El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

9 de junio de 2013

La tragedia de la administración de la pesquería peruana

La tragedia de la pesquería peruana radica en la inexistencia de políticas de estado de largo plazo y la ausencia de Planes Estratégico sectoriales multianuales que se hayan cumplido más allá de constituir una mera formalidad exigida por el sistema.

El PESEM actualmente vigente, por cuanto la RM que lo aprobó en el 2012 no ha sido modificada, es ignorado por la administración actual continuando una larga secuencia de administraciones que, ante la ausencia de políticas emanadas de Palacio de Gobierno y sin voluntad de continuar los PESEM existentes, introducen una agenda propia. O lo que es peor aún: careciendo de agenda y objetivos estratégicos, avanzan en base a criterios más políticos que técnicos.

Al mes de Junio la estadística pesquera, que hasta antes de la última reestructuración del Ministerio de la Producción se publicaba en forma bastante amplia, no existe en el portal de Produce. Solamente está el boletín de enero del 2013 el cual contiene menos información que antes. Los demás links a descargas y datos conducen a páginas inexistentes o incompletas. Los anuarios estadísticos dejaron de publicarse a partir del 2011. El último publicado data de 2010.

El portal del IMARPE tampoco ofrece acceso a información estadística detallada y transparente como antes sí ocurría.

Esta omisión demuestra falta de interés por exhibir datos, bien sea por desidia, negación de información u ocultamiento o porque se volvió información clasificada o secreta.

Las decisiones políticas deben basarse en información científica y estadística que tienen que ser públicas. Si no lo son, inducen a pensar que bien podrían no existir. La ausencia de ambas dejan mucho que pensar y desear.
La saludable intención de introducir reformas en la normatividad pesquera tienen, en el aspecto estadístico (ante su ausencia), una contraparte negativa que permite presumir que pueden estarse tomando decisiones inadecuadas.

El sistema no permite evaluar el cumplimiento o avance de cumplimiento de los objetivos estratégicos vigentes y diseñados en el Plan Estratégico Sectorial Multianual, pese a que existen indicadores claros.

El único indicador visible es el índice de ejecución presupuestal. El presupuesto aprobado deriva, teóricamente, de un Plan Operativo Institucional (POI), el cual se desprende del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el ejercicio fiscal. El cual a su vez debe ser concordante, coherente y alineado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) aprobado con RM 107-2012 PRODUCE en marzo del 2012. 

Si la actual gestión desconoce la existencia de este documento, está agravando la situación de ausencia de políticas de estado de largo plazo al ignorar un planeamiento estratégico vigente e introduciendo una administración sin agenda y sin sustento técnico. En el peor caso podría hacer uno nuevo; pero lo grave es que la violación del sistema de planeamiento estratégico vigente introduce un elemento caótico y de improvisación en la administración sectorial.

Por tanto los índices de ejecución presupuestal muestran el índice de eficiencia cuantitativa de la gestión, aunque no miden cualitativamente el avance hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos.

El índice al 31 de mayo muestra un nivel de eficiencia preocupante, el cual sumada a la ausencia de datos estadísticos, nos muestra una debilidad de esta administración que merece atención. Lo cual es un tema relativamente sencillo por cuanto es cuestión de capacidad de gestión institucional que no está afectada por factores externos o políticos.

25% de avance en 5 meses no es precisamente la mejor tarjeta de presentación para el sector, del cual destaca el pobre índice del FONDEPES del 17%. Siendo este último el principal ente que realiza inversión en infraestructura, el ratio es preocupante.

Es probable que estos ratios y el ignorar el PESEM se deriven de una organización inadecuada para el sector, ya que antes de la reestructuración, si bien es cierto los índices eran parecidos, por lo menos la opinión pública tenía acceso a mejor data estadística.