El mayor fallo de la gestión es que ni los pescadores ni los gestores poseen los conocimientos necesarios para dirigir algo tan complejo como un ecosistema marino costero. El derecho a pescar no se debería basar en si uno dispone del dinero suficiente para comprarse un barco, sino en los conocimientos y la voluntad de trabajar en colaboración con los gestores y los científicos para hacer que la pesca sea sostenible. El derecho a pescar se debería ganar o perder según la voluntad de aceptar unos límites razonables a las capturas.

Paul Greenberg

23 de febrero de 2013

La supervisión y fiscalización de la pesca


La incipiente implementación de las Resoluciones Ministeriales Nº 498 y 499, que facultan a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización de PRODUCE, a una directa y más trasparente labor de vigilancia y control de las pescas y desembarques, que vienen comprobando ya, las denuncias sobre infracciones, que las grandes industrias harineras han venido cometiendo desde hace años. TASA, Pesquera Diamante, SFG Investment, Copeinca, Austral Group, EXALMAR y HAYDUK, están siendo sancionadas por la captura de especies juveniles en grandes proporciones, no permitiendo su natural reproducción y crecimiento. Estos primeros resultados, han ocasionado reacciones, no solo de los actores directos como la Sociedad Nacional de Pesquería, quien en comunicado público asegura no poder prever la longitud de la anchoveta pescada, culpando a IMARPE, a la cual jamás sugirieron recortes de cuotas o vedas necesarias. Mientras, el despistado Presidente de la Comisión de Producción, Congresista Freddy Sarmiento, planteaba crear una Superintendencia Nacional de Fiscalización Pesquera, cuando ya existe una dirección especializada en PRODUCE, algunas lamentables autoridades regionales,  ensayan procedimientos extraños para discrepar,  con el reordenamiento y honorabilidad que deben primar en la pesquería nacional.

En Piura, la DIREPRO, pretende monopolizar el control de la pesca, entorpeciendo la labor de PRODUCE en forma sospechosa, pues en Paita por ejemplo, la “pesca negra” y excesos de embarcaciones y plantas residuales, lindan con el delito, sin ningún intento de imponer la ponderación; mientras en Sechura cuestionados empresarios, detentan la propiedad de más de 70 embarcaciones de menor escala, utilizando testaferros. Y en Moquegua, mientras la Directora de la DIREPRO, participa en marchas callejeras en apoyo a los harineros sin ruborizarse, su Presidente Regional, confiesa haber tenido discusiones con la Ministra Gladys Triveño, y conversaciones con el primer Ministro y el propio Presidente de la República, sin resultados, frente a su propuesta de permitirse la pesca industrial al interior de las primeras 5 millas en la zona de Ilo, demostrando su incapacidad en el tema pesquero. Además, siendo una región con grandes recursos económicos, resulta inaudito no se haya provisto a sus 3 provincias, de cámaras de refrigeración, para aprovechar la abundancia de recursos pesqueros, y afrontar el hambre y desnutrición de sus pobladores en las alturas. Recordemos que las grandes empresas harineras, no facturan ni aportan impuestos en los puertos donde activan, evitando una mejor fiscalización, mientras que las naves de menor escala, no pagan impuesto alguno;  consideraciones que pareciera no incomodar a las autoridades regionales.

Otras conocidas irregularidades, como la pesca ilegal, la manipulación de las balanzas, los excesos de bodegas, etc., empiezan a demostrarse, al igual que innumerables embarcaciones de menor escala sin licencias, que pescan con inauditas medidas cautelares. Pero mientras la ciudadanía, y gran parte de la prensa empiezan a comprender los excesos en la pesquería nacional, se va evidenciando la incomodidad de elementos que aprovechando el desorden del sector, han venido obteniendo sendos dividendos de oscuros trámites.

Por: Juan Rebaza Carpio