El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

29 de octubre de 2018

EDITORIAL PESCA NOVIEMBRE 2018


El ministro de la Producción ha informado que el sector PRODUCCION tendrá un presupuesto de 830.6 millones de soles para el 2019. El 43% de este monto será destinado a su ministerio y el porcentaje restante a los Organismos Públicos adscritos a Produce.

En esta edición se presenta el comportamiento del presupuesto del sector PRODUCCION de los últimos ocho años. Se aprecia que en 2011 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de casi 217 millones de soles y que en 2018 la cifra aumentó a casi 956 millones de soles, o sea un aumento del 341%.

Destaca el Instituto Tecnológico de la Producción, que en 2011, como Instituto Tecnológico Pesquero, tuvo un PIM de 25 millones de soles y una ejecución del 79% y en 2018 tuvo un PIM de 135 millones de soles. Un crecimiento del 438%, pero que en poco ha favorecido a la pesca.

La data, tomada del portal del MEF muestra cifras y porcentajes de eficiencia en la ejecución del gasto; pero no mide la calidad del gasto, sobre todo cuando corresponde a inversión pública.

Todas las entidades están al servicio del ciudadano, por lo cual el gasto que efectúan en las materias de sus competencias debe estar dirigido, fundamentalmente, al  servicio del ciudadano.

En ese sentido sería interesante conocer cómo el gasto presupuestal del sector ha favorecido al ciudadano común, bien sea a través de educación y capacitación que generan mayor aporte de pescado a la alimentación nacional, o a través de la mejora de infraestructura que favorece y facilita el desembarque de productos hidrobiológicos sanitariamente inocuos.

Se requiere poner en marcha una auténtica reorientación de la política pesquera y el presupuesto sectorial para conseguir que la pesca se ponga al servicio de la alimentación y el desarrollo del país. Los trabajadores del sector y los pescadores son beneficiarios directos de las políticas públicas y presupuestos; pero no puede perderse de vista que ellos son tan solo un eslabón de la cadena de valor que conduce al fin supremo del Estado: el ciudadano.
Todo existe en función del ciudadano y para el ciudadano, por lo cual no se puede dejar de evaluar el gasto del dinero que ejecuta el Estado con los impuestos que recauda. El dinero público nace del ciudadano y debe volver al mismo en forma de obras y servicios.

También se ha anunciado que se modificará la tasa de los derechos de Pesca. Pero, en ese contexto, ¿para qué se requeriría  mayor recaudación por derechos de pesca si el promedio sectorial de la ejecución presupuestal al cierre de 2017 fue de 88%?

Es verdad que el 50% de los derechos de pesca alimentan al canon pesquero que se distribuye entre gobiernos locales y regionales, pero la ni la repartición ni la ejecución evidencia tampoco mejor eficiencia en la ejecución del gasto.

Sin un perfeccionamiento de la normativa que regula la aplicación de los derechos de pesca por parte del Ministerio de la Producción, y una optimización en la metodología de elaboración de los índices de repartición del canon pesquero, el incremento de la tasa no significaría ninguna mejoría en la inversión sectorial.

  
La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

Los invito cordialmente a leer la edición de la Revista Pesca correspondiente a OCTUBRE 2018 y a compartirla dentro de sus círculos y redes sociales.

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29 de septiembre de 2018

Revista Pesca octubre 2018


En octubre de 1960 se publicó la primera edición de la revista Pesca. Fundadores y Directores de PUBLICACIONES S.A. y editores de la revista PESCA, fueron el Ing. Pesquero y periodista especializado Alejandro Bermejo y su esposa Gladys Elsa Esparza, periodista colegiada por el Colegio de Periodistas del Perú.
A partir del 2009 la presidencia del directorio fue asumida por la señora Gladys Estigarribia y se diseñó un nuevo formato a color para la edición impresa.
2009 fue el primer año sin nuestro fundador Alejandro Bermejo, quien falleció en 2008. Los continuadores de su magnífico trabajo de 48 años dedicados a la información y a la educación relativas a la pesca en el Perú decidimos asumir el reto de continuar su obra en homenaje a su memoria y en beneficio de la educación e información de las nuevas generaciones de peruanos que tenemos la suerte de vivir de frente a un mar que requiere de nuestros mejores cuidados.
A partir del año 2009 presentamos un nuevo formato y un elevado estándar de calidad técnica, científica y educativa, manteniendo de esta manera su condición de líder y pionera en publicaciones especializadas en pesca del Perú. Introducimos un nuevo modelo y un nuevo estilo en la revista.
Llegamos a la mayor cantidad de público que se pudo. Fue insuficiente puesto que recibimos cada vez más solicitudes de recepción de la revista. Por ello decidimos abarcar mayores contenidos y llegar a mayor cantidad de lectores, en especial estudiantes y pescadores que por una u otra razón no tienen acceso al medio escrito. De esta manera, a partir de marzo de 2010, la revista se publica formato digital vía web, en concordancia con nuestra visión y con el criterio de apoyar la sostenibilidad de los recursos naturales, siendo descarga es totalmente gratuita.
La revista Pesca pretende contribuir, a través de sus publicaciones, con educación para el sector pesquero, que debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos.
Es necesario ir más allá de lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
Nos anima el sincero deseo de ser comunicadores de información objetiva y técnica que nos permita contribuir al engrandecimiento de nuestros conocimientos del mar y de sus recursos.
La orientación de la revista Pesca en el contexto actual, tiene por objeto contribuir con la educación para el sector, que  se torna cada vez más un imperativo.

La revista Pesca es un medio de información alternativo referido a temas del mar y de la pesquería. Proporciona información e ideas obtenidas de diversas fuentes, que exponen la temática de la pesca en el Perú y el mundo, con el objeto de contribuir a la formación de opinión propia en base a la lectura de las notas publicadas.

Siendo la pesca una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común, la Revista Pesca pretende contribuir a la generación de mayor conocimiento individual. Se publica en forma mensual, en formato digital y su descarga es gratuita para quien desee conocer el sector  pesquero y mantenerse informado sobre su temática.

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29 de agosto de 2018

Editorial de la Revista Pesca septiembre 2018


La problemática de la pesca artesanal peruana requiere de una atención urgente; pero no tan solo en resolver coyunturas o necesidades del día. Se requiere una atención integral que abarque sus problemas y necesidades de fondo en primer lugar y como condición indispensable para ordenar la actividad.
Sin embargo no se puede ordenar, reformar o resolver la problemática artesanal en ausencia de la visión de largo plazo de la pesquería peruana. Sin una Política de Estado que nos marque el rumbo y defina como queremos ver nuestra pesca en veinte quince, diez y cinco años de aquí en adelante, cualquier medida será temporal, eventual y un parche sin garantía de continuidad.
La formalización, por ejemplo es un tema recurrente. Hace poco se generó una discrepancia sobre quién es la autoridad que concede el permiso de pesca: el Gobierno Regional o PRODUCE. El punto es que habiendo pasado tanto tiempo, existiendo una ley de descentralización, el problema hoy está dominado por el origen del permiso, cuando debiera estar en la parte procedimental. En esta edición recordamos el tema de los permisos cooperativos.
El tema debiera estar resuelto y definido desde hace tiempo. La actividad hoy debiera estar concentrada en la formalización en sí. Y ello implica también una formalización tributaria, porque solo se viene actuando sobre permisos de pesca y carnet del pescador embarcado.
La pesca artesanal viene siendo considerada como sujeto que merece promoción y atención sin que pague derechos de pesca y tributos.  Existe un sector de verdaderos pescadores artesanales que merecería un trato promocional y de apoyo social; pero no todos. Lo que implica la necesidad de redefinir el concepto de quién es pescador artesanal y quien merece el apoyo estatal y quién no lo necesita.
En un escenario pesquero en el cual los problemas crecen día a día y las necesidades de alimentación nacional también se incrementan, no se está enfrentando la situación con la debida importancia y racionalidad. La rotación de funcionarios es demasiado alta, entre otras cosas. La ausencia de políticas facilita que cada nueva administración inserte nuevas ideas o programas, los que no necesariamente responden a una visión de largo plazo y que finalmente no son sostenibles y/o no son continuados por las subsiguientes administraciones. Lo que nos lleva a una situación caótica y de deterioro institucional y sectorial.
El trabajo que realizan el armador y pescador artesanal es uno de los eslabones más importante  de la cadena productiva, ya que es el primer contacto con el recurso, y es aquí donde se decide el destino final que tendrá. El pescador artesanal debe ser consciente de que es el principal proveedor y debe aprovechar esa situación explotándola en su beneficio mediante su tecnificación y organización.
Ambos tienen que desarrollar una cultura empresarial, para lo cual deben ser motivados y capacitados; pero con respeto, no con paternalismo. Es necesario estimular un cambio de actitud en los pescadores artesanales, propiciando su incorporación definitiva al sector empresarial y el abandono de procesos de baja productividad. El armador artesanal debe convertirse en un micro empresario altamente tecnificado, formal y tributariamente aportante, debiendo ofrecer un producto hidrobiológico sanitariamente inocuo.
Finalmente, estamos frente a un problema normativo y regulatorio que carece de base científica, por cuanto no hay información que permita saber el estado de salud y volumen de las biomasas a los cuales accede la pesquería artesanal. En consecuencia, se pesca sin tener idea de cuáles son los límites máximos de captura por especie.


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29 de julio de 2018

Derechos de pesca: propuesta se presentaria en agosto


Los recursos pesqueros pertenecen a la Nación, legítimamente representada por sus autoridades. Es en ese contexto que el Estado otorga permisos de pesca para la extracción de recursos naturales, renovables en el caso de los hidrobiológicos. Por tanto, no son los pescadores ni la industria los propietarios del recurso.
Este concepto elemental no debe ser olvidado, ya que aparentemente  se ha creado una conciencia colectiva de que son los pescadores e industriales los propietarios de los recursos pesqueros.
Por el derecho a extraerlos y lucrar con ellos, es natural que efectúen un pago justo a la Nación, por ser propietaria del recurso. El Estado actúa como ente recaudador para destinar ese pago a gastos en beneficio de las mayorías. Es su privilegio y su deber organizar el destino y empleo de los recursos financieros que la pesquería aporta. Pero también debe ser liberada de sobrecostos.
La dificultad está en establecer con precisión el precio de ese derecho de pesca de forma que ni sea tan grande que acabe con la explotación  ni tan pequeño que no haga partícipe del negocio al país.
El Estado debe participar en forma justa y equitativa no solamente en la rentabilidad del negocio, sino que, fundamentalmente, debe ser resarcido por los impactos que la pesquería causa sobre el ecosistema y el medio ambiente, los cuales son independientes de las utilidades económicas del negocio. 
Esto tiene que ser entendido en su verdadero contexto. El impuesto a la renta de tercera categoría es una participación en las utilidades empresariales. Pero ocurre que una empresa puede tener grandes, medianas o pequeñas utilidades; o aún pérdidas. Sin embargo para llegar a cualquiera de esos niveles de utilidad o pérdidas, se ha efectuado una extracción de recursos pesqueros con los efectos inevitables que ello produce sobre el ecosistema y el ambiente. Por ese solo acto el Estado merece una compensación adecuada.
Más allá de que, tal como ha anunciado el Ministro de la Producción, en agosto se presentaría la propuesta sobre la nueva tasa de derechos de pesca para la anchoveta, se requiere de varias acciones paralelas:  La publicación del uso que se da a los derechos de pesca;  normar que el empleo de dichos recursos sea controlado en forma detallada; revisar los índices de distribución del canon pesquero; evaluar la incorporación de especies a la afectación de derechos de pesca, como la pota.
Cabe mencionar que según publicación del diario El Comercio del 19 de julio, “en los primeros cinco meses del 2018, Perú se consolidó como el principal exportador de pota en América Latina, superando a Chile y Ecuador, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En este período, las exportaciones peruanas de pota al mundo ascendieron a US$296 millones, lo que significó un crecimiento de 57% respecto al citado período del 2017 (US$ 189 millones)”.
Sería justo entonces que, al igual que la anchoveta, la pota pagase algún tipo de derecho de pesca también.

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29 de junio de 2018

Editorial de la edicion de julio Revista Pesca


Los ciudadanos peruanos tenemos un reto en la coyuntura actual, el cual consiste en participar activamente en la política nacional. Participación implica, primero, informarse debidamente de cada tema vigente desde diversas fuentes, contrastando opiniones, evaluándolas y formándose su propio juicio. Debatir en grupos de amigos, laborales y familiares y sacar conclusiones que les permitan fijar una posición, alejados de la manipulación sicológica impuesta por la presión mediática en redes sociales y medios de comunicación y/o a través de operadores políticos que defienden intereses de parte.


Tenemos que pensar y no asumir necesariamente como ciertas todas las informaciones que bombardean nuestro intelecto. Nuestro primer mandamiento debe ser: “pensarás”.

En este contexto, la pesca es una actividad poco difundida y poco conocida por el ciudadano común. Salvo cuando se transmiten informaciones que pretenden defender determinados intereses, es muy limitado el conocimiento del mar, ríos y lagos que se posee. Ello hace vital que se activen mecanismos individuales de consulta, comparación de informaciones y análisis de la credibilidad de las fuentes.

Si no aprendemos a desarrollar juicio propio, a expresarlo y a defender nuestras opiniones y derechos, nos estaremos adentrando cada vez más en el oscurantismo provocado por la indiferencia y pasividad ciudadana, dejando al país en manos de operadores políticos que no defienden a las mayorías y de funcionarios sin capacidad de imponer una agenda en beneficio de la ciudadanía.

Hasta ahora, nuestra ciudadanía es incompleta, parcial y fragmentada, por cuanto el ciudadano debe ser el titular de derechos políticos,  además de derechos sociales y económicos. Se debe buscar el empoderamiento de ciudadanos y sus organizaciones propiciando formas de participación más innovadoras y activas. La capacidad de crítica, expresión y propuesta de la gente requiere del desarrollo de capacidades para la presentación de opciones ante las iniciativas del Estado.  El ciudadano debe ir hacia el aseguramiento de las libertades públicas y la integridad, que le garanticen el derecho a comer, vestir, educarse y educar, habitar y vivir dignamente en un ambiente sano.

Un ejemplo de la desinformación y falta de análisis se aprecia últimamente en los comentarios sobre el DL 1084, mal llamado ley de cuotas de anchoveta. Es evidente que el decreto legislativo y su reglamento no ha sido leído en su totalidad por muchos comentaristas, ni analizado, ni comprendido debidamente.

Si así fuese la discusión no estaría centrada en la vigencia de la norma a los diez años de publicada, porque no hay un solo párrafo que mencione esa posibilidad. Solamente la primera disposición final menciona un aporte social de US$1.95 para la Caja de Beneficios del Pescador (que ya no existe) por diez años, período durante el cual se congela la tasa de derechos de pesca.

Si se entendiese debidamente el tema, las opiniones deberían formarse alrededor de esta disposición final para fijar posiciones desde la perspectiva de cada ciudadano, emitir opinión mejor informada y tomar las acciones que se estimen convenientes.


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30 de mayo de 2018

El poder ciudadano en la pesca


El poder ciudadano elige y nombra a sus gobernantes, quienes ejercen el poder en su nombre, debiendo defender sus intereses y atender sus necesidades.
No es al revés, como generalmente ocurre, debido a la ausencia de un poder ciudadano efectivo y real que haga respetar al sistema.
El poder nace del pueblo, es para el pueblo y por el pueblo. Ello requiere acción ciudadana efectiva, que no tenemos en el país.
Para construir el poder ciudadano es necesario que cada ciudadano se vuelva activo, se informe, analice desde todos los puntos de vista cada uno de los temas políticos, económicos y sociales, piense y fije su posición.
El no hacerlo en forma seria y personal, coloca a los ciudadanos en manos de la manipulación de la prensa y los operadores de los poderes fácticos o grupos de interés.
El gran poder de los medios y de los grupos que controlan la política y la economía ahogan al ciudadano y lo convierten en un pasivo repetidor de ideas y opiniones de otro.
La pasividad de la ciudadanía es la responsable de todo lo que ocurre en el país, donde no se gobierna efectivamente para las mayorías, aunque el discurso político diga que sí.
La incursión en la política nacional, en su gran parte, obedece no al amor por el servicio a la patria, sino al interés por el dinero.
Finalmente todo se reduce a dinero para unos pocos o para unos grupos. El bienestar del país es irrelevante en un sistema en el cual los ciudadanos no intervienen activamente para hacer respetar su voluntad y sus derechos. El vacío dejado por ellos, lo cubren los medios y los operadores políticos que influencian en autoridades que no ejercen el poder en beneficio de las mayorías nacionales
Somos responsables de las autoridades que existen porque nosotros las elegimos. Nadie más. No están ahí por accidente o por designio de nadie, sino por nosotros mismos, que actuamos con ligereza e irresponsabilidad cuando votamos en las elecciones.
¿O será también que no hay mucho para escoger a la hora de votar?
Tenemos que informarnos desde varias fuentes, tenemos que analizar, tenemos que comparar, tenemos que reunirnos en grupos para cambiar ideas y sacar conclusiones, tenemos que pensar. En la pesca peruana hay tres temas que están rondando los medios, que ameritan un análisis integral: los derechos de pesca, tema derivado de los diez años del DL 1084 (Ley de cuotas de pesca de anchoveta), la exploración de petróleo en el mar y las ventanas de penetración en el sur.
Si no lo hacemos, estamos dejando al país en manos de operadores políticos y medios de comunicación manipuladores y de funcionarios, en varios casos, necios y omnipotentes al servicio de unos pocos.
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca

28 de abril de 2018

Revista Pesca editorial mayo 2018


La seguridad alimentaria del país es una responsabilidad de gobierno, por lo cual tiene que crear las mejores condiciones para la promoción del consumo de pescado y la atención del mercado nacional en apropiadas condiciones de calidad e inocuidad.

El último informe sobre la anemia en el país indica que, según cifras oficiales, existen 19 regiones donde más del 40% de niños menores de tres años sufre de anemia.

La pesquería peruana tiene un reto y una responsabilidad en contribuir a mejorar la alimentación de los peruanos, para lo cual se necesita de una agenda apropiada y consensuada entre los actores del sector.

No se puede seguir en un ambiente de confrontación y politización mientras el hambre avanza en las poblaciones más vulnerables.

El sector pesquero tiene necesidades de reformas de fondo, pero la agenda tiene que priorizar los temas que son posibles de atender en prioridad, en lo que queda de este gobierno. Uno de ellos es la anemia y la desnutrición. Probablemente en 3 años sea imposible resolver toda la problemática sectorial, pero la reducción del hambre sí podría tener avances importantes y debería ser prioritaria.

Actuar en beneficio de la alimentación nacional requiere de recursos que el propio sector puede proporcionar en un ambiente de diálogo y búsqueda de acciones rápidas y apropiadas que beneficien a las mayorías nacionales.

La renta de los actores de la cadena, basada en la extracción de un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos, debe generar una equitativa participación del Estado en la rentabilidad del negocio, de forma tal que le permita financiar la construcción y mejoramiento de infraestructura; las acciones de investigación y fiscalización; y la creación de programas sociales para la alimentación de las poblaciones más vulnerables.

Es necesaria la reestructuración de las tasas y aportes a los que hoy está obligado el sector, eliminando sobrecostos, mejorando la recaudación y racionalizando las transferencias del canon pesquero.



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30 de marzo de 2018

Pesca abril 2018 Editorial

Existen  opiniones referidas al importe de la tasa actual de los derechos de pesca, que muchos consideran demasiado bajos, que podrían ser incrementados al cumplirse en 2018 los diez años que el DL 1084 dispuso se congelen los derechos de pesca de anchoveta.

Hacer un incremento de dicha tasa nada más, sería una medida poco racional. El verdadero punto del debate debería estar en establecer que la explotación de recursos naturales debe beneficiar a todos los peruanos y no a unos cuantos, así como que todos quienes realizan esfuerzo extractivo de pesca deben pagar un derecho.

Enfocar el análisis para generar medidas integrales es lo óptimo, ya que hay pesquerías (como la anchoveta destinada al CHI) con sobrecostos, (laborales principalmente), que solo favorecen a pequeños grupos de trabajadores que laboran alrededor de la industria reductora y no a todo el país;  y hay pesquerías que no pagan ningún derecho.

Los “derechos de pesca”  deben ser el justiprecio que el extractor paga a la Nación por el privilegio de usufructuar un recurso natural que es propiedad de todos los peruanos. Deben estar vinculados con el impacto que la extracción de peces causa sobre el ecosistema, independientemente de que genere utilidades o no, ya que la extracción se produce en forma independiente de los resultados del balance, el cual está sujeto a otras variables. Se pueden extraer miles de toneladas de peces y perder dinero por una mala gestión, por lo cual no se pagaría impuesto a la renta; pero el impacto generado a la biomasa y al ecosistema permanece, con ganancias o sin ellas. Por ello el concepto de “derecho de pesca” es la única forma con la cual el extractor aporta al país.

Las especies capturadas por la flota artesanal se encuentran exoneradas, por ley, de pagar derechos de pesca.  Cuando se promulgó la Ley General de Pesca que establece las tasas y las especies que están afectas al pago, la situación pesquera nacional y mundial era totalmente diferente. La pota no constituía un recurso principal y la anchoveta solo se destinaba a la harina. Estas últimas destinadas al congelado y enlatado, son los principales recursos de exportación del sector de CHD. Al  no ser consumidos dentro del Perú y no pagar derechos de pesca ¿qué beneficios le traen al ciudadano peruano que no labora para el sector pesquero?

La recaudación de derechos de pesca, efectuada por el Ministerio de la Producción, transfiere el 50% al canon pesquero y se queda con el saldo. Si es utilizado en gasto corriente del propio Ministerio, ¿en qué beneficia al ciudadano y al país? No existe rendición de cuentas de este dinero en forma transparente y específica. No sabemos cuál es su destino.

El canon pesquero se reparte entre los gobierno locales y regionales en base a unos índices que calcula el Ministerio de Economía y Finanzas que necesitan ser revisados. ¿En qué se invierten? No se sabe. Las cifras que se transfiere a gran cantidad de municipalidades distritales es tan poca, que constituye, realmente, una burla y tampoco se conoce su destino. Parte de la agenda pendiente en cuanto a derechos de pesca, consiste en modificar la base legal del canon pesquero y los índices de distribución.

La ley general de pesca, dice literalmente “Los ingresos que genere el pago de tales derechos, constituyen recursos propios del Ministerio de Pesquería”. Actualmente la Ley del canon  constituye una modificación de la norma al partirlos en dos: una parte para el canon y otra para Produce. Lo debido, ahora, es destinar este último 50% a inversión en programas sociales de alimentación. El punto es que la pesca beneficie a las mayorías y no solamente a los pesqueros.

La página 55 de la presente edición contiene las cifras que muestran cómo se efectúa la transferencia del canon pesquero. La página 4 muestra una data histórica desde 1998.

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20 de marzo de 2018

LAS REFORMAS EN LA PESCA PERUANA ¿SERIAN POSIBLES?


Nuestra pesquería requiere de cambios. Pero ¿sería esto posible?

En un sistema en el cual dar leyes requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sería posible.

Sin un interés total y un seguimiento constante por parte de la Presidencia de la República, la ejecución de un plan de reformas, aún encargándolo a un Ministro íntegro, honesto y con conocimiento de la problemática sería imposible.

Por otro lado, ni la autoridad de pesquería ni los partidos políticos han presentado una agenda o un proyecto de políticas de Estado para la pesquería que sugiera reformas de fondo. El Acuerdo Nacional tampoco tiene un instrumento de políticas apropiado a las necesidades de cambio actuales del sector pesquero.

En este contexto, solo sería posible pensar en dos o tres objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno.

Estos objetivos deben ser consensuados entre administrados, administradores y sociedad civil.   

Las acciones básicas deben proveer difusión de información sobre el sector, estimular el interés por parte de la ciudadanía por estos temas y mostrar integridad y despojo de cualquier interés de parte.

En un medio en el cual nadie puede controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía del cumplimiento de las mismas, en especial las de protección al recurso y al ambiente, será que aquellos que de una u otra forma actúan en el sector, asuman conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una necesidad incuestionable.

La introducción de un modelo educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo. Este modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a ríos y lagos. 

Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.


La definición de objetivos estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de Estado, es apenas el primer paso. Es una declaración de intenciones, es el inicio del camino. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterriza en cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica que muestra voluntad política; pero no evidencia una decisión política con efectos reales.