El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
17 de julio de 2011
La injusticia tributaria: cobrar o no cobrar impuestos
Esta nota tiene un exponente casi patético en la recaudación tributaria y por derechos de pesca que proviene del sector pesquero en el Perú.
América Latina ha tenido un crecimiento económico no visto desde fines de los años sesenta, pero sigue siendo la región más desigual del mundo. Todo indica que el problema se produce a la hora de cobrar impuestos.
Llevamos años escuchando que es fundamental la disciplina fiscal. Que no podemos gastar más de lo que tenemos. Que uno debe taparse hasta donde le alcanza la frazada. Así hemos ido acostumbrándonos a la idea de que llegará el día en que el crecimiento económico alcance para todos pero, mientras tanto, debemos medirnos con el gasto en salud, educación o seguridad social.
Política fiscal e igualdad
Un ejemplo extremo se daba en Perú antes de la eliminación de la exoneración de las ganancias en bolsa. En 2008, una persona que vivía debajo de un puente pagaba por Impuesto General a las Ventas (IGV) el diecinueve por ciento, mientras que en ese mismo año una persona que invertía 50,000 dólares en la Bolsa de Valores de Lima y duplicaba su inversión pagaba cero.
Una industria pesquera que contribuye en una proporción injusta, un sector artesanal que no tributa pero que demanda inversiones y una pasividad e indolencia censurables por parte del Estado.
Sin embargo vale la pena agregar al comentario que aún si la recaudación y contribución mejorasen a niveles adecuados, ¿está el aparato estatal del sector pesquero capacitado para ejecutar el gasto de inversión, proveniente de mayor recaudación, en forma eficiente y oportuna?
Las cifras estadísticas de la ejecución presupuestal de los últimos diez años indican que no lo está.
La inversión en mejoramiento de la infraestructura pesquera de desembarque es necesaria desde todo punto de vista. El punto es ¿de dónde debe salir el dinero para hacerlo? ¿Del IGV, del Impuesto selectivo al consumo? ¿De la renta? ¿De qué sector?
La respuesta, obviamente es que tiene que salir del sector pesquero. Pero ocurre que la contribución del sector industrial es pobre y la del sector artesanal es nula.
Los desembarcaderos pesqueros sirven, tanto al industrial que por ellos desembarca la materia prima que procesa y exporta, como al artesanal que alimenta el sistema de comercialización del mercado interno.
El gobierno del presidente Humala tiene que introducir acciones concretas en esta problemática que ha sido soslayada por las administraciones anteriores. Tiene entonces la oportunidad de ejecutar una política redistributiva y de inclusión social en todo aspecto.
Marcos Kisner
INJUSTICIA TRIBUTARIA EN AMÉRICA LATINA: COBRAR O NO COBRAR IMPUESTOS
Carlos Alonso Bedoya
Red del Tercer Mundo
Hemos venido entendiendo lo “fiscal” como ajustarnos el cinturón, en lugar de recaudar lo suficiente para cubrir nuestras necesidades. Seguramente que en esto tienen que ver los traumas provocados por la crisis de la deuda y la hiperinflación de los años ochenta. Pero resulta que hoy el escenario económico es otro. Inversionistas privados obtienen grandes ganancias en nuestros países y, en muchos casos, no pagan lo justo en impuestos con el argumento de que si no se les otorga beneficios o exenciones tributarias se van a otro territorio. En realidad, nos chantajean al mismo tiempo que utilizan sofisticados mecanismos para llevarse lo que deberían dejar en el tesoro público.
Esta trampa ideológica hace también que diversos países de la región cobren menos tributos para captar mayor inversión extranjera directa, generando una competencia irracional entre vecinos. Ello, además de colocarnos en una posición desfavorable para negociar con el capital foráneo, impide que los sistemas tributarios estén lo suficientemente interconectados para detectar evasiones u otras movidas ilegales.
Ahora lo vemos con claridad. Mientras que en el periodo 2003–2008, América Latina ha crecido a una tasa promedio de 5.5 por ciento, no ha dejado de ser una de las regiones del mundo que dispone de menor financiamiento tributario. La presión tributaria de América Latina y el Caribe alcanzó apenas el 18.3 por ciento durante el 2010, según CEPAL. O sea que de cada cien dólares producidos en nuestra región sólo 18.3 fueron a dar a la administración tributaria de cada país en promedio. Y eso que este cálculo incluye las contribuciones a la seguridad social.
La política fiscal es un instrumento potente a la hora de atacar la desigualdad. Lamentablemente ese debate aún no ha ingresado con fuerza en América Latina. Es que la potencialidad que tiene la manera en que cobramos impuestos y como asignamos el gasto incide directamente en la distribución de la renta de un país. En buena cuenta, la política fiscal debe ser vista también como una política redistributiva, porque con una mano le cobro a quien más gana y, con la otra, le doy a quien menos tiene.
Precisamente, mediante la recaudación justa de impuestos se pueden obtener recursos suficientes para dar servicios públicos de calidad a la población, incluso transferencias monetarias condicionadas, como el programa Bolsa Familia en Brasil, Juntos en Perú o la Asignación Universal por Hijo en Argentina.
Con un sistema de impuestos de carácter progresivo, donde el que más renta genera más paga, se tiende a lograr equidad. Los montos pagados aumentan a medida que crece el nivel de ingresos de individuos y empresas. Así, el conjunto de banqueros, mineros, pesqueros o industriales agroexportadores pagan en proporción más que el resto de la población.
Es decir, el impuesto a la renta que pagan los que la generan nos debe permitir recaudar más que por concepto del impuesto a las ventas que pagamos todos. Por ello, la imposición a la renta y el patrimonio, denominados impuestos directos, es clave como mecanismo de justicia tributaria.
Sin embargo, ésta no es la realidad que vivimos en la región. América Latina enfrenta grandes dificultades para aumentar el peso de los impuestos directos. La estructura tributaria del conjunto de los países latinoamericanos es más bien regresiva. Pagan más los que menos tienen. Cerca del sesenta por ciento de los recursos tributarios proviene del impuesto por adquirir bienes o servicios, mientras que sólo un treinta por ciento corresponde a impuestos directos como renta y patrimonio, según la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd).
Un sistema fiscal donde una porción elevada de su recaudación se deriva de impuestos indirectos, como el impuesto al consumo, perjudica a los pobres, ya que ellos destinan una mayor proporción de sus ingresos a pagar impuestos al consumo que las personas con mayores ingresos.
Evasión tributaria, pobreza y desigualdad
Lo cierto es que la evasión del impuesto a la renta en América Latina oscila entre el cuarenta y el sesenta y cinco por ciento, según Latindadd, y esto definitivamente atenta contra cualquier efecto redistributivo. En buen romance, con esa práctica de no pagar suficientes impuestos directos tampoco hay dinero para redistribuir.
Mucha de esa plata que deja de entrar a las arcas fiscales indebidamente se remesa al exterior burlando la ley. Esto, que en la jerga económica se conoce como parte de los flujos de ilícitos, entre 2000 y 2008 superó los 150,000 millones de dólares, según la misma fuente. No es poca cosa.
Mientras tanto, en nuestra región tenemos registrados todavía ciento ochenta y tres millones de personas en la pobreza y setenta y cuatro millones en la indigencia. Y aunque durante la primera década del este siglo la pobreza disminuyó en entre seis y once puntos porcentuales, producto del crecimiento, la mejoría hubiera sido mucho más significativa de haberse evitado la fuga ilegal de miles de millones de dólares.
Además, hay que tener en cuenta que el impulso de reducción de la pobreza ha disminuido tras la crisis global.
Del lado de la desigualdad, las cifras para América Latina nos dicen que el ingreso medio captado por el veinte por ciento más rico de la población supera en 19,3 veces al del veinte por ciento más pobre. El coeficiente de Gini, un método que mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso en el que el valor de cero expresa la igualdad total y el de uno la máxima desigualdad, da como promedio para la región hasta 0,53 por ciento. Aunque si lo vemos de manera diferenciada entre países, algunos, como Brasil, Guatemala, Colombia y Honduras, se acercan a 0,6.
A pesar de los instrumentos desplegados por los distintos gobiernos en los últimos años para impulsar la demanda agregada y el boom internacional de los precios de los commodities, América Latina permanece como la región más desigual del mundo.
Otra de las constataciones a tomar en cuenta es que el coeficiente de Gini, antes y después del pago de impuestos, ofrece un acercamiento al impacto de la política tributaria sobre la distribución de la renta nacional. En Argentina, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Panamá, la distribución mejora después del pago de impuestos, mientras que en Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala y Perú el efecto es el contrario.
Como podemos ver, la ideología que promueve la llegada de inversiones, la firma de Tratados de Libre Comercio y el ajuste del gasto como vía para alcanzar bienestar no ha reparado en que la principal fuente de injusticia se produce a la hora de cobrar los impuestos. Sin duda la tarea es enorme, pero ya es momento de revertir las prácticas tributarias neoliberales que nos hacen competir entre vecinos y les dan la sartén por el mango a los criminales de cuello y corbata.
http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2011/07/14/injusticia-tributaria-en-america-latina-cobrar-o-no-cobrar-impuestos/
12 de julio de 2011
La agenda pendiente en la pesquería
Por Juan Carlos Sueiro
COOPERACCION
El nuevo gobierno tiene la obligación de enfrentar importantes y urgentes aspectos relacionados con la actividad pesquera en el país.
Las propuestas en la campaña relacionadas a la pesquería han sido episódicas, generales e insuficientes. No obstante, en los espacios de discusión como de investigación han sido abundantes los debates como también las propuestas. Destacan en ello la lista de interés OANNES como el CSA de la UPCH. Mayor detalle se encuentra en http://csa-upch.org/pdf/lapesqueriaver.pdf.
Aquí queremos destacar algunas: es necesario replantear el sistema de abastecimiento de anchoveta para el consumo de las personas, completamente distorsionado e insatisfactorio; que ha resultado en un irregular abastecimiento para la producción de harina de pescado, denunciado innumerables veces, pero que no obstante ha sido favorecido por PRODUCE con disposiciones de menor jerarquía que socavan planes y propósitos supuestamente definidos.
Asimismo, es imperativo encarar aspectos claves en la extracción de anchoveta para harina de pescado: asegurar la salida efectiva de embarcaciones y que no terminen entrando por la puerta falsa (argucia por demás conocida en el sector) fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones con las tripulaciones desvinculadas y reajustar el reglamento de sanciones e infracciones. Basta decir que del 2004 al 2009, 132 embarcaciones han tenido mas de 20 infracciones y, sin embargo, PRODUCE no ha sancionado nunca la reincidencia, debido a su inaplicabilidad, tal como esta redactada.
Afrontar la pesca no reportada, alrededor de un millón de TM por año, según el Sindicato de Pescadores de Chimbote. Para ello se debe incluir las exportaciones como mecanismo de control (sistemáticamente se comercializa mas de lo que se produce) y facilitar el funcionamiento del observatorio pesquero, inicialmente aceptado pero luego vetado por los poderes fácticos y funcionarios interesados en mantener la opacidad en la gestión pesquera. También implica iniciar un amplio debate para la reubicación del IMARPE en el MINAM
Ampliar de manera significativa la venta directa de productos pesqueros. La campaña actual de venta de jurel no representa ni el 2% de los desembarques para congelado de jurel y, sin embargo, han sido las ventas más publicitadas de los últimos años.
Aun cuando no ha recibido la atención de la prensa, ni muestra los niveles de la actividad minera, la ampliación de las ganancias en la pesquería ha sido significativa, impulsada por la demanda mundial acuícola que ha más que duplicado los precios en pocos años. Asimismo, ha habido una importante revaluación de todos los activos pesqueros.
No obstante, los pagos por derechos de pesca son extremadamente bajos y han sido congelados por 10 años sin sustento técnico alguno. Para el 2010 fueron un total de 12 millones de dólares mientras las exportaciones de harina y aceite de pescado han sido de 1.874 millones de dólares, lo que es insuficiente para el control y la investigación, más aún cuando es imperativo transitar a un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera. Así las cosas, en la pesquería es inaceptable una gestión que sea más de lo mismo.
http://www.larepublica.pe/12-07-2011/la-agenda-pendiente-en-la-pesqueria
2 de julio de 2011
Las cifras del canon pesquero para el 2012
El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado la Resolución Directoral Nº: 001-2011-EF/64.03 del 28 de Junio del 2011, cuyo anexo detalla la estimación de los recursos públicos que los gobiernos locales y regionales considerarán en el presupuesto institucional 2012.
El cuadro está expresado en nuevos soles y muestra la cifra del canon pesquero que se transferiría a los gobiernos locales y regionales.
Si se examina la norma completa y su anexo, a nivel de Municipalidades, es evidente que las cifras que algunas de ellas reciben no solo son injustas, sino groseramente ridículas.
Por mencionar un ejemplo: Además de las "donaciones" que recibe la Región Sur del Perú, provenientes del régimen especial de Pesca de anchoveta en dicha zona, la participación formal de sus gobiernos locales y regionales ¿es acaso justa?
La revista Pesca ha publicado en varios artículos las cifras de las exportaciones pesqueras y su contribución con la Nación a través de la tributación a la cual la industria pesquera está obligada.
También ha expresado que detrás de la publicitada excelencia del sector, del elogio al crecimiento de sus exportaciones y de las campañas mediáticas de venta de pescado barato se esconde la realidad de una pobre contribución de la industria pesquera para con la Nación.
Estas cifras evidencian, en una norma oficial recientemente publicada, la injusta participación del País en el negocio pesquero.
El nuevo gobierno tendría que examinar y evaluar las razones de esta injusticia y aplicar las medidas correctivas que fuesen pertinentes.
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12 de junio de 2011
La conducción política del sector pesquero
Mientras la conducción de la investigación científica y política del sector pesquero continúe en manos de funcionarios inexpertos y/o con intereses económicos en el negocio pesquero, no podrán diseñarse ni mucho menos aplicarse las reformas que el sector requiere.
Mientras la autoridad tributaria no establezca nuevas metodologías para determinar la existencia de elusión y/o evasión tributaria en el negocio pesquero, no habrá una contribución justa de la pesquería para con la Nación.
Mientras no se reforme el sistema penal y se tipifique como delito ecológico la contaminación del océano y del medio ambiente y se penalice con prisión efectiva a los infractores, nadie detendrá los impactos negativos que la industria pesquera causa sobre el medio ambiente.
Mientras no se sancione con prisión efectiva la elusión y la evasión del pago de impuestos, el país seguirá siendo un espectador de cómo un pequeño grupo explota sus riquezas sin compartirlas.
Mientras los funcionarios designados, en especial los Titulares de Pliego no sean personas capaces, decididas, honestas, probas, con conocimiento de la pesquería y sin ningún compromiso, vinculación directa o indirecta con los intereses de los administrados, la administración de las pesquerías seguirá siendo influída por los interesados en mantener sus actuales privilegios en perjuicio de la Nación.
Tanto, o más peligroso aún, es designar funcionarios cuyo principal objetivo es satisfacer su propia vanidad de figuración y agendas personales.
Mientras los gobiernos sigan designando Titulares de Pliego de perfil inadecuado o sospechoso, sin capacidad y sin una genuina vocación de servicio, la Nación asistirá impotente a la destrucción de su potencial pesquero y será muda testigo del enriquecimiento de unos cuantos a expensas de toda la Sociedad.
Es poco probable que un funcionario con intereses económicos en el negocio pesquero actúe con imparcialidad, corrigiendo lo que es impostergable corregir.
El gobierno tiene el deber de gobernar y administrar las pesquerías en beneficio de la Nación y no solamente en beneficio del sector y de unos cuantos.
5 de junio de 2011
El nuevo gobierno frente al reto del sector pesquero
LA PESQUERIA PERUANA ENFRENTANDO EL RETO DE DISEÑAR UN NUEVO MODELO
El Perú ha votado por el cambio en las elecciones del día hoy. El país ha expresado su disconformidad con un sistema que solo ha recogido triunfalistamente las estadísticas macroeconómicas que han beneficiado el crecimiento de un pequeño sector de la población, menospreciando y olvidando al ciudadano común, postergando el día a día hacia un futuro indeterminado e incierto, impreciso, variable; alimentando a la mayoría de la Nación con esperanzas tan solo.
La pesquería peruana, secularmente olvidada por los gobiernos de turno, ha experimentado un crecimiento estadístico en desembarques y exportaciones que ha sido hábilmente explotado por los Titulares de Pliego para promocionarse a sí mismos olvidando que el crecimiento no ha significado mitigación de los impactos negativos sobre el ecosistema y el medio ambiente, sino lo contrario. Olvidando la inclusión de los pescadores artesanales y del conjunto de la Sociedad, en especial de aquella gran porción con carencias nutritivas. Olvidando que no hay evidencia alguna en las cifras oficiales de recaudación tributaria y de canon pesquero que refleje un beneficio justo y equitativo para la Nación, la legítima propietaria de los recursos hidrobiológicos. Olvidando, o soslayando que tampoco ha significado un crecimiento proporcional de los presupuestos de los pliegos del sector ni mejoría en la eficiencia de su programación y ejecución.
El sector pesquero ha sido mantenido en un estado de desinformación y/o de información parcial y subjetiva.
El país ha votado contra todo eso.
Compete al Presidente electo asumir la responsabilidad de darle al sector pesquero una Política de Estado inclusiva y redistributiva, dirigida por gente proba, eficiente y con experiencia. El país no quiere más de lo mismo, el sector tampoco.
El sector requiere de cambios y también de acciones en todo orden de cosas.
El proceso de transferencia, próximo a iniciarse debe poner especial atención en los actos de corrupción denunciados, en proceso de investigación, y/o reportados y concluirlos con celeridad aplicando las sanciones correspondientes, así como a los actos de encubrimiento de corrupción conocidos e identificados por los empleados y funcionarios públicos que tienen mucho que decir al respecto y que ahora deben poder hablar sin temores ni reservas.
Durante la década de los 90 se privatizaron muchas empresas estatales pesqueras, en la gran feria de la privatización como solución a todos los males del país. Esas empresas pasaron al sector privado. ¿Pagaron todos los nuevos dueños un justiprecio? O más aún… ¿pagaron? ¿Demostraron ser más eficientes?
Es uno de los tantos puntos de una agenda pesquera olvidada pero aún pendiente. Mantienen su vigencia las interrogantes que fueron formuladas en el artículo del 17 de abril en los siguientes links:
3 de junio de 2011
Comentarios a las declaraciones de la autoridad de pesqueria
Las ultimas declaraciones de la viceministra de pesqueria, que se reproducen en el artículo comentado y publicado en la web de la revista Pesca, dejan un sabor a triunfalismo que para algunas personas raya en ofensivo. La administración solamente se elogia a sí misma, no hace autocrítica alguna y lo más grave es que las informaciones oficiales inducen al país a creer que nuestra pesquería está perfectamente orientada y administrada.
Lea la nota en el siguiente enlace:
20 de mayo de 2011
Peces: su clasificación
Peces: información, su clasificación y su valor nutritivo. Una infografía didáctica e interesante. Vela en el siguiente link:
http://www.revistapescaperu.com/index.php/sabia-usted
http://www.revistapescaperu.com/index.php/sabia-usted
15 de mayo de 2011
La oclocracia
La democracia degenera, tiende a la oclocracia. La oclocracia no es otra cosa, como ya se sabe, que la forma específica de degeneración de la democracia. Desde Pericles a Giovanni Sartori, pasando por Juvenal, Shakespeare, Lope de Vega, Tocqueville u Ortega, con unas u otras palabras, los más preclaros analistas de la naturaleza humana y de la política han advertido siempre de un permanente peligro para la democracia: el interés de unos pocos en hacerla degenerar hacia la oclocracia.
Etimológicamente, la democracia es el gobierno del pueblo, y la oclocracia es el gobierno de los insipientes, o como mejor se le quiera llamar ahora al conjunto de esas muchas personas que en los asuntos públicos o políticos andan confusos o desordenados de cabeza, escasos de razón, flojos en la forma de discurrir o débiles en la capacidad de juicio.
Siendo obvio que ni el pueblo ni los insipientes han gobernado nunca, ni podrán gobernar jamás, porque, como diría Rousseau, va contra la naturaleza de las cosas que sean los más los que gobiernen y los menos los gobernados, lo que con la expresión ``gobierno del pueblo'' se quiere significar es que el gobierno está apoyado, respaldado y legitimado por el pueblo, de la misma manera que con la expresión ``gobierno de los insipientes'' lo que se significa es que es entre éstos, de manera expresa, entre quienes el gobierno, o los que aspiran a gobernar, buscan el apoyo, el respaldo o la legitimación.
Así entendidas democracia y oclocracia resulta evidente que no se trata, sólo, de dos formas distintas, sino de dos formas antagónicas de gobierno. La democracia vale lo que vale el saber del pueblo que la sustenta; la oclocracia, por el contrario, se apoya en la ignorancia o, lo que es lo mismo, busca la legitimación en el sector más ignorante de la sociedad. La primera vive del uso y la defensa del discurso racional y la segunda utiliza, sobre todo, la manipulación. Si la una es el reino de los verdaderos políticos, la otra es el campo de los auténticos demagogos.
13 de mayo de 2011
Sistemas de Pesca
Para apreciar en forma didáctica cuales son los sistemas de pesca más comunes que emplean las embarcaciones pesqueras, haga click en el siguiente enlace:
22 de abril de 2011
La industria pesquera en el Perú
LA INDUSTRIA PESQUERA EN EL PERU: OLVIDADA Y MENOSPRECIADA EN LA POLITICA
US$ 201’076,390 de dólares
El impuesto a la renta pagado significa el 2.68% del valor FOB de lo que ha exportado
Industria Pesquera de Consumo Humano Directo (CHD)
En el mismo periodo la industria dedicada al Consumo Humano Directo ha extraído y procesado entre congelado, enlatado y curado, la cantidad de:
11’300,401 toneladas de diversas especies
Que han producido la cantidad de 3’204,600 toneladas de producto terminado.
Ha exportado la cifra de US$ 4,555’860,000 de dólares
Ha pagado por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría la suma de:
US$ 121'923,731 de dólares
El impuesto a la renta pagado significa el 1.33% del valor FOB de lo que ha exportado
En total la industria pesquera ha extraído y desembarcado la cantidad de:
98’158,662 de toneladas de recursos hidrobiológicos del ecosistema marino peruano.
Las ha convertido en 26’973,800 de toneladas de producto terminado que ha exportado a un valor total de US$ 19,723’100,000 de dólares, por lo cual ha pagado al país la suma de 323’000,121 de dólares. Es decir que el país ha ganado el 1.64% del valor FOB de lo exportado.
Si sumamos que algunos productos de exportación tienen el beneficio del Drawback y que además se les devuelve el IGV, queda muy claro que la pesquería no redistribuye sus beneficios en forma justa y adecuada para con el país.
Sin embargo, curiosamente, ni la prensa ni los políticos mencionan o comentan esta situación, mientras que sí lo hacen en relación a la minería. La minería y la pesquería, ambos, utilizan recursos naturales (renovables unos y no renovables otros) que son patrimonio de la Nación.
¿Por qué se mantiene a la pesquería en el anonimato?
El nuevo gobierno tiene la oportunidad, a partir del 1 de agosto, de actuar en el sentido de reformar las estructuras del sector pesquero que origina una situación tan injusta en términos de redistribución de beneficios. También tiene que actuar sobre la reparación del impacto ambiental causado por la industria pesquera a lo largo del tiempo.
Industria Pesquera de Consumo Humano Indirecto (CHI)
Entre los años 1998 y 2010, la industria pesquera dedicada a la harina de pescado ha desembarcado y reducido en harina la cantidad de:
86’858,261 de toneladas de anchoveta y otras especies
Que han producido la cantidad de 19’840,000 de toneladas de harina de pescado y
3’929,200 de toneladas de aceite de pescado
Ha exportado la cifra de US$ 15,167’240,000 de dólares
Ha pagado por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría la suma de:
US$ 201’076,390 de dólares
11’300,401 toneladas de diversas especies
Que han producido la cantidad de 3’204,600 toneladas de producto terminado.
Ha exportado la cifra de US$ 4,555’860,000 de dólares
Ha pagado por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría la suma de:
US$ 121'923,731 de dólares
El impuesto a la renta pagado significa el 1.33% del valor FOB de lo que ha exportado
98’158,662 de toneladas de recursos hidrobiológicos del ecosistema marino peruano.
Si el sector pesquero peruano (considerando solo sus exportaciones y no las ventas al mercado interno) ha pagado 323’000,121 de dólares como impuesto a la renta, significa que, dado que este impuesto es el 30% de la utilidad neta, la utilidad neta obtenida proveniente solo de las exportaciones ha sido de US$ 1,076,667,070 de dólares, o sea el 5.46% de las mismas.
Suponiendo que la cifra sea la real y correcta, representa una utilidad muy pobre. Pero lo que resulta inconmensurable e incalculable es el impacto causado por la pesquería al medio ambiente y al ecosistema. ¿Porqué la autoridad política del país no le presta mayor atención a la pesquería y permite que pase desapercibida y con un perfil muy bajo menospreciando los impactos que causa no solamente al ecosistema y medio ambiente sino a la sociedad?
Sin embargo, curiosamente, ni la prensa ni los políticos mencionan o comentan esta situación, mientras que sí lo hacen en relación a la minería. La minería y la pesquería, ambos, utilizan recursos naturales (renovables unos y no renovables otros) que son patrimonio de la Nación.
¿Por qué se mantiene a la pesquería en el anonimato?
El nuevo gobierno tiene la oportunidad, a partir del 1 de agosto, de actuar en el sentido de reformar las estructuras del sector pesquero que origina una situación tan injusta en términos de redistribución de beneficios. También tiene que actuar sobre la reparación del impacto ambiental causado por la industria pesquera a lo largo del tiempo.
“Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público.
Tradicionalmente, los permisos de pesca se han concedido en función de la participación histórica en la pesca. Con frecuencia, quienes más habían capturado recibían la mayor parte de la cuota. Este criterio favorece que quienes han sido los máximos responsables de la sobrepesca en el pasado tengan las mayores oportunidades de pesca en el futuro. Este principio no contribuye a la recuperación de las poblaciones, ni favorece la pesca sostenible ni tampoco a las comunidades costeras”“El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”
http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Publications/LEAFLET8PAGES%20ES%2014-04-1%20(2).pdf5 de abril de 2011
El jurel vuelve a aparecer frente a las costas chilenas
"El jurel está volviendo. Primero lo hizo a Perú y ahora está llegando a las costas chilenas". La frase, de un importante empresario industrial del área, refleja el moderado optimismo que se está viviendo en este sector, golpeado por una creciente escasez del recurso, la incertidumbre normativa que significa un nuevo marco legal para la pesca antes del 2012 y por el terremoto de febrero pasado, que destruyó parte importante de capacidad industrial de la VIII Región.
Contra todos los pronósticos que se tenían a comienzos de año, las capturas del recurso jurel en enero y febrero fueron mayores a las esperadas, por lo que se cree se podrá completar la cuota asignada para este año, de 284 mil toneladas. Se trata de una cuota que fue drásticamente reducida para 2011 -en un 76%- por el Consejo Nacional de Pesca, en pos de la conservación del recurso. El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, confirma el hecho."El comportamiento del jurel ha estado mejor de lo que esperábamos. Se pensaba que en esta época íbamos a tener menos disponibilidad y no ha sido así", afirma Galilea. Y añade que si bien se creía que incluso la cuota global fijada para este año podía no cumplirse, esa incógnita está despejada:"La buena noticia es que creemos que la cuota que se fijó se podrá pescar (....). Eso es un hecho positivo para todo el sector pesquero, porque significa que habrá actividad", dice a La Tercera la autoridad.
Las cifras le dan la razón. Según datos de Sonapesca, a febrero de este año se capturaron 58.871 toneladas de jurel, cifra menor que la registrada a febrero de 2010 (91.700 toneladas), lo que implica una baja de 35,8%. Sin embargo, a febrero, la cuota fijada se ha cumplido en 20,7%, según Sonapesca, aunque Alberto Romero, gerente general de Pesquera El Golfo -de los grupos Yaconi y Santa Cruz-, indica que la cuota en la zona centro sur se cumplió, a febrero, en un 23% en promedio, "lo que es bastante para la pequeña cuota", dice.
De las capturas totales a febrero, la mayor parte proviene de las zonas entre la V y la X Región(37.850 toneladas), mientras que el resto se reparte entre la III y IV (20.470 toneladas) y el saldo corresponde a las zonas entre las regiones XV-II (apenas 551 toneladas). La mayoría de las capturas entre la III-IV y V-X Región se realizaron entre las 60 y 200 millas, es decir, en la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE), aunque también hubo captura en alta mar.
Galilea advierte que "no se puede cantar victoria" y en la industria tampoco sacan cuentas alegres. Luis Felipe Moncada, gerente general de Asipes -gremio que reúne a los industriales pesqueros de la zona centro sur del país-, explica que el volumen aparecido en la ZEE si bien es de buen tamaño y se encuentra en una zona más cercana que otros años, "se estima que no será suficiente para que la totalidad de la flota pueda completar su cuota anual", dice.
Con todo, el tamaño promedio de los ejemplares hoy es de 31 centímetros, versus los 27 centímentros de 2010. Coincide Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca: "Hemos encontrado jureles de entre 29 y 30 centímetros, de buen tamaño. Que haya jureles grandes, que pueden estar desovando más adelante, es una buena noticia en ese sentido. Normalmente, en el norte a esta altura podrían haber sido más chicos".
Moncada explica que se trata más bien de lo que en jerga pesquera llaman una "mancha" y que el grueso de la flota pesquera industrial -cerca de un 80%- se encuentra en la milla 800 buscando el recurso, que es donde se ha localizado en los últimos años. Incluso se ha alejado hasta la milla 1.000, lo que ha acarreado problemas para la flota nacional. "Aumento en el consumo de petróleo, viajes más largos, necesidad de reemplazar barcos por algunos con mayor autonomía y mayor habitabilidad", detalla Moncada, quien advierte que el gasto se ha incrementado en un 300%: un barco que salía a pescar dentro de las 200 millas tiene un gasto promedio de $ 6 millones (ida y vuelta). Hoy un viaje a la milla 800 es de $ 18 millones. Y añade otro elemento de análisis: mayor vulnerabilidad del recurso, que ahora se encuentra mayoritariamente fuera de la ZEE y "a merced de ser capturado por la flota extranjera que ha operado sin respetar medidas de conservación", afirma el gerente.
Esto ha tenido un impacto en la producción. A raíz del terremoto, hay algunas plantas de jurel que no se reconstruyeron en la zona (tres de congelados y dos de harina de pescado). Sin embargo, aún existe capacidad ociosa en las plantas debido a la disminución de jurel, la principal materia prima. Las plantas en condiciones de operar lo han hecho a un ritmo mucho menor. "Estimamos que la materia prima alcanzaría sólo para 44 días de operación continua, muy por debajo de los 100 días que promedia un año normal", adelanta Moncada.
"La cuota que hay es tan pequeña, que igual hay plantas que se van a quedar sin pesca", afirma Romero, de El Golfo. Para hacer frente a la contingencia, redujeron sus embarcaciones de siete a cuatro y se están fusionando con Pesquera Itata, de la familia Sarquis. "Sumas dos cuotas y operas con menos plantas, cinco de harina y tres de consumo humano", dice Romero. El año pasado, la pesquera abasteció sus plantas con 240 mil toneladas, de las que sólo 22 mil fue jurel. Para este año, la cuota es de 26 mil toneladas. El Golfo está con el foco en crecimiento de salmón y comprando la mayor cantidad de sardinas.
En este escenario, las empresas están tratando de obtener mayor rentabilidad del recurso. En las plantas que las empresas tienen en Talcahuano, Coronel y Lota, han destinado el 75% de sus capturas de jurel a la elaboración de congelados (60%) y conservas (40%), productos con valor agregado. Las plantas de harina, en tanto, se están abasteciendo fundamentalmente con sardina y anchoveta. "Lo ideal sería que en el futuro la autoridad prolongara la veda de la sardina, permitiéndole alcanzar un mayor tamaño, para destinarla a consumo humano y así agregarle valor", indica Moncada. Galilea destaca también que la actividad pesquera ha seguido funcionando gracias a la abundancia de sardina. En el último Consejo Nacional de Pesca se subió la cuota, llegando casi a doblarse: de 650 mil toneladas a 1.100.000 toneladas. Esto ha llevado a que la sardina tenga mayor presencia en las plantas de procesamiento. "La baja de jurel en alguna medida este año está siendo compensada por la abundancia de sardina", señala Galilea.
Similar visión tiene Bacigalupo, de Sonapesca."El año pasado la sardina pasó a ser más relevante que el jurel en la matriz de las empresas, en volumen de materia prima disponible para producir. En este momento es un recurso abundante y principal materia prima para la VIII Región
http://www.mardechile.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=2531:el-jurel-vuelve-a-aparecer-frente-a-las-costas-chilenas-&catid=81:noticias-cientcas&Itemid=68
13 de marzo de 2011
Evaluando la gobernanza pesquera
En volumen, el Perú es el segundo país pesquero del mundo y tenemos la pesquería más grande del planeta basada en una sola especie, la anchoveta (Engraulis ringens).
En tal sentido, resulta necesario contar con un ordenamiento jurídico que garantice la sostenibilidad de los recursos y la protección del ecosistema. La pesquería peruana aún no adopta un enfoque ecosistémico que promueva una gestión integrada a nivel de ecosistema, la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la distribución justa y equitativa de los beneficios y costos de su aprovechamiento. Por el contrario, utiliza un enfoque mono-específico que busca la sostenibilidad de la explotación de la anchoveta pero mantiene deprimido el ecosistema de la Corriente de Humboldt.
En abril de este año se llevarán a cabo las elecciones para elegir Presidente y representantes al Congreso. Constituye esto una importante oportunidad poner a consideración del debate los aspectos relacionados a la pesquería. A pesar de que la pesquería es el segundo mayor contribuyente al PBI nacional, las políticas pesqueras y la planificación sectorial son a lo mucho tenuemente abordados en los planes de gobierno, encontrándose ausentes en la mayoría. El Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (CSA-UPCH) ha culminado un informe sobre la gobernanza pesquera en la pesquería de anchoveta, que comprende un exhaustivo análisis de los aspectos claves asi como un recomendaciones (98 en total) que pondrá a consideración para este debate. El presente articulo resume este reporte.
Juan Carlos Sueiro escribe este interesante articulo en la revista Pesca de marzo.
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