Nuestra pesquería requiere de cambios.
Pero ¿sería esto posible?
En un sistema en el cual dar leyes
requiere mucho tiempo y en el cual los funcionarios del sector no duran el
tiempo suficiente para hacer algo significativo, probablemente no sería posible.
Sin un interés total y un seguimiento
constante por parte de la Presidencia de la República, la ejecución de un plan
de reformas, aún encargándolo a un Ministro íntegro, honesto y con
conocimiento de la problemática sería imposible.
Por otro lado, ni la autoridad de pesquería ni los partidos políticos han presentado una agenda o un proyecto de políticas
de Estado para la pesquería que sugiera reformas de fondo. El Acuerdo
Nacional tampoco tiene un instrumento de políticas apropiado a las necesidades
de cambio actuales del sector pesquero.
En este contexto, solo sería posible
pensar en dos o tres objetivos de corto plazo que puedan formar parte de una
política de gobierno y que se puedan ejecutarse en el tiempo que dura un gobierno.
Estos objetivos deben ser consensuados entre administrados, administradores y sociedad
civil.
Las acciones básicas deben proveer
difusión de información sobre el sector, estimular el interés por parte de la
ciudadanía por estos temas y mostrar integridad y despojo de cualquier interés
de parte.
En un medio en el cual nadie puede
controlar efectivamente el cumplimiento de las normas, la mejor garantía del
cumplimiento de las mismas, en especial las de protección al recurso y al
ambiente, será que aquellos que de una u otra forma actúan en el sector,
asuman conciencia de que detrás de la norma hay una lógica irrefutable y una
necesidad incuestionable.
La introducción de un modelo
educativo para el sector se torna cada vez más un imperativo. Este
modelo debe ir más allá del mero entrenamiento técnico para los pescadores y
tripulaciones. Debe ampliar su radio de acción a todos los trabajadores de la
industria pesquera en tierra, a todas las comunidades de pescadores marítimos y
continentales y difundir información a las poblaciones costeras y aledañas a
ríos y lagos.
Debe ir más allá de lo tradicional y educar en temas de
protección al ambiente y a las poblaciones ícticas, debe incursionar en temas
que tengan por objeto crear conciencia sobre la necesidad y responsabilidad
compartida de proteger los ecosistemas y el futuro de los peces, como elemento
clave para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
La definición de objetivos
estratégicos y su inclusión en un plan de gobierno o política de gobierno o de
Estado, es apenas el primer paso. Es una declaración de intenciones, es el
inicio del camino. En términos prácticos, los cambios o reformas estructurales
se activan únicamente a través de los instrumentos de gestión apropiados, los
cuales son una ley, decreto supremo, resolución suprema o resolución
ministerial. Mientras una política o un objetivo estratégico no aterriza en
cualquiera de estos documentos de gestión, no deja de ser una declaración lírica
que muestra voluntad política; pero no evidencia una decisión política con
efectos reales.
