Durante más de un año la
industria pesquera ha batallado contra la autoridad de Pesquería por la
normatividad dictada sobre la pesca en las 5 millas.
No se ha librado una guerra
por la reforma del sector pesquero. La batalla por las 5 millas no ha terminado
con el Decreto Supremo 011-2013 PRODUCE del 14 de diciembre. El Estado ha
obtenido una victoria parcial en sus intentos de reforma y temporal en el caso
puntual de las 5 millas. Porque la industria posee mejores operadores políticos
y técnicos; posee mejor manejo de medios, ha establecido y puede establecer más
alianzas estratégicas, tiene más recursos; pero por sobre todo, tiene un arma
que no posee el Estado: el tiempo. Las autoridades actuales estarán en el
cargo, en el mejor caso, hasta el 2016 y cuando se vayan cualquier norma
dictada puede ser derogada y reemplazada.
Los puntos críticos (que a
la vez son los puntos débiles de la industria) sobre los que debe actuar,
buscando apoyo popular y estableciendo alianzas son: mejor tributación,
seguridad alimentaria y contaminación.
La verdadera reforma
pesquera debe tener como objetivos básicos:
1. Asignación de un precio
a los peces, que debe ser pagado por todos quienes realizan esfuerzo pesquero
con fines comerciales, dado que el impuesto a la renta es reducido, o
inexistente. La ciudadanía peruana merece una participación con equidad en la
renta económica del negocio pesquero por el simple derecho que la Constitución
les asigna como propietarios de los recursos naturales.
2. Reparación del daño
causado al ambiente. Los límites Máximos Permisibles para la descarga de
efluentes asignados a la industria reductora han sido generosos y los plazos de
adecuación a sus PAMAs (Programas de adecuación y manejo ambiental) también. La
industria de consumo humano directo no tiene hasta ahora límites máximos
permisibles que permitan controlar y eventualmente sancionar el exceso de
contaminantes vertidos al mar. La flota pesquera no tiene un control adecuado
de sus descargas de aguas sucias y residuos oleosos porque no se aplica la
normativa del Marpol. Debe asegurarse la calidad ambiental de la actividad
pesquera y acuícola con cero contaminación.
3. Colocar al mercado
interno en igualdad de condiciones de competitividad que el mercado externo
para garantizar la seguridad alimentaria nacional.
4. Asegurar la
sostenibilidad de todas las pesquerías en base a la mejor información
científica con un enfoque ecosistémico.
La pesquería solo podrá ser
reformada por los peruanos, cuando dejemos de ser ciudadanos pasivos y nos
convirtamos en ciudadanos activos. Cuando asumamos conciencia de la inequidad
con la cual la industria nos trata y empecemos a exigir un cambio. Cuando nos unamos a
organizaciones sociales que generen acciones ciudadanas e incidencia política
que impulsen a las autoridades a actuar y defender las reformas que vayamos
alcanzando. Cuando apoyemos a autoridades honestas que tienen una agenda de
cambio y que ejercen eficazmente el poder recibido en las urnas para gobernar
para las mayorías. Cuando las autoridades asuman que tienen que buscar
legitimación y aliados en la ciudadanía
para apoyarlas en el proceso de transformación. No en programas
televisivos que muy pocos ven ni en diarios que casi nadie lee, sino en las poblaciones costeras y ribereña afectadas
por la contaminación, en las redes
sociales, en las Universidades, en los comités vecinales, en los clubes de
madres, en los hogares, en los ciudadanos dispuestos a salir a las calles.
El ejercicio del poder
político, legitimado por una ciudadanía organizada en defensa de sus derechos
pesqueros, es la única manera de poner fin a décadas de una explotación
pesquera exclusiva e inicua.
Este es un tema que compete
a toda la Nación. No es exclusivo de abogados, empresarios, técnicos,
lobistas y de la autoridad, porque se
trata de un recurso natural que es propiedad de todos y no de unos cuantos.
