –y ahora la nueva clase media– se despolitizaron.  Y como consecuencia, los movimientos de protesta se redujeron a un puñado de trabajadores movilizados por el CGTP, algunos militantes de izquierda, y mis amigos caviares. 

La despolitización de los sectores populares urbanos permitió la consolidación de un modelo económico ultra-ortodoxo y el surgimiento de una forma de gobernar ultra-tecnocrático.

¿Cambia este escenario con las protestas anti-‘Ley Pulpín’?  ¿Se viene una repolitización de los sectores populares limeños?  
Las olas de protesta son casi siempre imprevisibles. Pero la repolitización de los sectores populares limeños enfrenta dos problemas: uno de voluntad y otra de capacidad.  En cuanto a la voluntad, aunque el sueño derechista de sectores populares convertidos en liberales no se ha realizado (según las encuestas, los peruanos no son más liberales que los bolivianos, brasileños o venezolanos), sus intereses ya no se alinean fácilmente con los grupos contestatarios tradicionales.  Como observa el politólogo Andy Baker, el comportamiento político del ciudadano común se basa tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.  Como consumidores, los sectores populares limeños experimentaron enormes avances en los últimos años: estabilidad de precios, acceso a más y mejores productos, y un gran aumento en sus ingresos.  Su capacidad de compra subió vertiginosamente.  Eso no los transformó en PPKausas, pero sí les dio algo que perder.  Por eso, aunque no estén muy contentos con el statu quo, muchos son reacios a participar en movimientos de protesta que –según temen– podrían amenazarlo.

El amplio rechazo a la “Ley Pulpín” muestra que los limeños no solo piensan como consumidores.  Los derechos laborales también les importan. Y muchos simpatizaron con las protestas del fin de año. 

Pero la repolitización de los sectores populares limeños también enfrenta un problema de acción colectiva.   Participar en un movimiento social requiere sacrificios que muchos ciudadanos no están dispuestos a hacer, sobre todo si dudan de la participación de los demás.   

La movilización popular es más fácil donde ya existen fuertes identidades y organizaciones colectivas (partidos, sindicatos, comunidades indígenas o religiosas). La movilización boliviana se basó en sindicatos, organizaciones cocaleras, y grupos indígenas.  En Lima, este nivel de organización existía hace 40 años (CGTP, partidos de izquierda, iglesia progresista), pero no hoy (la identidad partidaria más fuerte en el sector popular limeño hoy es el fujimorismo).  Sin organizaciones o identidades fuertes, los movimientos sociales son difíciles de construir.
Pero también hay condiciones que favorecen a la protesta.  Una es la ausencia de alternativas electorales.   Según una investigación de Andrei Roman, un estudiante de doctorado en Harvard, las protestas masivas surgen cuando los partidos dominantes se convergen y las alternativas electorales parecen desaparecer. En Venezuela, por ejemplo, mucha gente optó por la protesta en 1989 porque, ante la crisis económica, la convergencia entre AD y COPEI los dejó sin alternativas electorales.  Ocurrió algo parecido en Bolivia, donde dos partidos de origen izquierdista, el MNR y el MIR, se adhirieron al modelo neoliberal.  En Argentina, la derechización de la Alianza contribuyó a la protesta que derrocó a De la Rúa, y en Chile, muchos estudiantes salieron a las calles en 2011 porque percibían  que los partidos de la Concertación –en su moderación– habían dejado de representarlos.
 
El electorado peruano tuvo claras alternativas en 2006 y 2011: candidatos serios representaban la izquierda (Humala), el centro (Paniagua, Toledo), y la derecha (Flores, PPK).  Pero los principales candidatos para 2016 se convergen en la derecha.  Ninguno inquieta al Grupo Comercio.  Los votantes radicales y paniaguistas –que llevaron a Humala a la presidencia en 2011– quedan como huérfanos, sin opciones electorales.  Todo puede cambiar, pero si no surge ni un candidato mal visto por el Grupo Comercio, habría terreno más fértil para la protesta.

En Lima hay bastante aversión a la protesta.  Se asocia con la violencia y el caos económico.  Pero la protesta es plenamente compatible con la democracia y el crecimiento económico.  Todas las democracias más ricas y exitosas (Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido) han pasado por olas de protesta.

De hecho, la democracia sufre cuando los ciudadanos no se movilizan. Donde las instituciones democráticas son débiles, la protesta ciudadana puede funcionar como mecanismo para la rendición de cuentas.  Si los poderes legislativos y judiciales no los vigilan, los gobiernos se comportan mal.  No cumplen con sus programas.  No consultan. Y muchas veces, cometen abusos.  En un contexto así, la protesta es una de las pocas herramientas que tienen los ciudadanos para controlar al gobierno.

Los que más necesitan la protesta son los menos privilegiados.  El Estado responde más a los que tienen poder económico.  Cecilia Blume no tiene que salir a la calle (basta con un correo electrónico).  De hecho, las instituciones estatales que tratan con los grandes empresarios (MEF, BCR) funcionan mejor que las agencias que ofrecen servicios a la gente más vulnerable (MINSA, Educación). Como demuestra Eduardo Dargent, cuando el pobre rendimiento del Estado genera serios costos económicos (por ejemplo, cuando afecta la inversión o el crédito internacional), los gobiernos buscan mejorar su calidad. Cuando la baja calidad de los servicios públicos solo afecta a los pobres, hay menos incentivo para mejorarla.  En estos casos, la protesta –y los costos políticos que genera– pueden incentivar a los gobiernos no responsivos.

La movilización ciudadana contribuye a construcción de un Estado más equilibrado: uno que responde a las demandas de todos –y no solo a los correos electrónicos de Cecilia Blume.

Domingo, 04 de enero de 2015 | 4:30 am
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