El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

21 de septiembre de 2009

MAS ALLA DEL POTENCIAL PESQUERO


MAS ALLA DEL POTENCIAL PESQUERO



El potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del recurso anchoveta, lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto mundial. Sin embargo, se hace necesario una reflexión más profunda que vaya más allá de la aritmética de la economía global.


En el juego del mercado, del libre comercio y de los planes de negocio de cada empresa, cada cual es libre de destinar su inversión a donde crea más conveniente y adecuado para sus intereses financieros.


El Estado no interviene nada más que dando el marco regulatorio dirigido a cumplir metas de control biológico y de protección. Las medidas comúnmente aplicadas son: las vedas, las cuotas, limitaciones al tamaño mínimo, control de artes y sistemas de pesca, etc. El objetivo de este ordenamiento es la preservación de las especies más explotadas, restringiendo la presión sobre su biomasa en etapas críticas. La otra intervención está referida a la recaudación, que significa la distribución de los beneficios de la pesquería para todo el país.

Todo el movimiento exportador genera ganancias, y se realiza dentro de las normas legales vigentes; pero se hace con un recurso natural que es patrimonio de la Nación y que debe ser regulado por el Estado para que alcance a todos sus propietarios, o sea todos los ciudadanos peruanos. Es por eso que existen los impuestos, en especial el impuesto a la renta y los derechos de pesca.

El problema es que analizando las cifras de los últimos diez años, se aprecia que muy poco beneficio práctico y real ha sido trasladado a los habitantes del país, tanto en términos de alimentación como de recaudación por derechos de pesca y de impuestos.

Las condiciones de equilibrio económico se encuentran muy ligadas a las condiciones legales de quienes poseen acceso al recurso.

En situación de libre acceso el equilibrio se producirá cuando el ingreso por unidad de captura se iguala al costo promedio; esto es, cuando el ingreso total sea igual al costo total. ¿Qué significa esto? Que los armadores y pescadores actuarán hasta que los ingresos sean iguales a su costo; o hasta que la renta de las pesquerías de sus stocks sea cero o se disipe.

Estas circunstancias permiten subrayar lo siguiente:
a) Cada armador y pescador posee como criterio básico y principal el hecho de que no tendrá en cuenta el resultado de sus decisiones sobre el bienestar de la sociedad;
b) No tiene en consideración el rendimiento del resto de los pescadores o armadores, ni el crecimiento o situación del stock;
c) El armador o pescador bajo libre acceso no tiene incentivos para considerar dichas cuestiones, ya que lo no capturado por él, será capturado por otro.

En consecuencia, cada armador, cada empresa pesquera, cada pescador, actuarán guiados por la maximización de su renta individual que le garantiza obtener un ingreso neto superior al que le correspondería en otras actividades alternativas.
En la medida que la industria pesquera peruana posee una capacidad de capturas muy superior a la tasa a la que los ecosistemas pueden reproducirse, significa que los recursos hidrobiológicos así como el capital no se están utilizando eficazmente.
De la misma forma, la globalización ha formalizado la desviación de la mayor parte de la producción pesquera de los mercados locales y nacionales hacia los mercados de exportación, lo que crea una triple preocupación:
a) Cómo se distribuyen los beneficios;
b) Como repercute y qué efectos genera sobre los recursos hidrobiológicos, debido a la intensa presión sobre los mismos.
c) Cómo afecta a la alimentación nacional el desvío de sus recursos alimentarios hacia el extranjero.

La rápida innovación tecnológica que permite e incentiva el incremento de las capturas debe obligar al Estado a limitar y a imponer controles y límites a la pesquería. La sobreinversión y la sobrecapitalización del sector pesquero, así comos sus triunfos o fracasos económicos, no son una responsabilidad del Estado, sino del empresariado. Por tanto el éxito o el fracaso económico de esas inversiones no pueden constituir argumento alguno para ejercer mayor presión sobre las capturas o para evadir el hecho de que la pesquería causa un impacto sobre el ecosistema y sobre el medio ambiente por el cual la Nación debe ser compensada.

De ahí la necesidad de regular y controlar el esfuerzo pesquero, dentro del marco de una Política de Estado que privilegie los intereses y las necesidades de la Nación antes que los extranjeros.

Es necesario llevar a cabo políticas de gestión adaptadas a los principios de precaución y de interés nacional.

Es evidente que en el caso de harina de pescado producida en base a anchoveta, no habrá posibilidad, (no debería haberla por lo menos) de incrementar las cuotas de captura, por lo cual no habría forma de incrementar estas exportaciones.

La mejor forma de incrementar la oferta exportable, sin afectar al ecosistema marino peruano, sería con productos provenientes de la acuicultura. Esto nos lleva a la hipótesis de que el sector pesquero peruano solamente puede ofrecer posibilidades de grandes inversiones en acuicultura, más no en mayor oferta de productos terminados para exportación procedentes de la pesca de captura.
Queda vigente la cuestión de si es éticamente aceptable exportar proteína a terceros países en circunstancias en las cuales hay una demanda nacional insatisfecha.

El sector pesquero se inscribe y se inserta en el proceso de la globalización, reflejado por la liberalización de los intercambios, de las inversiones y las dinámicas de especialización productiva. El escondido detrás de esto es la direccionalidad hacia la alimentación de otras poblaciones, utilizando al máximo recursos renovables hasta ponerlos en riesgo, mientras nuestra población tiene insuficiencias y carencias alimentarias.

La pesca responsable es un objetivo que nos atañe a todos. También los consumidores deben contribuir a lograr una pesca responsable asegurándose, por ejemplo, de que el pescado que compran cumple las tallas mínimas autorizadas.
Pero ¿cómo pueden estar seguros de que el producto que compran no proviene de pescado capturado infringiendo las reglas por las que se rige la pesca de la especie en cuestión? ¿Qué posibilidades hay de crear un sistema que permita a los consumidores elegir entre los productos procedentes de fuentes que practican una pesca sostenible y los demás?
Elaborando sistemas de certificación para otorgar una identificación específica o una etiqueta al pescado capturado mediante técnicas que no dañen el medio ambiente o producido según métodos acuícolas responsables y desarrollando campañas de educación e información al consumidor.
Esta actitud no debe aplicarse solamente a los peces capturados en aguas territoriales. La protección de las poblaciones de peces no debe tener fronteras. El consumidor no debe adquirir productos importados que no calificarían dentro de las normas nacionales. No debería permitirse la importación de recursos hidrobiológicos que no respetan tallas mínimas de acuerdo a los estándares biológicos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario