El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
9 de julio de 2010
Barcos poteros extranjeros en Perú: norma legalmente válida, biologicamente razonable pero moralmente cuestionable
Cuando se emite un dispositivo o norma basado en el amparo de bases legales, deviene en un documento legal. Es legal normar al amparo de normas de superior jerarquía y eso lo convierte en legal y goza de la bendición de un sistema legal sobre el cual se sostiene la sociedad.
La materia de debate es si una norma legal lleva implícita en sí misma, por el solo hecho de ser legal, el carácter de moral. ¿Toda ley y toda norma, son necesariamente morales? La ley es válida mientras otra ley no la deroga o modifica, por tanto no tiene el carácter de permanente, inmutable o infalible. La moral, en cambio, tiene carácter de permanente. Una ley puede ser adecuada y buena para un país, para un sector, e inconveniente e inadecuada para otro. Las normas legales se hacen por hombres que defienden intereses o conceptos. La moral es común a una civilización. Es inmoral asesinar. Pero un país puede decidir aprobar una ley que legaliza el asesinato. Eso no la hace moral. Los juicios de Núremberg tienen abundante jurisprudencia sobre el tema.
Aprobar la presencia de barcos de bandera extranjera para capturar pota en nuestro dominio marítimo a razón de US$15 por tonelada como derecho de pesca es totalmente legal. Impedir que barcos de bandera extranjera capturen jurel en nuestro dominio marítimo es totalmente legal. Ambas normas son legales. Evidencian ausencia de política de Estado en la materia y demuestran incoherencia; pero son legales.
Más allá de eso ¿es moral vender la pota capturada en el dominio marítimo sin tener en cuenta las implicancias para la industria congeladora nacional? Aún si fuese a cambio de conseguir cooperación internacional. ¿Es moral ceder nuestros recursos a tasas muy bajas a cambio de ciertas medidas de cooperación? Eso les quita el carácter de cooperación puesto que es resultado de una negociación, es decir doy algo a cambio de algo.
En el caso del régimen especial de anchoveta al sur del paralelo 16 que ha causado tanta controversia y rechazo de algunos sectores de las comunidades del sur del Perú, se aduce en una de las justificaciones que a cambio de ese régimen especial, se otorgan beneficios económicos a algunas poblaciones costeras. Es legal; ¿pero es moral?
Detrás de ello está el mismo mecanismo del otorgamiento de permisos de pesca para pota a embarcaciones de bandera extranjera.
Más allá de la justificación legal y económica, aunque desvirtúe el concepto de cooperación, ¿es moral? ¿Es lo debido?
Aunque muchos aspectos de esta problemática quedan abiertos a la desavenencia, existe un acto de maldad del que no cabe decir lo mismo: el acto que nadie puede cometer contra otros y que nadie puede sancionar o perdonar. Mientras los hombres deseen vivir en común, nadie puede empezar el uso de la fuerza contra otros. Bien sea la fuerza física, o la fuerza de una ley, o norma que desarma la capacidad de defensa del otro.
Por lo tanto las normas no solo deben ser legales, deben también ser morales.
La moralidad resulta de la aceptación por elección de un código de valores. ¿Cuál es el código de valores que hoy en día origina una moralidad para dictar normas?
La moralidad de una norma debe basarse en un código de valores que coloque a la Nación y sus intereses por encima de los intereses de parte y le otorgue un mínimo de dignidad en sus procedimientos y aceptación de donaciones y de cooperación.
La norma privilegia en evidente favoritismo, al Japón y España, que tienen convenios de cooperación con Perú y no así Corea. Otorga ventaja comercial a los primeros. Eso es cuestionable, más allá del número de barcos o la intención de venir al Perú, es claramente un favoritismo cuestionable.
Se tiene que distinguir la diferencia entre errores de conocimiento y quebrantamientos de la moralidad. Un error de conocimiento no es una falta moral, siempre y cuando exista disposición a corregirla. Un quebrantamiento de la moralidad es la elección consciente de una acción que se sabe mala, o la voluntaria evasión del conocimiento, una suspensión de la vista y del pensar. Podemos permitirnos cuantos errores de conocimiento queramos; pero no se puede perdonar ni aceptar ningún quebrantamiento de la moralidad.
Solo cuando el hombre descubrió que la naturaleza era algo firme, previsible y definitivo, pudo basarse en sus conocimientos, escoger su curso, planear su futuro y, lentamente, emerger de la caverna. En nuestros días, se ha colocado a la pesquería, con su inmensa necesidad de precisión científica, en poder de demonios desconocidos, bajo el imprevisible poderío de decisiones imperfectas de funcionarios que requieren de mayor experiencia, visión más amplia y entendimiento del negocio pesquero.
En orfandad de políticas coherentes de largo plazo se espera que la industria pesquera continúe funcionando y produciendo, sin saber qué capricho de qué funcionario se abatirá sobre ella para demoler en un momento la totalidad de sus esfuerzos.
Todos los países del mundo aprovechan sus recursos naturales para conseguir su propio desarrollo y beneficio. En ello radica el crecimiento o deterioro del país y sus poblaciones.
Los convenios que continúan permitiendo la explotación del recurso Pota por flotas de países extranjeros, tienen un efecto negativo sobre la industria nacional. Para proteger la pesca artesanal de pota y sus miles de empleos, debe protegerse a la industria congeladora, que es la principal compradora de este recurso. Poner en riesgo sus posibilidades de crecimiento es atentar contra los pescadores artesanales del país.
Los gráficos(*) evidencian la importancia de los mercados japonés y coreano para las exportaciones de pota peruana. Por tanto ¿Resulta conveniente facilitar el ingreso de embarcaciones de bandera de esos países que compiten con nuestra industria?
La norma dictada se basa en recomendaciones de carácter exclusivamente técnico biológico en función a la disponibilidad y estado de la biomasa; pero omite analizar las implicancias socio económicas sobre la industria y el empleo en territorio nacional. Esta omisión hace cuestionable la norma.
NO DEBE OLVIDARSE
Es pertinente recordar que con RM 529-98-PE del 23/10/98 se formó una comisión técnica para analizar el recurso merluza, la cual presentó un informe con recomendaciones de una cuota de captura de merluza de entre 80 a 120 mil Tm. al año basándose en una estimación de una biomasa de 500,000 Tm.
Sin embargo dos años después, con el cambio de gobierno, se reunió a los empresarios de la merluza en Lima para informarles que las cifras eran erradas, que no había nada más que 200,000 Tm., que se había sobrepescado y que se impondría una veda larga de la merluza.
Eso marcó el inicio de la crisis de la merluza, basada en información oficial inexacta.
¿Existen garantías de que no se cometerá el mismo error con la pota?
LOS DERECHOS DE PESCA
La recaudación de derechos de pesca de la pota y otros recursos a cargo de PRODUCE ¿a qué es destinada? El 50% alimenta al canon pesquero, pero el otro 50% ¿A que de destina?¿A gasto corriente, a inversiones a investigación?
PRODUCE debería informar, con transparencia, sobre el destino de estos recursos al público para que el país conozca en que se emplea ese dinero y si está justificado sacrificar posibilidades de la industria congeladora y de empleo en aras de que el Estado obtenga algunos recursos directamente recaudados.
EL PELIGRO DE LA POTA
La voracidad de la pota pone en riesgo otros recursos y debe ser capturada; pero no a costa de la industria congeladora y los pescadores artesanales peruanos. Porque bajo esa excusa se podría aperturar la pesquería de la pota sin limitación alguna.
Mantener controlada la población del calamar gigante requiere de mayor estudio, investigación, concertación y consenso para el dictado de una normatividad adecuada y conveniente para una industria que está generando empleo.
No se puede normar teniendo en cuenta solamente el aspecto biológico ni favoreciendo a determinados países.
No se puede condicionar una licencia de pesca a cooperación técnica o científica porque desnaturaliza el propósito de la cooperación y la convierte en un caballo de Troya o en un cañoncito de Castilla. ¿Es que acaso la cooperación internacional que recibimos nos está pasando la factura?
Aplicar derechos de pesca altos, calculados teniendo en cuenta que el producto final no compita con el producto nacional en los mercados de destino se presenta como una mejor opción.
(*) Ver estadísticas en la edición de Julio de la Revista Pesca en:
3 de julio de 2010
Comentarios al régimen provisional para la extracción de pota
SOBRE LA RESOLUCION MINISTERIAL Nº 163-2010 -PRODUCE del 30 JUNIO 2010
Establecen régimen provisional para la extracción comercial del recurso calamar gigante o pota por embarcaciones pesqueras de bandera extranjera
Artículo 1.- Establecer el régimen provisional para la extracción comercial del recurso calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) por embarcaciones pesqueras de bandera extranjera, cuya vigencia será desde el 2 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011, en tanto, se encuentren dentro de los requisitos y exigencias previstas en la presente Resolución Ministerial.
Artículo 5.- El derecho de pesca por la extracción del recurso calamar gigante o pota por embarcaciones de bandera extranjera comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente régimen provisional, asciende a US$ 65.00 (sesenta y cinco y 00/100 dólares americanos) por cada unidad de tonelaje neto (TN) de la nave, por cada mes o fracción mayor de quince (15) días calendario de vigencia del permiso de pesca. Cuando el plazo de vigencia del permiso contempla la fracción de un mes no mayor a quince días el derecho de pesca por aquella fracción asciende al 50% del monto mensual correspondiente. El derecho de pesca por la extracción del citado recurso debe ser abonado antes de otorgarse el permiso de pesca.
Así también, por cada tonelada métrica (TM) de captura nominal transbordada del recurso calamar gigante o pota debe abonarse US$ 15.00 (quince y 00/100 dólares americanos). Dichos pagos deben efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ministerio de la Producción dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación que efectúe la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero.
INTERROGANTES
La norma omite analizar que, estas capturas realizadas en el dominio marítimo son consideradas como producto nacional por algunos de los países que obtienen esta licencia, como Corea y Japón. Por tanto ingresan a sus territorios aduaneros libre de impuestos.
El mismo recurso pota capturado en el dominio marítimo por la flota peruana y procesado en territorio peruano, está sujeto a barreras aranceles y para arancelarias en los mismos países, constituyéndose de esta manera en una suerte de competencia desleal.
Las negociaciones de un TLC con Japón, por ejemplo, insisten en no otorgar beneficios de reducción arancelaria ni para arancelaria a muchas partidas de productos pesqueros peruanos.
Sin embargo el Perú concede licencias de pesca con tasas bastante generosas como se lee en la norma, desperdiciando la oportunidad de obtener mejores condiciones de negociación y de proteger a la industria nacional que compite con el mismo recurso en desigualdad de condiciones en el mismo mercado con un recurso que además es peruano.
El límite de 250 mil toneladas permisibles de extracción de pota ¿es aplicable solo a las capturas de la flota de bandera extranjera o está incluída la flota nacional? ¿cuál es el límite máximo de extracción de pota por parte de la flota peruana? Se debe hacer público el informe técnico de Imarpe que sustenta esta cifra. El caso de la merluza hace 10 años justifica que esta información se haga pública.
Si no se concediese autorización a flotas extranjeras…¿mejoraría la posición exportadora peruana? ¿si las tasas por derechos de extracción con que se grava a la flota extranjera fuesen calculadas de forma tal que sean mayores que los derechos arancelarios que cobran esos países a los productos peruanos de pota, mejoraría la posición exportadora peruana?
COMENTARIOS
Años atrás, empresarios pesqueros extranjeros, al no conseguir abastecimiento regular y adecuado de pota por parte de exportadores peruanos, gestionan y consiguen permisos de pesca temporales para su propia flota, amparados en la norma de pesquería, (cito: “.....en forma supletoria y complementaria a la flota nacional”) a cambio del pago de derechos de pesca.
Para el mejor entendimiento del tema, en adelante denominaremos “empresarios no domiciliados” a dichos empresarios pesqueros extranjeros, en tanto éstos no están obligados a declarar renta ni a tributar en el País.
PRODUCE al autorizar esa modalidad de explotación a la flota no domiciliada, se vuelve “asociado” del negocio de la pota, percibiendo en el último decenio ingresos por concepto de derechos de pesca que constituyen ingresos propios nada despreciables para la institución.
Este asunto es legal, biológicamente razonable, pero moralmente cuestionable y resulta indebido.
Indebido, porque PRODUCE omitió cumplir con su obligación elemental que consiste en auspiciar y alentar el desarrollo de una industria pesquera de la Pota domiciliada, fuerte, moderna y estable.
A lo largo de esos mismos años, muchos empresarios domiciliados, con plantas de procesamiento capaces de especializarse en pota, exigieron justificadamente en forma aislada y sin éxito, la suspensión de los mencionados permisos por constituir competencia desleal para la industria local.
PRODUCE defendió aquellos ingresos propios y se hizo responsable de frenar el desarrollo de una pesquería especializada.
Debería analizarse la cantidad de pota trasbordada por los “no domiciliados”, evaluar cuanto genera en derechos de pesca para el PRODUCE y contrastar esa información con las exportaciones practicadas por empresas domiciliadas y los beneficios colaterales que genera. Son obvias las ventajas resultantes de auspiciar a la industria domiciliada y no a la “no domiciliada”.
La oferta de pota de la flota de bandera extranjera ingresa al mercado asiático como producto nacional proveniente de ultramar con arancel cero, mientras que la oferta exportable peruana enfrenta barreras arancelarias y para-arancelarias.
La industria congeladora peruana (domiciliada), procesadora de recursos hidrobiológicos para el consumo cuenta con la pota como su principal recurso, como lo demuestran las estadísticas.
Con relación a la flota potera nacional ésta ciertamente clasifica como artesanal, pescó bien en el pasado y pescará mejor en un marco legal y comercial coherente. Esa flota también es capaz de crecer y modernizarse siempre que pueda hacer buen negocio. La falta de visión de pocos funcionarios del Estado no constituye argumento para condenarla y abandonarla.
La industria congeladora tiene capacidad instalada en tierra suficiente para procesar pota. Difícilmente invertirá en barcos calamareros que procesen a bordo, puesto que la flota artesanal provee este recurso generando empleo. La inversión en flota de altura para jurel y caballa es un tema diferente por la situación específica de esos recursos.
Artículo 5.- El derecho de pesca por la extracción del recurso calamar gigante o pota por embarcaciones de bandera extranjera comprendidas dentro del ámbito de aplicación del presente régimen provisional, asciende a US$ 65.00 (sesenta y cinco y 00/100 dólares americanos) por cada unidad de tonelaje neto (TN) de la nave, por cada mes o fracción mayor de quince (15) días calendario de vigencia del permiso de pesca. Cuando el plazo de vigencia del permiso contempla la fracción de un mes no mayor a quince días el derecho de pesca por aquella fracción asciende al 50% del monto mensual correspondiente. El derecho de pesca por la extracción del citado recurso debe ser abonado antes de otorgarse el permiso de pesca.
Así también, por cada tonelada métrica (TM) de captura nominal transbordada del recurso calamar gigante o pota debe abonarse US$ 15.00 (quince y 00/100 dólares americanos). Dichos pagos deben efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ministerio de la Producción dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación que efectúe la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero.
INTERROGANTES
La norma omite analizar que, estas capturas realizadas en el dominio marítimo son consideradas como producto nacional por algunos de los países que obtienen esta licencia, como Corea y Japón. Por tanto ingresan a sus territorios aduaneros libre de impuestos.
El mismo recurso pota capturado en el dominio marítimo por la flota peruana y procesado en territorio peruano, está sujeto a barreras aranceles y para arancelarias en los mismos países, constituyéndose de esta manera en una suerte de competencia desleal.
Las negociaciones de un TLC con Japón, por ejemplo, insisten en no otorgar beneficios de reducción arancelaria ni para arancelaria a muchas partidas de productos pesqueros peruanos.
Sin embargo el Perú concede licencias de pesca con tasas bastante generosas como se lee en la norma, desperdiciando la oportunidad de obtener mejores condiciones de negociación y de proteger a la industria nacional que compite con el mismo recurso en desigualdad de condiciones en el mismo mercado con un recurso que además es peruano.
El límite de 250 mil toneladas permisibles de extracción de pota ¿es aplicable solo a las capturas de la flota de bandera extranjera o está incluída la flota nacional? ¿cuál es el límite máximo de extracción de pota por parte de la flota peruana? Se debe hacer público el informe técnico de Imarpe que sustenta esta cifra. El caso de la merluza hace 10 años justifica que esta información se haga pública.
Si no se concediese autorización a flotas extranjeras…¿mejoraría la posición exportadora peruana? ¿si las tasas por derechos de extracción con que se grava a la flota extranjera fuesen calculadas de forma tal que sean mayores que los derechos arancelarios que cobran esos países a los productos peruanos de pota, mejoraría la posición exportadora peruana?
COMENTARIOS
Años atrás, empresarios pesqueros extranjeros, al no conseguir abastecimiento regular y adecuado de pota por parte de exportadores peruanos, gestionan y consiguen permisos de pesca temporales para su propia flota, amparados en la norma de pesquería, (cito: “.....en forma supletoria y complementaria a la flota nacional”) a cambio del pago de derechos de pesca.
Para el mejor entendimiento del tema, en adelante denominaremos “empresarios no domiciliados” a dichos empresarios pesqueros extranjeros, en tanto éstos no están obligados a declarar renta ni a tributar en el País.
PRODUCE al autorizar esa modalidad de explotación a la flota no domiciliada, se vuelve “asociado” del negocio de la pota, percibiendo en el último decenio ingresos por concepto de derechos de pesca que constituyen ingresos propios nada despreciables para la institución.
Este asunto es legal, biológicamente razonable, pero moralmente cuestionable y resulta indebido.
Indebido, porque PRODUCE omitió cumplir con su obligación elemental que consiste en auspiciar y alentar el desarrollo de una industria pesquera de la Pota domiciliada, fuerte, moderna y estable.
A lo largo de esos mismos años, muchos empresarios domiciliados, con plantas de procesamiento capaces de especializarse en pota, exigieron justificadamente en forma aislada y sin éxito, la suspensión de los mencionados permisos por constituir competencia desleal para la industria local.
PRODUCE defendió aquellos ingresos propios y se hizo responsable de frenar el desarrollo de una pesquería especializada.
Debería analizarse la cantidad de pota trasbordada por los “no domiciliados”, evaluar cuanto genera en derechos de pesca para el PRODUCE y contrastar esa información con las exportaciones practicadas por empresas domiciliadas y los beneficios colaterales que genera. Son obvias las ventajas resultantes de auspiciar a la industria domiciliada y no a la “no domiciliada”.
La oferta de pota de la flota de bandera extranjera ingresa al mercado asiático como producto nacional proveniente de ultramar con arancel cero, mientras que la oferta exportable peruana enfrenta barreras arancelarias y para-arancelarias.
La industria congeladora peruana (domiciliada), procesadora de recursos hidrobiológicos para el consumo cuenta con la pota como su principal recurso, como lo demuestran las estadísticas.
Con relación a la flota potera nacional ésta ciertamente clasifica como artesanal, pescó bien en el pasado y pescará mejor en un marco legal y comercial coherente. Esa flota también es capaz de crecer y modernizarse siempre que pueda hacer buen negocio. La falta de visión de pocos funcionarios del Estado no constituye argumento para condenarla y abandonarla.
La industria congeladora tiene capacidad instalada en tierra suficiente para procesar pota. Difícilmente invertirá en barcos calamareros que procesen a bordo, puesto que la flota artesanal provee este recurso generando empleo. La inversión en flota de altura para jurel y caballa es un tema diferente por la situación específica de esos recursos.
19 de junio de 2010
UNA NUEVA CAMPAÑA ELECTORAL
El país está muy próximo al inicio de una nueva campaña electoral para elegir gobiernos regionales, gobiernos locales y gobierno central.
Nuevamente seremos blanco de múltiples promesas y ofertas electorales con el objeto de convencernos para votar por uno u otro candidato. No votaremos por doctrinas, sistemas, o programas. Los peruanos votamos por personas. Nos entusiasma el hombre de mayor carisma. Somos demasiado emocionales para no entusiasmarnos con el mejor discurso, por el verbo más florido y el carácter mas aguerrido de un candidato.
Necesitamos madurez cívica para votar en base a la evaluación de doctrinas y de programas de gobierno.
Probablemente el país jamás sepa las razones; pero la realidad es que este gobierno termina sin haber cumplido su oferta para el sector pesquero.
Un engaño similar no puede permitirlo la sociedad civil.
Los recursos pesqueros nada tienen que ver con este modelo político que aqueja constantemente a la colectividad peruana.
Los problemas de regulación pesquera, de informalidad, de injusticia en la distribución de la renta generada con un recurso que pertenece a la nación, de atentado contra el ambiente, son ajenos al interés de la colectividad, que vive de espaldas al mar. Pero poco a poco la naturaleza impondrá su propio paisaje y nos pasará la factura de este desinterés.
El futuro de las pesquerías depende de la seriedad y tecnicismo con los cuales el país enfrente el reto de conducir la extracción y procesamiento de los recursos pesqueros.
Estamos próximos a disponer de la oportunidad, que se nos presenta cada 5 años, de elegir un gobierno que asuma la responsabilidad de trazar una política pesquera de largo plazo que asegure fundamentalmente la sostenibilidad de las pesquerías y la alimentación nacional.
Estamos muy cercanos a la posibilidad de que los movimientos y partidos políticos oferten al país una política que se convierta en medidas acertadas que, aseguren la provisión de recursos hidrobiológicos a las futuras generaciones de peruanos y que garantice al ecosistema marino de Humboldt, y a los ecosistemas lacustres y fluviales la posibilidad de mantener un estado saludable.
La Sociedad tiene que establecer mecanismos que la protejan del discurso vacío, engañoso y atentatorio contra sus derechos.
Si no enfrentamos con seriedad el reto de diseñar una política de largo plazo, nos enfrentaremos a consecuencias poco felices en el escenario de un mundo globalizado amenazado por el cambio climático y la contaminación. Un mundo en el cual la provisión de alimentos y de agua serán los principales desafíos. Un escenario en el cual el país dispone de las mejores ventajas para convertir su potencial pesquero en una herramienta de desarrollo y en una ventaja competitiva. Poseemos un potencial pesquero superior al de cualquier otra nación.
La historia nos juzgará por nuestra capacidad de convertir ese potencial en una ventaja para sobrevivir e impulsar el desarrollo de un pueblo largamente olvidado por un estilo de gobierno que solamente mira el corto plazo, la necesidad inmediata, la satisfacción de intereses de grupo y la vanidad del poder.
Los planes de gobierno para el sector pesquero deben ser instrumentos de ejecución técnicos y no demagógicos. Debieran ser debatidos y enriquecidos por el país en su conjunto y en especial por quienes cuya experiencia, calidad y capacidad tienen algo que aportar.
Se requiere de líderes técnicos que enfrenten y resuelvan los problemas de la pesquería con voluntad y decisión política para alcanzar los dos objetivos básicos: Pesquerías ordenadas que aseguren su sostenibilidad y que provean de alimentación prioritariamente a la población del país.
SE NECESITA LIDERAZGO CAPAZ PARA GERENCIAR EL SECTOR PESQUERO PERUANO. NO SE NECESITA POLITICOS O TECNOCRATAS SIN EXPERIENCIA. SE NECESITA CAPACIDAD CON EXPERIENCIA.
Deseamos que el movimiento o partido político ganador tenga la voluntad suficiente para ejecutar lo que ofrezca y coloque al sector en manos de técnicos apropiados que puedan cumplir con la decisión y la voluntad política expresada en una política de Estado consensuada que asegure su sostenibilidad en el largo plazo.
La natural pasividad, servilismo y temor ante la autoridad con los cuales el sistema cuenta para protegerse a sí mismo, son los peores enemigos del desarrollo de una Nación que enfrenta el desafío de sobrevivir en un escenario climático y natural crítico y agresivo para la continuidad de las especies, no visto antes por las últimas generaciones.
No podemos darnos el lujo de ser pasivos ante la indecisión y ante el manejo inadecuado de los recursos pesqueros y naturales. No podemos darnos el lujo de subordinar los intereses nacionales a los intereses de parte porque corremos el riesgo de llegar a un límite que nos lleve a no poseer más los recursos pesqueros que hoy tenemos y que no valoramos debidamente porque sacrificamos las cosas importantes en el altar de las urgencias y de los apetitos personales.
Esperamos un plan de gobierno que trace una política de largo plazo e inicie un proceso de reducción de la perversidad de un sistema concebido para que el técnico y el experto se sometan a una autoridad política temporal sin garantía alguna de idoneidad o capacidad.
El Estado debe comportarse como si fuera socio del empresario pesquero, entendiendo al pescador artesanal como un empresario también y no como su verdugo. El Estado debe ser el socio estratégico que asegura la sostenibilidad de las pesquerías. Solo así la industria pesquera peruana será atractiva para la inversión y hará más viable sus posibilidades de acceder a y competir en los mercados internacionales e ingresar al mercado nacional. El Estado tiene que aplicar medidas técnicas para la conservación de la especies y actuar con rigor científico. El Estado tiene que incentivar el desarrollo de una nueva pesquería que priorice la alimentación nacional.
El futuro de la pesca en el país depende de las acciones que desarrolle la nueva administración desde el primer día en beneficio de generar una política de desarrollo para el corto, mediano y largo plazo.
La nueva administración de pesquería deberá elaborar una política pesquera que pueda mejorar gradualmente su capacidad de lograr una pesca sostenible a la vez que contribuye a sus objetivos de desarrollo, incluidos el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos pesqueros en el contexto de la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible.
El desarrollo sostenible de la pesca exigirá una mejor forma de gobierno y la introducción de cambios en la perspectiva de los principales interesados para centrarse más en los resultados a largo plazo.
El nuevo modelo de gestión de las pesquerías deberá procurar instrumentar en el mediano y largo plazo mecanismos más adecuados para la conservación de los recursos y su ambiente basados en el conocimiento científico y tecnológico, evitando en lo posible ser un instrumento de alcances inmediatos, propiciados únicamente por intereses económicos o agendas políticas.
Las medidas de ordenación pesquera deben estar orientadas a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos pesqueros. Éstos no son sujetos de apropiación individual por ser de propiedad común. Su ámbito recae en las normas jurídicas que regulan el uso de los recursos naturales que constituyen un bien patrimonial de la nación.
Es deber del Estado desarrollar y promover la idea de una pesquería sostenible mediante la aplicación de planes de gestión a largo plazo para las poblaciones de peces, basados en información científica sólida, lo que pondría fin al problema político y social sobre la pesca, sustituyéndolo por objetivos de capturas fijados dentro de limites biológicos y un esfuerzo pesquero adaptado a estos objetivos.
El reto es:
ASEGURAR PESQUERIAS SOSTENIBLES PARA EL RESTO DEL MILENIO PRIVILEGIANDO LA ALIMENTACION NACIONAL
30 de mayo de 2010
QUE SIGNIFICA UNA PESQUERIA SUSTENTABLE EN TERMINOS PRACTICOS
LA INVESTIGACION CIENTIFICA
La sostenibilidad y el ordenamiento de las pesquerías son los principales y primeros objetivos que debe proponerse la nueva administración de pesquería. Sin embargo no es suficiente hablar de sostenibilidad, es preciso hacer cosas concretas. No es suficiente hablar de enfoque ecosistémico, sino avanzar en pro de conseguirlo.
El discurso político no es suficiente. Es menester voluntad y decisión política.
Para ir hacia la sostenibilidad se necesita información científica amplia y sólida, no solamente de la anchoveta, sino de todos los recursos. Para obtenerla es necesario hacer investigación.
El país dispone del Instituto del Mar del Perú, ampliamente competente para hacer investigación, con un sólido prestigio internacional y con elevada capacidad científica y de investigación. Pero con serios problemas de orden presupuestal, no direccional.
El problema de fondo es la disponibilidad de recursos adecuados que le permitan renovar sus embarcaciones científicas, desarrollar programas de investigación y remunerar adecuadamente a sus técnicos y científicos.
El presupuesto que se le asigna es insuficiente siempre.
Es inaceptable que un país como el Perú, que desembarca los volúmenes más grandes de anchoveta del planeta y que exporta más de dos mil millones de dólares anuales no pueda disponer de un presupuesto adecuado para investigación.
Analizando las cifras de la comercialización de productos hidrobiológicos, es totalmente correcto presumir que el origen de fondos para el IMARPE puede y debe provenir del sector privado pesquero y el artesanal, quienes son finalmente los beneficiarios.
No es adecuado tener un Instituto de investigación postrado en la limitación de dinero escaso, buscando cooperación financiera internacional, lo cual debería ser vergonzoso cuando vemos los injustos e insuficientes aportes por impuesto a la renta y derechos de pesca provenientes de la actividad pesquera.
Para tener investigación adecuada y avanzar en el proceso de hacer sostenibles a nuestras pesquerías se tiene que actuar ampliando la contribución de todos los agentes del sector. No es admisible permitir que se continúe extrayendo recursos naturales a costos insignificantes o a costo cero por algunas pesquerías.
Con una mejor captación de recursos financieros proveniente de nuestras propias fuentes, podremos generar información científica para ordenar las pesquerías con un enfoque ecosistémico que las haga sustentables.
El siguiente paso debería ser dar al IMARPE la suficiente autonomía administrativa que le permita actuar con flexibilidad y sin la rigidez extrema de un sistema de administración pública ineficiente e inoperante basado en la presunción de desconfianza.
En ese orden de cosas la Institución podrá crecer, desarrollarse y establecer alianzas con las Universidades e institutos de investigación y convertirse en una organismo científico moderno, flexible y con capacidad de realizar la investigación que la pesquería peruana necesita y reclama.
El diseño de un nuevo modelo de gestión pesquera es y será posible solamente si la administración dispone de un ente científico sólido.
No se puede gobernar, administrar ni ordenar lo que no se conoce. Mientras no conozcamos a profundidad nuestros recursos pesqueros, sus biomasas, los límites máximos de extracción de cada recursos, y sus períodos de desove para fijar vedas, el ordenamiento seguirá siendo un componente más de las declaraciones líricas de los discursos políticos irrelevantes, ociosos, y parciales.
Un Instituto del Mar administrativamente autónomo y financieramente sólido será capaz de decirnos qué recursos pesqueros tenemos y cómo y cuando extraerlo. Incluyendo a la pesquería continental.
Si no tenemos eso...no tenemos nada. Solo incendios que nos vemos obligados a apagar constante-mente hasta que uno muy grande destruya toda la edificación.
Solamente se requiere de voluntad y decisión política.
En una coyuntura electoral en la que muchos lideres pelean por recibir el mandato del país para gobernarnos, no es suficiente enumerar o hacer una lista de objetivos para la implementación de un programa, o de una política para el sector pesquero. Es necesario ejecutar lo que se ofrece en forma técnica.
La sustentabilidad de las pesquerías es una necesidad, una aspiración y una obligación. Preservar todos los recursos pesqueros significa ampliar la posibilidad de su transformación y subsiguientes efectos económicos, laborales y alimentarios.
La exportación de productos pesqueros no debería suceder a expensas de la degradación de los ecosistemas, de las necesidades locales de consumo, ni debería provocar impactos sociales ni económicos adversos. La contribución del sector vía derechos de pesca e impuesto a la renta debe ser proporcional al impacto que causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, y no solamente basarse en un impuesto a la renta aplicado sobre utilidades.
El problema de la gestión depende sobre todo de los políticos, que tienen un comportamiento poco previsor. En muchas ocasiones se toman decisiones que no solo van en contra de la opinión científica, sino incluso contra el sentido común. Nosotros los elegiremos el 2011.
¿Qué significa una pesquería sostenible en términos prácticos?
Significa que el tamaño de la industria extractiva y transformadora no puede ser de libre elección por el inversionista. La capacidad extractiva tiene que estar en función al tamaño de la biomasa susceptible de ser extraída. La investigación científica debe decir el tamaño total de cada una de las biomasas de las especies comercialmente explotables, determinar sus tallas mínimas de captura, épocas de desove para suspender la actividad durante ese período y la cuota anual global permisible de extracción reservando una parte para el mantenimiento poblacional y la que fuese necesaria desde el enfoque ecosistémico.
Esta información permitiría determinar si la actual capacidad de realizar esfuerzo pesquero proveniente de la flota artesanal e industrial es coherente con los límites admisibles. De ahí se derivarán acciones de reducción del esfuerzo o de fomento del mismo en aquellas pesquerías que lo ad-mitan.
En función al tamaño posible de la materia prima susceptible de extraer se puede dimensionar correctamente la capacidad de transformación para la industria del CHD y del CHI, derivándose el mismo tipo de medidas aplicables a la actividad extractiva
Fomentar las inversiones en extracción o transformación sin disponer de la información mencionada anteriormente es inadecuado y puede llevar el esfuerzo pesquero a niveles inconvenientes para el inversionista y para la sostenibilidad del ecosistema.
Las reglas del mercado no operan en este escenario puesto que el recurso pesquero no aumenta en función a la demanda.
La información científica disponible que permite actuar razonablemente está centrada en la anchoveta, lo cual ha permitido gestionar su pesquería de forma aceptable. No podemos decir lo mismo de la pota, del perico, del jurel y la caballa que son las otras especies abundantes y disponibles. Menos información aún se dispone de los recursos capturados por la actividad artesanal como los bentónicos por ejemplo.
Será un tiempo largo el que tome llegar a estos niveles de información y de ordenamiento; pero debe constituir un objetivo político de largo plazo y aceptado por la comunidad pesquera como inevitable.
Además de definido como tal, tiene que proveerse de los recursos económicos necesarios para que la investigación se realice en las mejores condiciones posibles.
8 de mayo de 2010
SOSTENIBILIDAD
EL APORTE DEL ENFOQUE ECOSISTÉMICO A LA SOSTENIBILIDAD PESQUERA
Las empresas no consideran como costos la contaminación ni los daños ambientales que producen, así que no tienen límites en cuanto a su explotación, que no sean los estrictamente económicos. De hecho, en la mayoría de los casos las empresas incluyen en la contabilidad de sus beneficios y de sus costos, los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente y la comunidad, sólo si existe una normativa que les obligue a pagar por su reparación o compensación.
Cuando una empresa causa un daño a la colectividad, la responsabilidad moral es clara, pero surgen varias interrogantes. ¿De quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién tiene que hacerse cargo del costo de saneamiento de los lugares contaminados y de la reparación de los daños? ¿Y quién tiene que pagar a las víctimas cuando los daños son irreversibles, la sociedad en su conjunto o el causante de la contaminación? ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada?
En cuanto a la valoración, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contexto complejo y de fuerte incertidumbre? Y, ¿cómo valorar los daños ambientales? Con relación al efecto de la pesca de anchoveta sobre el ecosistema marinos se desconoce: las condiciones de “buena salud” del ecosistema previo a la actividad pesquera, los límites y fronteras de los ecosistemas, el tipo y número de respuestas del ecosistema en función del número de artes y métodos pesqueros, las respuestas individuales a nivel de especies, etc.
En general, los ecosistemas son sistemas muy complejos donde las interacciones crecen exponencialmente a medida que aumenta el número de especies; por lo tanto, el número de respuestas y el efecto de la pesca puede ser alto y también muy diferente. Aún no conocemos bien los impactos a corto plazo desagregados de la pesca sobre los ecosistemas y es más difícil aún prever el impacto a largo plazo.
Se conoce que debido a que la pesca remueve un porcentaje de una o varias especies del ecosistema, ésta afecta con distinta intensidad las relaciones presa-predador.
Predadores grandes con ciclos de vida larga y presas pequeñas con ciclos de vida corta constituyen las principales fuentes de captura de peces. La mayoría de las especies de captura comercial se ubican en los niveles tróficos altos o cercanos a ellos, y medios. La eliminación sustancial de las presas conduce a un desequilibrio trófico que se refleja en una menor abundancia y variabilidad del predador.
En general, la pesca reduce los niveles tróficos, altera las relaciones presa-predador y puede inicialmente incrementar las capturas para luego reducir los rendimientos pesqueros. Además, la pesca puede cambiar las velocidades de crecimiento y la mortalidad tanto de las especies objetivo como de las especies asociadas o de-pendientes.
Cuando la sobrepesca se mantiene por encima del umbral de resiliencia y los límites se han excedido por un efecto combinado de la destrucción del hábitat y por la pesca, es muy dudosa la recuperación del ecosistema.
Cuando se sustraen especies del ecosistema por la pesca, la productividad total puede no cambiar drásti-camente pero sí su resiliencia y estabilidad. Se conoce que la pesca puede alterar la diversidad, pero sus efectos a largo plazo en los ecosistemas marinos no están claramente conocidos. Pero se conoce que estos ecosistemas pierden valor o atractivo para otros usos, como por ejemplo el turismo. Se presume que, cambios en la biodiversidad dados por la pesca producen una disminución en la resiliencia de especies, comunidades y ecosistemas.
Existen especies en las capturas sobre las cuales no hay información. Los informes sobre los descartes pesqueros y las capturas incidentales son muy raros así como la información sobre la pesca ilegal. Bajo estas circunstancias la captura incidental (by-catch) puede llegar a ser significativa.
Según el paradigma de extracción dominante, el esquema de capturas actual se basa en pesquerías in-dustriales monoespecíficas de especies tales como la merluza y la anchoveta.
Siendo la anchoveta un eslabón importante de la cadena trófica, constituyéndose en forraje o alimento de otras especies, su disminución presiona hacia su extinción a la diversidad de especies de la cadena trófica superior.
La pesca monoespecífica no es sostenible ecológica y socialmente puesto que destruyen tanto la eco-nomía de la naturaleza como la economía de las personas.
La extracción principal basada en la pesquería de una sola especie viene a convertirse en amenaza para la conservación de la biodiversidad y de la sostenibilidad, tanto en sus dimensiones de recurso natural como en la socioeconómica.
El crecimiento de las exportaciones pesqueras se ha basado en la intensificación de la extracción a expensas del ecosistema.
Existen claramente dos significados diferentes de “sostenibilidad”. El verdadero significado se refiere a la sostenibilidad de las personas y la naturaleza. Comprende un reconocimiento de que la naturaleza es el soporte de nuestras vidas y subsistencias, es la fuente primaria del sustento. Sostener la naturaleza implica mantener la integridad de los procesos, ciclos y ritmos de la naturaleza.
Implica asumir la conciencia de que las normas deben dictarse basadas en un claro concepto de ecosistema.
Existe un segundo tipo de “sostenibilidad” que se refiere al mercado. Comprende el mantenimiento de suministros de materias primas para la producción industrial y el consumo local y global a larga distancia.
Dentro de este significado, los mercados crecen mientras que los recursos pesqueros se empobrecen. El tema es hacer disponibles rendimientos sostenibles de recursos para la alimentación nacional y mundial.
El reto es exportar el mismo valor FOB y/o incre-mentarla, pero con menores volúmenes de recursos pes-queros. Lo que nos lleva a producir mayor valor agregado para consumo humano directo.
El elogio constante a la producción y exportación de harina de pescado solamente alcanza a la comprensión de un pequeño sector nacional, que además no percibe íntegramente el escenario.
EL RECURSO PESQUERO NO AUMENTA EN FUNCION A LA DEMANDA
14 de marzo de 2010
PLAN DE GOBIERNO INCUMPLIDO
PARTIDO APRISTA PERUANO - PLAN DE GOBIERNO 2006-2011
II. PLAN DE ACCION INMEDIATA – 180 DIAS
6. Seguridad Alimentaria.
Ampliar la entrega del vaso de leche.
Restituir el Ministerio de Pesquería. NO SE HA CUMPLIDO.
E. PROMOCION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION
159. Concertar un Programa Nacional de Pesca para consumo humano directo de calidad, mediante la reestructuración de la flota. NO SE HA CUMPLIDO.
D. PESQUERIA Y ACUICULTURA
254. Considerar al Sector Pesquero como fuente primordial para la alimentación y prevención de la salud para la población nacional pobre y en extrema pobreza, especialmente de madres gestantes y lactantes y de niños de tres años, orientado a reducir la desnutrición (proteínas, calorías) y eliminar la malnutrición (vitaminas y minerales), en un plazo de diez años, mediante el consumo de pescado- Anchoveta, de 14.2 Kg./ hab. a 31.1Kg./ hab., complementado con productos regionales (papa, camote, quinua, maíz, entre otros), mediante la comercialización de cadenas y cluster privados. EL AVANCE ES POBRE Y NO ARTICULADO DEBIDAMENTE.
255. Impulsar el desarrollo de la Acuicultura Marítima (langostinos, concha de abanico, choros, abalones, turbot, engorde de atunes), Lacustre (tilapia, trucha) y Fluvial (gamitana, paiche y peces ornamentales), para desarrollar productos competitivos y de alto valor agregado, que generen trabajo y divisas. Para consolidar esta actividad proponemos crear el Instituto de Desarrollo de la Acuicultura (IDEA). NO SE HA CUMPLIDO.
256. Impulsar la implementación de un adecuado Reordenamiento Pesquero concertado. NO SE HA CUMPLIDO.
257. Proponer que en el Reordenamiento del Estado, se considere que el Sector Pesquero debe estar incluido dentro del primer nivel de decisión política y que el Instituto del Mar del Perú se reubique fuera del sector pesquero, pero dentro del más alto nivel del Estado. NO SE HA CUMPLIDO.
258. Proponer que el Rol del Estado en el sector pesquero sea el de promover, facilitar y regular su desarrollo, con participación del sector privado, quien asume la inversión y gestión en todas las actividades de extracción, transformación y comercialización. NO SE APRECIAN AVANCES.
259. Reafirmar nuestra soberanía territorial marítima de las 200 millas.
260. Sostener que es de interés nacional preservar las especies pelágicas y declarar la zona costera de las 5 millas, para pesca exclusiva de los pescadores artesanales. NO SE HA CUMPLIDO.
261. Proponer la modernización y construcción de embarcaciones artesanales con tecnología y asignación de líneas de créditos; propiciaremos que las embarcaciones industriales estén dotadas de adecuadas bodegas refrigeradas y aparejos apropiados para pesca de consumo humano directo e indirecto; promoveremos la presencia de flota nacional para pesca de altura, bacalera y atunera; y prohibiremos la construcción de nuevas embarcaciones industriales. NO SE HA CUMPLIDO.
262. Propiciar que el desarrollo de la pesca de pota, atún y especies pelágicas principalmente anchoveta, jurel y caballa, se destine para el consumo humano interno, para la industria nacional (conservas, etc.) y la exportación; así como la investigación y utilización de nuevas especies pesqueras. NO SE HA CUMPLIDO.
263. Impulsar la consolidación del Perú como “primer país de extracción de especies para la producción y exportación de harina y aceite de pescado de alto valor agregado”. EL AVANCE ES EXCLUSIVO DEL SECTOR PRIVADO Y NO DERIVADO DE UNA ACCION DE ESTADO.
264. Proponer la consolidación y el fortalecimiento del Fondo de Desarrollo Pesquero, como ente financiero. LA ENTIDAD NO ES SOLAMENTE FINANCIERA, ES RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO ACUICOLA Y LUEGO UNA FUSION INCONVENIENTE CON EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA TIENE RESPONSABILIDAD EN CAPACITACION.
265. Fortalecer el aseguramiento de salud y de jubilación de los pescadores incluyendo en forma efectiva a los pescadores artesanales, a través de consolidar la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, convirtiéndola en institución especializada y competitiva. EL PROBLEMA DE LA CAJA CONTINUA.
266. Propiciar el desarrollo de la investigación científica, tecnología e innovación. NO SE APRECIA AVANCE ALGUNO.
267. Apoyar la presencia del PERU en la Antártida.
Se han incumplido la mayor parte de los puntos ofrecidos en el Plan de Gobierno, especialmente el referido a la restitución del Ministerio de Pesquería.
El sector ha tenido un importante logro en colocar al país en un excelente ranking mundial de sostenibilidad de la pesquería de anchoveta como se reconoce en la “EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA BIODIVERSIDAD, LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA DE 53 PAÍSES”, editado por Jackie Alder y Daniel Pauly.
Otro logro importante ha sido el primer paso en el ordenamiento de la pesquería de anchoveta merced al Decreto Legislativo 1084, que aprobó los límites máximos de captura por embarcación, y sobre el cual el Tribunal Constitucional señaló que la regulación contenida en él también es compatible con una de las materias específicas que fueron delegadas por la Ley 29157, como es la mejora del marco regulatorio del sector pesquero en lo que respecta a los recursos de anchoveta y anchoveta blanca, afirmando que el establecimiento de límites máximos de captura por embarcación es constitucional en la medida que busca tutelar el derecho de toda persona a disfrutar de un entorno ambiental idóneo para el desarrollo de su existencia, pues se orienta a garantizar la adecuada captura y extracción del recurso de anchoveta y anchoveta blanca.
Sin embargo ambos logros no se encuentran contenidos en la oferta electoral y fueron alcanzados por una administración independiente, no por Ministros ni viceministros del Partido de Gobierno.
Aparentemente, en lo que queda de este gobierno, no se verá un intento de rectificar y cumplir algunas de las ofertas electorales. Durante esta administración, al parecer, no se verá un Ministro ni Viceministro aprista que rectifique en algo el incumplimiento de la oferta electoral hecha durante la campaña.
Dos de los OPD del sector tuvieron un jefe del Partido durante algún tiempo. Dos OPDs fueron fusionadas innecesariamente (FONDEPES Y EL CEP PAITA). De los tres organismos públicos del sector que quedan a la fecha, ninguno de ellos está dirigido por funcionarios del Partido gobernante.
Al parecer, el régimen terminará su período sin presencia aprista en el sector pesquero.
Para colocar la actividad pesquera en un contexto de desarrollo sostenible, la política debe afrontar específicamente las relaciones recíprocas entre el presente y el futuro en lo que respecta al agotamiento de las poblaciones ícticas, así como a los efectos perjudiciales de la actividad pesquera en los asentamientos costeros y el vertido de residuos sobre ecosistemas marinos más amplios.
Para realizar una gestión política de ordenamiento pesquero se necesita conocer, tener cierta especialización y cierto orden en los procedimientos. Pero solo ello no basta. Es necesario contar con capacidad de comunicación, habilidad de trabajo en equipo, herramientas como la negociación y el manejo de conflictos, interpretación de comportamientos sociales y capacidad de análisis y síntesis de problemas y soluciones. Igualmente, integridad moral, principios y ética compatibles con la protección y desarrollo de los recursos pesqueros.
Los ministerios son los responsables en el rol del Estado para promover el desarrollo en su ámbito. La forma general de gestión fragmentada y sectorializada tiene como expresiones concretas una alta desestructuración entre las instancias estatales que realizan tareas similares, propicia la duplicidad de esfuerzos, compone bases de datos no compatibles, vela por los intereses institucionales específicos antes que los del conjunto del territorio, reduce la capacidad de prevenir conflictos y mantiene un escaso conocimiento del valor de los daños y perjuicios que causa la improvisación y la inexperiencia.
Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible.
Una política exitosa debe basarse en un proceso de planificación completo e integrado, para armonizar los valores culturales, económicos, ambientales y para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico. Sin un proceso integrado de planificación, ni de participación ciudadana, tiende a ser incompleta, desintegrada y sectorial.
La actividad pesquera viene siendo manejada en una forma muy poco eficiente y no sostenible, originando al Estado grandes pérdidas de renta y costos sociales y ambientales muy altos, ya ha afectado la composición y estructura ecosistémica, ha reducido la productividad del sistema, afecta la salud de las poblaciones costeras y mantiene a la mayoría de participantes del sector en niveles de pobreza.
En general, los grandes beneficios económicos del sector pesquero alcanzan a una fracción mínima del empresariado pesquero y genera rentas mínimas al Estado que no permiten el financiamiento adecuado de programas sociales o la investigación y programas de monitoreo, control y supervisión necesarios para el manejo sostenible de los recursos. No genera beneficios para la gran mayoría de la población ni provee alimentación a los sectores de menores recursos, especialmente los alejados de la costa.
El país tendrá que esperar un nuevo gobierno para desarrollar una Política de Estado que asegure una pesquería sostenible, a menos que se den los primeros pasos en lo queda de esta administración.
12 de marzo de 2010
El nuevo FONDEPES
MALAS MANERAS
Esta emblemática institución del sector pesquero artesanal peruano cuenta desde marzo 2010 con un nuevo Reglamento de Organización y Funciones.
Por mandato de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del DS 034-2008-PCM, esta entidad no cuenta ya con un Consejo Directivo, el cual ha cesado en sus funciones.
Un nuevo Jefe ha sido designado en reemplazo de su último presidente, el economista Cesar Vargas Luna quien ha sido cesado abruptamente. Los relevos de los cargos de confianza son válidos, sin embargo es censurable la forma como se ha hecho en este caso. No es correcto que el funcionario se entere leyendo la Resolución de cese en el diario El Peruano, en lugar de recibir la noticia, primero, de la autoridad que lo cesa en sus funciones.
César Vargas Luna, jefe del Plan de Gobierno del sector pesquero del partido de gobierno, deja el cargo luego de una gestión marcada por su honestidad, sencillez, don de gentes y compromiso con el sector pesquero artesanal. Abandonado por su partido deja el equipo de gobierno digno, tranquilo, sereno, y afable como siempre. Representa uno de los últimos exponentes de un APRA identificada con los ideales de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Una gran pérdida para el sector.
Su recuerdo quedará marcado para siempre entre los pescadores artesanales y entre la gente que lo conoció y tuvo el honor de trabajar con él.
El partido de gobierno en este último tramo de su gestión ya no posee líderes en el sector. Vargas Luna deja el recuerdo de una gestión memorable y una sensación de frustración por el incumplimiento de las ofertas del Plan de Gobierno que el APRA ofreció al país en la campaña electoral.
Esta emblemática institución del sector pesquero artesanal peruano cuenta desde marzo 2010 con un nuevo Reglamento de Organización y Funciones.
Por mandato de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y del DS 034-2008-PCM, esta entidad no cuenta ya con un Consejo Directivo, el cual ha cesado en sus funciones.
Un nuevo Jefe ha sido designado en reemplazo de su último presidente, el economista Cesar Vargas Luna quien ha sido cesado abruptamente. Los relevos de los cargos de confianza son válidos, sin embargo es censurable la forma como se ha hecho en este caso. No es correcto que el funcionario se entere leyendo la Resolución de cese en el diario El Peruano, en lugar de recibir la noticia, primero, de la autoridad que lo cesa en sus funciones.
César Vargas Luna, jefe del Plan de Gobierno del sector pesquero del partido de gobierno, deja el cargo luego de una gestión marcada por su honestidad, sencillez, don de gentes y compromiso con el sector pesquero artesanal. Abandonado por su partido deja el equipo de gobierno digno, tranquilo, sereno, y afable como siempre. Representa uno de los últimos exponentes de un APRA identificada con los ideales de su fundador, Víctor Raúl Haya de la Torre. Una gran pérdida para el sector.
Su recuerdo quedará marcado para siempre entre los pescadores artesanales y entre la gente que lo conoció y tuvo el honor de trabajar con él.
El partido de gobierno en este último tramo de su gestión ya no posee líderes en el sector. Vargas Luna deja el recuerdo de una gestión memorable y una sensación de frustración por el incumplimiento de las ofertas del Plan de Gobierno que el APRA ofreció al país en la campaña electoral.
13 de febrero de 2010
ADMINISTRACION Y GESTION DE LA PESQUERIA
El régimen legal pesquero adolece de defectos estructurales graves que nacen en una equivocada definición de los límites y tratamiento que se da a los agentes activos.
Se discrimina indebidamente entre artesanales e industriales cuando ambos grupos pescan comercialmente.
Todas las personas que extraen recursos naturales renovables contribuyen a la mortalidad de las especies y por tanto deben estar sujetos a reglas, siendo la primera y más elemental, la de no exceder los límites de captura de ningún recurso para no extinguirlo.
Debiera definirse legalmente al pescador artesanal como aquella persona que pesca para alimentarse directamente y para subsistir, usando herramientas manuales y su propia fuerza física. Si se mecaniza, deja de serlo.
Por el contrario, se debe definir que aquellas personas que pescan con asistencia mecánica o por encima de su capacidad de consumo individual lo hacen por negocio y por tanto debiera denominárseles pescadores comerciales y estar sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer.
A toda la pesquería comercial debiera asignársele cuotas máximas de captura por especie, por caladero, puerto o región de desembarque.
Sucede que actualmente la actividad de los llamados pescadores artesanales es inequívocamente con propósitos comerciales y faenan sin medida (ni clemencia) hasta que agotan o desaparece su recurso objetivo.
Debiera, así mismo, adoptarse medidas para recuperar las biomasas objetivo para consumo humano, revisar y discutir la vigencia y validez de mecanismos de manejo pesquero como es el "libre acceso" y evaluar opciones de manejo regulando el acceso a los recursos mediante cuotas por especie y por caladeros.
Los enormes volúmenes de desembarque de los recursos pesqueros hacen del Perú un país rico y privilegiado. Sin embargo, esta bonanza nunca se ha traducido en alimentación para los peruanos ni en beneficios económicos para ellos. La mayor parte de la extracción se transforma en harina y aceite que son exportados. Esta exportación aporta como tributo el impuesto a la renta, pero en una proporción inadecuada. Genera bonanza empresarial y empleo (aunque no mucho, por cierto), pero al país no le representa una cifra importante en términos de recaudación tributaria. Por otro lado, los derechos de pesca que se pagan por la extracción de algunos recursos, como la anchoveta, no guardan proporción con los niveles de exportación.
La producción de conservas se exporta en su mayor parte, y la que se destina al mercado nacional está dirigida a sectores con capacidad adquisitiva alta. No contribuyen con la alimentación popular, pues la lata es cara y no permite variedad en la cocina (no se puede hacer un ceviche ni un chilcano con una lata de atún, por ejemplo). Por otro lado, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que contiene dicha lata. Se etiqueta como atún, pero no hay forma de que el consumidor esté seguro de eso.
La producción de congelado está reservada básicamente a la exportación. El mercado interno no lo recibe por falta de infraestructura de frío, y lo poco que queda para el consumo nacional está destinado a quienes compran en grandes supermercados.
La producción de curados es la que más impacto tiene sobre la alimentación popular, pero a su vez es la de menores volúmenes.
La pesca fresca se circunscribe a alimentar a las ciudades costeras y a algunas pocas de la sierra, pero a un bajo precio para el pescador artesanal, en volúmenes insuficientes, a precios relativamente altos para la población de menores ingresos, y en condiciones sanitarias dudosas.
La definición de una política de Estado para el corto, mediano y largo plazo es necesaria. Una política pesquera debe ser parte de una estrategia general de desarrollo sostenible, y su éxito debe basarse en un proceso de planificación integrado para armonizar valores (culturales, económicos, ambientales) y equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico.
Esta política debería lograr gradualmente una pesca sostenible que alcance objetivos de desarrollo tales como el mantenimiento de la calidad, diversidad y disponibilidad de recursos en el contexto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Una política que regule la tributación a niveles más convenientes para el país y lo compense por el impacto ecosistémico que produce.
A diferencia de los recursos agrícolas y ganaderos, los pesqueros no se riegan, no se abonan ni se fumigan. Además, no tienen un propietario, pues aunque teóricamente lo es la Nación, ésta resulta un concepto abstracto. El pescador artesanal extrae los recursos sin regulación y sin pagar ningún derecho por hacerlo.
Por otro lado, la extracción del pescador industrial paga muy pocos derechos de pesca, y no por todos los recursos extraídos. Esta captura va fundamentalmente a la industria reductora de harina, por la cual el país percibe un impuesto a la renta lamentable, y una parte más pequeña va a al CHD para alimentar a otros países.
Tanto el industrial como el armador ganan mejor que el pescador artesanal, pero aún así no gana el país. Así, la exportación de alimentos con alto componente de proteína debe hacerse después de haber atendido el consumo nacional. Por eso, los recursos hidrobiológicos necesitan una política sectorial diferente, donde la soberanía y seguridad alimentarias (en términos de FAO) sean privilegiadas.
Todos los planes de gobierno, todos los diagnósticos existentes y todos quienes critican el manejo del sector proponen cosas en términos generales.
De la gran variedad de diagnósticos y propuestas existentes se puede rescatar un buen proyecto, sin embargo no hay reforma o política válida si no se dispone de los recursos económico suficientes.
Por ello, se concluye que lo más razonable para poder entrar a un período de reforma estructural del sector, lo primero es trabajar un dispositivo que genere los recursos necesarios y a su vez dicte las medidas más urgentes que requiere el sector. Y que además, de su activación puedan desprenderse efectos colaterales que contribuyan al ordenamiento pesquero que todos reclaman y exigen, pero sobre el cual no existen propuestas viables y acciones efectivas.
La subasta de cuotas es una medida interesante que ga-rantiza el derecho al acceso a la captura mediante el pago de un justiprecio y teniendo como límite el tamaño de la biomasa a ser extraída determinada por métodos científicos.
No habrá acuicultura si no hay fondos para investigación y desarrollo.
No habrá descontaminación ambiental si no hay fondos para limpiar las bahías contaminadas
No habrá mayor consumo interno de pescado si no hay infraestructura de frío para la comercialización.
No habrá calidad sanitaria en los productos hidrobiológicos si no hay infraestructura de desembarque y de comercialización adecuada y habilitada para ofrecer inocuidad de los productos.
El ajuste tributario y por pago de derechos de pesca es un factor de urgencia para poder empezar a aplicar un reforma sobre el modelo de gestión pesquera actual.
Este solo ajuste permitiría al Ejecutivo hacer una acción de gobierno eficaz, largamente reclamada por la población e insatisfecho a la fecha:
- Limpieza de las bahías contaminadas por la industria pesquera y los propios desembarcaderos pesqueros.
- Incrementar la investigación que hace el órgano científico en beneficio del estudio de nuevas especies y de la determinación de una tasa anual de captura de anchoveta que no afecte negativamente al resto de especies predadoras y dependientes de esta última.
- Colocar los desembarcaderos pesqueros y los merca-dos en condiciones sanitarios óptimas que garanticen la comercialización de pescado sin riesgos para la sa-lud.
- Disponer de fondos para mejorar los controles sobre la pesca ilegal en forma eficiente.
- Disponer de fondos para impulsar el desarrollo de la acuicultura.
Las externalidades negativas de la pesquería de la anchoveta afectan al resto de recursos pesqueros del eco sistema marino de Humboldt. La administración pesquera debería priorizar la investigación científica sobre esta interdependencia con el objeto de disponer de información adecuada para determinar cuotas máximas de captura para todas las especies.
En ese orden de cosas, la legislación en materia pesquera debe dejar de ser promocional y alentadora y más bien debe cerrar el acceso de nuevos actores al negocio pesquero tanto artesanal como industrial.
Se impone un enfoque precautorio en un escenario donde es evidente el agotamiento de los recursos pesqueros.
Continuar promocionando el crecimiento y el desarrollo de nuevos pescadores, cualquiera sea la magnitud y el tamaño de estos es atentar contra los actuales administrados y contra la sostenibilidad de las pesquerías.
La sobrepesca no constituye el único problema. La degradación del entorno marino, y la interferencia con el eco-sistema a través de la consciente o inconsciente utilización de los océanos como receptor de desechos, además de la destrucción del hábitat originadas por malas prácticas de extracción, son factores de creciente incidencia en términos de deterioro de la producción marina.
La industria pesquera atribuye a los recursos marinos, no solo el carácter de renovable, sino además, la cualidad de inagotable. Han elegido aceptar el mito, en obstinada ignorancia de los hechos.
El problema podría ser más profundo. Los modernos sistemas de administración pesquera, no han dado la suficiente importancia a las pautas de comportamiento que caracterizan al pescador según su contexto económico, social y cultural.
Las generalizaciones del problema, que pretenden simplificar una situación extremadamente compleja, tienden a opacarlo. Un ejemplo es el concepto de que la reducción de la flota, o de su capacidad de bodega es una solución. Si bien esto es cierto en parte, el problema presentado de esta manera se ve reducido a una cuestión de números y, por ende, susceptible de solucionar mediante formas sencillas de regulación. El término evade el hecho de la capacidad de captura que la tecnología moderna le confiere o puede conferir a las embarcaciones de hoy. El número de embarcaciones e incluso las formulas que combinan eslora, envergadura y potencia del motor para medir la reducción o incremento del esfuerzo pesquero son bastante relativas.
Este punto también simplifica, relega y/o evade las complejidades ecosistémicas y las asociadas con la dinámica de poblaciones, factores determinantes del tamaño y comportamiento de los stocks.
Al no tener en cuenta los impactos medioambientales y ecosistémicos así como los aspectos institucionales, los sistemas de gestión han buscado soluciones que tratan los síntomas del problema y no sus causas.
Existen debilidades en el modelo que sirve de base a la administración pesquera. Primero, la teoría no toma en cuenta la tendencia hacia la inestabilidad que caracteriza al entorno marino; también simplifica en extremo el comportamiento de las diferentes poblaciones de peces e ignora las complejas interacciones entre las distintas especies, a través de su obstinada insistencia en utilizar referencias tomadas basándose en una sola especie. Por último, desconoce el impacto provocado por la compleja dinámica que conjuga la escasez del recurso, el desarrollo tecnológico y el comportamiento humano.
La industria pesquera enfrenta una crisis de administración.
La estructura del mercado y la vocación exportadora, han destronado al pescador artesanal, único proveedor del mercado nacional, de su tradicional presencia y participación.
Los aportes que representa la transmisión de conocimientos de generación en generación, han sido sustituidos por la investigación experimental, las encuestas por muestreo y la programación lineal de los resultados. En términos de política, este enfoque tecnocrático que tiene por finalidad lograr una mayor comprensión del recurso marino, ha reemplazado las estrategias flexibles originalmente empleadas en el contexto de las pesquerías locales, por rígidas normas que abarcan territorios mucho mas extensos.
La intervención de capitales industriales ha irrumpido en territorios tradicionalmente artesanales, transgre-dido regulaciones básicas y sustituido el concepto de sustentabilidad colectiva por el de explotación competitiva.
La supervivencia de los recursos pesqueros fue afectada por los procesos de penetración de capitales, las inversiones en tecnología y la creación de mercados globales.
La coexistencia armónica entre la pequeña empresa artesanal y la gran operación industrial perduraría solo mientras los recursos marinos mantuvieran cierto nivel de abundancia.
La pesquería peruana se ha centrado, desarrollado y re-gulado en los últimos años en función de la industria harinera basada en la anchoveta. Analizada por volúmenes de extracción, la pesquería peruana califica desde entonces como monoespecífica.
La cuota anual de captura de anchoveta se viene determinando en función del sostenimiento de la propia especie sin considerar su contribución al resto de especies en el ecosistema.
La anchoveta constituye el recurso forraje de las diversas especies predadoras y que son principalmente aquellas de mayor interés para el consumo humano. Su extracción intensiva tiene consecuencias desequilibrantes en el ecosistema puesto que disminuye la disponibilidad de alimento para las especies que se sirven de ella.
La extracción de la anchoveta hasta el límite de su sostenibilidad ha afectado seriamente la estructura trófica reduciendo la productividad del sistema hidrobiológico en el mar peruano.
Como consecuencia se producen externalidades negativas en el ámbito social y ambiental cuyo costo lo asume indebidamente la Nación.
Las biomasas de las diversas especies destinadas al con-sumo humano se han reducido, lo que ha obligado al poblador costero pescador a exacerbar sus esfuerzos sobre juveniles y a reorientarse ilegalmente hacia el recurso anchoveta, agravando aún más el desequilibrio y el estado de pobreza del sector.
El hecho es que hoy hay menos peces que antes. El hecho es que la pesca de otras especies que no sean anchoveta ha disminuido a niveles notorios, sin que medie explicación oficial. Ya no hay meros, corvinas, congrios, cabrillas, etc. como antes.
21 de diciembre de 2009
INFORMACION Y DESINFORMACION
El desconocimiento del sector pesquero es compartido por la prensa y por la propia sociedad, y por tanto ambos resultan indolentes al problema. Existe un vacío de conocimiento que es aprovechado para manipular información en uno u otro sentido. El ciudadano común está expuesto a una u otra corriente de opinión sin mayor posibilidad de defensa o de réplica.
Los temas pesqueros se analizan con superficialidad. La desinformación es evidente. Si los medios de comunicación y los analistas exhibiesen en un cuadro comparativo los valores de exportación FOB del sector, junto con los pagos que han hecho por impuesto a la renta de tercera categoría y derechos de pesca, y los ingresos recibidos por drawback y restitución de IGV por exportaciones, veremos un panorama distinto al que vemos cuando se elogia exclusivamente a las exportaciones. La labor de los medios debe ser educativa y analítica antes que destructiva y sensacionalista en determinadas circunstancias de coyuntura.
Gracias a unos medios limitados en su información y análisis, seguimos creyendo que somos buenos porque exportamos mucha harina de pescado. No asumimos conciencia, aún, de que como dueños de esos recursos pesqueros, a los ciudadanos del país no se nos está pagando un precio justo por su explotación, ni asumimos con conciencia el impacto que la industria está causando en nuestro ecosistema marino a cambio de nada, o de muy poco.
No tenemos medición del impacto causado al ecosistema derivado de la actividad de extracción. No tenemos medición del impacto causado al medio ambiente derivado de la operación de la flota y del vertimiento de residuos tóxicos al mar. No sabemos cuanto se requiere de dinero para limpiar y reparar los daños producidos al medio ambiente y al ecosistema en todo el litoral.
No se dispone de recursos suficientes para investigación y desarrollo y para controlar la pesca ilegal.
Las cifras, los cálculos, y la metodología tienen que ser revisados dentro del marco conceptual de una política pesquera que pretenda tener una pesquería sostenible. La industria pesquera debe dejar de ser un problema ecológico y además debe contribuir adecuadamente con el país, tal como lo hace la minería y la industria en general.
El Estado deberá prestar mayor atención a la educación de la población sobre las posibilidades del país como país pesquero, propiciando que sean accesibles y entendibles para todos los conceptos de ecosistema, soberanía alimentaria, cambio climático, fenómeno El Niño y sostenibilidad.
Deberá prestar atención a la difusión de los impactos de la industria pesquera sobre el medio ambiente y su verdadera contribución con los intereses nacionales, con el objeto de crear corrientes de opinión y entendimiento correctos sobre el papel que juega la industria pesquera en la vida económica de la Nación. De esta manera los medios de comunicación encontrarán a un público mejor preparado en la materia que no sea fácilmente manipulado, donde los comentarios sobre el sector no sean sesgados, equivocados, inexactos y llenos de críticas destructivas algunas veces y elogiosos sin sustento otras veces. Generalmente con muy poco aporte constructivo.
Un país con educación y bien informado siempre constituirá la mejor garantía para una pesquería sustentable que se enfrenta al futuro.
Una población conciente de la necesidad de preservar el ecosistema y el medio ambiente en beneficio de alimentos asequibles a la población nacional, constituirá la primera línea de defensa contra la sobre explotación de la industria y la desinformación de los medios.
PARA QUE LA PESQUERÍA PERUANA TENGA UN FUTURO SOSTENIBLE SE DEBERÁ:
1. Poner límites a la extracción de todos los recursos a través de una cuota global anual y cuotas individuales.
2. Imponer un pago justo y adecuado por derecho de extracción a todas las pesquerías que realicen extracción con fines comerciales.
3. Reducir el esfuerzo pesquero impidiendo el acceso de más embarcaciones a las pesquerías plenamente explotadas y sobre explotadas, y limitando el acceso a otras especies en base a estudios ecosistémicos que impongan una cuota global que no debe ser sobrepasada.
4. Poner a la exportación de productos hidrobiológicos en las mismas condiciones de competitividad que a la venta en el mercado interno. La exportación goza de privilegios como el drawback y restitución de IGV, en clara competencia desleal con el mercado interno. La industria será quien decida si exporta o vende al mercado interno, pero con las mismas ventajas para ambos mercados.
5. Imponer las más drásticas medidas para detener la contaminación producida por los vertidos de efluentes contaminantes procedentes de las embarcaciones y de las plantas de procesamiento de harina, congelado y enlatado.
6. Introducir el pago de regalías y destinarlo para llevar la investigación a niveles adecuados, para mejorar las condiciones sanitarias de los desembarcaderos pesqueros artesanales y para crear un fondo de limpieza de las bahías contaminadas por la industria.
DEFENDER LOS INTERESES DEL PAÍS ES FUNCIÓN Y DEBER DEL ESTADO
No se puede subordinar tácita o explícitamente el interés público al interés privado. El concepto de Nación y de Estado está ligado a la subordinación de los intereses privados al interés nacional, dentro de un marco legal legítimamente constituído.
Regalías o derechos de pesca, la extracción de recursos naturales renovables como los pesqueros debe pagar un justiprecio.
No es lo mismo que el impuesto a la renta. Lo que falta es que paguen un “justo precio” por el uso de recursos naturales de propiedad pública. “El justiprecio” intenta capturar, para beneficio del país, el valor de la renta económica del recurso pesquero.
Este no es un pago caprichoso para aumentar los ingresos del tesoro público, sino que más bien es un instrumento que permitirá el adecuado balance entre la mortalidad comercial de recursos naturales y los beneficios económicos de las empresas operadoras. Un dividendo por el derecho a explotar un recurso natural, que es de propiedad de todos los peruanos. Una compensación por los impactos generados sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente.
Es el justo precio o remuneración que debe recibir el propietario de los recursos naturales, como contrapartida del aporte que éste hace al ceder sus recursos en el proceso extractivo. Así como el trabajador que es dueño de su fuerza de trabajo recibe un salario como retribución a su participación en la producción, y el capitalista una rentabilidad por sus aportes de capital, los dueños de los recursos naturales, deben recibir una retribución justa y consistente con el aporte real que estos recursos hacen a la producción.
Se afirma que el Perú aumentó sus exportaciones pesqueras y que obtuvo éxitos destacables. Lo que no se especifica es quiénes son los que ganaron. Lo que tampoco se menciona es lo que se perdió y quiénes perdieron para que el Perú de las cifras oficiales ganara.
Detrás de las utilidades alcanzadas por la Industria pesquera se oculta un problema proporcionalmente similar o mayor que los beneficios logrados según la información oficial. Bajo las publicitadas cifras que ofrecen la imagen de un sector próspero, se desarrolla el drama real de una pesquería sobreexplotada. De una industria que va dejando tras de sí un país con hermosas bahías contaminadas y devastadas. De un país que una vez agotados sus recursos pesqueros no tendrá nada que ofrecer a los inversionistas nacionales ni extranjeros. Entonces, esos capitales se irán y dejarán al Perú convertido en un país que antiguamente tuvo una riqueza pesquera.
¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuantas carreteras, cuantos desembarcaderos, han surgido gracias a la contribución de la industria pesquera? Probablemente algo haya surgido si revisamos las inversiones provenientes del canon pesquero, pero no en proporción a los volúmenes de dinero ingresado por las exportaciones.
Hoy se ve menos pescado que antes en los mercados y cuesta tanto o más que el pollo, con contadas excepciones. El beneficio del país no va de la mano del beneficio de las empresas en el actual modelo.
Los recursos pesqueros son valores que no pertenecen al explotador del recurso sino a su dueño, que en el caso de los peces somos todos los ciudadanos a través del Estado que nos representa.
El modelo exportador se ha ejercido a través de ceder, casi en forma gratuita, o muy barata, la renta de los recursos pesqueros a los grupos económicos en los últimos años.
Los resultados actuales expresan esa captura de la renta, como una seria injusticia en los ingresos fiscales. Instaura el hecho de que se beneficien los explotadores del recurso, y no sus dueños.
Se ha creado un negocio para capturar esa renta porque ahí están los grandes ingresos en una forma relativamente sencilla.
Hoy, existe un mayor dinamismo del sector pesquero exportador pero, ¿porque no irradian este crecimiento al resto del país? Que les vaya bien a estas empresas no significa que le vaya bien al ciudadano medio. Con 60, 70 o hasta 90 días de trabajo anuales por efecto del exceso de flota e infraestructura, no se genera empleo estable ni de calidad.
El sector pesquero exportador se puede renovar científica y tecnológicamente, capturar la renta y el beneficio estructural. Sin embargo, la degradación ambiental, la degradación del ecosistema y la reducción de la biomasa son significativas y amenazan el futuro.
Cuando se agoten los recursos ícticos, bien por efectos del cambio climático o por la sobre explotación ¿cuáles serán las fuentes de ingreso por exportación?
La capacidad de generar ingresos está sustentada en la captura de renta basada en la explotación de recursos naturales. Pero ahí hay límites físicos y biológicos que debemos establecer.
Debido a su impacto en los recursos marinos, la acelerada conversión de naturaleza en dinero, ha significado que el sector pesquero encare problemas como la sobreexplotación y la sobrecapitalización, es decir, embarcaciones y plantas en tierra más allá de la capacidad de los recursos pesqueros para hacerlas operar. A esto se agrega la pesca ilegal. Todos estos problemas hacen imperativo ordenar la pesquería, pero no a costa del Estado. Este último no puede asumir los costos de la irresponsabilidad o de la ineficiencia de la industria, como no ocurre en ningún otro sector de la economía. El inversionista es responsable de su éxito o de su fracaso y no debe apoyarse en el Estado para conseguir beneficios ni para cubrir sus pérdidas.
El futuro se avecina, además, con variaciones en la temperatura debido al cambio climático y tendrá un fuerte impacto en la pesca y la acuicultura. Las especies acuáticas son vulnerables al cambio climático, a diferencia de los animales terrestres, ya que son poiquilotérmicas (su temperatura corporal varía en función de la temperatura ambiente). "Cualquier cambio en la temperatura de su hábitat influye notablemente en su metabolismo, tasa de crecimiento, productividad, reproducción estacional y sensibilidad a enfermedades y toxinas" advierte la FAO.
Entre los efectos del cambio climático en la pesca y la acuicultura se destacan el aumento de frecuencia e intensidad de eventos metereológicos extremos, el más conocido de los cuales es el fenómeno de El Niño.
La FAO indica que se observan cambios en la distribución de los peces en respuesta a las variaciones climáticas, generalmente involucrando expansiones hacia los polos de las especies de aguas más cálidas y contracciones alrededor de los polos de especies de aguas más frías.
Se están produciendo cambios en la salinidad de los océanos, con un aumento de la salinidad en las aguas cercanas a la superficie de las zonas más evaporadas de la mayoría de los océanos mundiales.
Por otro lado, está disminuyendo la salinidad en las zonas marinas de las latitudes altas debido al aumento de las precipitaciones, mayor escorrentía, deshielo y otros fenómenos atmosféricos.
Además, los océanos se están volviendo más ácidos, con probables consecuencias negativas para muchos arrecifes de coral y organismos relacionados con el calcio.
La FAO afirma que, aunque existen grandes diferencias regionales, es probable que el mundo asista a cambios significativos en la producción pesquera en mares y océanos.
"Para las comunidades que dependen en gran medida de la pesca, cualquier disminución de la disponibilidad local o de la calidad del pescado para alimentación o cualquier aumento de la inestabilidad de sus medios de vida puede plantearles problemas muy graves".
El tema de fondo a tratar es la magnitud y orientación del esfuerzo pesquero total practicado por la comunidad pesquera.
Es imprescindible establecer mayores limitaciones al esfuerzo pesquero en el futuro inmediato junto con mecanismos que garanticen un mejor aprovechamiento de las reducidas biomasas disponibles.
La pesquería operó por años bajo el régimen de acceso libre, es decir, el que quería pescar lo hacía donde y cuando mejor convenía a sus intereses. En algún momento se prohibió la práctica pesquera de gran escala en una franja marina costera de 5 millas con la creencia que esta medida sería suficiente para preservar los recursos.
Posteriormente se introdujeron nuevos mecanismos de regulación en salvaguarda de las especies obligando a poseer permisos de pesca para realizar faenas pesqueras y así limitar el crecimiento de la flota y estableciendo cuotas globales de captura.
Un primer esfuerzo en dirección a limitar más el esfuerzo extractivo lo constituye el régimen de cuotas establecido para la merluza y para la anchoveta en el Perú y que sustituye al mecanismo de acceso libre a dicho recurso. Debemos esperar que esta modalidad de regulación se haga extensiva gradualmente al resto de las especies y a todos los agentes pesqueros. Tarea nada fácil pero impostergable que requiere además fomentar en la comunidad una actitud respetuosa y responsable frente a los recursos.
El esfuerzo pesquero artesanal se ha desarrollado hasta alcanzar niveles casi industriales haciendo uso y abuso de las normas vigentes. Desvirtuando la esencia del pescador artesanal que pesca con artes manuales, determinadas normas populistas han calificado a un inmenso número de empresarios pesqueros como pescadores artesanales confiriéndoles autorización para actuar sin limitación alguna.
Esta situación amerita ser corregida estableciendo nuevas y más adecuadas regulaciones a la actividad pesquera artesanal. Debe incorporarse la definición de pesca artesanal como la que se encuentra orientada a múltiples especies y utilizando una amplia gama de artes y técnicas de pesca relativamente sencillas, utilizando embarcaciones o sin ellas. Por el contrario, aquellas personas que pescan con asistencia mecánica deberán denominárseles pescadores comerciales y estarán sujetos a regulación respecto a las cantidades máximas que están facultados a extraer
Resulta sensato reclamar mayor y mejor investigación científica a fin de introducir mecanismos de manejo pesquero que permitan recuperar los recursos y que beneficien realmente a la población costera.
21 de septiembre de 2009
MAS ALLA DEL POTENCIAL PESQUERO
MAS ALLA DEL POTENCIAL PESQUERO
El potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del recurso anchoveta, lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto mundial. Sin embargo, se hace necesario una reflexión más profunda que vaya más allá de la aritmética de la economía global.
En el juego del mercado, del libre comercio y de los planes de negocio de cada empresa, cada cual es libre de destinar su inversión a donde crea más conveniente y adecuado para sus intereses financieros.
El Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo de este ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La otra intervención está referida a la recaudación, que significa la distribución de los beneficios de la pesquería para todo el país.
Todo el movimiento exportador genera ganancias, y se realiza dentro de las normas legales vigentes; pero se hace con un recurso natural que es patrimonio de la Nación y que debe ser regulado por el Estado para que alcance a todos sus propietarios, o sea todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que existen los impuestos, en especial el impuesto a la renta y los derechos de pesca.
El problema es que analizando las cifras de los últimos diez años, se aprecia que muy poco beneficio práctico y real ha sido trasladado a los habitantes del país, tanto en términos de alimentación como de recaudación por derechos de pesca y de impuestos.
Las condiciones de equilibrio económico se encuentran muy ligadas a las condiciones legales de quienes poseen acceso al recurso.
En situación de libre acceso el equilibrio se producirá cuando el ingreso por unidad de captura se iguala al costo promedio; esto es, cuando el ingreso total sea igual al costo total. ¿Qué significa esto? Que los armadores y pescadores actuarán hasta que los ingresos sean iguales a su costo; o hasta que la renta de las pesquerías de sus stocks sea cero o se disipe.
Estas circunstancias permiten subrayar lo siguiente:
a) Cada armador y pescador posee como criterio básico y principal el hecho de que no tendrá en cuenta el resultado de sus decisiones sobre el bienestar de la sociedad;
b) No tiene en consideración el rendimiento del resto de los pescadores o armadores, ni el crecimiento o situación del stock;
c) El armador o pescador bajo libre acceso no tiene incentivos para considerar dichas cuestiones, ya que lo no capturado por él, será capturado por otro.
En consecuencia, cada armador, cada empresa pesquera, cada pescador, actuarán guiados por la maximización de su renta individual que le garantiza obtener un ingreso neto superior al que le correspondería en otras actividades alternativas.
En la medida que la industria pesquera peruana posee una capacidad de capturas muy superior a la tasa a la que los ecosistemas pueden reproducirse, significa que los recursos hidrobiológicos así como el capital no se están utilizando eficazmente.
De la misma forma, la globalización ha formalizado la desviación de la mayor parte de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales hacia los mercados de exportación, lo que crea una triple preocupación:
a) Cómo se distribuyen los beneficios;
b) Como repercute y qué efectos genera sobre los recursos hidrobiológicos, debido a la intensa presión sobre los mismos.
c) Cómo afecta a la alimentación nacional el desvío de sus recursos alimentarios hacia el extranjero.
La rápida innovación tecnológica que permite e incentiva el incremento de las capturas debe obligar al Estado a limitar y a imponer controles y límites a la pesquería. La sobreinversión y la sobrecapitalización del sector pesquero, así comos sus triunfos o fracasos económicos, no son una responsabilidad del Estado, sino del empresariado. Por tanto el éxito o el fracaso económico de esas inversiones no pueden constituir argumento alguno para ejercer mayor presión sobre las capturas o para evadir el hecho de que la pesquería causa un impacto sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente por el cual la Nación debe ser compensada.
De ahí la necesidad de regular y controlar el esfuerzo pesquero, dentro del marco de una Política de Estado que privilegie los intereses y las necesidades de la Nación antes que los extranjeros.
Es necesario llevar a cabo políticas de gestión adaptadas a los principios de precaución y de interés nacional.
Es evidente que en el caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.
La mejor forma de incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería con productos provenientes de la acuicultura. Esto nos lleva a la hipótesis de que el sector pesquero peruano solamente puede ofrecer posibilidades de grandes inversiones en acuicultura, más no en mayor oferta de productos terminados para exportación procedentes de la pesca de captura.
Queda vigente la cuestión de si es éticamente aceptable exportar proteína a terceros países en circunstancias en las cuales hay una demanda nacional insatisfecha.
El sector pesquero se inscribe y se inserta en el proceso de la globalización, reflejado por la liberalización de los intercambios, de las inversiones y las dinámicas de especialización productiva. El escondido detrás de esto es la direccionalidad hacia la alimentación de otras poblaciones, utilizando al máximo recursos renovables hasta ponerlos en riesgo, mientras nuestra población tiene insuficiencias y carencias alimentarias.
La pesca responsable es un objetivo que nos atañe a todos. También los consumidores deben contribuir a lograr una pesca responsable asegurándose, por ejemplo, de que el pescado que compran cumple las tallas mínimas autorizadas.
Pero ¿cómo pueden estar seguros de que el producto que compran no proviene de pescado capturado infringiendo las reglas por las que se rige la pesca de la especie en cuestión? ¿Qué posibilidades hay de crear un sistema que permita a los consumidores elegir entre los productos procedentes de fuentes que practican una pesca sostenible y los demás?
Elaborando sistemas de certificación para otorgar una identificación específica o una etiqueta al pescado capturado mediante técnicas que no dañen el medio ambiente o producido según métodos acuícolas responsables y desarrollando campañas de educación e información al consumidor.
Esta actitud no debe aplicarse solamente a los peces capturados en aguas territoriales. La protección de las poblaciones de peces no debe tener fronteras. El consumidor no debe adquirir productos importados que no calificarían dentro de las normas nacionales. No debería permitirse la importación de recursos hidrobiológicos que no respetan tallas mínimas de acuerdo a los estándares biológicos.
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