Mientras se depreda la anchoveta, políticos de turno y hasta ministros siguen archivando graves denuncias y continúan, durante años, gozando del poder judicial como un paraíso.
Por: Cecilia Podestá
cpodesta@siete.pe
Al mejor estilo de una tierra de nadie, donde únicamente el más fuerte sobrevive, la legalidad que encierran las normas de pesca en el litoral peruano han convertido el horizonte en un escenario de abusos en alta mar, poder, denuncias sin atención y mafias pesqueras que se inician, increíblemente, en el poder judicial.
En el informe de Mónica Vecco, publicado en la revista SIETE, nro. 5, se investiga al empresario Óscar Peña Aparicio, conocido como el rey de la pesca negra. Este es solo el inicio de un laberinto sumergido que al parecer solo conocen los mismos pesqueros. Veamos cuál es el proceso.
La veda se levanta dos veces al año, durante 60 días cada vez. Para que las compañías puedan seguir en funcionamiento durante el periodo de pesca se necesitan embarcaciones y plantas de tratamiento. No todas son empresas grandes, mantener las naves durante el tiempo que no se pesca (7 meses) tiene un costo también. El ministerio otorga licencias tanto a la planta como a la embarcación. Y estas se han convertido en patrimonio. Tener una es igual a poseer una casa. Se convierten en activos que pasan de una nave a otra. Es decir, si esta desaparece, se hunde, o quema; la licencia no. Su valor es altísimo, al igual que el de la planta que debe tener dos importantes funciones: capacidad y actividad. Sin embargo, las licencias, como muchas cosas, también se pueden traficar. Las empresas pequeñas se compran por deudas y el beneficiario obtiene la planta y también la producción.
¿Cómo adquiere Peña Aparicio los derechos de pesca ?
Según el señor Santos Alvarado, Peña lo logra reviviendo tres cascos de embarcaciones de madera de 780 m³: Rossendo 1,2,3; cuyo anterior dueño era Nicolás Carranza.
“Peña vende estas naves a Tassa y con la diferencia construye Doña Licha. En ese tiempo, yo era secretario general de Pescadores del Perú e hice una denuncia contra Tassa y Peña por temas de licencia de Doña Licha ante el Ministerio de la Producción, a cargo del Sr. Reátegui Roselló. Eso fue en noviembre del 2002. En el 2004, Juan Rebaza hace una denuncia penal recogiendo la mía, pero nuevamente fue ignorado”, dice Alvarado.
Un poco de historia
En 1973, el gobierno expropia la flota, incluso a los que tenían 2 o 3 embarcaciones. A los señores Saavedra (tres hermanos) se les quitó sus tres naves.
Posteriormente, ellos enjuician al Estado y el proceso se dilata hasta que llegan a la Corte Suprema. Ya en el 2000, Peña Aparicio toma conocimiento de esto y teniendo en cuenta que las naves en litigio tienen licencias que podrían estar en funcionamiento después, traza un plan para apoderarse de estas. Los barcos fueron transferidos a la pesquera Capricornio, ¿pero que pasó con las licencias? Los hermanos Saavedra se quedaron sin nada, ni embarcaciones y mucho menos licencias, que son al parecer más importantes que las naves porque pueden pasar de una a otra, aparentemente de manera legal.
Y similar a un mercado persa, tal como dicen que funcionaba en sus oficinas del tercer al sétimo piso, Pesca Perú transfirió las naves de los Saavedra a Capricornio.
Peña Aparicio entró en escena y compró el juicio, eso sí, de manera legal, es decir, adquirió el pleito a precio hueso, como dicen los pescadores. Cien mil soles por los tres barcos. Ellos firman la venta del expediente y Peña, en tiempo récord menor a seis meses, sacó la sentencia a su favor.
De pronto, un caso que parecía duraría años, solo tomó unos meses. El Ministerio de Pesquería, en el 2002, después de la sentencia de la Corte Suprema, otorgó las licencias a Peña Aparicio con las que construyó Osquitar y otros dos barcos.
Ilícito
Dentro de las cinco primeras millas, toda pesca industrial está prohibida. Quedan otras 25 para hacerlo, sin embargo, ¿quién garantiza que no se deprenden los recursos pescando en la zona prohibida? Los pescadores
artesanales son los primeros en denunciar estas violaciones, pero también son los ignorados.
Por una corriente fría del Humbolt y El Niño, la anchoveta se pega a la playa para reproducirse y poner entre 10 y 20 mil huevos, cada espécimen. Cuando las embarcaciones grandes entran en la zona prohibida, arruinan este proceso.
Hablar de pesca negra es lanzar un dardo a SGS
¿Y ellos quiénes son? Una empresa internacional con sede principal en Suiza a la que el Estado contrata para certificar que las normas legales se cumplan, es decir, que nadie pesque más de la cuenta, que las bodegas cumplan con su capacidad en toneladas, que no se deprede la anchoveta. Ellos ven cuánto se ha pescado y lo documentan. Después, el Instituto Tecnológico Pesquero entrega los certificados. Entonces ya se puede hacer harina de anchoveta.
Cifras
En 1992, había 400 embarcaciones con capacidad de bodega de 80 mil toneladas, ahora hay 1700 naves que pueden almacenar 230 mil toneladas, cuando la ley lo prohíbe. Antes había 46 fábricas harineras, ahora hay 130. Esta flota está en manos de empresarios privados que representan un monopolio que controla la pesca.
¿Cuál es la responsabilidad de SGS en la proliferación ilegal de estas embarcaciones?
La Asociación de Pescadores se ha dirigido, más de una vez, al Sr. Pedro Brescia, a los exministros Javier Reátegui Roselló y Rafael Rey, contra los que hay denuncias pendientes. También ha conminado a los empresarios encargados de fiscalizar este monopolio, sin embargo ¿quién les ha hecho caso? Expediente 19683. Demandado el 27 de setiembre de 2004: Javier Reátegui Roselló. La denuncia también fue enviada a Carlos Ferrero y Alejandro Toledo.
Nada. Solo contestó Beatriz Merino que era presidente del Consejo de Ministros, y lo derivó al Ministerio de la Producción, donde sigue perdido el expediente. Se acusaba al Sr. Reátegui de haber colaborado con el monopolio de Peña Aparicio y, por lo mismo, de haberse beneficiado ilícitamente con el tema de las licencias, incluso para sus empresas.
Cerper y SGS son compañías contratadas para beneficio de la pesca, no de sus empresarios.
El gran número de empresas y embarcaciones cuyas licencias se han obtenido con dudosos trámites legales solo colaboran con la depredación de nuestros recursos. Por cada cinco toneladas de anchoveta se obtiene una tonelada de harina.
¿Qué pasa con la cuota de alimentación? Otros países nos compran la harina de anchoveta, como China y Japón.
Por ejemplo, Chile no vende su producción al extranjero, el Perú sí, dentro y fuera y con fines comerciales. La harina se usa para el engorde de chanchos, pollos y demás. Nuestro país ha crecido, al igual que los animales que engorda, pero a costa de que no haya alimento suficiente para cubrir la desnutrición.
¿Hay anchoveta en mercados populares? La gente pobre no tiene acceso directo a un alimento rico en vitaminas A y B, útiles para el crecimiento, porque a los empresarios de alta mar les es mucho más beneficioso convertirla en harina.
La pesca negra da anualmente tres millones de toneladas de harina de anchoveta. Si multiplicamos eso por cinco y asumimos su buen uso, podríamos borrar de nuestro futuro imaginario los cientos de rostros de niños desnutridos. ¿En el Perú hay pesca para consumo humano?
Somos un país principalmente minero y pesquero, no agrícola. Nuestra pesca debería cubrir la desnutrición y no la ambición de tantos hombres de negocio dedicados a explotar uno de nuestros ricos recursos naturales.
http://www.siete.pe/2012/02/04/pesca-sigue-en-manos-de-la-mafia/