El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.
Paul Greenberg
26 de febrero de 2018
La rentabilidad social de la pesquería peruana
La mayor parte de los análisis y
comentarios sobre la pesca que aparecen en los medios, apuntan a evaluar su
desempeño en términos de crecimiento, impacto sobre el PBI y rentabilidad
económica. Comentaristas y analistas salen a la luz cuando pueden generar un
impacto mediático en base al tema pesquero del día, que generalmente es por
algún escándalo, problema o queja. Después de 48 horas el asunto queda
olvidado, como todo en la prensa peruana.
Pero no se dice que es lo que gana el país en términos de
rentabilidad social, de reducción de la desnutrición y de alivio del hambre en
las poblaciones más necesitadas. Las mayorías peruanas no forman parte del
sector pesquero; pero son propietarias de sus recursos, mereciendo ser
atendidas y debidamente informadas. Con conocimiento de la pesca, tal vez
podrían exigir una gobernanza justa y adecuada de sus peces, moluscos y
mariscos.
La estadística pesquera es deficiente en términos de
oportunidad de su difusión. A febrero de 2018, el boletín estadístico mensual
que publica PRODUCE solo exhibe en su web el correspondiente a mayo de 2017. En
cuanto al anuario estadístico anual, a la misma fecha solo se encuentra
publicado el correspondiente a 2015. ¿Cómo se pueden realizar análisis y/o
tomar decisiones sobre pesca en ausencia de información actualizada, o
administrarla debidamente?
Hace años que la sociedad peruana viene asistiendo a una
confrontación estéril e infructuosa sobre diversas problemáticas pesqueras,
especialmente las referidas a la industria de harina de pescado. Los ciudadanos
somos simples espectadores de enfrentamientos y debates interminables entre
administrados y autoridades sobre un recurso natural que no es propiedad del
sector pesquero, sino de la Nación. Nadie nos dice que los peruanos tenemos derecho
a disfrutar de una alimentación saludable proveniente de los recursos
pesqueros. Más allá de noticias periódicas sobre la incidencia en el PBI, y
sobre impuestos y costos que no nos generan beneficio directo alguno, no
sabemos qué ganamos cada uno de nosotros.
¿Cuánto tiempo más debe el Perú soportar la ausencia de
una visión de largo plazo de la pesquería, la inexistencia de una política de
Estado que garantice el bienestar y la salud de todos los peruanos y dejar de
ser simple observador de una confrontación
por la pesca de anchoveta?
Necesitamos una agenda pesquera que genere consensos y
resultados para toda la población.
El fin de la pesca no puede ser solo la ganancia
empresarial o personal de unos pocos.
La pesquería no puede ser administrada en base a la
intriga y la improvisación, o para satisfacer los intereses de unos cuantos. Su
fin mayor debe ser el bienestar de las mayorías, sin que ello signifique que sus operadores no disfruten de las ganancias
de su trabajo. Se requiere evaluar la rentabilidad social del negocio pesquero
porque el insumo principal, los peces, mariscos y moluscos, son de todos
nosotros.
Mientras el país siga administrado por funcionarios
improvisados dominados por paradigmas, que rotan con demasiada velocidad, que
no poseen un objetivo de largo plazo; y mientras los ciudadanos mantengamos una
cultura de indiferencia y pasividad por la cosa pública, estamos condenados al
deterioro económico, moral y ambiental del país.
La corrupción no es el único problema nacional. La
indiferencia y la inacción ciudadanas podría ser peor.
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas
publicadas.
Siendo
la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual derivada
del análisis de los artículos. Se publica en forma mensual, en formato
digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector
pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
Para
mantenerse informado los invito a formar parte del grupo Pesca y Mar, en
Facebook, que además transcribe información periódica de relevancia para el
sector pesquero.
Los invito
cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a MARZO 2018
y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
En formato
revista en el siguiente link:
En PDF en el siguiente link:
28 de enero de 2018
Improvisación y ausencia de agenda pesquera
La promulgación del DS 021-2017
PRODUCE, que flexibiliza el ROP del atún en cuanto al plazo de entrega del 30%
del atún capturado por embarcaciones de bandera extranjera a plantas nacionales,
ha generado reclamos y cuestionamientos por parte de los industriales
conserveros peruanos.
Pero más allá del hecho en sí mismo, lo que se ha puesto
en evidencia, es que, al parecer, existen funcionarios con determinados niveles
de autoridad o de influencia que son los que en realidad dictan la política
pesquera nacional. Es improbable que el anterior Ministro de la Producción haya
medido el impacto de la norma en cuestión, debido a su escasa experiencia en la
materia. Lo que nos lleva a especular que alguien con algún interés en el tema
sorprendió a la Autoridad de Pesquería al otorgar beneficios indebidos a
algunas embarcaciones extranjeras; pero que resulta perjudicando a la industria
pesquera domiciliada en el país. ¿O no?
Este tipo de normas que modifican las reglas de juego, que
desconciertan al inversionista y que crean incertidumbre, se facilitan por la inexistencia
de una visión oficial de la pesquería para el largo plazo y la ausencia de una
Política de Estado. Colabora con ello la presencia de funcionarios temporales sin
experiencia ni conocimiento de la pesca, lo que abre un espacio de poder a otros
funcionarios, cuyas recomendaciones pueden no estar dirigidas a favorecer a las
mayorías nacionales o a la industria local, sino estar al servicio de intereses
de parte.
Enfrascados en el día a día, consumidos por el
inmediatismo y la improvisación ante temas que no conocen debidamente, la
pesquería peruana no tiene un rumbo.
La inexistencia de una agenda y/o política pesquera
técnicamente elaborada y consensuada con administrados y sociedad civil, sugiere
que algunos aspectos de la pesca en el país pueden estar siendo manejados
indebidamente. La promulgación de este dispositivo en particular, amerita ser
investigada por las instancias pertinentes a fin de descartar cualquier
posibilidad de que responda a un hecho de corrupción.
Los industriales planean sus actividades y suscriben contratos basados en
la estabilidad jurídica y normativa del país. No pueden funcionar eficazmente
bajo la incertidumbre y el riesgo de no saber qué capricho o idea de algún
funcionario se impondrá sobre ellos para demoler en un momento la totalidad de
sus esfuerzos y planes. Si no se respeta el ordenamiento jurídico, quedamos
desprotegidos frente al omnipotente poder de cualquier funcionario que cree que
puede hacer lo que quiere. En este caso se violó la norma que obliga a pre
publicar el dispositivo.
Las normas podrían estar técnicamente bien elaboradas y
hasta ser legales; pero más allá de la justificación técnica, ¿es lo debido? La
industria pesquera y el país deben ser informados de las razones que han
llevado al Ministerio de la Producción a promulgar este Decreto Supremo y porqué
se favorece a flotas extranjeras en
perjuicio de la industria nacional.
La ciudadanía debe conocer quién es el gestor de este
dispositivo, cuáles sus argumentos justificatorios y para quién fue diseñado
porque finalmente, viéndolo en un
contexto amplio, ese es el problema de fondo y la gravedad que trasciende al
hecho en sí mismo. Hoy es el atún y la conservería, mañana puede ser la
anchoveta o la pesca artesanal. ¿Y antes qué podrá habrá sido?
Mientras tanto, se espera que cesen las confrontaciones
en el sector y que asuman autoridades con experiencia en pesca, moralmente
íntegras y con vocación de servicio por el país, que actúen en beneficio del ciudadano común que quiere pescado de
precio accesible a su bolsillo y sirvan al que no tiene acceso al mismo.
¿Acaso el Estado no existe para el servicio de las
mayorías?
La
revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y
de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes,
que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de
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publicadas.
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la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común,
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pesquero y mantenerse informado sobre su temática.
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2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.
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31 de diciembre de 2017
El jurel en el Pacifico Sur y el Peru
En 2016 PRODUCE estableció un
marco de lineamientos para asignar la cuota de captura del jurel de altamar,
asignada por la OROP P-S, de manera supletoria o complementaria a la flota
nacional. En 2017 se modificaron dichos lineamientos, a fin de que Perú pueda
aprovechar su cuota de jurel en altamar dentro de su jurisdicción, en la medida
que luego de varios años no hubo esfuerzo pesquero peruano en el área descrita.
Se dice que es mejor que el Perú esté dentro de la
OROP-PS que no estarlo, ya que no estar presente en dicha organización con voz
y voto, por su posición geográfica, es
perjudicar al país en las proyecciones de largo plazo con respecto no sólo al
jurel, sino a otros recursos transzonales, como la pota.
Dado que la flota nacional decide pescar sólo en aguas
nacionales, el Estado habría encontrado como mecanismo de aprovechamiento de los
recursos pesqueros que se encuentren más allá de las 200 millas, específicamente
en el caso de del Organismo Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur,
acudir a embarcaciones de bandera extranjera.
Si a la flota nacional no le interesa participar y el
Estado no encuentra mecanismos eficaces para incentivarlos, ¿cuál es el
beneficio práctico, más allá del diplomático, geopolítico o geoestratégico de
insistir en pertenecer a dicha organización?
En términos reales, ¿qué gana el Perú con eso? ¿Derechos
de Pesca? Si está cobrándolos, deberíamos saber cuánto estamos cobrando y
cuánto nos cuesta pertenecer a la OROP en términos de viajes y cuota anual por
la membresía. De pronto la relación beneficio costo sale negativa para el país.
¿Qué hace falta para que el empresario peruano realice
esfuerzo pesquero sobre el jurel en la jurisdicción de la OROP-PS y no debamos
recurrir a extranjeros?
El tema de fondo es que no existe una visión de la
pesquería para el Perú ni una Política de Estado para el sector, como afirma
habitualmente la revista Pesca. De lo contrario, si tuviésemos idea de lo que
queremos como país, tendríamos un marco promotor que incentive eficazmente a embarcaciones
de bandera peruana a operar en toda la jurisdicción de la OROP del Pacífico Sur
y en el triángulo del Sur, donde tampoco hay información, visible por lo menos,
de actividad extractiva. Este es el conocido Triángulo que el Perú obtuvo luego
del fallo de la Haya en relación a nuestra frontera marítima con Chile. Tampoco
hay mucho interés por la captura de atún al punto de que se estableció un
procedimiento de fletamiento de la cuota, es decir que alquilamos una parte o
toda nuestra cuota obtenida luego de arduas negociaciones en el marco de la
CIAT.
Si el sector privado no está operando en las áreas
descritas, debe existir un razonable motivo o una causa que les impide hacerlo.
Estas razones no están, aparentemente, debidamente atendidas por la autoridad
de pesquería en la medida que los resultados son evidentes: No hay presencia
peruana en estas zonas. Y si la hay, no lo sabemos por ausencia de comunicación
desde el Gobierno sobre estos temas.
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