El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

30 de agosto de 2012

Una norma pesquera importante para el Perú

La pesquería peruana se ha centrado, desarrollado y regulado en los últimos años, en función de la industria harinera basada en la anchoveta. Analizada por volúmenes de extracción, la pesquería peruana califica desde entonces como monoespecífica.
 
Durante años se nos ha hecho creer y pensar en la pesquería peruana de un modo alejado de la realidad. Se nos hizo creer que éramos buenos porque exportamos mucha harina de pescado y se nos inculcó la creencia en muchos mitos más.            

Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.

 Las evidencias hacen presumir que el manejo de la extracción pesquera no garantiza la sostenibilidad de un sinnúmero de recursos importantes para la sociedad y para el equilibrio del ecosistema. El impacto sobre los recursos marinos y costeros se hace cada vez más evidente, pudiendo exceder  la capacidad de carga de los mismos. La riqueza infinita del mar peruano no es más que un mito. Este error de percepción promueve un irrefrenable incremento del esfuerzo pesquero y confunde además a la opinión pública.
 
La realidad es que en el Perú hacer harina es el negocio más rentable. Con no más de 150 días de producción al año se generan cifras de exportación espectaculares que, con toda seguridad, proporcionan gran riqueza a los exportadores y participantes del negocio, aunque no para el país como lo demuestran las cifras de recaudación del impuesto a la renta y derechos de pesca en relación a las ventas y exportaciones del sector.
 
La cantidad de dinero que mueve el negocio pesquero es tan grande que ha creado todo un sistema de defensa de intereses, de lobbies y de corrupción apenas destapado por algunos sectores de la prensa, y tan solo en forma eventual.
 
Intentar introducir cambios en el sistema en beneficio de la sociedad civil no es solo un deber sino una obligación de cualquier gobierno. Sin embargo la historia nos muestra como autoridades con esa intención han caído, víctimas del lobbysmo de diversas áreas del sector y de la falta de compromiso de Palacio de Gobierno con la reforma pesquera que el país necesita.
 
 Lo que ocurra en los próximos meses con esta Administración de Pesquería que ha tenido el coraje de introducir una reforma que toca muchos intereses particulares en beneficio del país, definirá la calidad y valor del compromiso de Palacio de Gobierno con el país y con el concepto de inclusión social.
 
 Siendo la pesca artesanal la principal abastecedora de recursos pesqueros para el consumo humano directo de la población nacional era necesario redefinir con precisión su concepto y sus alcances. El DS 005-2012-PRODUCE es un documento importante orientado en el sentido correcto. Aunque haya discrepancias y críticas sobre el procedimiento de su promulgación, la verdad es que una norma consensuada entre la autoridad y los interesados en el negocio pesquero es un imposible dada la cantidad de dinero que hay en juego