El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

27 de marzo de 2013

Abril del 2012: Un año después. Entonces la merluza, hoy la anchoveta


En abril del 2012 el escenario en la administración de la pesquería peruana era totalmente diferente al que presenta abril del 2013. Vale la pena recordar lo ocurrido en ese mes y compararlo con la situación que se vive en estos momentos en el enfrentamiento por la anchoveta. Basta recordar el artículo de milagros Salazar para evaluar las diferencias y también las similitudes, así como para especular nuevos probables escenarios.

El Premier y la merluza

Por Milagros Salazar.-

En medio de los secuestros en el VRAE y a pocas horas de la presentación del peritaje sobre el conflictivo proyecto minero Conga, el premier Óscar Valdés se dio tiempo el lunes 16 de abril para realizar una inusual visita al ministerio de la Producción, en la Urbanización Córpac, en San Isidro.

Valdés subió al séptimo piso donde se encuentra la oficina del titular del sector, José Urquizo. Ahí lo esperaban el ministro, acompañado por su nuevo jefe del gabinete de asesores, José Vidal; y por el jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Omar Alfaro. A los pocos minutos, llegó la viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, acompañada por su asesor principal, Juan Carlos Sueiro.

La reunión duró unos cuarenta minutos. Fue tensa por momentos, según pudo conocer IDL-R. ¿De qué hablaron? De la merluza. Valdés estaba impaciente porque aún no se emitía la norma para ampliar la cuota de captura de merluza de 8, 600 toneladas a 14, 500 tal como acordó con los empresarios en una  reunión el 9 de abril en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés reiteró a Urquizo y a Majluf que debía ejecutarse la ampliación que exigían los empresarios y que no había marcha atrás, a pesar que la viceministra expresó su desacuerdo por la decisión debido a que la población de merluza ha disminuido considerablemente en los últimos años y se encuentra en riesgo, según estudios científicos.

 “Ya hay un compromiso y hay que respetarlo”, insistió Valdés. Alfaro de Asesoría Jurídica explicó al premier que había un freno legal y que la ampliación no iba a ser un trámite sencillo ya que las normas exigen que la cuota anual se establezca antes de iniciarse la temporada. Y resulta que la temporada comenzó en enero. ¿Cómo iba a modificarse la cuota casi cuatro meses después?

“Si hay que conseguir que firme algún decreto el Presidente (Ollanta Humala), yo lo puedo hacer”, habría manifestado Valdés. Al instante, Majluf increpó: “No me parece responsable que involucremos al Presidente en algo que no tiene precedente. Eso no se ha hecho antes”.

Pero el primer ministro habría reiterado: “Esto se hace”.

¿Por qué el Premier insiste en ampliar la cuota en contra de la opinión de la viceministra (una experta respetada internacionalmente)  y por qué se muestra tan interesado en el tema? Sucede que varios días antes, el 9 de abril, hubo una reunión previa en la PCM.

Asistieron unas quince personas, entre empresarios pesqueros, autoridades de Piura, congresistas, el ministro Urquizo y la viceministra Majluf. En la primera parte de la reunión, Majluf expuso un informe breve sobre el grave estado de la merluza que elaboró el reconocido científico Arnaud Bertrand, del IRD, un instituto público de investigación de Francia.

Los empresarios de merluza, casi todos extranjeros y que tienen su base de operaciones en Paita, atacaron a Majluf luego de su exposición. Sostienen que la viceministra por lo menos se equivoca y que hay suficiente merluza para pescar. Los respaldaba un informe que mandaron a hacer a Luis Alfredo Icochea, quien hasta octubre pasado fue presidente del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), que depende del Ministerio de la Producción, y asesor de varias empresas pesqueras. Liderados por el furibundo empresario Carlos Milanovitch, insistieron en que unas 10 mil personas dependen de la pesca de merluza en Paita y serían perjudicados si no se ampliaba la cuota.

En medio de la discusión, el presidente de Imarpe, Germán Vásquez (quien llegó tarde a la cita), informó que su institución recomendó una cuota mínima de 8, 600 toneladas y otra cuota máxima de 14, 500 toneladas. Ni bien escuchó Valdés la segunda opción, consideró que esa era la salida: ampliar la cuota máxima a pesar de la opinión en contra de Majluf.

Valdés también acordó que Imarpe realizará en mayo un crucero para investigar la situación actual de la especie y ver si es posible una nueva ampliación. Fuentes cercanas al pensamiento de Majluf aseguraron a IDL-R que si Valdés continúa ampliando la pesca de merluza, ella renunciará al cargo. Para Majluf, esta situación abre la puerta para que empresarios que comercializan otras especies también pidan su decreto “presidencial” para pescar más.

Las presiones asedian a Majluf. Entre la reunión del 9 de abril en la PCM y la visita de Valdés al Ministerio de la Producción el lunes 16, los empresarios enviaron cartas al ministro Urquizo exigiendo que se cumpla lo acordado. Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno intentan averiguar si existe un acta de compromisos con los empresarios como habría señalado Valdés, según pudo conocer IDL-R. Lo cierto es que no existe ningún documento firmado.

Este hecho ha deteriorado más la relación entre Urquizo, que acata silenciosamente lo dicho por Valdés, y la viceministra Majluf cuyos escasos dos meses en el cargo han estado marcados por controversias y obstáculos.

Controversias de fondo

Ni bien se convirtió en viceministra a fines de febrero, Majluf pidió a Urquizo reemplazar a los responsables de las cinco direcciones generales que dependen de Pesquería. Logró los primeros cambios en las direcciones de Extracción y Procesamiento Pesquero y en la de Asuntos Ambientales.

Sin embargo, diversas fuentes confirmaron que Majluf encontró mayor resistencia de Urquizo en su propuesta de cambiar a Hernán Huacachi, quien comandaba la estratégica Dirección de Seguimiento, Control y Vigilancia (Digsecovi), Según congresistas, dirigentes pesqueros y demás funcionarios que conocen a Huacachi, este funcionario no tenía “la menor idea” de cómo mejorar la fiscalización en la pesca.

Huacachi, ayacuchano al igual que el ministro, estuvo en el cargo hasta el miércoles 18. Una insistente Majluf consiguió que Urquizo finalmente accediera que la directora general de Pesca Artesanal, Jessica Pino, reemplazara a Huacachi, ya que sus candidatos iniciales fueron rechazados por el ministro.

Personas cercanas a Majluf sostienen que el cambio de Huacachi era urgente, debido a que se entramparon varias acciones, entre ellas las auditorías a las empresas inspectoras de desembarques de anchoveta, Cerper y SGS, y las mejoras para evitar la manipulación de las balanzas en las fábricas harineras, problema revelado en una amplia investigación de IDL-R.

Pero las discrepancias también involucraron a los hombres más cercanos a Urquizo, que plantaron una oposición constante a Majluf desde el ingreso de esta. En diciembre, cuando Uriquizo asumió el mando del ministerio, lo hizo acompañado por dos conocidos asesores: el ex congresista del partido de gobierno, César Cayo Galindo, y por el ex juez Edwin Yalico Contreras.

A este último se lo recuerda por haber investigado inicialmente el caso Business Track; y por haber anulado las resoluciones de inicio de instrucción, acusación y auto de enjuiciamiento contra el presidente Humala por la asonada de Andahuaylas.

 Cayo Galindo se mantuvo en el cargo hasta el 3 de abril en medio de las críticas de dirigentes de pescadores, entre ellos los de la Asociación Nacional de Armadores Pesqueros que agrupa a los dueños de las naves “vikingas” y que lo denunciaron, junto a otros funcionarios, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.

Yalico sigue en el ministerio a pesar de que también enfrenta acusaciones. El Sindicato de Pescadores de Anchoveta del Puerto de Pisco envió en enero un oficio a la Comisión de Producción del Congreso para que solicite a Urquizo investigar la participación de Yalico en las cuestionadas resoluciones que otorgaron permisos de pesca a naves protegidas por medidas cautelares. El Congreso trasladó el reclamo a Urquizo en febrero.

IDL-Reporteros verificó que cuando Urquizo asumió el cargo, encomendó a Yalico que ayudara al ingeniero Félix Álvarez, entonces responsable de la Dirección de Extracción y Procesamiento Pesquero, a resolver los pedidos del Poder Judicial. Varios de los proyectos de resolución de esta dirección, entre ellos los relacionados con las medidas cautelares, fueron vistos por Yalico, aseguraron varias fuentes. Sin embargo, el asesor no es investigado por estos hechos ya que no fue nombrado oficialmente para esas funciones.

Para calmar las aguas, Yalico ha sido trasladado del séptimo piso, donde tenía un escritorio junto al ministro, al tercer nivel del edificio. Sin embargo, sigue entrando y saliendo del despacho de Urquizo y la única diferencia, según diversas fuentes, es que ahora usa más el ascensor.

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