En algún momento la
Sociedad Civil deberá evaluar la realidad de la industria pesquera en relación
con el impacto que causa al medio ambiente y al ecosistema, y su real
contribución con el país, el empleo y la calidad del empleo que ofrece.
El reconocimiento de la
realidad deberá indicarle un rumbo de acciones a seguir para exigir una reforma
sustancial en la pesquería del Perú que induzca al gobierno de turno a prestar
la atención debida al sector.
El problema no es nuevo de
ninguna manera, lo que pasa es que hoy cambió de escala. Es así que las
ganancias de la industria han crecido y crecido en medio de una sociedad
pesquera de doble moral revestida de un enchape de valores éticos y morales,
plenos de pesca responsable, convencidos
de que la transgresión a la ley no es aquella que, por ejemplo, se comete
cuando se acepta pescar ejemplares por debajo de las tallas reglamentarias,
inventando sofismas conceptuales para engañarse a si mismos.
El día que tengamos claro
que sólo las instituciones gremiales legítimamente representativas con un
sólido código ético y de principios que expulsen y discriminen a los malos
elementos, es la única manera de poner las cosas en su sitio; y que solo por la
puerta del respeto a los principios ingresaremos a la senda del desarrollo,
seremos una pesquería moralmente aceptable. Mientras tanto, viviremos en una
sociedad pesquera relajada en la que ser un funcionario, o un industrial de
principios es, casi, estar condenado a ser una especie en extinción, mientras que
sacar ventaja y sacavueltear a la ley y a los demás es el paradigma del hombre
que va para adelante y que de alguna forma la sociedad civil consiente y
auspicia con su silencio cómplice.
El problema pesquero es
complejo, pero más que de leyes y de marco normativo, es de personas, es de principios, es de impunidad,
es de promiscuidad, es de políticos irresponsables y/o con iniciativas aisladas
porque desconocen la integralidad de los temas sobre los que hablan, es de
irrespeto por los derechos ajenos. Por eso
ante acciones que vienen rompiendo esquemas, se espera con ansias el relevo de la actual
administración. ¿Cederá Palacio ante presiones, críticas y el lobby pesquero?
El gobierno, impulsado por
la Sociedad Civil, por el estado de salud del ecosistema, o por decisión
propia, deberá definir una política de Estado desde Palacio de Gobierno y
designar autoridades, a quienes deberá otorgar todo el apoyo del poder
constitucional, para aplicar y actuar
sobre el fondo de una situación de facto
que, por donde se le mire, es solamente favorable al empresariado pesquero mas
no así para la Nación ni para los trabajadores de la industria.
Más allá de los argumentos
técnicos, legales, económicos o sociales que la industria o el Estado puedan
esgrimir para justificar las cifras actuales y el estatus vigente, lo cierto es
que en el futuro la Nación juzgará y reclamará a las generaciones de hoy la
ausencia de ética, moralidad y justicia distributiva en el manejo de recursos
naturales que no son propiedad de unos cuantos, sino patrimonio de toda una
colectividad nacional. Es posible que el mañana nos brinde un Gobierno que
imponga y establezca la moralidad en la
pesquería por encima de las cifras y los argumentos técnico legales, haciendo
lo que es impostergable hacer, entre otras cosas, la aplicación de regalías a
la extracción de recursos pesqueros, tal como se aplica a la minería.
Las cifras admiten
solamente variables numéricas. No incorporan argumentos éticos. Estos provienen
de gobiernos fuertes que se sustentan no solo en la voluntad popular, sino
también en la moralidad, la ética y la justicia.
Lea la nota completa en la
edición de marzo de la Revista Pesca en el siguiente link:
